Sentencia nº 98 de Suprema Corte de Justicia, del 15 de Febrero de 2016.

Fecha de Resolución:15 de Febrero de 2016
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Sentencia núm. 98

MERCEDES A. MINERVINO A., SECRETARIA GENERAL INTERINA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, CERTIFICA. QUE EN LOS ARCHIVOS A SU CARGO EXISTE UN EXPEDIENTE QUE CONTIENE UNA SENTENCIA DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2016, QUE DICE:

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces M.C.G.B., P.; F.E.S.S. e H.R., asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 15 de febrero de 2016, años 172° de la Independencia y 153° de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación incoado por F.D.C.C., dominicano, mayor de edad, soltero, no portador cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en la calle M. de J.G., núm. 17, Haina, República Dominicana, en su calidad de imputado y civilmente demandado a través de la defensora pública Licda. J.B. de la Cruz González, contra la sentencia núm. 294-2014-00334, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 1 de octubre de 2014;

Oído a la Jueza Presidenta dejar abierta la presente audiencia para el debate del recurso de casación y ordenar al alguacil el llamado de las partes;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído a la Licda. J. de la C.G., defensora pública, actuando a nombre y en representación del señor F.D.C.C., parte recurrente, en la exposición de sus conclusiones;

Oído el dictamen de la Magistrada Dra. I.H. de V.,

Procuradora General de la República;

Visto el escrito motivado mediante el cual el recurrente, F.D.C.C., a través de su defensa técnica la Licda. J. de la C.G., defensora pública, interpone y fundamenta dicho recurso de casación, depositado en la secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, el 27 de octubre de 2014;

Visto la resolución núm. 1701-2015, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 22 de mayo de 2015, mediante la cual se declaró admisible el recurso de casación, incoado por F.D.C.C., en su calidad de imputado y civilmente demandado, en cuanto a la forma y fijó audiencia para conocer del mismo el 10 de agosto de 2015 a fin de debatir oralmente, fecha en la cual la parte presente concluyó, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30) días establecidos por el Código Procesal Penal;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, vistos la Constitución de la República, los Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; la norma cuya violación se invoca, así como los artículos, 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15; la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 76-02, la Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 31 de agosto de 2006 y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

  1. Que en fecha 27 de julio de 2013, alrededor de las 11:00 de la mañana el nombrado F.D.C.C. (a) El Pa, en compañía de un tal M. transitando en su motocicleta y ambos con arma de fuego se presentaron a la Ferretería Gringo, ubicado en la calle M.T.J. del sector El Gringo, donde allí encañonaron al propietario, el señor D.A.L., despojándolo de la suma de Cien (RD$100.00) Pesos, marchándose del lugar. Luego se trasladaron al sector Cabón en Quita Sueño donde interceptaron al señor G.I.C., despojándole el nombrado F.D.C.C. (a) El Pa de una cadena de oro, realizándole varios disparos, los cuales le ocasionaron la muerte. desplazándose en la motocicleta que conducía el nombrado M.;

  2. Que por instancia del 15 de noviembre de 2013, la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de San Cristóbal, presentó formal acusación con solicitud de auto de apertura a juicio en contra del imputado F.D.C.C. (a) El Pa;

  3. Que en fecha 31 de marzo de 2014, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal dictó la resolución núm. 080-2014, consistente en auto de apertura a juicio, mediante la cual se admitió la acusación de manera total en contra del imputado F.D.C.C. (a) El Pa, bajo los tipos penales establecidos en los artículos 265, 266, 295, 304, 379 y 382 del Código Penal y artículos 39 y 40 de la Ley núm. 36 sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas; d) Que el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, dictó sentencia núm. 11/2014 el 22 de julio del 2014, cuyo dispositivo establece lo siguiente:

