Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 25 de Marzo de 2015.

Fecha de Resolución:25 de Marzo de 2015
Emisor:Primera Sala
 
CONTENIDO

Sentencia No. 212

Grimilda A. De Subero, Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una Sentencia de fecha 25 de Marzo de 2015, que dice:

SALA CIVIL Y COMERCIAL

Audiencia pública del 25 de marzo de 2015. Casa Preside: J.C.C.G..

D., Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por R.D.T.P. y M.R.G., dominicanos, mayores de edad, casados entre sí, domiciliados y residentes en los Estados Unidos de Norteamérica, contra la sentencia civil núm. 47-2012, dictada el 19 de marzo de 2012, por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, cuyo dispositivo figura copiado más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. J.C.N., por sí y por el Dr. J.M.N.C., abogados de la parte recurrente R.D.T.P. y M.R.G.;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. R.E.M., por sí y por los Licdos. E.B.J. y C.E.P. y P., abogados de la parte recurrida Banco de Reservas de la República Dominicana;

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina: “Único: Que procede RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por R.D.P.Y.M.R.G., contra la sentencia No. 47-2012 del diecinueve 19 de marzo del dos mil doce (2012), dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 18 de mayo de 2012, suscrito por el Dr. J.M.N. y la Licda. A.M.N., abogados de la parte recurrente R.D.T.P. y M.R.G., en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante; Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 13 de junio de 2012, suscrito por los Licdos. C.E.P. y P., E.B.J. y L.B.G.I., abogados de la parte recurrida Banco de Reservas de la República Dominicana;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 29 de junio de 2012, suscrito por el Licdo. Máximo F., abogado de la parte recurrida A.A.G.D. y G.D.A., S.A.;

