Sentencia nº 997 de Suprema Corte de Justicia, del 19 de Septiembre de 2016.

Fecha de Resolución:19 de Septiembre de 2016
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 19 de septiembre de 2016

Sentencia núm. 997

M.A.M.A., Secretaria General Interina de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha de 19 de septiembre de 2016, que dice:

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte

de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Miriam Concepción

Germán Brito, P.; A.A.M.S., Fran

Euclides Soto Sánchez e H.R., asistidos de la secretaria de

estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de

Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 19 de septiembre

de 2016, años 173° de la Independencia y 154° de la Restauración, dicta

en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por M. de Jesús

Pacheco Batista y J.R. de León, dominicanos, mayores de Fecha: 19 de septiembre de 2016

edad, en unión libre, empleados privados, portadores de las cédulas de

identidad y electoral núms. 027-0037846-2 y 026-0127308-5, domiciliados

y residentes en el sector de Villa Caoba, del municipio de Villa Hermosa,

ciudad de La Romana representado por el Licdo. A.R., contra

la sentencia núm. 543-2015, dictada por la Cámara Penal de la Corte de

Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, de fecha

09 de octubre de 2015, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol:

Oído al Lic. A.R., actuando a nombre y en

representación de M. de J.P.B. y J.R. de

León, parte recurrente, en sus conclusiones;

Oído a la Dra. C.B., Procuradora General Adjunta al

Procurador General de la República Dominicana, en su dictamen;

Visto el escrito motivado suscrito por el Licdo. A.R., en

representación de M.P.B. y J.R. de León,

depositado el 19 de octubre de 2015 en la secretaría de la Corte a-qua,

mediante el cual interponen su recurso de casación; Fecha: 19 de septiembre de 2016

Visto el escrito de contestación suscrito por el Lic. Mártires

Hernández Eusebio, en representación de Z.S.P.,

depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 12 de noviembre de 2015;

Visto la resolución 1368-2016 del 12 de mayo de 2016, dictada por

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que declaró admisible

el recurso de casación interpuesto por los recurrentes, y fijó audiencia

para su conocimiento el 8 de agosto de 2016;

Visto la Ley núm. 25-91 de 1991, modificada por las Leyes núms.

156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber

deliberado y, visto la Constitución de la República; los Tratados

Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios;

la norma cuya violación se invoca, así como los artículos 70, 246, 393,

394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal,

modificado por la Ley núm. 10-15; la Ley núm. 278-04, sobre

Implementación del Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 76-02, la

resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el

31 de agosto de 2006 y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Fecha: 19 de septiembre de 2016

Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos

a que ella se refiere son hechos constantes los siguientes:

  1. Que la señora Z.S.P., es propietaria de una

    mejora a nivel de zapata, de block de dos línea, en el sector de Villa

    Caoba, V.H., La Romana, ubicada dentro del ámbito de la

    parcela 27 del Distrito Catastral 2/4, con las medidas colindantes

    siguientes: al Norte mide 16.50 metros colinda con Y., al Sur mide

    17.30 metros colinda con un solar con una zapata de block, al Este mide

    13 metros colinda con la calle, al Oeste mide 12.60 metros colinda con

    E.S., ubicado en el sector de Villa Caoba, municipio de Villa

    Hermosa, provincia La Romana. Que la señora Z.S.P.,

    justifica su propiedad mediante declaración jurada de mejora, acto núm.

    90/2006, de fecha 5 de junio del año 2006, legalizadas las firma por el

    Dr. T.U.R., Abogado Notario Público de los del número

    para la ciudad de La Romana. Que en fecha 25 de mes de abril del año

    2014, la señora Z.S.P., fue a darle vuelta a su solar y

    encontró en su propiedad a los señores J.M.P.B. y

    J.R. de León, quienes habían construido una habitación de Fecha: 19 de septiembre de 2016

    madera, rompiendo estos la empalizada que limita la propiedad a lo

    cual la señora Z.S.P., le reclamó que por qué construían

    en un terreno que no era de ellos, le pidió que la abandonaran, cosa a lo

    que estos no accedieron, motivo por el cual la señora Zoraida Sera

    Pinales, procedió a apoderar abogados, a los fines de que este

    interponga formal querella con constitución en actor civil en contra de

    los invasores de dicha propiedad, señores J.M.P.B.

