Sentencia nº 98 de Suprema Corte de Justicia, del 8 de Abril de 2013.

Fecha de Resolución: 8 de Abril de 2013
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 08/04/2013

Materia: Penal

Recurrente(s): C.B.P., M. delR.

Abogado(s): Dra. K.A.M.M., L.. D. delR.R.

Recurrido(s):

Abogado(s):

Intrviniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces F.E.S.S. en funciones de Presidente; E.E.A.C. y A.A.M.S., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 8 de abril de 2013, años 170° de la Independencia y 150° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre los recursos de casación interpuestos por C.B.P., dominicano, mayor de edad, cédula de identidad y electoral núm. 029-0016264-1, domiciliado y residente en la calle Primera núm. 29 del sector El Asfalto del municipio de Miches, provincia El Seibo, imputado, y M. delR., dominicano, mayor de edad, cédula de identidad y electoral núm. 029-0015653-7, domiciliado y residente en la calle Principal del barrio Los Franceses del municipio de Miches, provincia El Seibo, imputado, contra la sentencia núm. 622-2011, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 23 de septiembre de 2011, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito motivado incoado por la Dra. K.A.M.M., a nombre y representación de C.B.P., depositado el 4 de octubre de 2011, en la secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, mediante el cual interpone su recurso de casación;

Visto el escrito motivado incoado por el Lic. D. delR.R., defensor público, a nombre y representación de M. delR., depositado el 7 de octubre de 2011, en la secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, mediante el cual interpone su recurso de casación;

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 27 de diciembre de 2012, la cual declaró admisible los recursos de casación interpuestos por los recurrentes C.B.P. y M. delR., y fijó audiencia para conocerlo el 11 de febrero de 2013;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; la Ley núm. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, la Convención de la Ley de Derechos Marítimos de la ONU (UNCLOS); la Ley núm. 573 de 1977, la Ley núm. 76-02, y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes: a) que el 12 de septiembre de 2009, fueron entregados a las autoridades dominicanas por autoridades extranjeras: M. delR., C.B.P. y D.H.H., a quienes detuvieron en alta mar, a una 20 millas de la costa de Cabo Engaño, a bordo de una lancha, donde hallaron cuarenta paquetes de cocaína; b) que el 23 de noviembre de 2009, la Procuraduría Fiscal de La Romana presentó formal acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de M. delR., C.B.P. y D.H.H., imputándolo de violar la Ley núm. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana; c) que para la instrucción preliminar fue apoderado el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, el cual dictó auto de apertura a juicio en contra de los imputados; d) que para el conocimiento del fondo fue apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, el cual dictó la sentencia núm. 182/2010, el 3 de noviembre de 2010, cuyo dispositivo expresa lo siguiente: "PRIMERO: Se declara a los ciudadanos M. delR., dominicano, de 34 años de edad, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 029-0015653-7, de estado civil soltero, de ocupación pescador, domiciliado y residente en la calle Principal del barrio Los Franceses del municipio de Miches, provincia El Seibo; C.B.P., dominicano, de 39 años de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 029-0016264-1, de estado civil soltero, domiciliado y residente en la casa núm. 29 de la calle Principal del barrio G. del municipio de Miches, provincia El Seibo; y D.H.H., dominicano, de 36 años de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 029-0007134-7, de estado civil casado, de ocupación negociante, domiciliado y residente en la calle B.M. núm. 6 del sector B., del municipio de Miches, provincia El Seibo, culpables del crimen de tráfico internacional de drogas, hecho previsto y sancionado en los artículos 4-c, 5-a, 59, 60 y 75 párrafo II de la Ley 50-88, en perjuicio del Estado Dominicano; en consecuencia, se les condena, al nombrado M. delR., a cumplir la pena de doce (12) años de reclusión mayor; al nombrado C.B.P., a cumplir la pena de diez (10) años de reclusión mayor; y al nombrado D.H.H., a cumplir la pena de seis (6) años de reclusión mayor; así como al pago de una multa de Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00) cada uno; SEGUNDO: Se condena a los nombrados M. delR., C.B.P. y D.H.H., al pago de las costas penales del proceso; TERCERO: Se ordena la destrucción e incineración de la droga que figura descrita en el certificado de análisis químico forense, que reposa en el proceso; CUARTO: Se ordena el decomiso de los objetos que figuran en el proceso como cuerpos del delito, en beneficio del Estado Dominicano"; e) que dicha decisión fue recurrida en apelación por M. delR., C.B.P. y D.H.H., siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, la cual dictó la sentencia núm. 622-2011, objeto de los presente recursos de casación, el 23 de septiembre de 2011, cuyo dispositivo expresa lo siguiente: "PRIMERO: Rechaza los recursos de apelación interpuestos: a) en fecha quince (15) del mes de noviembre del año 2010, por los Dres. C.M.M. y C.J.Z.N., quienes actúan a nombre y representación del imputado C.B.P.; y b) en fecha veintitrés (23) del mes de noviembre del año 2010, por el Dr. J.C.S.J. y L.. J.A.G.J., quienes actúan a nombre y representación de los imputados M. delR. y D.H.H., ambos contra sentencia núm. 182-2010, de fecha tres (3) del mes de noviembre del año 2010, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la sentencia impugnada; TERCERO: Condena a los recurrentes al pago de las costas procesales, correspondientes al proceso de alzada. La presente sentencia es susceptible del recurso de casación en un plazo de diez (10) días, a partir de su lectura íntegra y notificación a las partes en el proceso, según lo disponen los artículos 418 y 427 del Código Procesal Penal";

