Sentencia nº 146 de Suprema Corte de Justicia, del 31 de Enero de 2018.

Fecha de Resolución31 de Enero de 2018
EmisorPrimera Sala

Sentencia No. 146

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 31 de enero de 2018, que dice así:

SALA CIVIL Y COMERCIAL

Audiencia pública del 31 de enero de 2018 Rechaza Preside: Francisco Antonio Jerez Mena

Dios, Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por el señor H.A.H., dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0859039-9, domiciliado y residente en la manzana 57, núm. 10, Urbanización Primaveral, sector V.M., Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo, contra la sentencia civil núm. 273, dictada el 30 de junio de 2004, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del magistrado procurador general de la República, el cual termina: “Que procede Rechazar, el recurso de casación interpuesto por el Señor F.A.H., contra la Sentencia No. 273-04, de fecha 30 del mes de junio del 2004, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional” (sic);

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 23 de agosto de 2004, suscrito por el Dr. J.A.. de J.U. y el Lcdo. R.A.G., abogados de la parte recurrente, H.A.H., en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 5 de octubre de 2004, suscrito por los Lcdos. G.M.G. y N.A.C.S., abogados de la parte recurrida, Banco Popular Dominicano, C. por A.;

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25-91, del 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 28 de septiembre de 2005, estando presentes los magistrados R.L.P., presidente; M.A.T., E.M.E., A.R.B.D. y J.E.H.M., asistidos de la secretaria;

Visto el auto dictado el 15 de enero de 2018, por el magistrado F.A.J.M., presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo y a los magistrados B.R.F.G. y J.A.C.A., jueces de esta S., para integrarse a esta en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926-35, del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294-40, de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta que: a) con motivo de una demanda en nulidad de mandamiento de pago, embargo inmobiliario, demanda en daños y perjuicios incoada por el señor H.A.H. contra el Banco Popular Dominicano, C. por A., la Cámara Civil y Comercial de la Segunda Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó la sentencia relativa al expediente núm. 595-2000, de fecha 4 de abril de 2000, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Se declara I. la presente demanda en Nulidad de Mandamiento de Pago, Embargo Inmobiliario, Daños y Perjuicios, por los motivos ya expuestos; SEGUNDO: Ordena la continuación del procedimiento de Embargo Inmobiliario de que se trata; TERCERO: Compensa las costas del procedimiento”; b) no conforme con dicha decisión el señor H.A.H. interpuso formal recurso de apelación contra la sentencia antes descrita, mediante acto núm. 208-2000, de fecha 24 de abril de 2000, instrumentado por el ministerial F.S., alguacil ordinario del Tribunal Especial de Tránsito del Distrito Nacional, el cual fue resuelto por la sentencia civil núm. 273, de fecha 30 de junio de 2004, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente:PRIMERO: DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación intentado por el señor H.A.H., mediante acto No. 208-2000 del 24 de abril del 2000, instrumentado por el ministerial F.S., alguacil ordinario del Tribunal Especial de Tránsito del Distrito Nacional, por haberse intentado conforme a las normas procesales que rigen la materia; SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto al fondo, el referido recurso de apelación, por los motivos antes expuestos, y en tal virtud, CONFIRMA en todas sus partes la sentencia relativa al expediente No. 595/2000 de fecha cuatro del mes de abril del año 2000, dictada por la entonces Cámara Civil y Comercial de la Segunda Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, objeto del presente recurso de apelación; TERCERO: CONDENA a la parte recurrente, H.A. HERNÁNDEZ, al pago de las costas, sin distracción de las mismas por tratarse de incidente de embargo inmobiliario";

