Sentencia nº 163 de Suprema Corte de Justicia, del 31 de Enero de 2018.

Fecha de Resolución:31 de Enero de 2018
Emisor:Primera Sala
 
CONTENIDO

Sentencia No. 163

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 31 de enero de 2018, que dice así:

SALA CIVIL Y COMERCIAL

Audiencia pública del 31 de enero de 2018. Rechaza

Dios, Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por la señora M.A.R., dominicana, mayor de edad, casada, comerciante, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 050-0022432-8, domiciliado y residente en la ciudad de Jarabacoa, provincia La Vega, contra la sentencia civil núm. 65, de fecha 17 de julio de 2003, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, cuyo dispositivo figura copiado más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; Oído en la lectura de sus conclusiones al Lcdo. J.O.A., abogado de la parte recurrida, Banco de Reservas de la República Dominicana;

Oído el dictamen del magistrado procurador general de la República, el cual termina: “Que procede rechazar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por (sic) Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación, en fecha 17 de julio de 2003, por los motivos expuestos”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 1ro de diciembre de 2003, suscrito por el Dr. G.G., abogado de la parte recurrente, M.A.R., en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 17 de diciembre de 2003, suscrito por los Lcdos. J.O.A.A. y J.G.J., abogados de la parte recurrida, Banco de Reservas de la República Dominicana;

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana, es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25-91 de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97 del 10 de julio de 1997, los artículos 1 y 65 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 6 de octubre de 2004, estando presentes los magistrados R.L.P., presidente; M.T., E.M.E., A.R.B.D. y J.E.H.M., asistidos de la secretaria;

Visto el auto dictado el 9 de octubre de 2017, por el magistrado M.A.R.O., en función de presidente, por medio del cual se llama a sí mismo, y a los magistrados P.J.O. y J.A.C.A., jueces de esta sala, para integrarse a esta en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926-53 de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294-40 de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere consta que: a) con motivo de un recurso de tercería interpuesto por los señores M.A.R. y A.R. contra el Banco de Reservas de la República Dominicana, la Cámara Civil y Comercial de la Segunda Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, dictó el 18 de diciembre de 2002, la sentencia civil núm. 2961-Bis, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Se rechaza la solicitud hecha por la parte demandante por improcedente y mal fundada; SEGUNDO: Nos reservamos el fallo del fin de inadmisión requerido por la parte demandada para ser decidido en una próxima audiencia; TERCERO: Se concede un plazo de diez (10) días a la parte demandada a fin de ampliar sus conclusiones; CUARTO: Se reservan las costas”(sic); b) no conformes con dicha decisión, los señores M.A.R. y A.R., apelaron la sentencia antes indicada, mediante acto núm. 43-2003, de fecha 27 de enero de 2003, instrumentado por el ministerial Á.C.M., alguacil de estrados de la Segunda Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de La Vega, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia civil núm. 65, de fecha 17 de julio de 2003, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: PRIMERO: Se declara la inadmisibilidad del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia civil No. 2961-Bis, de fecha 18 de Diciembre del año 2002, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Segunda Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, por haber operado frente al mismo la caducidad del plazo y tener la sentencia un carácter preparatorio; SEGUNDO: Condena a las partes recurrentes señores MILAGROS ALTAGRACIA RODRÍGUEZ Y ANTONIO RAMOS, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho de los abogados LICDOS. J.O.A.A.Y.E.P.F. y el DR. E.A.O.M., quienes afirman haberlas avanzando (sic) en su mayor parte”;

Considerando, que la parte recurrente propone en su memorial, los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Violación Al artículo 443 del Código de Procedimiento Civil Dominicano y al debido proceso, artículo 8, numeral 2, acápite J de la vigente Constitución Política del Estado Dominicano; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos”;

Considerando, que en un primer aspecto de su primer medio de casación, la parte recurrente alega que la corte vulneró su derecho de defensa, en razón de que no colocó a las partes en mora de concluir sobre el fondo y que los incidentes que planteó el Banco de Reservas de la República Dominicana debieron acumularse para ser fallados conjuntamente con el fondo, lo que fue debidamente peticionado; que hay argumentos de orden público que debieron ser expuestos, y no pudieron serlo por el hecho de los jueces no acumular el incidente con el fondo;

Considerando, que para una mejor comprensión del caso, es preciso describir los siguientes elementos fácticos que se derivan del fallo impugnado: a) que mediante sentencia de adjudicación núm. 533 de fecha 16 de abril de 1998, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Segunda Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, el Banco de Reservas de la República Dominicana resultó adjudicatario de un inmueble sobre el cual pesaba una garantía hipotecaria a su favor; que, en esa calidad de adjudicatario, el Banco procedió a vender dicho inmueble al señor J. de los Santos; b) los señores M.A.R. y A.R. interpusieron recurso de tercería contra la indicada sentencia de adjudicación, argumentando que no fueron citados en el curso del embargo inmobiliario, no obstante fungir como ocupantes del inmueble adjudicado; c) en el curso de ese proceso, el Banco de Reservas de la República Dominicana planteó un medio de inadmisión cuya acumulación pretendía la parte recurrente; pedimento último que fue rechazado por el tribunal a quo, mediante sentencia in voce de fecha 18 de diciembre de 2002, que reservó el fallo del medio de inadmisión para una próxima audiencia; d) no conformes con esa decisión, M.A.R. y A.R. la recurrieron en apelación; recurso que fue decidido mediante la sentencia civil núm. 65 de fecha 17 de julio de 2003, ahora impugnada, que declaró la inadmisibilidad del recurso de apelación;