En cuanto al recurso de casación interpuesto por C.B.P., imputado:

Considerando, que el recurrente C.B.P., por intermedio de su abogada propone contra la sentencia impugnada, los siguientes medios: "Primer Medio: Violación de los preceptos constitucionales y de los tratados internacionales; que la Constitución Dominicana, específicamente en su articulado núm. 40, garantiza los derechos fundamentales de los seres vivos y con esta sentencia se violan todos los derechos del recurrente; que la sentencia recurrida viola el artículo 224 del Código Procesal Penal, relativo a los principios del procedimiento, o de la Constitución de la República, o de Tratados Internacionales, o de la Jurisprudencia Constitucional Dominicana, todos integrantes del ‘bloque de constitucionalidad’ citado por la resolución 1920/2003, de la Suprema Corte de Justicia; que en fecha 9 de septiembre de 2009 el recurrente fue detenido conjuntamente con dos (2) acompañantes, por la guardia costera de Puerto Rico a unas 20 millas de la costa de Cabo Engaño, en las coordenadas 18:38.9 L. y 067.57.71F Long, a eso de las 12:15 P.M., siendo trasladado hacia la isla de Puerto Rico, permaneciendo detenido por espacio de tres (3) días hasta que en fecha doce (12) del mes de septiembre fueron llevados al Puerto de La Romana y entregados a las autoridades judiciales de esta ciudad, compuesta por los magistrados Dr. J.A.P. y Dr. H.J.M. de la Cruz, quienes procedieron a someterlo a la justicia conjuntamente con sus dos (2) acompañantes, sin presentar documentos legales relacionados con el arresto y que debieron ser presentados por las autoridades puertorriqueñas; Segundo Medio: La sentencia atacada por este recurso, no basta que se quiera justificar la legalidad de la prisión del recurrente con las informaciones presentadas por las autoridades dominicanas, muy al contrario, las autoridades de la guardia costera de Puerto Rico conocen perfectamente, tanto los derechos individuales de la persona, como el procedimiento judicial que deben cumplir y al no hacerlo en las condiciones que establece el artículo 224 del Código Procesal Penal Dominicano, la detención de los justiciables se convierte en un secuestro el cual las autoridades judiciales dominicana le han dado viso de legalidad; Tercer Medio: a) Violaciones/inobservancia de las reglas procesales. La sentencia de la Corte a-qua viola los artículos (del Código Procesal Penal) referentes a (procedimiento oral); b) la sentencia recurrida demuestra que, si los jueces hubiesen valorado correcta y lógicamente las pruebas testimoniales expresadas, tanto por los imputados, testigos y representantes del Ministerio Público, hubiera llegado a una solución diferente del caso. En los hechos, la derivación lógica realizada por el magistrado P.F. al presentar sus elementos conclusivos, expresa que en fecha 12 del mes de septiembre de 2009, fueron apresados en alta mar por la guardia costera de Puerto Rico a eso de las 12:15 P.M., los nombrados M. delR., D.H. y C.B.P., lo que contradice la versión real sobre la detención de los justiciables, quienes aseguran que este hecho ocurrió en fecha 9 de septiembre de 2009, incurriendo en errónea conclusión sobre la responsabilidad penal de C.B.P.; que en actitud a la documentación presentadas por el Ministerio Público y que fueron acreditada por el tribunal, todas fueron obtenidas de una manera ilegal, es decir, en cuanto al registro de la yola, esta estuvo en poder de las guardias costeras de Puerto Rico desde el día 9 de septiembre hasta el día 12 del mismo mes y año, por lo que el registro de la misma no se efectuó estando los imputados en la misma embarcación, no siendo valoradas estas informaciones por el tribunal que evacuó la sentencia hoy recurrida";

