Sentencia nº 985 de Suprema Corte de Justicia, del 19 de Septiembre de 2016.

Fecha de Resolución:19 de Septiembre de 2016
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha:19 de septiembre de 2016

Sentencia núm. 985

M.A.M.A., Secretaria General Interina de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha de 19 de septiembre de 2016, que dice:

D., Patria y Libertad República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia, regularmente constituida por los Jueces Miriam Concepción

Germán Brito, P.; E.E.A.C., Alejandro

Adolfo Moscoso Segarra, F.E.S.S. e H.R.,

asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias,

en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 19 de

septiembre de 2016, años 173° de la Independencia y 154° de la

Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la

siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Franklin Peralta

Rodríguez, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de

identidad y electoral núm. 001-1505657-4, domiciliado y residente en la

calle J. s/n, sector Guerra Guachupita, municipio Santo Domingo Este, Fecha:19 de septiembre de 2016

imputado y civilmente demandado; G.A.F., dominicano,

mayor de edad, y demás generales no constan en el expediente, tercero

civilmente demandado; y Seguros Pepín S. A., compañía constituida y

existente, de acuerdo con las leyes dominicanas, con su domicilio social

situado en la avenida 27 de Febrero núm. 233, del sector Naco de esta

ciudad, entidad aseguradora, contra la sentencia núm. 214-2015, dictada

por la Sala de la Camara Penal de la Corte de Apelación del Departamento

Judicial de Santo Domingo el 19 de mayo de 2015, cuyo dispositivo se copia

más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al Lic. A.A.C., por sí y por el Lic. Juan Carlos

Núñez Tapia, en la lectura de sus conclusiones en la audiencia del 11 de

abril de 2016, a nombre y representación de los recurrentes Franklin Peralta

Rodríguez, G.A.F. y Seguros Pepín, S. A.;

Oído al Lic. W.R., conjuntamente con el Lic. Ramón

Antonio Martínez Mueses, en la lectura de sus conclusiones en la audiencia

del 11 de abril de 2016, a nombre y representación de la parte recurrida

Y.D.; Fecha:19 de septiembre de 2016

Oído el dictamen de la Magistrada Procuradora General Adjunta de

la República, L.. I.H. de Vallejo;

Visto los escritos motivados suscritos por los Licdos. Juan Carlos

Núñez Tapia y C.G.H., en representación de los

recurrentes F.P.R., G.A.F. y Seguros

Pepín, S.A., depositados el 1 de junio de 2015 y el 15 de julio de 2015, en la

secretaría de la Corte a-qua, advirtiéndose que se trata del mismo escrito,

pero con fechas diferentes, mediante los cuales interponen su recurso de

casación;

Visto el escrito de contestación suscrito por el Lic. Ramón Antonio

Martínez Mueses, por sí y por el Lic. W.R., a nombre y

representación de Y.D., depositado el 23 de junio de 2015, en la

secretaría de la Corte a-qua, y remitido a esta Suprema Corte de Justicia el

22 de abril de 2016;

Visto la resolución núm. 276-2016, dictada por esta Segunda Sala de

la Suprema Corte de Justicia el 18 de febrero de 2016, la cual declaró

admisible el referido recurso de casación de fecha 15 de julio de 2015, y fijó

audiencia para conocerlo el 11 de abril de 2016; sin que se haya hecho

mención del recurso anterior; no obstante esto, se procederá a conocerlo sin Fecha:19 de septiembre de 2016

distinción de la fecha en que fue presentado, por advertir que se trata de

las mismas partes y del mismo contenido, siendo contestado el primero por

la parte recurrida, por lo que el conocimiento del fondo no hará diferencia

en torno a las fechas de cada escrito, sino que se desarrollará como un solo

escrito;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de

1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber

deliberado, vistos la Constitución Dominicana, los artículos 393, 394, 397,

399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado

por la Ley núm. 10-15, de fecha 10 de febrero de 2015; la Ley núm. 241,

sobre Tránsito de Vehículos, y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la

Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos

que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

  1. que el 24 de septiembre de 2010 ocurrió un accidente de tránsito en

    la carretera M., frente al cementerio, Santo Domingo Este, entre el

    camión marca Daihatsu, color blanco, placa L179784, propiedad de Germán

    Acosta Franco, asegurado en la compañía Seguros Pepín, S.A., conducido Fecha:19 de septiembre de 2016

    por F.P.R., y el camión marca Volkswagen, color

    amarillo, propiedad del Ayuntamiento del municipio Santo Domingo Este,

    conducido por J.A.U., en el cual el primer vehículo impactó

    con el retrovisor al señor Y.D., quien iba colgado en el segundo

    vehículo;

  2. que el 30 de marzo de 2012, la Procuraduría Fiscal de la provincia

    Santo Domingo presentó formal acusación y solicitud de apertura a juicio

    en contra de F.P.R., imputándolo de violar los

    artículos 49 numeral 1, 61 y 65, de la Ley núm. 241 sobre Tránsito de

    Vehículos;

  3. que para la instrucción preliminar fue apoderado el Juzgado de

    Paz para Asuntos Municipales del municipio de Santo Domingo Este, el

    cual dictó auto de apertura a juicio en contra del justiciable Franklin Peralta

    Rodríguez, el 6 de septiembre de 2012;

  4. que para el conocimiento del fondo del presente proceso fue

    apoderado el Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción del municipio

    Santo Domingo Este, el cual dictó la sentencia núm. 1634/2014, el 17 de

    noviembre de 2014, cuyo dispositivo figura transcrito en el fallo

    impugnado; Fecha:19 de septiembre de 2016

  5. que dicha decisión fue recurrida en apelación por las partes, siendo

    apoderada la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del

    Departamento Judicial de Santo Domingo, la cual dictó la sentencia núm.

    214-2015, objeto del presente recurso de casación, el 19 de mayo de 2015,

    cuyo dispositivo expresa lo siguiente:

    “PRIMERO: Desestima el recurso de apelación interpuestos por L.. J.C.N.T. y C.G.H., en nombre y representación de la entidad comercial Seguros Pepín S. A, debidamente representada por su presidente ejecutivo, L.. H.A..
    R.C.P. y el señor F.P.R. (imputado) y G.A.F. (3ro. demandado), en fecha veintidós (22) del mes de diciembre del año dos mil catorce (2014), en contra de la sentencia marcada con el num. 1634-2014 de fecha diecisiete (17) del mes de noviembre del año dos mil catorce (2014), dictada por el Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción del municipio Santo Domingo Este;
    SEGUNDO: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por los Licdos. R.M.M. y W.R., en nombre y representación del señor I.D., en fecha veintinueve (29) del mes de diciembre del año dos mil catorce (2014); ´Primero: Declara al señor F.P.R., dominicano, mayor de edad, portador de la cedula de identidad y electoral núm. 001-1505657-4, domiciliado y residente en la calle D.J., S/N, sector Guerra Guachupita, municipio Santo Domingo Este, culpable de violar las disposiciones de los artículos 49, letra a y b, 61 y 65 de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos de Fecha:19 de septiembre de 2016

    Motor, modificada por la Ley 114-99, que tipifican los delitos de golpes y heridas, ocasionados de forma involuntaria con la conducción de un vehículo de motor y conducción temeraria y descuidada, respectivamente, en perjuicio del señor I.D., en aplicación del artículo 338 del Código Procesal Penal; Segundo: Condena al señor F.P.R., a cumplir una pena de (tres) meses de prisión, así como al pago de una multa ascendente a la suma de Seiscientos Pesos Dominicanos (RD$600.00) a favor y provecho del Estado Dominicano; Tercero: Condena al señor F.P.R., al pago de las costas penales del proceso. En el aspecto civil; Cuarto: Declara buena y válida en la forma, la constitución en actor civil interpuesta por el señor I.D., en contra del imputado F.P.R., por su hecho personal, y del señor G.A.F., en su calidad de tercero civilmente demandado, con oponibilidad a la entidad aseguradora Seguros Pepín, S.A., por haber sido interpuesta de conformidad con las disposiciones procesales que rigen la materia; Quinto: En cuanto al fondo, acoge parcialmente dicha demanda y, en consecuencia, condena solidariamente al señor F.P.R., por su hecho personal, y del señor G.A.F., en su calidad de propietario del vehículo causante del accidente, al pago de la suma de Ochocientos Mil Pesos (RD$800,000.00), a favor y provecho del señor I.D., en su calidad víctima, a título de indemnización por los daños y perjuicios morales sufridos por éstos como consecuencia de las lesiones sufridas en ocasión del accidente de tránsito; Sexto: Condena al señor F.P.R., en su calidad de imputado, y G. Fecha:19 de septiembre de 2016