    y J.R. de León, que la señora Z.S.P., ha hecho

    todas la diligencias amigables en procura de que los señores Jesús

    Miguel Pacheco Batista y J.R. de Leon, le desocupen la

    propiedad anteriormente descrita y estos no han obtemperado a los

    requerimientos, lo que hacen es amenazarla de que no se presente mas

    por dicho solar, por lo que la misma se ha visto precisada a incoar

    formal querella con constitución en actor civil en contra de estos por

    violación a las disposiciones contenidas en la Ley 2859, en su artículo 1;

  2. que apoderada la Cámara Penal del Juzgado de Primera

    Instancia del Distrito Judicial de La Romana, dictó la sentencia núm.

    126-2014 del 11 de agosto de 2014, cuyo dispositivo es el siguiente: Fecha: 19 de septiembre de 2016

    PRIMERO: Declara culpables a los ciudadanos J.M.P.B. y J.R. de León, cuyas generales constan en el proceso, de violar las disposiciones contenidas en el artículo 1 de la Ley 5869, sobre Violación de Propiedad, en perjuicio de la querellante, en consecuencia, se condenan a seis (6) meses de prisión más al pago de una multa de Quinientos Pesos (RD$500.00) cada uno, así como al pago de las costas penales del proceso; SEGUNDO: En cuanto el aspecto accesorio se acoge la acción intentada por la parte querellante en contra de los justiciables J.M.P.B. y J.R. de León, por haber sido hecha de conformidad con la norma; en cuanto al fondo condenan: a) al pago de una indemnización de Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00) a favor de la querellante Z.S.P. como reparación a los daños causados; b) se ordena el desalojo inmediato de los encartados así como de cualquier otra persona que se encuentre ocupando el predio de terreno que conforme a la documentación y medios aportados corresponden a la querellante ; c) se ordena la ejecución de la presente decisión; TERCERO: Condena a la parte querellante al pago de las costas civiles, ordenando su distracción en beneficio del abogado de la parte querellante quien afirma haberla avanzado en su mayor parte”.

  3. Que dicha sentencia fue recurrida en apelación por los

    imputados M. de J.P.B. y J.R. de León,

    siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del

    Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, la cual dictó la Fecha: 19 de septiembre de 2016

    sentencia núm. 543-2015 del 9 de octubre del 2015, cuyo dispositivo

    establece lo siguiente:

    “PRIMERO: Rechaza el rrecurso de apelación interpuesto en fecha cuatro (4) del mes de diciembre del año 2014, por el Licdo. A.P.R., actuando a nombre y representación de los imputados J.M.P.B. y J.R. de León, contra la sentencia núm.126-2014, de fecha once (11) del mes de agosto del año 2014, dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la sentencia objeto del recurso de que se trata. TERCERO: Condena a la parte recurrente al pago de las costas penales y civiles causadas con la interposición de su recurso, y en cuanto a las últimas, ordena su distracción a favor y provecho del L.. M.H.E., abogado que afirma haberlas avanzado en su totalidad”;

    Considerando, que los recurrentes, por intermedio de su abogado,

    invocan en su recurso de casación lo siguiente:

    "Violación de normas procesales y/o constitucionales e incorrecta aplicación de la ley . La Sentencia Recurrida viola los artículos del Código Procesal Penal, errónea interpretación de la ley relativa a los principios y garantía del procedimiento, o de la Constitución de la República, o de Tratados Internacionales, o de la Jurisprudencia Constitucional Dominicana, todos integrantes del bloque de Fecha: 19 de septiembre de 2016

    constitucionalidad, citado por la Resolución 1920/2003. Que en audiencia de fondo en la cual resultaron condenados los señores J.M.P.B. y J.R. de León, y incurriendo el juzgador en una errónea interpretación de las normas, que si se observa la sentencia la núm. 126-2014, en la pagina 2 párrafo 7, donde el abogado de la parte querellante renunció al orden de prueba depositada en el plazo establecido por el tribunal, por o que al quedarse el mismo sin el debido orden de prueba, vulneró el debido proceso de ley y el derecho de defensa que tienen los imputados, por lo que en dicha sentencia existe una errónea interpretación de la ley. Que dicha sentencia no solo vulneró el derecho de defensa de los imputados, sino también se hizo una errónea interpretación de la ley y el sentido de que según los testigos aportados por la defensa de los señores, J.M.P.B. y J.R. de León, en tiempo hábil y en plazo establecido más de la declaración de mejora contenida en el acto número 128-2013, de la D.F.V.V., abogada notario público del Distrito Judicial de La Romana, contentivo de la declaración de mejora de dicho solar con 7 testigos colindantes y vecinos todos que en su total describen que dicho solar es propiedad de los señores, J.M.P.B. y J.R. de León y que esto lo vienen ocupando y cultivando de manera pacífica desde el año 2005. Que se vislumbra en dicha sentencia en la página 1 donde la querellante Z.S.P., establece su domicilio en la calle P.M., núm. 34, del Sector Sabanita del municipio de Villa Hermosa, y la imputada establece su domicilio en la calle 22, número 17, del sector de V.C., que de ahí se desprende que la querellante Fecha: 19 de septiembre de 2016

