Sentencia nº 16 de Suprema Corte de Justicia, del 13 de Enero de 2016.

Fecha de Resolución13 de Enero de 2016
EmisorPrimera Sala

Fecha : 13 de enero de 2016

Mercedes A. Minervino A., Secretaria General Interina de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha de 13 de enero de 2016, que dice:

SALA CIVIL Y COMERCIAL

Audiencia pública del 13 de enero de 2016. Rechaza Preside: J.C.C.G..

D., Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por S.A.D.R., dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 123-0000205-7, domiciliado y residente en la calle M. núm. 6, Piedra Blanca, Bonao, contra la sentencia civil núm. 71/2008, dictada el 30 de junio de 2008, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, cuyo dispositivo figura copiado más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Sentencia Núm. 16 Fecha : 13 de enero de 2016

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina: Único: Que en el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de comunicación al Ministerio Público por ante los Jueces de fondo, “Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de Justicia, la Solución del presente Recurso de Casación”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, 14 de julio de 2008, suscrito por el Lic. J.G.S.V., abogado de la parte recurrente S.A.D.R., en cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 22 de agosto de 2008, suscrito por el Lic. S.J.G.A., abogado de la parte recurrida Compañía de Seguros La Unión, C. por A.;

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana, es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25 de fecha 15 de Fecha: 13 de enero de 2016

octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156 del 10 de julio de 1997, los artículos 1 y 65 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491/08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 15 de mayo de 2010, estando presentes los magistrados R.L.P., P.; E.M.E., A.R.B.D. y J.E.H.M., asistidos de la Secretaria;

Visto el auto dictado el 11 de enero de 2016, por el magistrado J.C.C.G., P. de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, y a los magistrados M.O.G.S. y V.J.C.E., jueces de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926, de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294, de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, consta que: a) con motivo de una demanda en nulidad de Fecha: 13 de enero de 2016

mandamiento de pago interpuesta por la Compañía de Seguros La Unión,
C. por A., contra el señor S.A.D.R., la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de M.N. dictó el 18 de octubre de 2007, la sentencia civil núm. 863/2007, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza la presente demanda en Nulidad de Mandamiento de Pago intentada por la COMPAÑÍA DE SEGUROS LA UNIÓN DE SEGUROS C.P.A., por los motivos y razones explicados en el cuerpo de esta sentencia; SEGUNDO: Condena a la COMPAÑÍA DE SEGUROS LA UNIÓN DE SEGUROS C.P.A., al pago de las costas del procedimiento, ordenándose su distracción en provecho del abogado del demandado que afirma estarlas avanzando”; b) que no conforme con dicha decisión interpuso formal recurso de apelación contra la misma, la Compañía de Seguros La Unión C. por A., mediante acto num. 909, de fecha 28 de diciembre de 2007, instrumentado por el ministerial M.M.H., alguacil ordinario de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en ocasión el cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega dictó el 30 de junio de 2008, la sentencia civil núm. 71/2008, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: PRIMERO: Se acoge como bueno y Fecha: 13 de enero de 2016

válido en cuanto a la forma, el recurso de apelación incoado por la COMPAÑÍA DE SEGUROS, LA UNIÓN, C.P.A., en contra de la sentencia civil No. 863 de fecha dieciocho (18) del mes de octubre del año 2007, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de M.N. por su regularidad procesal; SEGUNDO : En cuanto al fondo, acoge el recurso de apelación incoado y revoca en todas sus partes la sentencia civil No. 863 de fecha dieciocho (18) del mes de octubre del año dos mil siete, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de M.N., y en consecuencia acoge la demanda en nulidad del mandamiento de pago, por ser justa y reposar en prueba legal; TERCERO : Se condena a la parte recurrida al pago de las costas, ordenando su distracción a favor y provecho del Licenciado S.J.G.A., quien afirma haberlas avanzando en su totalidad”;

Considerando, que el recurrente propone, contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Falta de motivos, violación artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos y falta de ponderación de los elementos de pruebas; Tercer Medio: Falta de base legal violación a la ley por inobservancia del artículo 131, de la Ley 146-02, sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana”;