“PRIMERO: Declara al imputado F.D.C. (a) El Pa, de generales que constan, culpable de los ilícitos de asociación de malhechores, homicidio voluntario antecedido a robo agravado y porte y tenencia ilegal de arma de fuego, en violación a los arts. 265, 266, 295, 304, 379 y 382 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de G.I.C., y art. 39 párrafo III de la Ley 36, sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas de Fuego en perjuicio del Estado Dominicano; en consecuencia, se le condena a treinta (30) años de reclusión mayor, para ser cumplidos en la Cárcel Pública de Najayo; SEGUNDO: Ratifica la validez de la constitución en actor civil realizada por los señores C.C.S. y R.C.M., en calidad de hijas del occiso, acción llevada accesoriamente a la acción penal, en contra del imputado F.D.C. (a) El Pa, por haber sido ejercida dicha acción conforme a la ley en cuanto a la forma y en cuanto al fondo, se condena a dicho imputado al pago de una indemnización simbólica de Mil Pesos Dominicanos (RD$1,000.00) como justa reparación por los daños y perjuicios recibidos por estas, a consecuencia del accionar del imputado, acogiendo en ese sentido las conclusiones de la parte civil constituida; TERCERO: Rechaza las conclusiones de la abogada de F.D.C. (a) el Pa, toda vez que la responsabilidad de su patrocinado quedó plenamente probada en los tipos penales de referencia en el inciso primero, con pruebas lícitas, suficientes y de cargo, capaces de destruir sus presunciones de inocencia que beneficiaba a su patrocinado hasta este momento; CUARTO: Condena al imputado F.D.C. (a) El Pa, al pago de las costas penales del proceso; QUINTO: Ordena que de conformidad con las disposiciones de los arts. 189 y 338 del Código Procesal Penal, que el representante del Ministerio Público conserve la custodia de las pruebas materiales aportadas en juicio, consistente en: 1-) Un revolver calibre 38, marca S.W., número LVA0411; y 2-) Un abrigo color azul marino, con rayas blancas en las mangas, hasta tanto la presente sentencia adquiera la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, para cuando entonces proceder conforme la ley”;
e) Que como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por el imputado F.D.C.C., intervino el fallo objeto del presente recurso de casación, dictado por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 1 de octubre de 2014, y su dispositivo es el siguiente:

“PRIMERO : Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha cuatro (4) de agosto del año dos mil catorce (2014), por la Licda. J.B. de la Cruz González, defensora pública; actuando en representación del señor F.D.C.C., en contra de la Sentencia núm. 112-2014, de fecha veintidós (22) el mes de julio del año dos mil catorce (2014), dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior de la presente sentencia; en consecuencia, por efecto de lo establecido en el artículo 422.1, la indicada sentencia queda confirmada; SEGUNDO: Rechaza en todas sus partes las conclusiones de la abogada de la defensa del imputado, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente sentencia; TERCERO: E. al imputado F.D.C.C., del pago de las costas penales del procedimiento de alzada, por este ser presente decisión al Juez de la Ejecución de la Pena de este Departamento Judicial de San Cristóbal, para los fines de lugar correspondiente; QUINTO : La lectura integral de la presente sentencia vale notificación para todas las partes convocadas para el
día de hoy, en la audiencia de fecha diecisiete (17) del mes de septiembre del año dos mil catorce (2014) y se ordena expedir copia
de la presente a los interesados”;

Considerando, que el recurrente F.D.C.C., por intermedio de su defensa técnica, propone contra la sentencia impugnada en síntesis el medio siguiente:

Único Medio : Sentencia manifiestamente infundada. Los hechos por los cuales el imputado está condenado a treinta (30) años de reclusión no son los hechos por los cuales fue arrestado, pues la muerte del señor G.I.L. ocurrió el día 27 de julio 2013, aproximadamente a las 11:30 a.m. siendo encontrado en la escena del crimen 3 casquillos 9MM; sin embargo el ciudadano F.D.C.C., fue arrestado supuestamente en flagrante delito el día 29 de julio 2013, de lo cual se instrumento un acta de flagrancia y un acta de registro de persona en la que el oficial investigador hizo constar la supuesta ocupación de un revolver calibre 30 marca Smith and Wesson, la cual no guarda relación alguna con los casquillos ocupados en la escena del crimen, ya que estos corresponden a una pistola 9MM, circunstancias que da por sentado, que esa acta de arresto flagrante no deben servir de base para arrestar al imputado por los hechos que fue condenado, pues el arresto que se desprende de ellas, ha sido por violación a la Ley núm. 36 sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas de la República Dominicana. Que en adición a lo anterior, bajo el con el hecho punible, que pueda establecer o probar la violación ni su participación en la conducta que describen los artículos 379 y 383 del Código Penal con relación al señor G.I.C. (hoy occiso). De la misma manera, en lo que respecta al señor D.A.L. víctima del presunto robo cometido en la Ferretería Gringo, si verificamos el cuerpo de la sentencia recurrida, este ciudadano no depuso ante el Tribunal en la fase juicio, razón por la cual los hechos que ubican al recurrente en el supuesto fáctico en que se perpetró el supuesto robo al señor G.I.L., parte de las referencias del agente E.A.; sin explicar el Ministerio Público, las razones por las cuales renunció a la prueba testimonial que pudiera sustentar esa parte de la acusación. En virtud de lo anterior, entendemos que el Tribunal al valorar positivamente los elementos de prueba descritos en el presente medio, para condenar a F.D.C.C., como autor de la muerte del ciudadano G.I.C. ha inobservado las previsiones de los artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal, ya que las pruebas referidas no establecen un nexo causal entre la prueba y los hechos, requisito indispensable para retener responsabilidad penal en el encartado y destruir fuera de toda duda razonable la responsabilidad penal del recurrente en los tipos penales de robo y homicidio, pues no le fue ocupado el objeto sustraído ni el arma homicida. En torno a la prueba material requerida para establecer la participación del imputado en la comisión de los hechos que se le atribuyen, el tribunal de primer grado, no explica las razones por las que puede prescindir de la prueba material ni justifica el motivo por el cual el recurrente ha sido condenado por homicidio no obstante las especificaciones del arma homicida no corresponde a las del arma homicida. Resulta, que la parte recurrente exhortó al tribunal de alzada a valorar los elementos de prueba utilizados y al verificar primer grado como la emitida por la Corte de Apelación, son consecuencia de la inobservancia de las reglas de la sana critica, ya que estas carecen de valor para sustentar una sentencia condenatoria, en virtud de que ninguna guarda una relación directa con el ilícito investigado que vincule al imputado con los hechos que le atribuyen, en adición a que son irrelevantes para determinar la responsabilidad penal del imputado fuera de duda razonable, circunstancia que da lugar a la errónea aplicación de los preceptos contenidos en el artículo 338 del Código Procesal Penal (…), sin embargo en el caso de la especie la prueba es insuficiente, lo que implica una vulneración al principio de presunción de inocencia consagrado como derecho fundamental en los artículos 69.3 de la Constitución, 14 y 25 del Código Procesal Penal. Los errónea aplicación de las disposiciones precitadas, es observable en el párrafo 10 de la página 25 de la sentencia de primer grado, tras verificar que en la sentencia objeto del presente recurso, el Tribunal a-quo valora de forma genérica los testimonios de los señores J.A.P.B., D.J.G., E.A.C., S.R. y O.E.M.S., de forma genérica, actuación procesal prohibida por la ley y el debido proceso, ya que los medios de prueba deben ser valorados de manera individual y otorgarle a cada uno su valor probatorio, y luego realizar una valoración conjunta y armónica de todos ellos. En adición a lo anterior denunciamos la falta de motivación de la sentencia estableciendo que del análisis integro de la sentencia recurrida, se desprende que el tribunal a-quo ha pretendido sustituir la motivación de la sentencia con la relación fáctica y la mención de las teorías del delito que conlleva aplicar en tales casos; sin embargo, omite la relación que debe establecer entre los hechos, las pruebas y el imputado, a los fines de lograr conectarlos para determinar fuera de duda razonable la inobservancia de los artículos 24 y 333 de la norma procesal
penal. Resulta, que no obstante las denuncias procesales planteadas en el recurso, la Cámara Penal de la Corte de Apelación rechaza los fundamentos del recurso sin responder de
manera precisa y coherente los medios que lo sustentan, limitándose a hacer suyas las motivaciones insuficientes vertidas
en el primer grado. Que lo anterior se comprueba en los considerandos 8 al 11 de la sentencia emitida por la Corte, en los
cuales ese tribunal establece la inexistencia de los medios, argüidos de modo genérico y sin explicar porqué, que el tribunal
de primer grado no incurrió en las inobservancias denunciadas
en el escrito de impugnación, lo que constituye un falta de fundamentación de la decisión y en consecuencia convierte a
decisión en manifiestamente infundada”;