    no es la propietaria ni tiene la posesión ni ha cultivado nunca dicho solar y que si bien se hace un estudio minucioso de la declaración de mejora contenido en el acto 90-06, del Dr. T.U.R., prueba aportada por la querellante para fundamentar su derecho de propiedad y tener calidad para querellarse y la declaraciones testimoniales hecha por la señora Z.S.P. en la página 12 párrafo 2, donde está en sus declaraciones como testigo dice que en el año 2003 le fue entregado un solar próximo a la autovía y que esta nunca ha estado en posesión del mismo, que no recuerda la dirección, ya que en ese tiempo los solares no tenían número ni las calles tenían nombres. Que tanto la señora Z.S.P. y el testigo A.A.G.S., quien por demás es su concubino y fueron incoherentes en sus declaraciones al no poder establecer la dirección exacta de dicho solar reclamado, ni la colindancia de dicho solar que en concordancia con el acto de mejora que tampoco especifica la colindancia ni la dirección, que vale que es una declaración de la querellante ente un notorio que no está registrado en el Municipio de Villa Hermosa donde se encuentra dicho solar que es un municipio con un Registro Civil Propio y que ahí se encuentra registrada la declaración Jurada de los imputados recurrentes y no fueron valoradas esas pruebas y esas dudas razonable a favor de los mismo como lo establece la norma, artículo 25 del CPP, por lo que todos estos argumentos quedaron planteados por el abogado de los señores J.M.P.B. y J.R. de León, en la audiencia de fondo, situación que se puede ver en la sentencia de primer grado, quedando una duda razonable respecto de los Fecha: 19 de septiembre de 2016

    hechos y las pruebas que debió ser acogida en beneficio y favor de los querellados señores J.M.P.B. y J.R. de León. Que los testigos de la parte querellante fueron los señores Z.S.P. y el señor A.A.G.S., que el tribunal de primer grado no tomo en cuenta que la primera como querellante, fue incoherente, que no sabía dónde estaba ubicado el solar que reclama, que no conoce a los colindantes, que no sabe el número del solar ni en nombre ni el numero de la calle, pero el juez le otorgó en errónea interpretación de la ley valor probatorio en perjuicio de los imputado y el segundo A.A.G.S., como concubino de la querellante, donde acompañado de una declaración de mejora hecha a requerimiento de los mismos sobre un solar sin dirección determinada y que ni se demostró la ubicación o lindero del mismo para establecer si se correspondía con el solar que tienen poseyendo de manera pacífica e ininterrumpida los señores J.M.P.B. y J.R. de L. y sin embargo la testigo presentada por los querellados, señora D.T.P. que desde el año 2005 los imputados se encuentran poseyendo y cultivando de manera pacífica e ininterrumpida dicha porción de terreno y que a esas declaraciones de manera inexplicable y motivos el juez aquo no lo motivo ni lo ni le otorgó ningún valor probatorio y que de manera absurda y antijurídica a la declaración de la querellante y su concubino violentando así el criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia, que le resta valor y efecto a las declaraciones de los querellantes y afines. Que todos los vicio en coherencias el juez a-quo al dictar sentencia como lo hizo incurrió en violación a las Fecha: 19 de septiembre de 2016