Considerando, que en el desarrollo de sus tres medios de casación, Fecha: 13 de enero de 2016

los cuales se reúnen por estar estrechamente vinculados, el recurrente alega que la corte de apelación incurre en contradicción de motivos toda vez que en el considerando final letra b de la página 6 de la sentencia afirma que “en unas de sus consideraciones contenidas en la página 6 el juez hace constar que accesoriamente a la acción pública fue apoderado para conocer la acción civil incoada por el señor S.D.R., en contra de los señores J.E.P. y C.D.S., con oponibilidad a la Compañía de Seguros La Unión C. por A., en su calidad de aseguradora del vehículo causante del accidente”, mientras que en la página 7 de la sentencia el primer considerando dice que no hay constancia del pedimento de que la sentencia le sea oponible a la Unión de Seguros C. por A.; que dicho tribunal desnaturalizó los hechos al aseverar que en la sentencia 47 no había constancia de que se hayan producido conclusiones algunas en el sentido de que se haga oponible la misma a la Compañía de Seguros La Unión C. por
A., puesto que S.A.D.R. sí realizó tal requerimiento a través de su abogado al pedir que se acojan las conclusiones vertidas en el acto introductivo de la demanda; que la corte a-qua no se detuvo en la lectura del acto introductivo de demanda y las otras piezas que conforman el expediente que contienen el pedimento de oponibilidad a la aseguradora, así como la certificación de la Superintendencia de Seguros que da fe de la Fecha: 13 de enero de 2016

existencia de la póliza emitida por la Compañía de Seguros La Unión C. por
A.; que el artículo 131 de la Ley 146-02, sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana solo exige que la compañía aseguradora sea citada para que la sentencia condenatoria le sea oponible y el artículo 116 de la misma Ley, que el vehículo matriculado sea el mismo asegurado, todo lo cual se satisfizo en la especie; que la sentencia impugnada no está sustentada en motivos suficientes ya que no se plasma en la misma ninguna disposición del tipo legal que se refiera a la forma en que falló y por qué falló de esa forma;

Considerando, que del contenido de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella hace referencia se advierte que: a) en fecha 4 de abril de 2005, el Juzgado de Paz del municipio de Piedra Blanca, provincia M.N. dictó la sentencia núm. 047/05, relativa a la causa penal seguida a J.E.P.S. y S.A.D.R., prevenidos de violar la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, con constitución en actor civil del segundo en perjuicio del primero, con motivo del accidente de tránsito ocurrido en fecha 9 de febrero de 2004 entre los instanciados, mediante la cual declaró a J.E.P.S. culpable de violar la indicada Ley y lo condenó al pago de una multa de trescientos pesos dominicanos (RD$300.00) y, conjuntamente con el tercero civilmente Fecha: 13 de enero de 2016

responsable, C.D.S., lo condenó al pago de una indemnización de trescientos mil pesos dominicanos (RD$300,000.00) a favor del S.A.D.R.; b) en fecha 14 de noviembre de 2005, S.A.D.R. notificó una intimación y mandamiento de pago tendente a embargo ejecutivo a la Compañía de Seguros La Unión, C. por A., mediante acto núm. 897/005, instrumentado por el ministerial M. De la Cruz, alguacil de estrado de la Corte de Apelación de Trabajo de Santo Domingo; c) en fecha 14 de diciembre de 2005, Compañía de Seguros La Unión C. por A., interpuso una demanda en nulidad de mandamiento de pago contra S.A.D.R., mediante acto núm. 76-2005, instrumentado por el ministerial S.G.P., alguacil de estrado del Juzgado de Paz de Piedra Blanca, la cual estaba sustentada en que el referido mandamiento fue dado en virtud de una sentencia que no le declara común y oponible la condenación al pago de la indemnización a favor de su contraparte para hacer el pago con cargo a la póliza que amparaba el vehículo conducido por J.P.S.; d) que dicha demanda fue rechazada por el tribunal de primera instancia apoderado sustentándose en lo siguiente: “que el examen del expediente pone de manifiesto lo siguiente: que en ocasión de un accidente de tránsito, el señor S.A.D.R. citó a la Fecha: 13 de enero de 2016