Considerando, que la Corte a-qua para fallar en la forma en que lo hizo dio por establecido lo siguiente: "Que de una revisión a la sentencia recurrida, esta Corte ha podido establecer, que contrario a lo planteado por los recurrentes, los medios de pruebas aportados al juicio, fueron obtenidos de manera lícita, toda vez que dichos medios probatorios cumplen con las exigencias procesales previstos en los artículos 175, 176 y 177 del Código Procesal Penal; que en cuanto a lo planteado por los recurrentes, en lo relativo a la supuesta ilegalidad de las actuaciones norteamericanas, resulta que tal y como fue interpretado por el Tribunal a-quo, el artículo 224 del Código Procesal Penal, refiere que: ‘Cualquier persona puede practicar el arresto, con la obligación de entregar inmediatamente a la persona o a la autoridad más cercana, cuando es sorprendido en el momento de cometer el hecho punible o inmediatamente después, o cuando tiene objetos o presenta rastros que hacen presumir razonablemente que acaba de participar en una infracción’, tal y como ocurrió en la especie; que el Tribunal a-quo dio por establecido en su sentencia, según las propias declaraciones vertidas por el imputado D.H.H., que las autoridades del Coast Guard, le hicieron varias preguntas en castellano, lo cual supone que hubo una comprensión de la actividad procesal que se realizaba, amén de que una vez puestos los imputados a disposición de las autoridades dominicanas, le fueron explicados sus derechos al momento de serles practicados los registros de personas y de vehículo en cuestión; que a partir de la valoración armónica y conjunta de todos y cada uno de los medios de pruebas aportados al juicio por el órgano acusador, el Tribunal a-quo retuvo como hechos probados lo siguiente: ‘a) Que en fecha doce (12) del mes de septiembre del año 2009, a eso de las 12:15 horas de la tarde, la ‘Coast Guard’, de los Estados Unidos llegó al Puerto de la Marina de Guerra de La Romana y le hizo una entrega a las autoridades dominicanas de los señores M. delR., D.H.H. y C.B.P., los cuales había sido detenidos en alta mar a unas 20 millas náuticas de Cabo Engaño, La Romana, República Dominicana, y al momento de su detención se les ocupó la cantidad de 40 paquetes de sustancias que venían en el interior de dos garrafones destinados a gasolina, color azul, así como una pistola marca S., con dos cargadores para la misma y un sistema de localización satelital GPS; b) que el GPS marca Garmin, era de la propiedad del nombrado D.H.H., según el mismo admitió ante el plenario y dicho instrumento era utilizado por los imputados para ubicarse en la navegación en el mar; c) que la pistola marca Alba Standard Defenlen 9 MM, núm. 212251 con dos cargadores y 20 cápsulas para la misma eran propiedad del nombrado M. delR.; d) que la embarcación en la que se desplazaban los encartados era propiedad del nombrado M. delR., de nombre ‘D.’ y que dicho encartado se desempeñaba como capitán de la frágil embarcación, mientras que el nombrado D.H.H., se desenvolvía como ayudante de la operación y el co-imputado C.B.P., en calidad de ayudante, quien trazaba las coordenadas de viaje conforme al GPS marca Garmin que les fue ocupado; e) que las sustancias ocupadas a los imputados en la embarcación antes mencionada, luego de ser analizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, resultaron ser cocaína clorhidratada, con un peso de 42.29 kilogramos’; que los hechos así establecidos por el Tribunal a-quo, configuran a cargo de los imputados recurrentes el ilícito penal de traficantes, hechos previstos y sancionados en los artículos 4 letra c, 5 letra a, 59, 60 y 75, párrafo II de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana; que en cuanto a la pena impuesta el Tribunal a-quo observó los criterios para la determinación de la pena, establecidos en el artículo 339 del Código Procesal Penal, delimitando el grado de participación de cada uno de los imputados y sus móviles y su conducta posterior al hecho, estableciendo la sanción penal conforme a la participación de los imputados en el hecho punible, según la acusación y los elementos probatorios que reposan en el presente proceso; que así las cosas, esta Corte ha podido establecer que el Tribunal a-quo hizo una correcta interpretación de los hechos y una justa aplicación de la ley, por lo que se confirma en todas sus partes la sentencia recurrida, cuyo dispositivo aparece copiado en otra parte de la presente sentencia";