    A.F., en su calidad tercero civilmente responsable, al pago de las costas civiles del procedimiento, ordenando la distracción de las mismas a favor y provecho de los Licdo. W.R.G., L.. M.A.C., abogados que afirman estarlas avanzando en su totalidad; Séptimo: Declara la sentencia común y oponible a la entidad Seguros Pepín, S.A., por esta entidad aseguradora del vehículo causante del accidente, hasta el límite de la póliza de seguros; Octavo: fija lectura íntegra de la sentencia para el día 28/11/2014 a las 2:30 p.m. Vale citación partes presentes y representadas´; TERCERO: Modifica el ordinal quinto de la sentencia y en consecuencia, condena solidariamente a los señores F.P.R., por su hecho personal, y G.A.F., en su calidad de propietario del vehículo causante del accidente, al pago de la suma de Un Millón Quinientos Mil (RD$1,500,000.00) Pesos, a favor y provecho del señor I.D., en su calidad víctima, a título de indemnización por los daños y perjuicios morales sufridos por este como consecuencia de las lesiones sufridas en ocasión del accidente de tránsito; CUARTO: Ordena a la razón social Seguros Pepín, S. A, debidamente representada por su presidente ejecutivo, L.. H.A.R.C.P. y a los señores F.P.R. y G.A.F. al pago de las costas del proceso; QUINTO: Ordena a la secretaria de ésta sala la entrega de una copia íntegra de la presente sentencia a cada una de las partes que conforman el presente proceso”; Fecha:19 de septiembre de 2016

    Considerando, que los recurrentes F.P.R.,

    G.A.F. y Seguros Pepín, S.A., por intermedio de sus

    abogados, alegan los siguientes medios de casación:

    Primer Medio: Sentencia de primer grado y de la Corte Penal de Santo Domingo carente de fundamentación jurídica valedera; Segundo Medio: Sentencia que agrava la situación del imputado, ya que el mismo en la sentencia ahora recurrida se le impone el pago de una indemnización superior a la que se le impuso en primer grado, o sea, al doble sin la corte verificar que existiera una variación de los elementos tomados por el juez de primer grado para aumentar las anteriores indemnizaciones y viola la soberana apreciación de los jueces a la hora de imponer indemnización; Tercer Medio: Ilogicidad manifiesta en la página 4 último párrafo respectivamente, donde se puede establecer que la corte entra en contradicción de motivos al establecer que el Ministerio Público aportó el acta de tránsito como elemento de prueba y le da valor a los datos que fueron recopilados en la misma, lo que entra en contradicción con sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia, sobre la valoración del acta de tránsito; Cuarto Medio: I. manifiesta en la sentencia de primer grado y que la corte no se pronuncia, donde establece los supuestos hechos probados de la sentencia recurrida, donde el juez hace una burda copia y de manera falaz establece que son hechos probados y a continuación copia la teoría del caso del Ministerio Público (ver acusación del Ministerio Público en la relación precisa y circunstancia del hecho), por lo que realmente no hace ninguna valoración de las pruebas; Fecha:19 de septiembre de 2016