    normas y los procedimientos que rigen la materia, e interpretó de amera errónea y desfavorable a los imputados J.M.P.B. y J.R. de Leon, así como en violación al debido proceso de ley y el derecho de defensa establecido en la Constitución artículos 68,69.4.10. Que en eso consistía nuestro primer motivo ante la corte de apelación, pero esta ignoró los vicios denunciados como prueba y citas específicas de dicha sentencia y decidió confirmar de forma complaciente y haciendo contubernio con el tribunal de primera instancia que ignoró que las dudas que establece el artículo 25 del Código Procesal Penal debe ser interpretada para favorecer a los justiciables no a los querellantes, que quedo demostrado que ni siquiera saben dónde está el solar que reclaman. A que la Corte confirmó una sentencia con los vicios denunciados en la misma donde el tribunal de Primera Instancia ignoró por completo la norma, así como las pruebas presentadas por los imputados que presentaron una declaración de mejora acto núm. 128-2013, de la D.F.V.V., abogada Notario Público del Distrito Judicial de la Romana, contentivo de la declaración de mejora de dicho solar con (7) testigos colindantes y vecinos todos, que ignoro que los imputados presentaron en tiempo hábil 7 testigos al tribunal y que de ellos el tribunal escuchó dos (2) que fueron coherentes en decirle al tribunal que a la única persona que ellos siempre han visto desde el año 2005, es a los imputados recurrentes J.M.P.B. y J.R. de León y que son los que han criado dos hijos y tienen en común allí y que los cultivan. Que en el Tribunal de Primera Instancia todos esos argumentos fueron expuestos y demostrados a lo que el juzgador no le Fecha: 19 de septiembre de 2016

    hizo caso y que fueron denunciados como un medio ante la Corte de Apelación de San Pedro, e ignorados por completo por la Corte, forzándonos acudir ante este honorable Suprema Corte de Justicia en una casación que pudo haber sido innecesaria ya que lo que procedió en el segundo grado era la declaratoria de una sentencia absolutoria por todos los vicios denunciados o la ordenanza de una celebración total de un nuevo juicio, y una nueva valoración de las pruebas ante un tribunal distinto pero del mismo grado de ese Departamento Judicial. Falta de motivación . Que el juez incurrió en violación a las deposiciones del artículo 24 del Código Procesal Penal, al no valorar de manera conjunta y armónica todas y cada una de las pruebas presentadas en el juicio, ni mucho menos estableció el valor probatorio que dicho tribunal le otorgó a cada una de estas, si ni siquiera se limitó a transcribirlas en violación a la norma citada. Que si se observa la sentencia núm. 126, de Primera Instancia, donde en sus páginas 12 y 13 el juez a-quo hace mención de las declaraciones testimoniales de los señores Z.S.P. y A.A.G. donde no aparece ni una sola de la pregunta hecha por el abogado de la defensa por lo que carece de motivación y es violatorio al derecho de defensa al no consignarse dicho interrogatorio en la sentencia. Que dicha sentencia tampoco aparecen las declaraciones de la señora J.R. de León, donde la misma expuso por más de quince minutos como adquirió dicho solar al junto de su esposo el señor J.M.P.B., que dichas declaraciones fueron coherentes con las pruebas presentadas por los imputados y por los testigos a descargos que no eran parte interesada sino que son del sector y reconocieron como única persona en dicho Fecha: 19 de septiembre de 2016

    solar por más de 9 años, pero el Juez de Primera Instancia no le importó todas esas pruebas, ni siquiera la menciona en su sentencia, ni analiza en violación al artículo 24 del Código Procesal Penal. Que ese medio debidamente fundamentado en dicho recurso fue rechazado sin razón y motivos excusado y eximiendo de responsabilidad, la Corte de Apelación al Juez de Primera Instancia y violan innumerables decisiones de esa misma corte, por ese solo motivo han anulado sentencia y han ordenado la celebración total del juicio. Que si se observa el dispositivo de la sentencia marcada con el número 126-2014, el juez aquo no se refiere a las conclusiones presentadas por el abogado de la defensa de los querellantes J.M.P.B. y J.R. de León ni para rechazarla, ni para acogerla, sino que deja la misma en un limbo jurídico, por lo que carece de motivación y viola el artículo 24 del Código Procesal Penal Dominicano. Incorrecta derivación probatoria y falta de fundamento legal en la decisión de la Corte de Apelación . La sentencia recurrida demuestra que, si el juez hubiera valorado correcta y lógicamente las pruebas testimoniales presentadas por los imputados, hubiesen llegado a una solución distinta del caso. En los hechos, la derivación lógica realizada por el magistrado contradice ciertas pruebas incurriendo en errónea conclusión sobre la responsabilidad penal de los señores J.M.P.B. y J.R. de León. De las pruebas presentadas por la parte querellante para sustentar su derecho de propiedad se desprende que dicha declaración de mejora, marcada con el acto núm. 90-2006, de fecha 5 del mes de junio del año 2006, del Dr. T.U.R., Fecha: 19 de septiembre de 2016