Considerando, que el recurrente propone en su memorial de casación contra la sentencia impugnada, los siguientes medios: “Primer Medio: Violación del artículo 1315 del Código Civil Dominicano, falta de prueba; Segundo Medio: Violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, violación al derecho de defensa y desnaturalización de los hechos, contradicción de motivos; Desnaturalización de los hechos, contradicción de motivos, de los documentos de la causa, pronunciamiento ultra petita, violación al principio de la inmutabilidad del proceso; Tercer Medio: Violación del artículo 215 de la Ley 855 del año 1978; Cuarto Medio: Violación de los artículos 1349 y 1352 Código Civil Dominicano; Quinto Medio: Falsa atribución de los bienes de la comunidad, violación de los artículos 1401, párrafo 3ro., y 1404 del Código Civil Dominicano; Sexto Medio: Violación del artículo 1317 del Código Civil; Séptimo Medio: Violación a los principios fundamentales del doble grado de jurisdicción; Octavo Medio: Violación a la letra J del acápite 2 del artículo 8 de la Constitución Dominicana, por vía de consecuencia del Derecho de defensa del recurrente; Noveno Medio: Contradicción de sentencia;

Considerando, que por su carácter perentorio, es preciso referirnos en primer orden al pedimento incidental planteado por la parte recurrida mediante su memorial de defensa, en el sentido de que se declare inadmisible el presente recurso de casación “de conformidad con las disposiciones contenidas y previstas por el artículo 12 de la Ley 3726 sobre Procedimiento de Casación y por aplicación de los artículos números 44 y siguientes de la Ley núm. 834”; que en el desarrollo de su medio de inadmisión sostiene la recurrida, en esencia, que el artículo 730 del Código de Procedimiento Civil tiene por propósito evitar que los recursos medite los cuales se impugnan las sentencias sean utilizados con fines puramente dilatorios del procedimiento de embargo inmobiliario, por lo que la sentencia impugnada no es susceptible de ningún recurso ;

Considerando, que la parte recurrida sustenta su medio de inadmisión, por un lado en las disposiciones del artículo 12 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, el cual establece lo relativo a las demandas en suspensión en curso del recurso de casación sin crear fin de no recibir alguno que pudiera afectar el recibimiento del presente recurso, y de otro lado en las disposiciones del artículo 730 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone: “No serán susceptibles de ningún recurso las sentencias sobre nulidades de forma del procedimiento, anteriores o posteriores a la publicación del pliego de condiciones, ni las que decidieren sobre la demanda de subrogación contra la parte que ejecute el embargo, siempre que no se hubiere intentado por causa de colusión o de fraude, ni las que, sin decidir sobre los incidentes, hicieren constar la publicación del pliego de condiciones”;

Considerando, que, en virtud del texto legal citado, las sentencias que deciden sobre nulidades de forma del procedimiento de embargo inmobiliario no son susceptibles de ningún recurso; que la mencionada prohibición tiene por objeto evitar que los recursos que se interpongan contra tales decisiones sean utilizados con fines puramente dilatorios; que las nulidades de forma están fundadas en la existencia de un vicio, irregularidad o incumplimiento de los requisitos de validez relativos al aspecto exterior de un acto jurídico y se oponen a las nulidades de fondo, las cuales están fundadas en los vicios, irregularidades o incumplimiento de los requisitos de validez relativos a la esencia y naturaleza intrínseca del acto jurídico;

Considerando, que en la especie, originalmente se trató de una demanda en nulidad de mandamiento de pago y daños y perjuicios interpuesta por el señor H.A.H. contra el Banco Popular Dominicano, C. por A., la cual fue declarada inadmisible en primer grado por constituir un incidente del embargo inmobiliario que no fue intentada en la forma y plazo del artículo 728 del Código de Procedimiento Civil, aspecto que fue confirmado por la corte a qua y que no es objeto de contestación en la presente instancia de casación; que en ese sentido, la referida demanda en nulidad se encontraba fundamentada en que el inmueble embargado formaba parte de la comunidad legal fomentada entre el recurrido y la embargada, señora M.E.A.P., el cual fue dado en garantía del préstamo otorgado por el banco ejecutante valiéndose de un certificado de título obtenido mediante un poder falso que no fue firmado por el recurrente, siendo nulo el embargo por recaer sobre una cosa ajena y de una persona no deudora; que obviamente la referida nulidad se encontraba fundamentada en una irregularidad de fondo y no de forma, ya que impugna que el inmueble embargado y dado en garantía a la parte recurrida pertenece a la comunidad de bienes del recurrente, quien alega no ser deudor, en consecuencia, susceptible de recursos, razón por la cual se rechaza la inadmisibilidad propuesta;