demandante a comparecer por ante el Juzgado de Paz del Municipio de Piedra Blanca, mediante el acto marcado con el número 643, de fecha 13 del mes de agosto del año 2004, del ministerial M. De la Cruz, a los fines de que la sentencia en que fueran condenados los señores J.E.P.S. y C.D. le fuera oponible a la Compañía de Seguros La Unión, C. por A., en su condición de entidad aseguradora del vehículo Toyota, tipo camioneta chasis No. JT2A132V3G3657107, conforme la certificación emitida por la Superintendencia de Seguros de la República Dominicana, que reposa en el expediente; que en el proceso que se conoció en el preindicado Juzgado de Paz, intervinieron los actores del accidente, comprobándose que la compañía de referencia estuvo debidamente representada por sus apoderados especiales; que el Juez de Paz del Municipio de Piedra Blanca emitió su resolución condenatoria de los señores J.E.P.S. y C.D.S., marcada con el número 47 de fecha 04 de abril del año 2005, y que si bien es cierto que en su parte dispositiva la decisión no hace mención que era oponible a la ahora demandante, no menos verdad es, que en los motivos, específicamente en el primer considerando de la página 8 de la sentencia se resalta, que la compañía aseguradora estará obligada a hacer pago a cargo de la póliza siempre que se le haya puesto en causa, lo que este tribunal entiende de que Fecha: 13 de enero de 2016

la decisión es oponible a la demandante de manera implícita, por ser la entidad aseguradora del vehículo envuelto en el accidente”; e) que dicha decisión fue revocada mediante el fallo hoy impugnado en casación;

Considerando, que la corte a-qua acogió la demanda original en nulidad de mandamiento de pago por los motivos que se transcriben textualmente a continuación: “que entre los documentos que reposan en el expediente esta corte ha estudiado cuidadosamente el acto No. 897 de fecha catorce (14) de noviembre del año 2005, mediante el cual el señor S.A.D.R., actual recurrido notificó a la Compañía de Seguros, la Unión, C. por A., mandamiento de pago tendente a embargo ejecutivo por la suma de cuatrocientos sesenta y cinco mil pesos (RD$475,000.00) (sic) en virtud de que la sentencia No. 47 de fecha cuatro (4) de abril del 2005, dictada por el Juzgado de Paz de Piedra Blanca adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada en la cual se da copia de la misma, comprobando que: a) en la primera página de la referida sentencia se hace constar que el Dr. R.T.F. fue oído a nombre y representación del señor C.D., la Unión de Seguros, C. por A., y defensa penal del señor J.E.P.S.; b) en una de sus consideraciones contenida en la página 6, el juez hace constar que accesoriamente a la acción pública fue apoderado para conocer de la acción Fecha: 13 de enero de 2016

civil incoada por el señor S.D.R. en contra de los señores J.E.P. y C.D.S., con oponibilidad a la Compañía de Seguros la Unión C. por A., en su calidad de aseguradora del vehículo causante del accidente; c) que en el considerando siguiente se encuentra transcrito el artículo 10 de la Ley 4117 sobre Seguro Obligatorio de Vehículos de Motor y d) que no consta en el dispositivo de la misma ninguna declaratoria de oponibilidad o condenación en contra de la compañía aseguradora; que esta corte de apelación no ha podido comprobar en las copias de la sentencia civil No. 47, que se encuentran depositadas en el expediente, que el Juez de Paz de Piedra Blanca haya copiado o transcrito conclusión alguna mediante la cual alguna de las partes en el proceso le solicitara la oponibilidad de la sentencia a la Unión de Seguros; que las conclusiones de las partes son las que fijan la extensión del proceso y limitan por tanto la decisión del juez apoderado y el alcance de la sentencia, lo que constituye una mención esencial en la redacción de toda sentencia pues su ausencia impide al tribunal de alzada verificar si el juez contestó u omitió estatuir los pedimentos de las partes; que en la sentencia cuya ejecución se persigue tal como sostiene la parte recurrida se encuentra transcrito el artículo 10 de la Ley 4117 sobre Seguro Obligatorio de Vehículos de Motor, sin embargo es criterio de esta corte, que la transcripción de un artículo de Fecha: 13 de enero de 2016

