Sentencia nº 961 de Suprema Corte de Justicia, del 7 de Septiembre de 2016.

Fecha de Resolución: 7 de Septiembre de 2016
Emisor:Primera Sala
 
CONTENIDO

Sentencia No. 961

MERCEDES A. MINERVINO A., SECRETARIA GENERAL INTERINA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, CERTIFICA. QUE EN LOS ARCHIVOS A SU CARGO EXISTE UN EXPEDIENTE QUE CONTIENE UNA SENTENCIA DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, QUE DICE:

SALA CIVIL Y COMERCIAL

Audiencia pública del 7 de septiembre de 2016. Inadmisible Preside: J.C.C.G..

D., Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por la Compañía Motopréstamo Solano, sociedad de comercio organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio y asiento social ubicado en la calle J.R., núm. 37, sector P.B., ciudad San Pedro de Macorís, debidamente representada por el señor E.S.E., dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 023-0019461-6, domiciliado y residente en esta ciudad de San Pedro de Macorís, contra la sentencia núm. 184-2015, de fecha 29 de mayo de 2015, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macoris, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones el Dr. J.C.M.D., por sí y por la Licda. J.M.P., abogados de la parte recurrida Orfelina Mota Mercedes;

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina: Único: Que en el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de comunicación al Ministerio Público por ante los Jueces del fondo, “Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de Justicia, la Solución del presente recurso de casación”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 9 de septiembre de 2015, suscrito por el Dr. R.E.D. y el Licdo. P.N.L., abogados de la parte recurrente Compañía Motopréstamo Solano y E.S.E., en cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 22 de julio de 2015, suscrito por el Dr. L.J.M.D. y la Licda. J.M.P., abogados de la parte recurrida Orfelina Mota Mercedes;

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana, es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25 de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156 del 10 de julio de 1997, los artículos 1, 5 y 65 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491/08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 31 de agosto de 2016, estando presentes los magistrados J.C.C.G., P.; D.M.R. de G., J.A.C.A. y F.A.J.M., asistidos del Secretario;