Considerando, que previo al análisis de los medios de casación planteados por la parte recurrente es preciso referiros a las siguientes cuestiones de hecho que se derivan del fallo impugnado: a) que el Banco Popular Dominicano, C. por A., inició un procedimiento de embargo inmobiliario en perjuicio de la señora M.E.A.P.; b) que el ahora recurrente, señor H.A.H., interpuso una demanda en nulidad de mandamiento de pago, nulidad de embargo inmobiliario y reparación de daños y perjuicios, la cual fue declarada inadmisible por la Cámara Civil y Comercial de la Segunda Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante la sentencia relativa al expediente núm. 595-2000, de fecha 4 de abril de 2000; c) no conforme con dicha decisión, el señor H.A.H. interpuso formal recurso de apelación, solicitando al tribunal de alzada en la última audiencia celebrada a efectos del asunto las medidas de comparecencia personal de las partes e informativo testimonial, las cuales fueron rechazadas por la corte a qua así como el fondo del asunto, mediante la sentencia objeto del presente recurso de casación;

Considerando, que en sus medios primero, tercero, cuarto, quinto y sexto, analizados de forma conjunta por estar estrechamente vinculados, plantea la parte recurrente, en síntesis: “que probó que existe una comunidad conforme acta de matrimonio, en cambio, la recurrida no ha demostrado cuál es la responsabilidad contractual del recurrente, ya que conforme el contenido de la sentencia se comprueba que en ningún momento ni se ha probado la verdadera razón que justifique el proceso, por lo que no podía declararse incumplimiento por parte de la señora M.A.P., lo cual además no liga la responsabilidad del recurrente; que existen las pruebas que demuestran fehacientemente la falta cometida por la recurrida, ocasionándole daños al recurrente, pues la prueba de la inejecución contractual está ausente frente al recurrente; que la corte a qua expuso razonamientos que no son valederos para justificar su dispositivo, ya que no basta probar solamente que la mujer era soltera cuando adquirió el título, sino que hay que probar lo contrario a lo establecido en el acta de matrimonio, la cual es un acto auténtico, teniendo la obligación el tribunal de decidir sobre su contenido; que cuando se trate de un hecho conocido, como en la especie, los jueces no deben fundamentar sus argumentos en presunciones, por ser cosas específicas y reales, a saber, se trata de un bien de la comunidad, entonces con los documentos aportados es que deben fundar su sentencia; que en el presente caso, las partes compraron el inmueble en sociedad y posteriormente pasó a ser de la comunidad; que los artículos 1317 y 1320 del Código Civil establecen la validez del acto bajo firma privada, por lo que los jueces tienen la obligación de ponderarlo o de lo contrario incurren en denegación de justicia, más aún cuando las partes lo solicitan, y en la especie denegaron las peticiones”;

Considerando, que como se advierte, los vicios invocados por la parte recurrente en los medios citados se refieren a cuestiones de fondo referentes a la demanda en nulidad y daños y perjuicios interpuesta por este contra la parte recurrida, los cuales no tienen ninguna relación con la decisión adoptada por la corte a qua, en virtud de que esta se limitó a confirmar la sentencia de primer grado que declaró inadmisible la referida demanda fundamentándose en que no había sido lanzada en la forma y plazos de los artículos 718 y 728 del Código de Procedimiento Civil; que uno de los efectos de las inadmisibilidades, si se acogen, es que impiden la continuación y discusión del fondo del asunto, por lo que en este caso al haberse declarado inadmisible la demanda inicial, lo cual fue confirmado en segundo grado, estaba vedado a la corte el conocimiento de los méritos de las pretensiones de fondo formuladas por las partes a las cuales precisamente se refiere el ahora recurrente; que, en estas circunstancias, es evidente que los medios primero, tercero, cuarto, quinto y sexto del presente recurso de casación resultan imponderables y en consecuencia deben ser desestimados;