    Quinto Medio: Sentencia de la Corte que no establece en ninguna de las páginas, que otro elemento es tomado para aumentar las indemnizaciones que no sean el mismo valorado por el primer grado; Sexto Medio: En la sentencia de primer grado no se establece: a) el valor de los medios de prueba presentados por el Ministerio Público; b) menos hace una valoración armónica y conjunta de los mismos; c) la conducta del imputado; d) la conducta de la víctima; e) no establece en qué consiste la falta de nuestro patrocinado; e) el fallo del tribunal de primer grado entra en contradicción con sentencias anteriores de la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que los jueces están obligados a verificar la conducta de todos los involucrados en el accidente; f) que es criterio de esta corte penal del Departamento Judicial de San Cristóbal, el cual quedó establecido en la sentencia núm. 294-2013-00485, de fecha 24/10/2013, en el sentido de hacer razonamientos lógicos de cómo sucedieron los hechos y cuál fue la causa generadora del accidente, esta situación tampoco la honorable corte de Santo Domingo se pronunció en relación a este pedimento; que los jueces deben expresar cuales elementos son retenidos para cuantificar los daños y perjuicios, situación esta que no es valorada a la hora de imponer indemnizaciones, que la indemnización acordada es exagerada y no está acorde con la realidad social dominicana, cuyo carácter ha sido cuestionado, pues la sentencia recurrida no contiene una exposición sucinta por lo que la sentencia atacada carece de base sólida de sustentación”;

    Considerando, que la Corte a-qua para fallar en la forma en que lo

    hizo, dio por establecido lo siguiente: Fecha:19 de septiembre de 2016

    “Que las anteriores disquisiciones la Corte entiende que constituyen suficiencia motivacional en razón de que explica de forma clara y precisa el cómo ocurrieron los hechos de la causa y cuál fue la conducta del conductor hoy recurrente, por lo tanto contrario a como establece el mismo en su recurso, estima este tribunal que el tribunal a quo a la hora de motivar, señaló en que consistió el accidente en cuestión y estableció la conducta del conductor en el sentido de que transitaba a 80 kilómetros por hora y que hizo un rebase riesgoso en una curva, lo que resultaba de por si peligroso, por lo que entiende ésta Corte que los alegatos del recurrente no tienen fundamento y la sentencia posee una motivación lógica, por lo que el medio debe de ser desestimado. Que de la lectura y análisis de la sentencia recurrida, la Corte comprobó que ciertamente el Ministerio Público aportó como elemento probatorio el acta policial levantada en ocasión del accidente de tránsito, sin embargo el tribunal a quo no la valoró como pieza de convicción que de forma exclusiva probara la ocurrencia de los hechos, además estima ésta Corte que no resulta pecaminoso a los fines del proceso la valoración de la misma, en razón de que la única actuación mediante la cual se establece de forma fehaciente la existencia del accidente es con el acta policial, en ese sentido, lo único que el juzgador no deberá valorar será las declaraciones aportadas por las partes, y resulta evidente que no lo hizo, en razón de que el tribunal a quo contó de primera mano con la declaración de cada uno de ellos, en razón de que comparecieron al juicio y declararon, por lo que estima este tribunal que en la sentencia no se encuentran presente los vicios alegados y el medio carece de fundamento y debe desestimarse. Que en esencia en su único Fecha:19 de septiembre de 2016