Visto el auto dictado el 5 de septiembre de 2016, por la magistrada M.O.G.S., jueza en funciones de Presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama así misma en su indicada calidad, para integrarse en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926 del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294 de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que la misma se refiere consta: a) que con motivo de una demanda en devolución de valores, daños y perjuicios interpuesta por la señora O.M.M. en contra del señor E.S., Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís dictó el 26 de junio de 2014, la sentencia civil núm. 901-2014, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: PRIMERO: DECLARA buena y válida, en cuanto a la forma y, en cuanto al fondo, ACOGE la demanda en Devolución de Valores, Reparación de Daños y Perjuicios e Intervención Forzosa, incoada par la señora ORFELINA MOTA MERCEDES, en contra del señor H.S. y la COMPAÑÍA RIO MOTO PRÉSTAMO SOLANO, mediante los Actos Nos. 103-2011, de fecha 19 de Octubre de 2011, instrumentado por la ministerial W.A. de la Cruz, Alguacil Ordinaria de la Sala No. 1 del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís y 135-2012, de fecha 29 de Marzo de 2012, instrumentado por la ministerial D.G.M., Alguacil Ordinaria de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís; y, en consecuencia: CONDENA al señor H.S. y a la COMPAÑÍA RIO MOTO PRÉSTAMO SOLANO, a pagar a la señora ORFELINA MOTA MERCEDES los siguientes valores: a) la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$275,000.00), por concepto de devolución del precio pagado por la compra del vehículo de motor marca Susuki, modelo SQ420WT, año 2005, color negro, motor o serie NOJ20A-261003, cuatro cilindro, chasis No. JS3TL52VX54102790, registro y placa No. G037483, matricula No. 08900155, del cual fue despojado per ser ajeno; y, b) la suma de OCHOCIENTOS MIL PESOS DOMINICANO CON 00/100 (RD$800,000.00), a favor de la señora ORFELINA MOTA MERCEDES, par concepto de indemnización de los daños y perjuicios materiales y morales sufridos por esta, a consecuencia del hecho de los demandados, por la razones expuestas en el cuerpo de la presente sentencia; SEGUNDO: CONDENA al señor H.S. y a la COMPAÑIA RIO MOTO PRÉSTAMO SOLANO, parte demandada que sucumbe, a pagar las costas del proceso, ordenando la distracción de las mismas a favor de los Dres. D.. P.A.G. y J.T.A. DE LA ROSA, quienes afirman, antes del pronunciamiento de la sentencia haberlas avanzado en su totalidad”(sic); b) que no conformes con dicha decisión la Compañía Motopréstamo Solano y el señor E.S.E. interpusieron formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 690-2014, de fecha 1 de agosto de 2014, instrumentado por la ministerial A.V.V.T., alguacil Estrados de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, en ocasión de los cuales la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís dictó el 29 de mayo de 2015, la sentencia núm. 184-2015, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: PRIMERO: D. como bueno y válido a la forma, la acción recursoria de apelación interpuesta por la Compañía Moto Préstamo Solano, por haber sido incoado en tiempo oportuno y en sujeción a los formalismos legales correspondientes; SEGUNDO: Confirmando en todas sus partes la sentencia No. 901/2014, de fecha 26 de junio del 2014, pronunciada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, por los motivos dados en el desarrollo de la presente decisión; TERCERO: Condenando a la Compañía Moto Préstamo Solano, al pago de las costas, con distracción y provecho de los Dres. Julio C.M.D. y J.M.P. quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”; Considerando que en su memorial de casación, la parte recurrente propone el siguiente medio: “Primer Medio: Errónea interpretación de los hechos, violación al artículo 50 de la Constitución de la República, falsa interpretación de la ley y falsa aplicación de la ley, inobservancia aplicación de disposiciones de orden legal, sentencia manifiestamente infundada; Segundo Medio: Violación a los artículos 1315, 1582 y 2228 del Código Civil Dominicano, violación al artículo 51 de la Constitución de la República y violación a la jurisprudencia dominicana en cuanto a los documentos depositados en fotocopias ”;

Considerando, que previo al estudio de los medios de casación propuestos por la parte recurrente procede que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia determine si en la especie se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad cuyo control oficioso prevé la ley;

Considerando, que, en ese sentido, hemos podido verificar que el presente recurso se interpuso el 10 de julio de 2015, es decir, bajo la vigencia de la Ley núm. 491-08 de fecha 19 de diciembre de 2008, (que modificó los artículos 5, 12 y 20 de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación), ley procesal que estableció como una de las condiciones de ineludible cumplimiento para la admisibilidad de este extraordinario medio de impugnación, la cuantía establecida como condenación en la sentencia que se impugna, al disponer la primera parte del literal c), Párrafo II del Art. 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación lo siguiente:

No podrá interponerse el recurso de casación, sin perjuicio de otras disposiciones legales que lo excluyan, contra: las sentencias que contengan condenaciones que no excedan la cuantía de doscientos (200) salarios mínimos del más alto establecido para el sector privado, vigente al momento en que se interponga el recurso (…).

; Considerando, que vale destacar que la referida disposición legal fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional mediante sentencia núm. TC/0489/15, del 6 de noviembre del 2015, por contravenir el artículo 40.15 de la Constitución de la República Dominicana, difiriendo los efectos de su sentencia por el plazo de un (1) año a partir de su notificación, a fin de evitar afectar el servicio de justicia y la creación de desigualdades en el ejercicio del derecho al recurso; que, posteriormente, mediante sentencia TC/0022/16, del 28 de enero del 2016, el mismo Tribunal Constitucional juzgó que “hasta tanto venza el plazo de un (1) año otorgado por la citada decisión para la expulsión del referido artículo 5, párrafo II, literal c), de la Ley núm. 491-08, que modificó la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación de mil novecientos cincuenta y tres (1953), la misma tendrá constitucionalidad y mantendrá su vigencia, por lo que al ser aplicada por los jueces estas estarán revestidas de una presunción de no vulneración a derechos fundamentales por esta causa”; que el criterio del Tribunal Constitucional se nos impone en virtud del artículo 184 de la Constitución que establece que: “Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”; que, por lo tanto, procede valorar la admisibilidad del presente recurso de casación a la luz del Art. 5, P.I., literal C de la Ley núm. 3726, del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley núm. 491-08, del 16 de diciembre de 2008, que aún se mantiene vigente hasta el vencimiento del plazo otorgado por el Tribunal Constitucional;