Considerando, que la Corte a-quo para fallar como lo hizo en la alegada errónea valoración de los medios de prueba, aducida a la sentencia de primer grado invocada por el recurrente. Esta Sala de Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del estudio de la sentencia impugnada ha podido constatar que en este sentido la Corte estableció: “Que con relación al primer medio de errónea valoración de los elementos de prueba, el recurrente alega que los jueces a-quo, en la sentencia recurrida no refieren cual es la suficiencia de esos elementos de prueba para establecer un nexo de causalidad con la supuesta comisión del robo de las pertenencias del hoy occiso respecto al imputado y que hechos por los cuales el imputado está condenado, no son los hechos por los cuales fue arrestado, sin embargo en el considerando 14, dictado por el Tribunal a-quo en su sentencia recurrida quedan plenamente contestadas estas argumentaciones, el cual expresa: “ Frente a las pruebas a cargo es idóneo colegir que el imputado F.D.C.C., es autor asociación de malhechores, homicidio voluntario antecedido de robo agravado y porte y tenencia ilegal de arma de fuego, en perjuicio de quien en vida respondía el nombre de G.I.C., toda vez que conforme se desprende de la práctica de las pruebas éste fue quien accionó un arma de fuego de manera voluntaria en contra del hoy occiso, luego de arrebatarle una cadena de fuego de manera voluntaria en contra del hoy occiso, luego de arrebatarle una cadena que portaba la víctima al momento de los hechos; hiriéndole en el cuadro torácico, luego donde se alejan órganos vitales, cegándole la vida a dicha víctima de forma inmediata e inmisericorde; de donde se infiere la intención criminal de este y su acompañante al momento de los hechos; siendo apresado posteriormente en posesión de un arma de fuego que este portaba de manera ilegal; realizando dicho hecho en compañía de otra persona, los cuales fueron vistos al momento de cometer estos hechos por parte de los testigos a cargo”. Que para llegar a esa conclusión el tribunal a-quo lo hizo basado en lo declarado por los testigos presenciales S.R.G. y O.E.M.S., cuyas declaraciones están plasmadas en la sentencia recurrida, en donde señalan al imputado como la persona que se presentó al colmado donde estaba la víctima, al cual despojó de una cadena que tenía en el cuello y luego le hizo los dos disparos que le ocasionaron la muerte, además el tribunal valoró las actas de reconocimiento de personas que figuran como prueba en donde los señores S.R.G. y J.A.C.F. reconocen entre varios señores de aspectos parecidos, al imputado F.D.C.C. como la persona que ejecutó los hechos antes descritos, así como también los testigos describieron la vestimenta que tenía puesta dicho imputado, de la cual fue encontrado en cima de una empalizada de la casa donde residía el imputado, un abrigo color azul marino, con rayas blancas en las mangas y un sello en la maga que dice “Fire Department City of New York” y en el frente las letras NY color rojo, con una capucha blanca en el reverso, prenda esta que se corresponde a la descrita por los testigos y que el Tribunal a-quo le dio valor probatorio, que estas pruebas, al igual que las demás que figuran en el presente caso”; prosigue la Corte estableciendo con respecto a los medios de prueba que fundamentan la acusación y en respuesta al medio que nos ocupa, estableciendo: “ Que con relación a las argumentaciones de que el testigo D.L.A., establece que este testigo no depuso en la fase de juicio en cuanto a lo referente al supuesto robo, por lo que estas declaraciones parten de la referencias del agente E.A., y sin explicar el Ministerio Público, las razones de las cuales renunció a la prueba testimonial, ni el tribunal explica las razones por las que puede prescindir de la prueba material, ni justifica el motivo por el cual el recurrente ha sido condenando por homicidio y robo, pues no le fue ocupado ni el arma homicida, ni el objeto sustraído; sin embargo, los jueces del tribunal a-quo han establecido, contestando estas argumentaciones que “...declaraciones estas que se corroboran con los demás medios de pruebas aportados en juicio; de donde se determina en forma certera que F.D.C.C. (a) El Pa, se asoció a un tal M. para sustraer los bienes propiedad de la víctima, en medio de la cual agredieron a la víctima y le cegaron la vida, siendo el móvil inicial de