    Abogado Notario Público de La Romana, donde dicha declaración es a solicitud de la señora Z.S.P., dicha declaración no específica los colindantes, la dirección exacta y el número, situación que fue demostrada en la audiencia al preguntarle a la querellante la dirección de dicho solar y esta manifestar que no sabe la localización exacta”;

    Considerando, que de lo precedentemente transcrito, se observa

    que los recurrentes invocan en su recurso de casación los mismos

    medios que arguyen en el recurso de apelación, estableciendo que en

    cuanto a estos la Corte a-qua en su ponderación incurrió en violación a

    las normas procesales, constitucionales e hizo una incorrecta aplicación

    de la ley en razón de que la corte ignoró los vicios denunciados y

    decidió confirmar la sentencia recurrida, desconociendo que en caso de

    duda, esta debe favorecer al imputado, en ese sentido invocan falta de

    motivación e incorrecta derivación probatoria, en razón de que con la

    decisión adoptada, la Corte a-qua viola innúmeras decisiones emitidas

    por ella, y que de haber valorado correctamente las pruebas aportadas

    por los imputados habría llegado a una solución diferente;

    Considerando, que para rechazar el recurso de apelación

    presentado por los recurrentes, la Corte a-qua se basó en lo siguiente: Fecha: 19 de septiembre de 2016

    “Considerando: Que la parte recurrente, por intermedio de su abogado, propone como fundamento de su recurso de apelación, los siguientes medios: “ Primer Motivo: Errónea interpretación norma y de la ley (sic); Segundo Motivo: Falta de motivación”. Considerando: Que en su primer medio de apelación la parte recurrente alega que el Tribunal a-quo incurrió en una errónea interpretación de la norma porque el abogado de la parte querellante renunció al orden de prueba depositado en el plazo establecido por el tribunal, por lo que al quedarse sin el correspondiente orden de medios de prueba vulneró el debido proceso de ley y el derecho de defensa de los imputados. Considerando: Que los referidos alegatos de la parte recurrente carecen de fundamento, en razón de que, según consta en la sentencia recurrida, la parte querellante lo que hizo al respecto fue renunciar al orden de prueba depositado en fecha 17 de julio del 2014, acogiéndose al depositado el 27 de mayo del año 2014, es decir, renunció a uno depositado posteriormente para acogerse a otro depositado previamente; que además, el depósito de orden de medios de prueba contemplado en el Art. 305 del Código Procesal Penal no está previsto a pena de nulidad. Considerando: Que la parte recurrente alega además, que la sentencia recurrida no solo vulneró el derecho de defensa, sino que también hizo una errónea interpretación de la ley porque los testigos aportados por la defensa de los imputados, más el Acto núm. 128-13, contentivo de la declaración de mejoras de dicho solar con siete testigos colindantes y vecinos, describen que el solar objeto del presente proceso es propiedad de dichos imputados; que respecto a este alegato resulta, que el hecho de que el Tribunal A-quo no le haya otorgado eficacia probatoria a los testigos a descargo aportados por los imputados, ni al referido acto de notarial de declaración de mejoras, no implica una errónea interpretación de la ley como alegan los recurrentes, pues el tribunal expuso los motivos por los cuales arribó a tal conclusión, tal y como se establecerá más adelante en esta misma sentencia. Considerando: Que por otra parte, la parte recurrente alega que el hecho de que la querellante haya establecido que su domicilio se encuentra en la calle P.M. del sector La Sabanita del municipio de V.H., mientras que la imputada establece como su domicilio la calle 22, casa núm. 17 Fecha: 19 de septiembre de 2016