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, del 10 de julio de 1997, los artículos 1, 20 y 65 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491/08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 13 de noviembre de 2013, estando presentes los magistrados J.C.C.G., P.; V.J.C.E., J.A.C.A. y F.A.J.M., asistidos del Secretario; Visto el auto dictado el 16 de marzo de 2015, por el magistrado J.C.C.G., P. de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a la magistrada M.O.G.S., jueza de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926, del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294, de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) que con motivo de una demanda en nulidad de sentencia de adjudicación y reivindicación interpuesta por R.D.T.P. y Menorca Rosario Gómez contra Banco de Reservas de la República Dominicana, A.A.G.D. y G.D.A., S. A, la Cámara de lo Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal dictó en fecha 27 de mayo de 2011, la sentencia civil núm. 00280-2011, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Se declara, buena y válida en cuanto a la forma, la presente demanda en N.ad de Sentencia de Adjudicación y Reivindicación, incoada por RAMÓN DARÍO TEJEDA PEGUERO Y MENORCA ROSARIO GÓMEZ, Mediante acto No 998 (sic), de fecha cinco (05) del mes de Octubre del año 2009, instrumentado por el ministerial PEDRO DE LA CRUZ MANZUETA, alguacil ordinario de la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, en contra BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, ALCIBÍADES ARIEL GUZMÁN DIPLÁN y GUZMAN DIPLÁN AUTOS, S.A., por haber sido hecha conforme a la ley, y en cuanto al fondo; SEGUNDO: Se ordena la N.ad de la Sentencia No. 385-2009, dictada por este tribunal en fecha Veinticinco (25) del mes de A.osto del año 2009, mediante la cual se adjudica al BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA el bien inmueble objeto de la presente litis, por los motivos precedentemente expuestos; TERCERO: Se condena al BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, la Reivindicación inmediata del inmueble: "PARCELA NO. 405 DEL DISTRITO CATASTRAL NO. 4, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL, SECCIÓN LA PARED, LUGAR MONTE ADENTRO, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, LA CUAL TIENE UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE UNA (1) HÉCTAREA, CUARENTA y NUEVE (49) ÁREAS, VEINTICUATRO (24) CENTIÁREAS, CON LOS SIGUIENTES LINDEROS: AL NORTE: LEONCIO BONU; AL ESTE: CAMINO ADENTRO: AL SUR: CAMINO A MONTE ADENTRO; AL OESTE: JUAN FAS Y TITO VALDEZ, AMPARADA POR EL CERTIFICADO DE TÍTULO NÚMERO 13921, REGISTRADO EN EL LIBRO 74, FOLIO NO. 153, DE FECHA VEINTE (20) DEL MES DE ENERO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO (1988)", correspondiente a los señores R.T. DARÍO PEGUERO y MENORCA ROSARIO GÓMEZ, por los motivos precedentemente expuestos; CUARTO: Se ordena al Registrador de tulos del Departamento J.al de San Cristóbal la cancelación de las cargas y gravámenes tomadas sobre el inmueble por el Banco de Reservas de la República Dominicana, tan pronto sea notificada la sentencia; QUINTO: Se condena al Banco de Reservas de la República Dominicana y a los señores ALCIBÍADES ARIEL GUZMÁN DIPLÁN y la compañía GUZMÁN DIPLÁN AUTOS, S. A., en forma solidaria, al pago de las costas del procedimiento, disponiendo su distracción en provecho del DR. JOMENELO NÚÑEZ CASTILLO, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte; SEXTO: Se COMISIONA al ministerial DIOMEDES CASTILLO MORETA, Alguacil de Estrados de este tribunal, para la notificación de la presente sentencia” (sic); b) que no conforme con dicha decisión el Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 653/11, de fecha 1ro. de julio de 2011, del ministerial T.B.O., alguacil ordinario de la Sexta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en ocasión del cual la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal dictó el 19 de marzo de 2012, la sentencia civil núm. 47-2012, ahora impugnada, cuya parte dispositiva copiada textualmente, establece lo siguiente: PRIMERO: Declara regular y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto el Banco de R.vas de la R.a D.cana, BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES, contra la sentencia civil marcada con el número 280/11 dictada en fecha 27 de mayo del 2011 por el Juez titular de la Cámara de lo Civil y Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito J.ial de San Cristóbal; SEGUNDO: En cuanto al fondo, y por las razones expuestas, y en virtud del imperium con que la ley inviste a los tribunales de alzada, acoge dicho recurso y revoca en todas sus partes la sentencia recurrida, y por vía de consecuencias rechaza la demanda en demanda en nulidad de la sentencia de adjudicación número 998 (sic) de fecha 5 de octubre del 2009 dictada por la Cámara a-qua y en reivindicación de inmueble incoada por los señores R.D.T. y MENORCA ROSARIO GÓMEZ contra el BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES; TERCERO: Condena a los señores RAMÓN DARÍO TEJEDA y MENORCA ROSARIO GÓMEZ al pago de las costas del procedimiento ordenando su distracción a favor y provecho de los LICDOS. C.P."#000500">REZ y PÉREZ, ERASMO BATISTA JIMENES (sic) y LUIS BETHOVEN (sic) GABRIEL INOA”;

Considerando, que los recurrentes proponen en su memorial los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa; Segundo Medio: Falta de base legal”;