estos hechos la sustracción de los bienes posteriormente en posesión de un arma de fuego ilegal, por todos estas razones es que dichos testimonios son valorados positivamente”. Que esta Corte ha podido evidenciar que los testigos, han expresado de manera precisa y coherente la ocurrencia de los hechos y han descrito de manera detallada la forma en que el imputado participó en los hechos, distinguiendo la participación individual del recurrente y la otra persona que le acompañaba, además de establecer que fue el imputado, hoy recurrente F.D.C.C. (a) El Pa, quien le disparó al hoy occiso y que su acompañante lo esperaba afuera en una motocicleta, que los testigos establecen que primero le sustrajo la cadena que tenía puesta y luego le hizo los disparos, que el hecho de que posteriormente fuera arrestado de manera flagrante, con un arma diferente a la que cometió el hecho, no es una causa para exonerarlo de su responsabilidad, ya que nada impide que un imputado en la actividad de robo agravado y cometiendo homicidio, como en el cual caso, ejecute un primer hecho como el que se ha establecido en la sentencia recurrida, con un arma y luego sea apresado con otra distinta; además nada impide a las partes renunciar a la presentación de una prueba durante el juicio; lo ha quedado establecido por el tribunal a-quo y que esta Corte acoge es que con las pruebas presentadas, se probó la acusación formulada por el Ministerio Público y la parte querellante, por lo que han quedado contestadas las pretensiones del recurrente, por lo que esta alzada procede a rechazar el medio propuesto por los recurrentes”; valorando el tribunal a-quo las deposiciones testimoniales como coherentes y pertinentes y las cuales procedió a enlazar con los demás elementos de pruebas; Considerando, que los testimonios valorados establecidos en el cuerpo motivacional de la sentencia impugnada, fueron robustecidos por el fardo probatorio que conformó el acusador público en su carpeta de elementos de prueba con la finalidad de sustentar su acusación en contra del imputado F.D.C. (a) El Pa. Utilizando el tribunal de juicio de fondo las reglas de administración de la prueba y reglas de valoración –libre y tasada- bajo la razón práctica y argumentativa, logrando una subsunción entre todos los medios de prueba, robustecidos los testimonios con la suma de los documentales consistentes en: 1) Acta de inspección de lugares de fecha 27 de julio del año 2013; 2) Acta de arresto por infracción flagrante, de fecha 29 de julio del año 2013; practicada al imputado; 3) Acta de registro de persona de fecha 29 de julio del 2013, practicada por el oficial actuante D.J.G., al imputado F.D.C.C.; 4) Acta de inspección de lugares levantada en fecha treinta y uno (31) de julio del año 2013, realizada por el oficial actuante A.P., realizada en la avenida Ingenio Río, sector Bella Vista, del municipio de Haina; 5) Acta de entrega voluntaria de fecha 31 de julio del año 2013, la cual fue entregada de manera voluntaria por el señor C.A.F., una motocicleta marca J., color negro, chasis LJCPAGLH7A1003661, donde transitaban los nombrados F.D.C.C. y M.; 6) Acta de reconocimiento de persona de fecha 31 de julio del año 2013, suscrita por J.A.G., Fiscal Adjunto de San Cristóbal; 7) Dos (2) actas de reconocimiento de persona de fecha 31 del julio del año 2013 realizado al imputado F.D.C.C.; 8) Acta de levantamiento de cadáver de fecha 27 de julio del año 2013; suscrita por la médico legista de San Cristóbal Dra. B.M.N.; 9) Autopsia núm. SDO-1362-13 a nombre del occiso G.I.C.; 10) Un abrigo de color azul marino con rayas blancas en las mangas y con un sello en la manga que dice Fire Department City Om New York; 11) Un (1) revolver cal. 38Mn, marca S.W. núm. LVA0411, 12) Los testigos de J.A.P.B., D.J.G.A.P., E.A.A.C., S.R.G.. Que además, valoró los elementos de pruebas depositados por la parte querellante constituida en actor civil consistente en; 13) Acta de defunción núm. 30024, de fecha 27 de julio del año 2013, realizado al occiso G.I.C.; 14) Extracto de acta de defunción expedida en fecha julio del año 2013, a nombre de G.I.C.; 15) Extracto de acto de acta de nacimiento expedida en fecha 18 de junio del año 2009, a nombre de CHARITIN; 16) Extracto de acta de nacimiento, de fecha 4 de junio del año 2009, a nombre de RUDILANDIA; 17) Una fotografía del cadáver del señor G.I.C.; y 18) El testimonio de O.E.M.S.;

