Sentencia nº 406 de Suprema Corte de Justicia, del 23 de Abril de 2018.

Fecha de Resolución:23 de Abril de 2018
Emisor:Pleno
 
CONTENIDO

Fecha: 23 de abril de 2018

Sentencia núm. 406

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha 23 de abril de 2018, que dice:

D., Patria y Libertad República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema

Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Miriam

Concepción Germán Brito, P.; Esther Elisa Agelán

Casasnovas, A.A.M.S., Fran Euclides Soto

Sánchez e H.R., asistidos del secretario de estrado, en la

Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de

G., Distrito Nacional, hoy 23 de abril de 2018, años 175° de la

Independencia y 155° de la Restauración, dicta en audiencia pública,

como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Autozama, S.A.S.,

con domicilio social en el edificio núm. 35, Ave. W.C.,

ensanche Paraíso, Distrito Nacional, representada por Ramón Ernesto

Morales Castillo, dominicano, mayor de edad, casado, empresario,

titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0141121-3, parte Fecha: 23 de abril de 2018

querellante constituida en actor civil, contra la sentencia núm. 133-SS-2016, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de

Apelación del Distrito Nacional el 27 de octubre de 2016, cuyo

dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído a los Licdos. J.A.D. y Joelle Exarhakos

Casasnovas de D., quienes a su vez representan al Licdo. José

Antonio Columna, actuando a nombre y en representación de

Autozama, S.A.S., parte recurrente, en la lectura de sus conclusiones;

Oído al Lic. J.L.P., por sí y por el Lic. Nicolás García

Mejía, actuando a nombre y en representación de P.T., S. R.

L. y Prieto Consorcio Turístico, S.A., parte recurrida, en la lectura de

sus conclusiones;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la

República;

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por

el Licdo. J.A.D. y los Dres. J.E. Fecha: 23 de abril de 2018

  1. y J.A.C., en representación de la

recurrente, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 24 de

noviembre de 2016, mediante el cual interpone dicho recurso;

Visto el escrito de contestación suscrito por el Licdo. Nicolás

García Mejía, en representación de los recurridos P.T., S.R.L.

y Prieto Consorcio Turístico, S.A., entidades comerciales

debidamente representadas por el señor R.E.P.,

depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 12 de diciembre de

2016;

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia, del 4 de abril de 2017, que declaró admisible el referido

recurso de casación y fijó audiencia para conocerlo el 31 de julio del

mismo año;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms.

156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, después de

haber deliberado y visto la Constitución Dominicana, los Tratados

Internacionales refrendados por la República Dominicana, sobre Fecha: 23 de abril de 2018

Derechos Humanos, así como los artículos 65 y 70 de la Ley sobre

Procedimiento de Casación; 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420,

421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; modificado por la

Ley 10-15 del 10 de febrero de 2015;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los

documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los

siguientes:

  1. el 15 de junio de 2015, Autozama, S.A.S., (antes Autozama,

    S.A.), representada por el señor R.E.M.C.;

    presentó una acusación privada con constitución en actor civil ante el

    J.P. de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia

    del Distrito Nacional, en contra de R.E.P.V.,

    P.T., S.R.L. y Prieto Consorcio Turístico, S.A., imputándoles

    la violación de la Ley núm. 479-08, sobre Sociedades Comerciales y

    Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada del 11 de

    diciembre de 2008, modificada por la Ley núm. 31-11 del 10 de

    febrero de 2011, en sus artículos 479 y 480; Fecha: 23 de abril de 2018

  2. para el conocimiento del caso resultó apoderada la Cuarta

    Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito

    Nacional, la cual dictó la sentencia absolutoria núm. 042-2016-SSEN-00021, el 22 de febrero de 2016, cuyo dispositivo dispone lo siguiente:

    “Aspecto Penal. PRIMERO: Declara no culpable al ciudadano R.E.P.V. en representación de las entidades comerciales P.T., S.R.L., (antes P.T., S.A.), dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral núm.001-0188540-8, domiciliado y residente en la calle P.A., núm. 6, Urbanización Los Pinos, A.H., Distrito Nacional, teléfono: 809-224-6966, de violar las disposiciones contenidas en los artículos 479 y 480 de la Ley 479-018 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, modificada por la Ley 31-11, en perjuicio de la razón social Autozama, S. A. S. (antes Autozama, S. A.) debidamente representada por el señor R.E.M.C., en consecuencia, en consecuencia se le descarga de toda responsabilidad penal por no haberse demostrado la acusación conforme al artículo 337 numeral 1 del Código Procesal Penal; SEGUNDO: Declara las costas penales de oficio. Aspecto Civil. TERCERO : En cuanto a la forma, declara buena y válida, la constitución en actor civil, interpuesta por la razón social Autozama, S. A. S. (antes Autozama, S. A.), debidamente representada por el señor R.E.M.C., a través de sus abogados L.. J.A.D. y C.L.M., y el Dr. J. Fecha: 23 de abril de 2018

    A.C., en contra del ciudadano R.E.P.V. y las entidades comerciales P.T., S.
    R.L., y Prieto Consorcio Turístico, S.A., por presunta infracción a las disposiciones de los artículos 479 y 480 de la Ley 479-018 sobre Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitadas, modificada por la Ley 31-11 por haberse hecho conforme a la ley;
    CUARTO: En cuanto al fondo de la indicada constitución en actoría civil, rechaza la misma, por no haberse probado el perjuicio que la conducta del señor R.E.P.V. y las entidades comerciales P.T., S.R.L., y Prieto Consorcio Turístico, S.A., QUINTO: Compensa las costas civiles; SEXTO: Fija le lectura íntegra de la presente decisión para el día lunes que contaremos a catorce (14) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), a las dos horas de la tarde (02:00 p. m.), valiendo la presente decisión citación para las partes presentes y representadas”; (sic)

  3. con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la

    decisión precedentemente transcrita, por parte de Autozama, S.A.S.,

    intervino la sentencia objeto del presente recurso de casación, núm.

    133-SS-2016, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la

    Corte de Apelación del Distrito Nacional el 27 de octubre de 2016, y

    su parte dispositiva establece lo descrito a continuación:

    “PRIMERO: Ratifica la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto fecha trece (13) del mes de mayo del año dos mil dieciséis (2016), por la Fecha: 23 de abril de 2018

    querellante, la sociedad comercial Autozama, S. A.
    S., (antes Autozama, S. A.), compañía acorde con las leyes dominicanas, debidamente representada por el señor R.E.M.C., la cual tiene como abogados y apoderados especiales al Dr. J.A.D., la Dra. J.E.C. y el Dr. J.A.C., en contra de la sentencia núm. 042-2016-SSEN-00021 de fecha veintidós (22) del mes de febrero del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido hecho en tiempo hábil y conforme a la ley que rige la materia. Decretada por esta Corte mediante resolución núm. 323-SS-2016, de 30/06/2016;
    SEGUNDO: En cuanto al fondo rechaza el recurso de apelación de que se trata, en consecuencia, confirma en todos sus aspectos de la decisión atacada, en razón de que la sentencia recurrida contiene motivos suficientes que justifican su dispositivo, pues el tribunal a-quo fundamentó en derecho la sentencia atacada en base a los elementos de prueba que le fueron legal y regularmente administrados, y la misma no contener los vicios que le fueron endilgados; TERCERO: Condena a la sociedad comercial Autozama, S.A.S., (antes Autozama, S. A.), debidamente representada por el señor R.E.M.C., al pago de las costas causadas en grado de apelación ordenando su distracción a favor y provecho del Dr. N.G.M., abogado que afirma haberlas avanzado en su totalidad; CUARTO: Ordena al Fecha: 23 de abril de 2018

    secretario de esta Sala de la Corte notificar la presente decisión a las partes involucradas en el proceso, conforme a lo dispuesto en el artículo 335 del Código Procesal Penal; QUINTO: La lectura íntegra de eta sentencia ha sido rendida el día jueves, veintisiete (27) del mes de octubre del año dos mil dieciséis (2016), proporcionándole copia las partes”;

    Considerando, que la parte recurrente propone los siguientes

    medios de casación:

    Primer Medio : Violación a las reglas de fondo. Sentencia manifiestamente infundada. El control de las calificaciones de los artículos 479 y 480 de la Ley núm. 479-08, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, de 11 de diciembre de 2008, modificada por la Ley núm. 31-11 de 10 de febrero de 2011, que prevén y sancionan el abuso de bienes sociales y el uso ilegal de poderes de que se dispone en una sociedad; Segundo Medio: Violación a reglas de forma obligación de motivar las sentencias. Reglas relativas a la prueba: los documentos de prueba y los hechos de la causa valoración”;

    Considerando, que en el desarrollo de ambos medios, reunidos

    para su análisis por estar íntimamente relacionados, la recurrente

    sostiene, en síntesis, lo descrito a continuación: Fecha: 23 de abril de 2018

    “Primeramente, señalaremos, que los artículos 479 y 480 de la Ley de Sociedades, modificada, no pueden ser interpretados como lo ha hecho la Corte a qua, en el sentido de que para que haya una violación a esos artículos el dolo debe ser probado, y no se presume, de conformidad con el artículo (traído a greñas por los juzgadores), 1116 del Código Civil. No sabemos por qué la Corte a qua trae a colación el artículo 1116 del Código Civil. Sin embargo, es preciso esclarecer que lo que ha querido el legislador, es que solamente se apliquen los requisitos o elementos especiales que señalan dichos artículos 479 y 480 para que haya infracción, y no como antes, el artículo 408 del Código Penal. En efecto, la especie configura una sentencia insuficientemente infundada al verificarse una negativa de aplicación de la ley y, a la vez, una falsa interpretación de los artículos 479 y 480 de la Ley de sociedades, y por ende, la misma sufragará indefectiblemente en nulidad tan pronto sea sometida al control casacional por esa superioridad. En la especie pues, el elemento legal, que se conoce como tipicidad, se controla subsumiendo los hechos en que incurrió el imputado, R.E.P.V., dentro de los ilícitos penales de carácter societario que prevén los artículos 479 y 480 de la referida Ley de Sociedades núm. 479-08, y sus modificaciones. El elemento material, vinculado a la actividad y antijuridicidad, se controla determinando que una, o varias situaciones de hecho ilícitas; una actividad, pueda identificarse con Fecha: 23 de abril de 2018

    el infractor; y el elemento intencional o moral, pariente de la culpabilidad y el dolo penal, se controla estableciendo que el agente haya actuado con discernimiento y voluntad. Según la Corte aqua lo que ella constató fue, en síntesis, que al firmar y participar el Acusador Privado en las Asambleas, otorgó potestad al imputado para seguir administrando los recursos de la compañía, y en esa atención lo que alega la Acusadora Privada es la existencia de una gestión y vigilancia equivocada, que además de que no fue propuesta, no constituye ningún tipo penal. Además, que el dolo debe ser probado, porque no se presume, y en el caso que nos ocupa, la imputabilidad no ha sido probada. Al fallar de esa manera la Corte a-qua cerró los ojos ante el hecho de que lo que se autorizó fue a pagar un préstamo del que la querellante privada era garante y al hacerlo se negó a aplicar los artículos 479 y 480, al no emplear una ley clara y formal, como son los artículos mencionados, a la situación de hecho que debía regular. También hizo una falsa interpretación de esos cánones legales, extendiendo y limitando arbitreramente, su campo de acción; transgrediendo todos los elementos especiales de la misma. Efectivamente, la Corte a qua no tomó en cuenta que los artículos 479 y 480 de la Ley de Sociedades son delitos especiales, de tipo societario, y que, por consiguiente, le da al término "uso" un sentido amplísimo. Tampoco tomó en consideración que, en la especie, no se trata de las defraudaciones que contempla el artículo 408 del Código Penal, y Fecha: 23 de abril de 2018