    medio el recurrente alega que el tribunal a quo incurrió en una inobservancia en cuanto a la aplicación de una norma, toda vez que el tribunal a-quo en cuanto al monto indemnizatorio lo hizo sobre la base de un certificado médico que siendo definitivo le dio un valor ínfimo para cuantificar los daños y perjuicios. Que contrario a como afirma la juzgadora, el daño moral y material establecido es contundente. Que esa contundencia radica en que la vida y el estado de vida han quedado afectados. Que del examen de la sentencia, este tribunal de alzada observa que en cuanto al aspecto civil indemnizatorio el recurrente sometió para su valoración un certificado médico legal el cual da cuenta que la víctima a consecuencia del accidente resultó con la pérdida de un ojo y otras lesiones faciales que conllevaron la existencia de una lesión permanente, en ese sentido el tribunal a quo valoró el referido certificado médico considerando la existencia de una falta civil con las consecuencias de condena contra el recurrido de tener que resarcir el daño alegado, en ese aspecto el tribunal a quo fijó indemnización en favor del recurrente que este ahora considera insuficiente. Que del examen de la sentencia y de las demás piezas que conformaron el proceso, este tribunal observa que en ocasión de la reclamación civil, en su escrito el recurrente solicita la fijación de una indemnización ascendente a RD$5,000,000.00 Millones de pesos, sin embargo el tribunal a quo acordó la suma de RD$800,000.00 Mil Pesos, alegando en el recurso la insuficiencia de dicho monto, en ese sentido estima ésta Corte que ciertamente frente al examen del daño la solución dada por el tribunal a quo resulta insuficiente y el medio debe de ser acogido. Que en el aspecto civil el tribunal a quo Fecha:19 de septiembre de 2016

    consideró como hechos retenidos los siguientes: Que a consecuencia del accidente en cuestión el señor I.D. recibió lesiones en la cara que le conllevaron la pérdida del ojo izquierdo lo cual constituye una lesión permanente, además de hundimiento del frontal y lesiones nasales, siendo el diagnóstico médico: a) Politraumatizado con componentes cráneo facial, trauma cráneo encefálico, Fractura frontal, fractura nasal con minuta, fractura lineal temporo parietal, perforación globo ocular izquierdo, entre otras lesiones. Que es evidente que las lesiones recibidas por la víctima son de consideración y que las mismas limitan su vida a partir de su existencia y limitan su posibilidad de efectuar un trabajo en lo adelante, por lo que la indemnización a fijar debe de ir acorde con los mismos, por lo que este tribunal de alzada estima procedente modificar el ordinal quinto de la sentencia recurrida y fijar las indemnizaciones que correspondan”;

    Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por la parte recurrente:

    Considerando, que contrario a lo indicado por los recurrentes en su

    primer medio, de la lectura de la sentencia impugnada se advierte que la

    misma contiene motivos suficientes en torno a la valoración de las pruebas

    realizadas por el Tribunal a-quo, resaltando de manera precisa la forma en

    que ocurrió el hecho al indicar que el imputado transitaba a exceso de

    velocidad y que en una curva trató de realizar un rebase por el carril

    opuesto, al camión donde viajaba Y.D., a quien impactó con el Fecha:19 de septiembre de 2016

    retrovisor del camión, lo que provocó las lesiones que este presenta; por lo

    que procede desestimar dicho medio;

    Considerando, que en torno al segundo y quinto medios invocados

    por los recurrentes, sobre la indemnización fijada; es preciso indicar que la

    Corte a-qua fue apoderada, además del recurso presentado por los hoy

    recurrentes, del recurso de apelación presentado por el actor civil, lo que le

    dio facultad para examinar si el monto aplicado por el tribunal a-quo era

    desproporcional o no, a los daños recibidos por la víctima y a la falta

    cometida por el imputado, quedando debidamente establecido que la falta

    fue exclusiva del imputado F.P.R. al tratar de realizar

    un rebase, por lo que realizó un examen sobre los hechos retenidos por el

    juzgador de primer grado en el aspecto civil, lo que determinó la existencia

    de una lesión permanente por la pérdida del ojo izquierdo y otras lesiones

    que presentó la víctima, las cuales la Corte a-qua estimó que “son de

    consideración y que las mismas limitan su vida a partir de su existencia y limitan

    su posibilidad de efectuar un trabajo”;

    Considerando, que en ese tenor, y de la ponderación de la motivación

    brindada por la Corte a-qua, se colige que al momento de examinar la

    indemnización fijada por el a-quo, esta incurrió en el error de señalar que

    la misma se refería al monto de Ochocientos Mil Pesos (RD$800,000.00); sin Fecha:19 de septiembre de 2016

    embargo, al realizar un incremento superior a la suma realmente fijada en

    primer grado, dicho punto resulta irrelevante, toda vez que eleva la

    indemnización de RD$1,000,000.00 a RD$1,500,000.00, lo que refleja que el

    primer monto mencionado consistió en un error material y que en base a

    los hechos fijados por el a-quo, la Corte a-qua brindó una indemnización

    más justa y apegada a los daños sufridos por la víctima, sin que resulte

    necesario fundamentarse en otro medio probatorio, como pretenden los

    recurrentes, por lo que procede rechazar los medios invocados;