Considerando, que en los medios segundo y octavo alega la parte recurrente que la corte a qua negó las medidas de comparecencia personal de las partes e informativo testimonial que les fueron solicitadas sosteniendo en su fundamento únicamente que estas resultaban innecesarias para formar la religión del asunto, con lo cual ha violado el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; que depositó en las instancias que anteceden un legajo de documentos respecto del cual no se pronunciaron ni a favor ni en contra, limitándose a establecer la falta de calidad del recurrente y excluyéndolo del proceso, y sin permitirle el conocimiento de las medidas de instrucción de comparecencia personal de las partes e informativo testimonial con las cuales probaría tanto la calidad como la comunidad existente en relación al inmueble de que se trata, con lo cual se ha violentado su derecho de defensa;

Considerando, que conforme consta en la sentencia impugnada, la ahora parte recurrente solicitó al tribunal de segundo grado que ordenara la celebración de las medidas de instrucción consistentes en la comparecencia personal de las partes y un informativo testimonial, lo cual fue rechazado, exponiendo la alzada el siguiente motivo: “que resulta necesario decidir en primer lugar sobre la comparecencia personal de las partes y el informativo testimonial solicitado por la parte recurrente, así como también sobre la solicitud de prórroga de la medida de comunicación de documentos presentada por la parte recurrida; que en tal tenor este tribunal decide rechazar las pretensiones antes indicadas por entenderlas innecesarias para formar la religión de este tribunal; que es criterio jurisprudencial vigente que los jueces de fondo no incurren en vicio alguno ni lesionan el derecho de defensa de las partes cuando con los documentos del proceso y los elementos de convicción sometidos al debate declaran frustratoria e innecesaria la medida de comparecencia personal solicitada, por estar dentro de su poder soberano la apreciación de su pertinencia o no, lo mismo que con relación a la comunicación de documentos”;

Considerando, que ha sido criterio constante de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando en funciones de Corte de Casación, que los jueces de fondo disponen de suficiente autoridad para ordenar o desestimar, como mejor convenga a una adecuada administración de justicia, las medidas de instrucción que les propongan las partes litigantes, siempre que su decisión no viole la ley ni constituya un atentado al debido proceso, lo que no ocurre en la especie, toda vez que la alzada, dentro de su poder soberano de apreciación, estimó que las medidas propuestas resultaban innecesarias atendiendo a la documentación aportada al proceso, con lo cual además ha establecido los motivos que justifican su decisión, razón por la cual se desestima este aspecto del medio que se examina;

Considerando, que con relación a que la corte a qua no valoró el legajo de documentos aportados al expediente formado a propósito del recurso de apelación, es un criterio constante de esta jurisdicción que los jueces en el ejercicio de sus facultades soberana en la depuración de las pruebas pueden ponderar únicamente aquellos documentos que consideren pertinentes para la solución del litigio, sin incurrir en vicio alguno salvo que se demuestre que los documentos omitidos son decisivos, lo que no acontece en la especie, ya que si bien se advierte el depósito por parte del ahora recurrente de ciertos documentos ante la alzada, no ha sido establecido como estos habrían conducido a una solución distinta del caso, es decir su influencia en el aspecto controvertido; que además, al entender la corte, al igual que el juez de primer grado, que la demanda resultaba inadmisible, es obvio que las medidas solicitadas por el recurrente tampoco resultaban idóneas para la solución del litigio, razón por la cual este aspecto también debe ser desestimado y con este los medios que se analizan;

Considerando, que en el séptimo medio endilga la parte recurrente al fallo criticado la violación al principio fundamental del doble grado de jurisdicción, en virtud de que el juez que conoció y decidió el asunto en primer grado revisó su propia sentencia en la corte, cuando por ética debió inhibirse de oficio;

Considerando, que en el medio examinado la parte recurrente plantea cuestiones relativas a la inhabilidad de uno de los magistrados de la corte para conocer del recurso de apelación, deliberar y fallar en el caso, en virtud de que fue el juzgador del asunto en primer grado y su alegado deber de inhibirse, debiendo realizar esta sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia varias precisiones al respecto; que en ese sentido, no consta que la parte recurrente ni ninguno de los involucrados en el litigo haya presentado por ante la citada jurisdicción la queja que ahora tramita; que, además, dicho medio no tiende a hacer anular la decisión impugnada, toda vez que si una parte entiende que el juez apoderado del caso debe inhibirse de conocer del mismo, no le corresponde procesalmente alegar dicha inhibición en casación, sino que para que le sean decididas sus pretensiones debe ejercer, como tiene derecho, al tenor de sus afirmaciones al respecto, el procedimiento de recusación establecido en los artículos 378 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, lo cual no hizo; que por último, aún y cuando la situación expuesta por el recurrente diere lugar a una causa para abstenerse del conocimiento del asunto, sin el voto del referido juzgador la decisión cuenta con el cuórum requerido por ley para ser válido, por lo que procede el rechazo del medio examinado;