    basta tan solo con comprometer el patrimonio social con un hecho que sea contrario al interés social, que haya sido consciente, como fue constatado, no demostrar la existencia de una gestión y vigilancia equivocada, que es de carácter civil. Es así, que para explicar que la infracción de los artículos 479 y 480 de la Ley de Sociedades, y sus modificaciones, encuadra dentro de la descripción que de ellos hace la ley, y también que los hechos conscientes del imputado configuran el elemento material intencional que señala la doctrina, había que examinar los elementos especiales de esos delitos, cosa que no hizo la Corte a qua rehusándose a aplicar la ley; y los reducidos e insuficientes aspectos que analizó, los mal interpretó. El primer elemento especial que exige el artículo 479 de la Ley de Sociedades es que el agente sea un administrador de hecho o de derecho, cosa que amén de estar harto demostrado, jamás ha sido objeto de controversia, por ello no será analizado. El segundo elemento, que sí examinaremos, es que el agente haya hecho uso de dineros, bienes, créditos o servicios de la sociedad; o que la haya comprometido y expuesto a una quiebra virtual, lo que tampoco ha sido objeto de réplica o refutación de parte del imputado, a pesar de que fue demostrado, pero la Corte a qua enmudeció o encubrió esa situación, rehusándose a aplicar la ley, al no examinar esas ocurrencias; y, en cambio, optó por distorsionar los hechos, señalando comprobaciones de que el Acusador Privado participaba y firmaba las actas de asamblea, y le Fecha: 23 de abril de 2018

    otorgó voluntariamente la "potestad" de seguir administrando al imputado. Evidentemente, esa afirmación de la Corte a qua es contraria al espíritu de dichas disposiciones legales, porque es considerado por la doctrina y jurisprudencia del país de origen de nuestra legislación (repetimos, país del cual copiamos dichos cánones legales), que la aprobación de cualquier asamblea no erradica la naturaleza delictiva del abuso de bienes sociales. Lo que constituye también el vicio de mala interpretación de la ley. Consecuentemente, verifiquemos en primer término, el elemento "uso" y que el mismo sea utilizado en "interés personal" del infractor, que según el artículo 479 de la Ley de Sociedades, es el segundo y tercer elemento especial de esa infracción (ya dijimos que el primero era que el agente fuese administrador, sobre lo que no hay controversia). Solamente (porque sobre los demás aspectos se rehusó a fallar), que "el Acusador Privado firmaba conscientemente todas las Actas de Asamblea, lo que por ende, exonera de todo tipo penal al imputado, y que de conformidad con el artículo 1116 del Código Civil el dolo debe ser probado, no se presume". Esa manera de fallar constituye una mala interpretación del artículo 479 de la Ley de Sociedades núm. 479- 08, porque lo ajustado a la ley es que bastaría un solo acto de administración en su propio beneficio o contrario al interés de la sociedad, y no es necesario un hecho concreto y doloso que constituya un ilícito penal. Al respecto penetrando más en el asunto, dice la jueza Fecha: 23 de abril de 2018

    de primera instancia que "solo se presentaron cuentas por cobrar, que no importan un ilícito penal y en el informe del testigo F.A. de carácter técnico, no forense, no afloraron situaciones o manejos fraudulentos y que dichas acciones u omisiones, en realizar acciones legales a fin de cobrar lo indebido, no constituyen acción penal. De suerte pues, que, en cuanto a esos elemento especiales de la infracción del artículo 479 (uso e interés personal contrario a los intereses sociales), la sentencia impugnada es manifiestamente infundada porque la Corte a qua incurrió en una negativa de aplicación y una falsa interpretación de la ley, al rehusar dicha Corte o interpretar mal: i) Que el imputado comprometió la sociedad y la expuso al pago concreto al 31 de diciembre de 2013 a deudas vencidas, a más de 120 días por un valor de RD$34»182»545.00» que era el equivalente al 91% del total de las deudas por cobrar; ii) Que el imputado condujo a la sociedad (convenida con la Acusadora Privada) a una quiebra virtual al comprobarse (sin réplica en primera instancia), que el 95% de los negocios de que se ocupaba la misma era realizado exclusivamente por una empresa vinculada a dicho imputado, R.E.P.V., como lo era P.T., S.R.L., sin pasarla al cobro compulsivo, lo que representaba una pérdida recurrente del 67% del capital suscrito y pagado (lo que jamás, tampoco ha sido negado), y que de conformidad con el artículo 301 de la Ley General Fecha: 23 de abril de 2018