    del sector V.C., son circunstancias de las cuales se desprende que la primera nunca ha vivido en el referido solar, ni lo ha cultivado, y que no es la propietaria ni tiene la posesión del mismo, alegatos estos a todas luces irrelevantes puesto que la posesión de un inmueble no implica necesariamente que la persona titular de ese derecho habite en el mismo o lo cultive, como parece entender la parte recurrente. Considerando: Que similares conclusiones pretende derivar la parte recurrente del hecho de que la querellante Z.S.P. haya declarado en el juicio que nunca ha estado dentro del indicado solar y que cuando se hizo el proyecto los solares no tenían números y las calles no estaban terminadas, obviando dicha parte que la indicada querellante también declaró que siempre va a su solar y que tenia la posesión del mismo. Considerando: Que la parte recurrente alega que las declaraciones de los señores Z.S.P. y A.A.G.S., quienes son concubinos, fueron incoherentes al no poder establecer la dirección exacta ni la colindancia del solar en cuestión, lo que tampoco se especifica en el acto de declaración de mejoras de la querellante; sin embargo, no consta en las indicadas declaraciones que la querellante y el testigo hayan manifestado en el juicio no conocer esos datos relativos al referido inmueble, sino que por el contrario, la primera declaró que el mismo se encuentra en Villa Caoba, próximo a la ruta que da acceso a la Autovía, y el segundo dice haber visto a los imputados invadiéndolo, y que dicho solar tenía una zapata de tres líneas de block, lo que implica que ambos saben perfectamente cuál es su ubicación; que en cuanto a la alegada falta de especificación de la ubicación y la colindancia del solar en el acto de declaración de mejora aportado por la parte querellante, tal alegato carece de fundamento, pues en el ordinal segundo del referido acto se establecen tales datos. Considerando: Que respecto al alegato de que el referido acto notarial de declaración de mejoras no se encuentra registrado en el municipio de Villa Hermosa, es un hecho notorio que el referido municipio es de reciente conformación como desprendimiento del municipio de La Romana, por lo que todos los actos de la vida jurídica que se originaban en ese lugar se asentaban en los correspondientes registros existentes en este último municipio. Fecha: 19 de septiembre de 2016

    Considerando: Que en el referido medio de apelación la parte recurrente alega en último término, que los testigos presentados por los imputados, señores D.T.P. y J.K.P., fueron coherentes, concisos, precisos y enfáticos al establecer que desde el año 2005 dichos imputados se encuentran poseyendo y cultivando de manera pacífica e ininterrumpida dicha porción de terreno, a cuyas declaraciones, de manera inexplicable, sin exponer motivo alguno, el Juez a-quo no le dio ningún valor probatorio, como si lo hizo de manera absurda y antijurídica con las declaraciones de la querellante y de su concubino; que respecto a tales alegatos, se aprecia, en primer lugar, que la parte recurrente no ha aportado prueba de que la querellante Z.S.P. y el testigo A.A.G.S., sean concubinos, ni que la defensa haya objetado en el juicio el testimonio de este por esa causa, lo cual además, aún en caso de ser cierto, no anularía su testimonio como medio de prueba, y en segundo lugar, el tribunal A-quo estableció en su sentencia que no le otorgaba credibilidad a las declaraciones de los referidos testigos D.T.P. y J.K.P., porque si bien estos manifestaron conocer a los justiciables como dueños del solar, manifestando el segundo además, que los mismos hicieron una mejora y que se encuentran allí desde el año 2005, no refieren o establecen la forma y manera en que estos llegaron o adquirieron dicho inmueble, mientras con respecto a las declaraciones de la querellante Z.S.P., el tribunal dijo haberle otorgado credibilidad debido a su coherencia, objetividad y precisión en la narración de los hechos, al igual que las declaraciones del testigo A.A.G.S., cuyas declaraciones consideró coherentes y objetivas. Considerando: Que corresponde a los jueces valorar de manera armónica y conjunta todos los medios de prueba aportados al proceso, conforme a los principios de la lógica, la máxima de experiencia y los conocimientos científicos; que si en esa operación lógica de valoración el tribunal comprueba que un testimonio es verosímil, puede perfectamente, como lo hizo el tribunal A-quo, otorgarle el correspondiente valor probatorio; que así mismo, los jueces tiene la facultad de apreciar la sinceridad de un testimonio, a fin de otorgarle o no credibilidad, exponiendo un razonamiento lógico en tal Fecha: 19 de septiembre de 2016