Considerando, que el referido mandato legal nos exige de manera imperativa determinar, por un lado, cuál era el salario mínimo más alto establecido para el sector privado imperante al momento de interponerse el presente recurso y, por otro lado, establecer si el monto resultante de los doscientos (200) salarios excede la condenación contenida en la sentencia impugnada; que, en ese sentido, esta jurisdicción ha podido comprobar que para la fecha de interposición del presente recurso, esto es, como señalamos anteriormente, el 10 de julio de 2015, el salario mínimo más alto para el sector privado estaba fijado en doce mil ochocientos setenta y tres pesos dominicanos (RD$12,873.00) mensuales, conforme a la Resolución núm. 1/2015, dictada por el Comité Nacional de Salarios en fecha 20 de mayo de 2015, con entrada en vigencia el 1 de junio de 2015, por lo cual el monto de doscientos (200) salarios mínimos asciende a la suma de dos millones quinientos setenta y cuatro mil seiscientos pesos dominicanos (RD$2,574,600.00), por consiguiente, para que sea admitido el recurso extraordinario de la casación contra la sentencia dictada por la corte a qua es imprescindible que la condenación por ella establecida sobrepase esa cantidad;

Considerando, que al proceder a verificar la cuantía de la condenación, resulta que: a. en ocasión de una demanda en devolución de valores y reparación de daños y perjuicios interpuesta por O.M.M. contra E.S.E. y Motopréstamo Solano el tribunal de primera instancia apoderado condenó a la parte demandada a la devolución de doscientos setenta y cinco mil pesos dominicanos (RD$275,000.00) y al pago de una indemnización de ochocientos mil pesos dominicanos (RD$800,000.00) a favor de la demandante, condenaciones que totalizan la cantidad de un millón setenta y cinco mil pesos dominicanos (RD$1,075,000.00) ; b. dicha condenación fue confirmada por la corte a qua mediante la sentencia ahora recurrida en casación; que evidentemente, dicha cantidad no excede del valor resultante de los doscientos (200) salarios mínimos, que es la cuantía requerida para la admisión del recurso de casación, de conformidad con las disposiciones previstas en la primera parte del literal c), Párrafo II del Art. 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; que, en atención a las circunstancias referidas, al no cumplir el presente recurso de casación con el mandato de la ley, respecto al monto mínimo que debe alcanzar la condenación contenida en la sentencia impugnada para ser susceptible del recurso que nos ocupa, procede que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia declare su inadmisibilidad lo que hace innecesario el examen de los medios de casación propuestos por los recurrentes, en razón de que las inadmisibilidades, por su propia naturaleza, eluden el conocimiento del fondo de la cuestión planteada, en el presente caso, el examen del recurso de casación de que ha sido apoderada esta S.;

Considerando, que cuando el recurso de casación es decidido por un medio suplido de oficio por la Suprema Corte de Justicia, como ocurre en el presente caso, el numeral 2, del Art. 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación dispone que las costas pueden ser compensadas.

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por M.S. y E.S.E. contra la sentencia núm. 184-2015 dictada el 29 de mayo de 2015 por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 7 de septiembre de 2016, años 173º de la Independencia y 154º de la Restauración.

(Firmados).-M.O.G.S..- Dulce M.R. de G..- F.A.J.M..- Mercedes A. Minervino A. Secretaria General Interina

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. FJR.