Considerando, que en su noveno y último medio alega la parte recurrente que en la sentencia impugnada se incurrió en el vicio de contradicción de sentencias, en razón de que el juez de primer grado que dictó la sentencia, confirmada por la corte a qua, también dictó la sentencia núm. 1669-99, de fecha 31 de agosto de 2000, en cuyo dispositivo admitió el divorcio entre los señores M.E.A.P. e H.A.H. por la causa determinada de incompatibilidad de caracteres, con lo cual se manifiesta que en una sentencia establece que es soltero y en otra casado;

Considerando, que el tribunal de alzada rechazó el recurso de apelación que le apoderaba en base a los siguientes motivos: “que esta corte sostiene el criterio de que el dispositivo de la sentencia atacada debe ser mantenido, toda vez que la nulidad de los actos de procedimiento tiene que ser pronunciada en el curso de la instancia y, por ser la referida demanda en nulidad de mandamiento de pago, una demanda incidental del procedimiento de embargo inmobiliario seguido por el Banco Popular Dominicano, C. por A., contra la señora M.E.A.P., por haber sido esta intentada después de iniciado el procedimiento de embargo, la misma debió ser intentada en la forma prescrita por el artículo 718 del Código de Procedimiento Civil y en los plazos indicados por el artículo 728 del mismo código, por referirse al procedimiento que precede a la lectura del pliego de condiciones; todo esto en adición a las razones contenidas en la sentencia recurrida”; que como la corte a qua adicionó a sus motivos los también vertidos por el juez de primer grado en su sentencia, es preciso transcribirlos: “que la presente demanda de embargo debe ser rechazada en razón de que el embargo de que se trata ya había sido denunciado e inscrito a la fecha de dicha demanda y además porque la misma debió ser intentada en la forma y plazo indicados por el artículo 728 del Código Procedimiento Civil, todo esto, independientemente de que el demandante no demostró tener calidad para intentar esta acción, pero su inadmisibilidad no se pronuncia por no haberlo pedido en sus conclusiones al banco demandado”;

Considerando, que los antecedentes fácticos y jurídicos acaecidos en la especie ponen de manifiesto que el motivo que fundamentó la inadmisibilidad declarada por las jurisdicciones anteriores lo fue el hecho de que la demanda en nulidad y reparación de daños y perjuicios no había sido interpuesta en la forma y plazo del artículo 728 del Código de Procedimiento Civil, ya que a la fecha de su interposición el embargo había sido denunciado e inscrito, es decir, que se trataba de una contestación incidental que debía sujetarse a las previsiones del texto legal indicado; que contrario a lo alegado por el recurrente, no fue la falta de calidad lo que sustentó la inadmisibilidad de la demanda, muchos menos el estado civil del ahora recurrente, por lo que no es plausible hablar de incompatibilidad entre la sentencia ahora criticada en casación y otra decisión dictada con posterioridad que admitió el divorcio entre el recurrente y la nombrada “M.E.A.P.”, razón por la cual se rechaza el presente medio y con ello el recurso de casación de que se trata;

Considerando, que en aplicación del artículo 65 de la indicada Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, procede condenar a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas a favor de los abogados de la parte recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor H.A.H. contra la sentencia civil núm. 273, dictada el 30 de junio de 2004, por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente, señor H.A.H., al pago de las costas procesales con distracción de las mismas a favor de los Lcdos. N.A.C.S. y G.M.G., quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 31 de enero de 2018, años 174º de la Independencia y 155º de la Restauración.

(Firmados).- F.A.J.M..- B.R.F.G..- J.A.C.A..-

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, secretaria general, que certifico.

La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 05 de julio de 2018, para los fines correspondientes.

C.A.R.V..

Secretaria General