    sentido; que admitir lo contrario sería desconocer la facultad de los jueces de apreciar y valorar las pruebas conforme al correcto entendimiento humano; que en la especie, el Tribunal a-quo expuso un razonamiento lógico del por qué le otorgaba credibilidad a las declaraciones de los mencionados testigos a cargo, así como el por qué no hizo lo mismo con el testimonio de los testigos a descargo, cumpliendo así con el voto de la ley en tal sentido. Considerando: Que ha sido juzgado por nuestra jurisprudencia, que la credibilidad atribuida por los jueces del fondo a la declaración de un testigo sólo puede ser censurada en casación cuando se haya incurrido en desnaturalización de la misma, o cuando no haya sido interpretada en su verdadero sentido y alcance. (B.J. 787. 150). Que la credibilidad de un testimonio no depende de la categoría del deponente, sino del grado de sinceridad que el juez atribuye a sus declaraciones a la luz del hecho esencial controvertido (B. J. 1051. 413). Que si ciertamente, los jueces pueden edificarse, cuando hay declaraciones divergentes, en lo expuesto por el testigo que estimen más sincero y más verosímil su testimonio, deben consignarlo así y dar razones para ello. (B. J. 756. 3624). Que entre varias declaraciones no coincidentes, el juez puede basarse en la que le parezca más sincera y verosímil.
    (B.J. 827. 1980; (B.J. 827.2029); que en ese sentido, el tribunal A-quo actuó en el ejercicio de la facultad que le acuerda la ley en lo referente a la valoración de los referidos testimonios. Considerando: Que en el segundo medio de apelación la parte recurrente alega que el tribunal A-quo incurrió en una violación a las disposiciones del Art. 24 del Código Procesal Penal al no valorar de manera armónica y conjunta todas y cada una de las pruebas aportadas, ni estableció el valor que le otorgaba a estas, sino que se limitó a transcribir las mimas, alegato este que carece de fundamento porque, en primer lugar, como ya se ha dicho en otro lugar de esta sentencia, el tribunal estableció las razones por las cuales le otorgaba validez a las declaraciones de los testigos a cargo y el por qué no hizo lo mismo con las de los testigos a descargo; que lo mismo hizo el tribunal con relación al acto autentico aportado por la defensa técnica de los imputados, respecto del cual dijo no otorgarle credibilidad por no contar con corroboraciones periféricas porque los testigos a descargo han manifestado que
    Fecha: 19 de septiembre de 2016

    los referidos imputados poseen ese solar desde el año 2005 y el indicado documento refiere que dicha posesión es de seis años, y en segundo lugar, porque en la sentencia el referido tribunal establece lo que se dio por probado con el testimonio del señor A.A.G.S., según consta en la página13 de la sentencia, así como lo que se dio por establecido con el acto núm. 90, de fecha cinco (5) de mes de Junio del 2006, instrumentado por el Dr. T.U.R., Notario Público de los del número para el municipio de La Romana, corroborado con las fotografías aportadas como evidencias, lo que echa por tierra el alegato de falta de motivación de la sentencia. Considerando: Que la parte recurrente alega también que en la sentencia no figuran las preguntas formuladas por la defensa a la querellante, lo cual es irrelevante, pues lo importante es que aparezcan las declaraciones rendidas por esta en razón de que las preguntas de los abogados no constituyen medios de prueba, sino las declaraciones de los testigos; que además, la parte recurrente no ha aportado prueba, como por ejemplo el acta o registro de la audiencia, que permitan determinar cuáles fueron esas supuestas preguntas y la trascendencia de las mismas para la solución del caso. Considerando: Que finalmente la parte recurrente alega que el Tribunal a-quo no dio respuesta a las conclusiones de la defensa, lo que carece de veracidad, en razón de que dichas conclusiones estuvieron dirigidas a solicitarle al juzgador el rechazamiento de la querella por mal fundada y carente de toda base legal y por ser improcedente en esta materia, y a que se dictara sentencia absolutoria a favor de los imputados por no haberse demostrado, primero, que los mismos se encuentren poseyendo el solar de la querellante, y segundo, porque se encuentran poseyendo el solar de la calle 22 núm. 17 del sector V.C. de forma pacífica desde el 2015, y resulta, que el tribunal al dar por establecido, de manera motivada, que el solar objeto del presente proceso pertenece a la querellante, y que los referidos imputados penetraron al mismo, condenándolos por ese hecho, dio respuesta implícita a tales conclusiones. Considerando: Que de una simple lectura de la sentencia recurrida evidencia que el Tribunal a-quo al declarar culpable a los imputados recurrentes dio por establecido, mediante la valoración de los medios de prueba Fecha: 19 de septiembre de 2016