Considerando, que en apoyo de su primer medio de casación, los recurrentes alegan, en síntesis, que la corte a-qua ha dictado una decisión que ha desnaturalizado todos los hechos de la causa, ya que en el primer considerando de la página 18 de la sentencia recurrida se establece que en la audiencia del 14 de septiembre de 2001 se ordenó un peritaje a petición del Banco de Reservas para determinar la veracidad de las firmas estampadas en el poder especial de fecha 24 de julio de 2006, la cual reiteradamente ha negado haber estampado el señor R.D.T.P., y en virtud de que las partes concluyeron al fondo en la audiencia de fecha 6 de noviembre de 2011, se entiende que renunciaron a la referida medida; que los recurrentes siempre han alegado que el Poder de fecha 24 de julio de 2006, en base al cual fue practicado el embargo inmobiliario en cuestión, era falso, lo que fue probado por el INACIF en el informe rendido en donde se comprobó que la firma del señor R.D.T.P. era falsa y cuando los recurrentes solicitaron en primera instancia el experticio caligráfico el Banco de Reservas se opuso a esa medida alegando que no tenía en su poder el acto original; que en la instrucción del proceso ante la corte a-qua el Banco también manifestó que no poseía el original del referido poder y como es lógico los hoy recurrentes se opusieron a la celebración de la medida porque no había ningún elemento nuevo que la justificara, si el original no era aportado por el Banco, entonces el experticio se realizaría nueva vez sobre una copia lo que carecía de sentido; que la corte a-qua en el segundo considerando de la misma página 18, para desestimar la prueba emanada del INACIF se remite al acto No. 699/2009 y dice que en el mismo se operó una “declaración-confesión” porque del mismo se desprende que los hoy recurrentes afirmaron que eran fiadores reales de la compañía G.D.A., representada por los señores A.A.G.D., y que por lo tanto entendía que los hoy recurrentes sí dieron consentimiento para el contrato de préstamo; que la corte a-qua ha dado una interpretación errónea del acto en cuestión, notificado al Banco de Reservas y en el cual se le informa que los hoy recurrentes pagaron un préstamo a la compañía Inversiones Tornillo el cual se encontraba a nombre de A.A.G.D. y mediante el pago de ese préstamo se subrogaban en los derechos de la referida compañía Inversiones Tornillo por los efectos del artículo 1249 del Código Civil; que en ningún momento los hoy recurrentes afirmaron que eran fiadores reales del señor A.A.G.D. o de la compañía G.D.A., si hay algo que persiste en todas las diligencias procesales, escritos e instancias emanadas de los recurrentes es que los mismos fueron víctimas de un fraude y nunca fueron fiadores del mencionado señor ni de su compañía; que este argumento fue sostenido y probado por los recurrentes por las pruebas que obran en el expediente, las que demuestran que el poder del 24 de julio de 2006 que sirve de fundamento al crédito del embargo practicado por el Banco de Reservas es resultado de un fraude y por tanto nulo;