Considerando, que los medios expuestos por el recurrente C.B.P. guardan estrecha relación por lo que se analizarán de manera conjunta, toda vez que hacen referencia a la ilegalidad de las pruebas y de su detención;

Considerando, que contrario a lo expuesto por el recurrente, la Corte a-qua contestó adecuadamente lo relativo a la legalidad de las pruebas aportadas al proceso y la forma en que fueron detenidos los procesados;

Considerando, que de acuerdo a la Convención de la Ley de Derechos Marítimos de la ONU (UNCLOS), la República Dominicana estableció la Ley 573 de 1977 que estipula la creación de una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 200 millas náuticas, incluyendo al norte, los bancos de La Plata y de La Navidad de tradicional interés pesquero para la República Dominicana y hoy convertido en Santuario de Ballenas Jorobadas. Originalmente la delimitación de mar territorial dominicano había sido fijada en tres (3) millas marinas por disposición de la Ley 3342 del 13 de julio de 1952. Luego al promulgarse la Ley 186 del 13 de septiembre de 1967 se establecieron las seis (6) millas marinas, creando así, una zona suplementaria contigua al mar territorial de 6 millas de ancho, en el cual el Estado ejercía poderes de jurisdicción y control necesarios para prevenir infracciones contra sus leyes de sanidad, de pesca, de fisco, de migración, de aduanas, y de protección a las especies marinas y demás recursos naturales. Posteriormente a esto, la Ley 573 del 22 de marzo de 1977, se encargó de modificar los artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley 186, y extiende el límite exterior de la zona contigua en 24 millas. Por estas razones, sería preferible adherirse a los lineamientos establecidos en la Convención relativa al Derecho del Mar de 1982, que en su artículo 76 establece que: La Plataforma Continental de un Estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, en los casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia...;