    sometidos a su consideración y valoración, lo siguiente: “Que desde el 5 de junio de 2006, la señora Z.S.P. tenía la posesión del solar ubicado en el sector V.C., municipio Villa Hermosa, provincia La Romana, dentro del ámbito de la parcela 27 del DC 2/4, con la medidas y colindancias siguientes: Al norte mide 16.50 metros y colinda con Y.; al sur mide 17.30 metros y colinda con un solar con una zapata de blocks; al este mide trece metros y colinda con la calle; al oeste: mide 12.60 metros y colinda con E.S., dando por establecido además, en la página 17 de la sentencia recurrida, que la acción o comportamiento de los señores J.M.P.B. y J.R. de León queda subsumida en las disposiciones legales del Art. 1 de la Ley 5869, “bajo el entendido de que los imputados obraron con dolo directo, pues, tomaron posesión de un inmueble y realizaron actos de disposición del mismo (construir una casa), lo que lo hace conducirse como propietario del mismo, sin serlo; en ese sentido, siendo la querellante la verdadera poseedora de dicho inmueble, y esta no le otorgó permiso al imputado para entrar en posesión del inmueble objeto del litigio, por lo que queda comprometida la responsabilidad penal…”. (sic) Considerando: Que por las razones antes expuestas procede rechazar los alegatos esgrimidos en su recurso por la parte recurrente (sic)”;

    Considerando, que de lo precedentemente trascrito, se vislumbra

    claramente que la Corte a-qua fue más que sigilosa y minuciosa a la hora

    de contestar los motivos argüidos por los recurrentes en el recurso de

    apelación, y en diecisiete (17) considerandos los analiza y pondera,

    estableciendo motivos lógicos y coherentes del porqué de su rechazo, no

    advirtiendo esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia

    inobservancia o violación alguna a la ley ni al procedimiento, y contrario Fecha: 19 de septiembre de 2016

    a lo argüido por los recurrentes la sentencia impugnada contiene

    motivos suficientes que hacen que se baste por sí misma, en tal sentido

    procede rechazar dichos medios por improcedentes e fundados, toda

    vez que los recurrentes no aportan prueba alguna de las supuestas

    irregularidades en que incurrió la Corte a-qua, sino que se limitan a

    transcribir su recurso de apelación y establecer en cuanto éste, que la

    Corte se contradice con sentencia dictadas por ella misma, que no hizo

    una correcta valoración de las pruebas, así como que incurrió en

    violaciones de índoles constitucionales…etc., sin establecer en qué

    consisten esas violaciones o contradicciones;

    Considerando, que al no encontrarse los vicios invocados, procede

    rechazar el recurso de casación interpuesto, de conformidad con las

    disposiciones del artículo 427.1 del Código Procesal Penal, modificado

    por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015;

    Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal

    dispone: “Imposición. Toda decisión que pone fin a la persecución penal, la

    archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas

    procesales. Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal

    halle razón suficiente para eximirla total o parcialmente”; por lo que procede Fecha: 19 de septiembre de 2016

    condenar a los recurrentes al pago de las costas penales y civiles del

    procedimiento, dado que ha sucumbido en sus pretensiones,

    distrayendo las civiles a favor y provecho del L.. Mártires Hernández

    Eusebio, quien afirma haberlas avanzando en su mayor parte.

    Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de

    Justicia,

    FALLA

    Primero: Admite como interviniente a Z.S.P., en el recurso de casación interpuesto por J.M.P.B. y J.R. de León, representado por el Licdo. A.R., contra la sentencia núm. 543-2015, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, de fecha 9 de octubre de 2015, cuyo dispositivo fue copiado en parte anterior del presente fallo;

    Segundo: Rechaza el recurso referido casación, consecuentemente confirma la decisión recurrida, por los motivos expuestos;

    Tercero: Condena a los recurrentes al pago de las costas penales y civiles del procedimiento, distrayendo las civiles en favor y provecho del L.. Fecha: 19 de septiembre de 2016

    M.H.E., quien afirma haberlas avanzando en su mayor parte.

    Cuarto: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departo Judicial de San Pedro de Macorís.

    (Firmados).-M.C.G.B.-AlejandroA.M.S.-FranE.S.S..-H.R..-

    La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General Interino, que certifico.