una ley no es suficiente para motivar un aspecto que por demás no consta en el dispositivo de la sentencia; que habiendo comprobado esta corte que la sentencia condenatoria No. 47 de fecha cuatro (4) de abril del año 2005, dictada por el Juzgado de Paz de Piedra Blanca no le es oponible a la Unión de Seguros, C. por A., el título que sirve de base al mandamiento de pago (artículo 583 de Código de Procedimiento Penal) no puede ser ejecutado en su contra ya que no es deudora por la suma que se pretende embargar; que la falta de calidad de deudora de la compañía aseguradora constituye un vicio de fondo que impide que el embargo pueda ser llevado en su contra, en consecuencia procede acoger el recurso de apelación incoado en contra de la sentencia civil No. 863 de fecha cuatro 4) de octubre del 2007, y revocar en todas sus partes la referida sentencia por el juez a-quo haber hecho una errónea apreciación de los hechos y mala aplicación del derecho y en virtud del efecto devolutivo del recurso acoger la demanda en nulidad de mandamiento de pago por las razones expresadas en las precedentes consideraciones”;

Considerando, que de las motivaciones transcritas anteriormente se desprende que la corte a-qua fundamentó su decisión, en esencia, en el hecho de que la condenación contenida en la sentencia que sirvió de título al mandamiento de pago cuya anulación se pretendía, no había sido declarada Fecha: 13 de enero de 2016

oponible a la aseguradora; que el artículo 131 de la Ley núm. 146-02, del 9 de septiembre de 2002, sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, establece que “El asegurador sólo estará obligado a hacer pagos con cargo a la póliza cuando se le notifique una sentencia judicial con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada que condene al asegurado a una indemnización por lesiones o daños causados por el vehículo de motor o remolque accidentado y por las costas judiciales debidamente liquidadas, y siempre con la condición de que el asegurador haya sido puesto en causa mediante acto de alguacil en el proceso que hubiere dado lugar a la sentencia por el asegurado o por los terceros lesionados”; que si bien es cierto dicho texto legal no se refiere a la necesidad de que la sentencia condenatoria sea declarada oponible a la compañía aseguradora para que pueda ser ejecutada en su contra y con cargo a la póliza contratada, esta exigencia queda claramente establecida a partir del contenido de los artículos 116 y 133 del mismo texto legal, que disponen que: “En los casos de las coberturas obligatorias señaladas por esta ley para los vehículos de motor, no se requiere la existencia de un interés asegurable de parte del propietario. Basta con probar que el vehículo matriculado es el mismo asegurado, para que la sentencia a favor de terceros pueda ser declarada oponible a la compañía aseguradora, siempre y cuando dicha compañía de Fecha: 13 de enero de 2016

seguros haya sido puesta en causa”; “Las condenaciones pronunciadas por una sentencia solamente pueden ser declaradas oponibles al asegurador, dentro de los límites de la póliza, pero nunca puede haber una condenación directa en contra del asegurador, salvo el caso que se considere que éste ha actuado en su propio y único interés, como cuando niegue la existencia de la póliza, sus límites o pura y simplemente niegue que el riesgo se encuentra cubierto. En ninguno de estos casos la sentencia contra el asegurador podrá exceder los límites de la póliza”; que, en efecto, al tenor de los artículos citados en casos como el de la especie, para que la sentencia condenatoria pueda ser ejecutada contra la compañía aseguradora del vehículo del responsable no es suficiente con que la misma haya sido puesta en causa, puesto que la oponibilidad de la condenación está sujeta a la comprobación judicial sobre la regularidad del emplazamiento y sobre la identidad del vehículo asegurado con el matriculado, lo que necesariamente conlleva una decisión en torno a la existencia e idoneidad de los elementos probatorios aportados al respecto;

Considerando, que la desnaturalización de los hechos y documentos de la causa es definida como el desconocimiento por los jueces del fondo de su sentido claro y preciso, privándolos del alcance inherente a su propia naturaleza; que ha sido juzgado en reiteradas ocasiones por esta Sala Civil y Fecha: 13 de enero de 2016