Considerando, que de la ponderación de los documentos contenidos en el presente expediente, incluyendo la decisión ahora impugnada en casación, resulta: 1) que según consta en el poder especial de fecha 24 de julio de 2006, los señores R.D.P. (sic) y M.R. le otorgaron poder al señor A.A.G.D. para que en sus nombres y representación pueda hipotecar por ante cualquier institución bancaria del país, recibir línea de crédito, a cualquier interesado, poniendo como garantía el inmueble que se describe a continuación: “Parcela No. 405, del Distrito Catastral No. 4, de San Cristóbal, amparada bajo el Certificado de Título No. 2005-000095, expedido por el Registrador de Títulos de San Cristóbal, en fecha 22 de marzo del año 2005, la cual tiene una extensión superficial de 14,924 Mts2”; que a requerimiento de la Secretaria de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de San Cristóbal, el Instituto Nacional de Ciencias Forense (INACIF) realizó un experticio caligráfico, con el objetivo de determinar la autenticidad o falsedad de la firma que aparece en el mencionado poder especial de fecha 24 de julio de 2006 supuestamente plasmada por R.D.T.P., análisis que concluyó con el siguiente resultado: “El examen pericial determinó que la firma manuscrita que aparece sobre el poderdante en el poder marcado como evidencia (A), no es compatible con la firma y rasgos caligráficos del Sr. R.D.P.”; 2) que en base al referido Poder Especial, el Banco de Reservas de la República Dominicana suscribió en fecha 5 de septiembre de 2006 un contrato de línea de crédito con garantía hipotecaria con la entidad G.D.A., S. A. (deudora), representada por su presidente A.A.G.D. y los señores R.D.T.P. y Menorca Rosario (fiadores reales), también representados por el señor A.A.G.D., estipulándose en el mismo que el Banco de compromete y obliga a abrir una línea de crédito a favor de la deudora por la suma de RD$3,600,000.00 y que para seguridad y garantía del pago del capital adeudado, intereses y demás obligaciones que asume la deudora, los fiadores reales otorgan una hipoteca en primer rango a favor del Banco sobre el siguiente inmueble: la Parcela No. 405, del Distrito Catastral No. 4, con una extensión superficial de 14,924 metros cuadrados, ubicada en el Municipio y Provincia de San Cristóbal; 3) que por medio del acto núm. 699/2009 del 25 de junio de 2009, R.D.T.P. y M.R.G. le notifican al Banco de Reservas de la República Dominicana, entre otras cosas, que “son fiadores reales de la compañía G.D.A., S.A., entidad comercial representada por su Presidente, señor A.A.G.D., y provista del RNC 122005153, la cual es deudora del Banco de Reservas por la suma de cuatro millones cincuenta y nueve mil seiscientos pesos con noventa centavos (RD$4,059,660.00) (sic), conforme con la carta emitida por mi requerida, en fecha 4 de junio de 2009; …, en cuanto se refiere a la posible pérdida del inmueble dado por ellos en garantía real de la deuda de la compañía G.D.A., S.A., y del señor A.A.G.D., procediendo en primer lugar a obtener un compromiso personal por escrito del señor A.A.G.D. y luego a pagar la deuda contraída por dicho señor con la compañía Inversiones Tornillo, S.A., a la cual le otorgó en garantía hipotecaria el inmueble que se describe: Una porción de terreno de 9,968 metros cuadrados dentro de la Parcela número 20-A-2-A-39-A, del Distrito Catastral número 2 del Distrito Nacional, amparada por la Matrícula 0100056729, conforme con el certificado de título emitido al propietario por el Registrador de Títulos del Distrito Nacional, el 28 de enero de 2009, el cual reposa en poder de los requerientes, al igual que la Certificación de Registro de Acreedor”; 4) que con motivo de un procedimiento de embargo inmobiliario seguido por el Banco de Reservas de la República Dominicana contra R.D.T.P. y Menorca Rosario, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal dictó en fecha 25 de agosto de 2009, la sentencia núm. 00385-2009, mediante la cual se declaró al persiguiente adjudicatario por la suma de RD$4,124,660.90 del siguiente inmueble: “Parcela 405, del Distrito Catastral No. 04, con una superficie de 14,924.00 MTS2, ubicada en el Municipio de San Cristóbal, provincia S.C., identificado con la matrícula 3319SC10002”; 5) que los señores R.D.T.P. y Menorca Rosario, mediante acto núm. 988 de fecha 5 de octubre de 2009, instrumentado por el ministerial P. De la Cruz Manzueta, ordinario de la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, emplazaron al Banco de Reservas a fin de conocer de la demanda en nulidad de la sentencia de adjudicación antes señalada y reivindicación del inmueble embargado; 6) que dicha demanda fue acogida mediante la decisión núm. 00280-2011 emitida en fecha 27 de mayo de 2011, por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; que dicho fallo fue recurrido en apelación por el Banco de Reservas de la República Dominicana, recurso que culminó con la sentencia hoy impugnada;