    de Sociedades núm. 479-08, y sus modificaciones, el Consejo de Administración estaba obligado (y no lo hizo), a convocar la Asamblea General Extraordinaria, a fin de decidir la continuidad de la vida social de Rutas Transporte Turístico, S.R.L.T. lo anterior podrá verificarse con los documentos aportados al proceso por la recurrente, pruebas que fueron admitidas sin reparos ni objeciones en primera instancia (pero mal valoradas), y también fueron alegadas ante la Corte a qua, sin recibir ninguna atención, curiosidad o consideración por los juzgadores. Por otro lado, y en lo que respecta al artículo 480 de la Ley de Sociedades, núm. 479-08, y sus modificaciones, también la Corte a qua se "saltó" un examen de su calificación, que conlleva, obviamente como dijimos previamente, un escrutinio de sus elementos especiales. Sobre el particular, es pertinente esclarecer que los elementos especiales de dicho artículo 480 son prácticamente idénticos al 479, con la diferencia de que dicho canon legal (479), se refiere a los dirigentes sociales, que de mala fe, con poderes que poseían o con votos de lo que disponían por dicha calidad, hacen un uso contrario a los intereses de la sociedad o a sus fines personales, o para favorecer a otra sociedad en la cual estaban interesados directa o indirectamente. Violación a reglas de forma obligación de motivar las sentencias. Reglas relativas a la prueba: los documentos de prueba y los hechos de la causa. V.. Jamás la recurrente dijo en su Fecha: 23 de abril de 2018

    recurso de apelación que la Cámara Penal (de primera instancia), no fundamentó o motivó su sentencia, lo que ella señaló en su recurso fue que la sentencia impugnada fue dictada aplicando de manera errónea la norma jurídica de los artículos 479 y 480 de la Ley de Sociedades. En sustentación de ese argumento (aplicación errónea de la transgresión de la norma cometida por el imputado), Autozama, S.A.S., alegó, de manera profunda y extensísima los orígenes e intenciones del legislador francés al votar los textos legales en que se fundamentan nuestros artículos 479 y 480 de la Ley núm. 479-08 sobre Sociedades. Igualmente, describió de manera amplísima: i) los elementos que configuran la infracción tipificada por el citado artículo 479; esto es, la necesidad de que exista un uso material de los bienes o del crédito de la sociedad contrario a ésta; que ese uso sea en interés del imputado; la mala fe; ii) los elementos específicos descriptivos de la infracción del 480; iii) y un desarrollo vastísimo señalando la participación del imputado en los hechos, así como los errores en que cometió la jueza del Juzgado de Primera Instancia, al inaplicar la ley en su fallo”;

    Considerando, que frente al alegato de falta de fundamentación

    de la sentencia, esencialmente por una falsa interpretación y/o

    aplicación de los artículos 479 y 480 de la referida Ley de Sociedades

    Comerciales, la Corte a-qua sustentó dicho aspecto al tenor siguiente: Fecha: 23 de abril de 2018

    “Del examen de las piezas que integran el expediente, la Corte ha podido comprobar lo siguiente: que en la documentación depositada se comprueba que el acusador privado participaba y firmaba las actas de asamblea, otorgándole de manera consciente voluntaria e inteligente a pesar de su reclamos y haber puesto en causa al imputado, la potestad para seguir administrando los recursos que a esta fecha puedan quedar, y en esas atenciones lo único que se ha podido constatar pero no reclamados bajo los articulados que los actores civiles y querellantes proponen, es que la existencia de una gestión y vigilancia equivocada, circunstancias que tampoco constituyen un tipo penal, a la luz de los artículos 479 y 480 de la Ley 479-08. Cabe señalar por lo precedentemente expuesto, de donde surge la génesis del caso que ocupa la atención de la Corte y en virtud de las disposiciones del artículo 1116 del Código Civil, el dolo debe ser robado y no se presume por lo que en casos como el que nos ocupa, la imputabilidad que se le quiere endilgar al imputado no ha sido probado. Todo lo anterior pone de manifiesto que la sentencia de primer grado fue debidamente fundamentada y que al análisis de la misma, este tribunal de alzada ha podido advertir que, lo refutado constituye mero alegato de recurso toda vez que de la lectura de la atacada pieza se desprende que el Juez aquo para dictar su decisión lo realizó bajo los criterios de las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y la máximas de experiencia”; Fecha: 23 de abril de 2018

    Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y el medio planteado por la parte recurrente:

    Considerando, que lo transcrito precedentemente pone de

    manifiesto que la Corte a-qua, al momento de ofrecer respuesta a la

    cuestión planteada, omitió referirse de manera concreta a los

    reclamos medulares tanto de hecho como de derecho realizados por

    la parte recurrente y que se sustentaban, como bien señala la alzada

    en su sentencia, esencialmente, en la errónea aplicación y/o

    interpretación de los artículos 479 y 480 de la Ley núm. 479-08, sobre

    Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad

    Limitada y su modificación;

    Considerando, que resulta evidente que, en la especie, la Corte

    a-qua no examinó si efectivamente en el hecho imputado concurrían

    o no los elementos constitutivos de la infracción señalada, a la luz del

    análisis efectuado por los jueces del fondo, tal y como le fue

    solicitado por la recurrente, cuyos motivos de apelación fueron

    profusamente argumentados; incurriendo así en una omisión de

    pronunciamiento, lo que impide que esta S. pueda discernir si la

    ley estuvo bien o mal aplicada; en efecto, el derecho a obtener una

    decisión fundada en derecho respecto de una pretensión Fecha: 23 de abril de 2018

    controvertida no ha sido satisfecho y por tanto no puede considerarse

    cumplida la exigencia de motivación, toda vez que no existe un

    razonamiento concreto en torno a lo planteado, y esto conlleva a una

    vulneración de lo prescrito por el artículo 69 de la Constitución

    dominicana, que consagra el derecho de toda persona a la tutela

    judicial efectiva, derecho que comprende la exigencia de una

    motivación correcta de todas las resoluciones judiciales;

    Considerando, que los razonamientos externados por la Corte

    a-qua no se corresponden con los lineamientos que rigen el correcto

    pensar y que satisface las exigencias de motivación pautadas por el

    Tribunal Constitucional Dominicano en su sentencia TC/0009/13,

    toda vez que en la especie el tribunal de apelación no desarrolla

    sistemáticamente su decisión; tampoco expone de forma concreta y

    precisa cómo ha valorado la sentencia apelada, por tanto su fallo no

    se encuentra legitimado, al no producir una fundamentación apegada

    a las normas adjetivas, procesales y constitucionales vigentes y

    aplicables al caso en cuestión; de tal manera que esta Sala de la Corte

    de Casación avista un menoscabo del derecho a la tutela judicial

    efectiva y por ende una vulneración al debido proceso en perjuicio de

    la parte recurrente; en consecuencia, procede acoger los medios de Fecha: 23 de abril de 2018

    casación propuestos y, consecuentemente, declarar con lugar el

    recurso de que se trata;

    Considerando que cuando una decisión es casada por una

    violación a las reglas cuya observancia esté a cargo de los jueces, las

    costas pueden ser compensadas.

    Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de

    Justicia,

    FALLA:

    Primero: Admite como intervinientes a P.T., S.R.L. y Prieto Consorcio Turístico, S.A., representadas por R.E.P., en el recurso de casación interpuesto por Autozama, S.
    A.S., contra la sentencia núm. 133-SS-2016, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 27 de octubre de 2016, cuyo dispositivo ha sido copiado en otra parte de esta sentencia;

    Segundo: Declara con lugar el indicado recurso de casación; en consecuencia, casa la referida sentencia y ordena el envío del caso ante la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que Fecha: 23 de abril de 2018

    (Firmados).- M.C.G.B..- Esther Elisa Agelán

    Casasnovas.- A.A.M.S..- H.R..- Fran

    Euclides Soto Sánchez.-

    Nos, Secretaria General, certifico que la presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, el mismo día, mes y año en él expresados.-

    mediante sorteo aleatorio apodere una de sus salas, a fin de realizar una nueva valoración del recurso de apelación;

    Tercero: Compensa las costas;

    Cuarto: Ordena la notificación de la presente sentencia a las partes;