Considerando, que el artículo 9 de la Constitución Dominicana, en sus numerales 1 y 2, expresa lo siguiente: "Territorio nacional. El territorio de la República Dominicana es inalienable. Está conformado por: 1) La parte oriental de la isla de Santo Domingo, sus islas adyacentes y el conjunto de elementos naturales de su geomorfología marina. Sus límites terrestres irreductibles están fijados por el Tratado Fronterizo de 1929 y su Protocolo de Revisión de 1936. Las autoridades nacionales velan por el cuidado, protección y mantenimiento de los bornes que identifican el trazado de la línea de demarcación fronteriza, de conformidad con lo dispuesto en el tratado fronterizo y en las normas de Derecho Internacional; 2) El mar territorial, el suelo y subsuelo marinos correspondientes. La extensión del mar territorial, sus líneas de base, zona contigua, zona económica exclusiva y la plataforma continental serán establecidas y reguladas por la ley orgánica o por acuerdos de delimitación de fronteras marinas, en los términos más favorables permitidos por el Derecho del Mar";

Considerando, que las aguas territoriales, donde el Estado Dominicano tiene facultades exclusivas de propiedad y jurisdicción, están delimitadas por una línea paralela a la costa, de 6 millas náuticas. Se establece además, una zona contigua de igual anchura dentro de la cual se ejerce el derecho de control para prevenir infracciones contra sus leyes de sanidad, fiscales, aduaneras, de protección y de conservación de la pesca y demás recursos naturales del mar según lo establece la Ley Núm. 3342 del año 1952. Más recientemente (1977, L.N.. 573) se estableció la zona económica exclusiva (ZEE) de 200 millas náuticas, incluyendo al norte, los bancos de La Plata y de La Navidad de tradicional interés pesquero para la República Dominicana y hoy convertido en Santuario de Ballenas Jorobadas. El área total marina bajo la jurisdicción de la República Dominicana, incluyendo la zona económica exclusiva, es de unos 138,000 km²; por consiguiente, en el caso de que se trata quedó debidamente establecido que los imputados C.B.P., M. delR. y D.H.H. fueron detenidos el 12 de septiembre de 2009, a unas 20 millas de las Costas de Cabo Engaño, en las coordenadas 18:38.9 L. y 067.57.7 W Long, a bordo de una yola de fibra de vidrio de nombre D.R.D., por autoridades extranjeras, dentro de los límites marítimos de la República Dominicana; situación que no es un hecho cuestionado en el presente proceso;

Considerando, que el recurrente plantea que lo detuvieron el 9 de septiembre de 2009 y que el día 12 de ese mismo mes fue que lo entregaron a las autoridades dominicanas y que lo habían trasladado a Puerto Rico; sin embargo, no consta en los legajos del presente proceso, que los hechos hayan ocurrido en la fecha que indica el recurrente ni mucho menos que lo hayan trasladado a Puerto Rico, aspecto este último que se corrobora con las declaraciones del imputado deponente por ante el tribunal de primer grado, D.H.H., quien en ningún momento expresó que lo hayan trasladado a Puerto Rico;

Considerando, que en lo que respecta al argumento de que fueron detenidos por autoridades extranjeras, el artículo 3 de la Constitución Dominicana establece lo siguiente: "Inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención. La soberanía de la Nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana", pero;

Considerando, que mediante acuerdos internacionales el Estado Dominicano ha permitido la ayuda y asistencia de autoridades extranjeras para combatir el crimen organizado y el narcotráfico internacional; por consiguiente, al poner las autoridades extranjeras a los imputados a disposición de las autoridades dominicanas, las cuales nuevamente les leyeron los derechos que le acuerda la ley y levantaron las actas correspondientes sobre la flagrancia en que fueron detenidos y los objetos que le ocuparon, cabe señalar que la aducida injerencia no atenta contra la personalidad e integridad del Estado, máxime cuando las autoridades extranjeras hicieron la entrega directamente en un puerto de la Marina de Guerra Dominicana, lo que supone previamente un permiso para desplazarse en aguas dominicanas, como bien se señaló en otra etapa anterior del presente proceso; por lo que los agentes norteamericanos, actuaron dentro del marco de la legalidad, sin incurrir en violación a las garantías que le asisten a los procesados, ni a la integridad física de éstos, ya que no hubo ninguna denuncia en ese tenor; por lo que, los medios expuestos por el recurrente carecen de fundamento, de base legal y deben ser desestimados;