Considerando, que entre la motivación del fallo atacado se hace constar lo siguiente: “Que si bien es cierto, como se lleva precedentemente transcrito, que conforme el informe rendido por el INACIF, la firma estampada en el poder otorgado en fecha 24 de julio del año 2006 no se corresponde con los rasgos caligráficos del señor R.D.P., por lo que, y en principio por ser el producto de un fraude haría anulable el contrato hipotecario cuya ejecución se persiguió con el procedimiento de embargo inmobiliario, resulta ser no menos cierto que, son los propios demandantes quienes y en el acto número 699/2009 instrumentado por el ministerial P. De la Cruz Manzueta a requerimiento de los señores R.D.T.P. y M.R.G., estos declaran y admiten que: 1.- Los requerientes señores R.D.P. (sic) y M.R.G., son fiadores reales de la compañía G.D.A., S.A., entidad comercial representada por su presidente señor A.A.G.D., y provista del RNC-122005153, la cual es deudora del Banco de Reservas por la suma de Cuatro Millones Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Pesos con Noventa Centavos (RD$4,059,660.00) (sic), conforme con la carta emitida por mi requerida en fecha 4 de junio de 2009; 2.- Certificación de referencia consigna que el préstamo se encuentra en el departamento legal para los fines de su ejecución, por lo que los requerientes les advierten que han tomado las providencias tendentes a ser resarcidos por el señor A.A.G.D., en cuanto se refiere a la posible pérdida del inmueble dado por ellos en garantía real de la deuda de la compañía G.D.A., S.A. y del señor A.A.G.D., procediendo en primer lugar a obtener un compromiso personal por escrito del señor A.A.G.D. y luego a pagar la deuda contraída por dicho señor con la compañía Inversiones Tornillo, S.A., a la cual le otorgó en garantía hipotecaria el inmueble que se describe…; que a partir de esta declaración-confesión que emana del propio embargado que esta Corte derive y entienda que en la especie ciertamente que los demandantes sí dieron su consentimiento para la realización del contrato de préstamo con la garantía del inmueble adjudicado a favor del Banco de Reservas por la sentencia cuya nulidad se procura, lo que hace descartar en la especie la aplicación del artículo 1116 del Código Civil, sobre el cual fundamenta el juez a-quo la sentencia impugnada” (sic); Considerando, que el vicio de desnaturalización supone que a los hechos establecidos como verdaderos no se les ha dado el sentido y alcance inherente a su propia naturaleza; que en la especie, los jueces después de examinar y estudiar los documentos aportados al proceso, de manera especial, el citado acto núm. 699 del 25 de junio de 2009, expresaron que en dicho acto los demandantes declararon y admitieron ser fiadores reales de la compañía G.D.A., S.A., representada por su presidente señor A.A.G.D., y que basándose en esa “declaración-confesión” pudieron establecer que los hoy recurrentes dieron su consentimiento para la realización del contrato de préstamo con la garantía del inmueble adjudicado a favor del Banco de Reservas, cuya descripción, como se ha dicho precedentemente, es la siguiente: “ la Parcela No. 405, del Distrito Catastral No. 4, con una extensión superficial de 14,924 metros cuadrados, ubicada en el Municipio y Provincia de San Cristóbal”; cuando en ese acto los recurrentes se reconocen como fiadores reales de la deuda contraída por la compañía G.D.A., S.A., y el señor A.A.G.D. con la entidad Inversiones Tornillo, S.A., para lo cual le otorgaron en garantía un inmueble distinto al adjudicado, a saber: “Una porción de terreno de 9,968 metros cuadrados dentro de la Parcela número 20-A-2-A-39-A, del Distrito Catastral número 2 del Distrito Nacional, amparada por la matrícula 0100056729, conforme con el certificado de título emitido al propietario por el Registrador de Títulos del Distrito Nacional, el 28 de enero de 2009”, tal y como se comprueba de la simple lectura del referido acto núm. 699; que lo anteriormente expuesto evidencia que de tal documento no se puede derivar un reconocimiento de parte de los recurrentes de haber dado su consentimiento para la realización del contrato de préstamo con la garantía del inmueble adjudicado; que al decidir lo contrario, la jurisdicción a-qua incurrió en la desnaturalización de los hechos de la causa, al atribuirle un sentido y alcance que no le corresponde; que por tanto, procede casar la sentencia impugnada sin necesidad de examinar el otro medio del recurso.

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia marcada con el núm. 47-2012 dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, en atribuciones civiles, el 19 de marzo de 2012, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en las mismas atribuciones; Segundo: Condena a los recurridos Banco de Reservas de la República Dominicana, A.A.G.D. y G.D.A., S.A., al pago de las costas del procedimiento, y ordena su distracción en provecho del Dr. J.M.N.C. y la Licda. A.M.N., quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 25 de marzo de 2015, años 172º de la Independencia y 152º de la Restauración.
(FIRMADOS).- V.J.C.E..- J.A.C.A..- F.A.J.M..- G.A., Secretaria General.-

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.prg