Considerando, en este mismo contexto la Corte a-quo plasmó, que el tribunal de primer grado dio razón de cada uno de los elementos probatorios sometidos a su consideración y que los mismos fueron verificados conforme los preceptos de los artículo 172 y 333 del Código Procesal Penal, lo cual se logra constatar en el considerando 12 consta de 10 numerales donde se verifica el valor dado a cada uno de los elementos de prueba sometidos de manera conjunta y amónica, lo cual dio lugar a la comprobación de los hechos puestos a cargo de la persona del imputado y lograron romper con la presunción de inocencia que le revestía en todo momento de la causa;

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por la parte recurrente:

Considerando, que a juicio de esta alzada la valoración realizada a los medios probatorios cumplió todas las formalidades establecidas en la normativa procesal penal, lo cual unido a las pruebas documentales, periciales y materiales igualmente incorporadas bajo las formalidades establecidas, constituyen documentación de interés para el presente caso, siendo estas pruebas admitidas en la fase intermedia, y poseen referencia directa con el hecho investigado, lo cual hace que las pruebas sometidas a valoración puedan ser objeto de ponderación y utilizadas para fundamentar la decisión, lo cual realizó el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, llegando así a la conclusión de la existencia cierta de un hecho típico, antijurídico y culposo en la persona del imputado, que dio al traste con la sanción de treinta (30) años de reclusión mayor, la cual fue el resultado de un análisis pormenorizado y en apego a los lineamientos del artículo 339 del Código Procesal Penal;

Considerando, que del estudio pormenorizado de los medios planteados por la parte recurrente y haber realizado es escrutinio de la sentencia impugnada a los fines de la comprobación del medio y los alegatos esgrimidos por el recurrente somos de opinión que la misma no adolece de los vicios denunciados y que la Corte a-quo logró constatar que la sentencia de primer grado dejó claramente establecida la situación jurídica del proceso, y dio respuesta a cada uno de los pedimentos que fueron realizados en el transcurrir del juicio de una manera lógica y coordinada, elementos estos que se desprenden de la sentencia dada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal por lo que la motivación siendo la motivación adecuada y conforme lo establecido por nuestra legislación Procesal Penal en su artículo 24. Por lo que al no encontrarse los vicios invocados, procede rechazar el recurso de casación interpuesto, de conformidad con las disposiciones del artículo 427.1 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015;

Considerando, es conforme a lo previsto en los artículos 437 y 438 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, así como la Resolución núm. 296-2005, referentes al Juez de la Ejecución de la Pena, copia de la presente decisión debe ser remitida, por la secretaria de esta alzada, al Juez de la Pena de la jurisdicción de San Cristóbal, para los fines de ley correspondientes;

Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispones: “Imposición. Toda decisión que pone fin a la persecución penal, la archiva, o resuelve alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el Tribunal halle razones suficientes para eximirla total o parcialmente”; En la especie procede eximir al imputado del pago de las costas del proceso, toda vez que el mismo se encuentra siendo asistido por el Servicio Nacional de la Defensa Pública, toda vez que el artículo 28.8 de la Ley núm.277-04, que crea el Servicio Nacional de la Defensoría Pública, establece como uno de los derechos de los defensores en el ejercicio de sus funciones el de “no ser condenados en costas en las causas en que intervengan”, de donde deriva la imposibilidad de que se pueda establecer condena en costas en el caso que nos ocupa.

Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

FALLA:

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por F.D.C. (a) El Pa, en su calidad de imputado, a través de la defensora pública Licda. J.B. de la Cruz, contra la sentencia núm. 294-2014-00334, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 1 de octubre de 2014, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Confirma la decisión impugnada por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión;

Tercero: Eximen el pago de las costas penales del proceso por encontrarse el imputado, asistido de la Oficina Nacional de Defensoría Pública;

Cuarto: Ordena la remisión de la presente decisión por ante el Juez de la Ejecución de la Pena de la jurisdicción de San Cristóbal, para los fines de ley correspondiente;

Quinto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes.

(FIRMADOS).- M.C.G.B..- F.E.S.S..- H.R..-

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

G.A. de S.
S. General

MCGB / DLC/Mog/Are