En cuanto al recurso de casación interpuesto por M. delR., imputado:

Considerando, que el recurrente M. delR., por intermedio de su abogado defensor propone contra la sentencia impugnada, los siguientes medios: "Primer Medio: Sentencia manifiestamente infundada por inobservancia de disposiciones de orden legal (artículos 426.3, 155, 158, 172, 175 y 333 del Código Procesal Penal Dominicano y errónea aplicación del artículo 224 del Código Procesal Penal Dominicano; Segundo Medio: Sentencia manifiestamente infundada (artículo 426.3 del Código Procesal Penal Dominicano); inobservancia de los artículos 8.2.d, 8.2.g de la CADH, 14.3.b, 14.2.g del PIDCP, 172, 333 y 24 Del CPPD";

Considerando, que el recurrente M. delR., alega en el desarrollo de dichos medios, en síntesis, lo siguiente: "Las absurdas vulneraciones que incurrió el Tribunal a-quo al momento de dictar sentencia condenatoria en contra de M. delR. fueron apadrinadas por la Corte a-qua, ya que decidió confirmar en todas sus partes la sentencia objeto de impugnación no obstante estar plagadas de irregularidades que la hacían anulable; que su defensa planteó que las actuaciones de los agentes norteamericanos era ilegal, al estos incursionar en aguas territoriales dominicanas y proceder a realizar apresamientos sin cumplir con el procedimiento establecido para tales casos, donde se requiere pedir la cooperación de las autoridades dominicanas conforme a lo establecido en los acuerdos internacionales y los referidos artículos, que exige la participación del Ministerio Público y de esta manera no violar la soberanía nacional, como realmente lo hicieron los agentes norteamericanos, situación esta que imposibilitó al Ministerio Público presentar actas llenadas y firmadas por autoridades competentes que participaron en los hechos. Que no obstante hacerse estas alegaciones, la corte apadrinó los errores que cometió el tribunal de primer grado al legitimar las actuaciones de una autoridad extranjera bajo el pretexto de que los imputados fueron apresados en flagrante delito lo cual justificaría, según el criterio del tribunal, el arresto de los encartados. Esto fundamentado en lo establecido en la parte infine del artículo 224 del Código Procesal Penal; que los agentes norteamericanos, no estaban facultados para operar en territorio dominicano sin la debida autorización de las autoridades locales, esto en virtud de las exigencias del artículo 175 del Código Procesal Penal; que las exigencias de dicho texto no fueron respetadas por el Tribunal a-quo ni por la Corte a-qua al decidir, condenar y posteriormente confirmar una condena de 12 años de prisión; que ciertamente, el artículo 155 y siguientes del Código Procesal Penal, permiten la intervención de autoridades extranjeras en territorio dominicano; sin embargo, su intervención está supeditada a una previa autorización de las autoridades dominicanas (Ministerio Público y Juez). En la especie, los agentes norteamericanos penetraron a las aguas territoriales sin la debida autorización, violentando de esa manera la soberanía nacional y consecuentemente las actuaciones que realizaron sobre el apresamiento del hoy recurrente, pues también son ilegales por no ser personas calificadas para realizar registros de personas, lugares o cosas sin una autorización previa. Esto constituye una violación e inobservancia de los artículos 155 y 175 del Código Procesal Penal; que la Corte a-qua incurrió en una errónea aplicación del artículo 224 del Código Procesal Penal, al considerar como cualquier persona a los agentes norteamericanos, olvidándose que para que sea considerado como tal se debe haber respetado una condición previa, consistente en que los referidos agentes extranjeros hayan recibido de parte de las autoridades locales competentes la debida autorización para actuar en territorio dominicano. El irrespeto de esa condición invalida cualquier actuación realizada por esos agentes extranjeros, por lo tanto, la Corte a-qua jamás debió avocarse a confirmar una sentencia plagada de errores tan garrafales como estos, ya que se violentó no solo la soberanía nacional sino el debido proceso de ley; a la luz de la pírrica motivación o de la ausencia de motivación…, la corte no se dedica a cumplir con la obligación de plasmar en su sentencia una motivación o consideración propia sobre lo reclamado por el recurrente M. delR. a través de su recurso. Lo anterior quedó comprobado cuando la Corte a-qua lo único que aduce en su sentencia es lo contemplado en el tercer párrafo de la página 10, por lo que si se observa la aseveración de la Corte a-qua no hizo referencia alguna a lo planteado por el recurrente, en el sentido de que los agentes actuantes no estuvieron presente en el lugar del apresamiento de los recurrentes, ya que fue en alta mar, lo que implica que dicho arresto fue perpetrado por agentes norteamericanos lo que convierte en ilegal las actas levantadas al efecto; por lo tanto, esas pruebas no debían ser objeto de ponderación, en razón de que fueron levantadas por agentes no facultados legalmente para actuar en territorio dominicano. Estas irregularidades no obstante haber sido denunciadas ante el tribunal de primer grado y posteriormente ante la Corte a-qua, esta última ni siquiera se refirió a su denuncia sino que se limitó a aducir que las motivaciones del tribunal de primer grado fueron razonables y suficientes; que la Corte a-qua al fallar en la forma en que lo hizo inobservó las disposiciones del artículo 24 del Código Procesal Penal; que los jueces no explican nada de lo que han manifestado haber analizado tanto el Tribunal a-quo como la Corte a-qua, en ese sentido, se hace evidente que se inobservaron las disposiciones de los artículos 24, 172 y 333 del Código Procesal Penal, lo que hace que la sentencia sea manifiestamente infundada ante una total ausencia de motivación";