    Considerando, que en torno al alegato de la valoración del acta de

    tránsito, la motivación brindada por la Corte a-qua en el último

    considerando de la página 4, no resulta contrario a los criterios sostenidos

    por esta Sala de la Suprema Corte de Justicia, toda vez que dicho

    documento, constituye una prueba para determinar la existencia de un

    accidente de tránsito, su fecha, el lugar, la descripción de los vehículos y las

    partes envueltas, por lo que fue válidamente acreditada al proceso; sin

    embargo, debido a la inmediación del proceso, lo que no debe valorarse

    como pruebas es lo narrado por las partes, ya que estos depusieron en el

    plenario o, salvo cuando sus declaraciones hayan sido recogidas en el acta

    de conformidad con las disposiciones del artículo 104 del Código Procesal

    Penal, es decir, cuando sean emitidas en presencia del Ministerio Público y Fecha:19 de septiembre de 2016

    de su abogado, lo cual no aplica para el caso de que se trata; por lo que

    procede desestimar el tercer medio invocado;

    Considerando, que en cuanto al argumento presentado por los

    recurrentes en su cuarto medio, en el sentido que la corte no se pronunció

    sobre el alegato de que no realizó ninguna valoración de las pruebas al

    copiar como hechos probados la teoría del caso presentada por el

    Ministerio Público, es preciso indicar que dicho planteamiento carece de

    fundamento y de base legal toda vez que la Corte a-qua si lo contestó, al

    indicar que: “en ese sentido, después de valorar los elementos probatorios el

    Tribunal a-quo señaló que a partir de las pruebas y de las actuaciones procesales

    discutidas se ha podido establecer que el accidente se produjo de manera exclusiva

    por una falta imputable al imputado, el cual al realizar un rebase en una curva, sin

    la debida previsión, ocupando el carril contrario donde venía transitando el

    vehículo donde se encontraba el querellante… lo que produjo que este fuera

    impactado en su rostro, con el retrovisor del vehículo conducido por el imputado”;

    por lo que no se advierte el vicio invocado; en consecuencia, se desestima;

    Considerando, que el recurrente en su sexto medio, expone

    únicamente los vicios que presentó la sentencia de primer grado, aspecto

    que invocó ante la Corte a-qua y la misma examinó cada uno de ellos; por

    lo que carece de fundamento y de base legal; en tal sentido, se desestima; Fecha:19 de septiembre de 2016

    Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal dispone

    lo relativo a la potestad que tiene la Suprema Corte de Justicia al decidir los

    recursos sometidos a su consideración, pudiendo tanto rechazar como

    declarar con lugar dichos recursos;

    Considerando, que en la deliberación y votación del presente fallo

    participó la magistrada E.E.A.C., quien no lo firma

    por impedimento surgido posteriormente, lo cual se hace constar para la

    validez de la decisión sin su firma, de acuerdo al artículo 334.6 del Código

    Procesal Penal.

    Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

    FALLA:

    Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por F.P.R., G.A.F. y Seguros Pepín, S.A., contra la sentencia núm. 214-2015, dictada por la Sala de la Camara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 19 de mayo de 2015, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión; Fecha:19 de septiembre de 2016

    Segundo: Condena a los recurrentes F.P.R. y G.A.F. al pago de las costas, con oponibilidad a la entidad aseguradora, Seguros Pepín, S.A.;

    Tercero: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santo Domingo.

    (Firmados).-Miriam Concepción Germán Brito.-Alejandro Adolfo

    Moscoso Segarra.-Fran Euclides Soto Sánchez.- H.R..-

    La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que

    figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año

    en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria

    General Interina, que certifico.