Comercial de la Suprema Corte de Justicia que, como Corte de Casación, tiene la facultad excepcional de observar si los documentos aportados al debate han sido dotados de su verdadero sentido y alcance y si las situaciones constatadas, son contrarias o no a las plasmadas en las documentaciones depositadas; que para formar su convicción la corte a-qua examinó la sentencia 047/05, dictada el 4 de abril de 2005 por el Juzgado de Paz de Piedra Blanca en virtud de la cual se notificó el mandamiento de pago contenido en el acto núm. 897/005, instrumentado el 14 de noviembre de 2005, por el ministerial M. De la Cruz, alguacil de estrados de la Corte de Apelación de Trabajo de Santo Domingo; que de la revisión de dicha sentencia se advierte, tal como afirmó el mencionado tribunal de alzada, el Juzgado de Paz no declaró oponible a la Compañía de Seguros La Unión C. por A., la condenación al pago de la indemnización fijada a favor de S.A.D.R. en ninguna parte de su decisión a pesar de que dicha entidad fue puesta en causa a esos fines; que, por lo tanto, en este aspecto, que era el punto decisivo del litigio, la corte a-qua ejerció correctamente su poder de apreciación de las pruebas aportadas, ponderándolas con el debido rigor procesal y otorgándoles su verdadero sentido y alcance, no incurriendo en ninguna desnaturalización;

Considerando, que si bien la corte a-qua afirma en su sentencia que Fecha: 13 de enero de 2016

no había podido comprobar en las copias de la sentencia del Juzgado de Paz que dicho tribunal haya copiado o transcrito conclusión alguna mediante la cual alguna de las partes en el proceso le solicitara la oponibilidad de su decisión a la compañía aseguradora, dicha consideración es superabundante y en nada influye sobre la suerte del litigio puesto que lo que esencialmente debía comprobar la corte en virtud de la demanda de la que estaba apoderada era el pronunciamiento del Juzgado de Paz con relación a la oponibilidad de la condenación y, así lo hizo, por lo que resulta innecesario valorar si con dicha aseveración la corte a-qua incurrió en alguna desnaturalización, puesto que, de así haberlo hecho, tal vicio devendría inoperante y no justificaría la casación de su sentencia; que en este mismo sentido, también resulta inoperante la contradicción invocada consistente en que en la página 6 de la sentencia impugnada la corte a-qua comprobó que el Juzgado de Paz de Piedra Blanca había sido apoderado de una acción civil accesoria a la acción pública, incoada por S.D.R. contra J.E.P. y C.D.S., con oponiblidad a la Compañía de Seguros La Unión, C. por A., en su calidad de aseguradora del vehículo causante del accidente, con la comprobación contenida en la página 7 en el sentido de que no figuraba en la sentencia de dicho Juzgado de Paz ningún pedimento de oponibilidad de la condenación a la compañía aseguradora, Fecha: 13 de enero de 2016

puesto que, se reitera, lo decisivo era verificar cuál fue el fallo del Juzgado de Paz con relación a la consabida oponibilidad; que, de igual modo, la corte tampoco estaba obligada a valorar ni el acto introductivo de la constitución en actor civil de S.A.D.R. en la causa original, ni la certificación de la Superintendencia de Seguros sobre la existencia de la póliza que se pretendía ejecutar, pues tal verificación le correspondía al Juez de Paz que conoció de la constitución en actor civil de S.A.D.R. y no era determinante para valorar la demanda en nulidad de mandamiento de pago de la cual estaba apoderada;

Considerando, que finalmente, el estudio de la sentencia impugnada revela que la misma contiene una relación completa de los hechos de la causa, así como motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo, lo que ha permitido a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, comprobar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley, razón por la cual procede rechazar los medios examinados y por consiguiente, el presente recurso de casación.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por S.A.D.R., contra la sentencia civil 71/2008, dictada el 30 de junio de 2008, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte Fecha: 13 de enero de 2016

de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de la presente sentencia; Segundo: Condena a S.A.D.R. al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor del L.. S.J.G.A., abogado de la parte recurrida, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 13 de enero de 2016, años 172º de la Independencia y 153º de la Restauración.

(Firmados).-Julio C.C.G..-V.J.C.E.-MarthaO.G.S..-

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.