Considerando, que en lo que respecta a la violación de la soberanía nacional y la ilegalidad de la actuación de los agentes norteamericanos, en el análisis del recurso precedentemente expuesto, ha quedado debidamente establecido que si bien es cierto que los agentes extranjeros actuaron dentro de los límites marítimos de la República Dominicana, no menos cierto es, que no vulneraron las garantías de los imputados ni mucho menos la integridad y personalidad de la soberanía dominicana; por consiguiente, los medios expuestos carecen de fundamentos;

Considerando, que en lo que respecta a la violación del artículo 155 del Código Procesal Penal, el cual establece: "Cooperación. Los jueces y el ministerio público deben brindar la máxima cooperación a las solicitudes de las autoridades extranjeras siempre que sean formuladas conforme a lo previsto en los tratados internacionales y en este código…"; es preciso señalar, que dicho texto es aplicable a los casos de investigación y cooperación internacional, ya sea en curso o en flagrante delito, pero en el caso de que se trata ,los hoy recurrentes fueron detenidos dentro de los límites marítimos dominicanos; por vía de consecuencia, no era necesario la cooperación internacional a la que se refiere el indicado texto legal; por lo que dicho argumento debe ser desestimado;

Considerando, que del análisis de la sentencia recurrida, se advierte que la misma brinda motivos suficientes y pertinentes sobre los medios expuestos por los recurrentes, por lo que procede desestimar ambos recursos de casación.

Por tales motivos, Primero: Rechaza los recursos de casación interpuestos por C.B.P. y M. delR., contra la sentencia núm. 622-2011, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 23 de septiembre de 2011, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión; Segundo: Condena al recurrente C.B.P. al pago de las costas; Tercero: Exime el pago de las costas en torno al recurrente M. delR., por estar asistido por la defensa pública; Cuarto: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís.

Firmado: E.E.A.C., A.A.M.S., F.E.S.S., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran, en la audiencia pública del día, mes y año expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.