Considerando, que la corte a qua fundamentó su decisión de inadmisibilidad del recurso de apelación en los motivos que a continuación se transcriben: “Que en virtud del acto de apelación referido en otra parte de esta sentencia, el recurrente interpuso su recurso en fecha 27 de enero del año 2003; que partiendo del hecho de que el plazo comenzó a correr el día 18 de diciembre del año 2002, fecha en que fue pronunciada la sentencia en presencia de las partes y tomando la fecha de la interposición del recurso, se advierte que han transcurrido cuarenta (40) días; (…) que al juez a quo reservarse el fallo de las conclusiones incidentales para una próxima audiencia y rechazan la solicitud de acumulación, en modo alguno con su decisión resolvió punto de derecho de las partes, por tanto, no ha prejuzgado el fondo de la demanda, de lo que se colige que la sentencia recurrida tiene un carácter preparatorio”;

Considerando, que con relación a la acumulación de los incidentes, el artículo 4 de la Ley núm. 834-78 de 1978, prevé que: “el Juez puede, en la misma sentencia, pero por disposiciones distintas, declararse competente y estatuir sobre el fondo del litigio, salvo poner previamente a las partes en mora de concluir con el fondo, en una próxima audiencia a celebrarse en un plazo que no excederá de 15 días, a partir de la audiencia”;

Considerando, que si bien el artículo transcrito hace referencia expresa a la acumulación de una excepción de incompetencia, esta previsión legal se ha hecho extensiva a los demás pedimentos incidentales1,

con la finalidad de evitar la eternización de los procesos judiciales; que sin embargo y, contrario a lo establecido por la parte recurrente, no constituye una obligación de los jueces de fondo la acumulación de los incidentes para ser fallados conjuntamente con el fondo, sino que se trata más bien de una facultad sujeta a su soberana apreciación, debiendo valorar dichos jueces si resulta pertinente decidir el pedimento incidental al momento de ser planteado por una de las partes, o conjuntamente con el fondo, caso en que el expediente deberá encontrarse en condiciones de ser fallado, para evitar vulneración al derecho de defensa de las partes, consagrado constitucionalmente2; que en ese tenor, no incurre en el vicio denunciado la alzada por no acumular los incidentes que le fueron planteados;

Considerando, que de todas formas y, con relación al argumento de que la parte recurrente se vio imposibilitada de plantear argumentos de orden público por efecto de no acumular los incidentes, cabe destacar que, en el fallo impugnado, la corte se limitó a decidir las conclusiones incidentales de la parte recurrida, las que fueron debidamente contestadas por M.A.R., hoy recurrente en casación; motivo por

1 Ver sentencia núm. 7, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia en fecha 18 de agosto de 2004, B.J. 1125.

2 Artículo 8, numeral 2), literal J de la Constitución dominicana de 2002, vigente a la fecha de interposición del presente recurso de casación; mantenido en el artículo 69 de la Constitución proclamada el 13 de junio de 2015. el que, contrario a lo alegado, no se verifica vulneración a su derecho de defensa; que en consecuencia, el aspecto analizado debe ser desestimado;

Considerando, que en otro aspecto de su primer medio de casación, argumenta la parte recurrente que la corte incurrió en violación al derecho de defensa, pues no se preocupó por examinar el recurso de tercería;

Considerando, que se hace necesario recordar, que conforme al rigor procesal los pedimentos incidentales deben ser decididos con anterioridad a los planteamientos referentes al fondo del proceso, en razón de que tienen como finalidad eludir su conocimiento; que en la especie, se ha comprobado que la alzada se desapoderó declarando la inadmisibilidad del recurso de apelación, lo que implica que se veía impedida de valorar el fondo del recurso de tercería sometido al escrutinio del tribunal de primer grado, ya que el motivo de su desapoderamiento fue que no se encontraban dadas las condiciones necesarias para que el recurso fuere admitido; que por este motivo, este aspecto del medio también debe ser desestimado;

Considerando, que en el último aspecto de su primer medio y en su segundo medio de casación, la parte recurrente establece que al declarar inadmisible su recurso de apelación por violación al plazo prefijado, la corte transgredió el artículo 443 del Código de Procedimiento Civil, incurriendo también en desnaturalización de los hechos, toda vez que omitió ponderar que la sentencia apelada no fue notificada a la parte misma, sino a su representante legal, cuestión prohibida por el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil; de manera que la corte quebrantó disposiciones de orden público que pueden ser invocadas de oficio por la Suprema Corte de Justicia;

Considerando, que para lo que aquí se analiza, es necesario valorar el artículo 443 del Código de Procedimiento Civil, según el cual: “el término para apelar es de un mes tanto en materia civil como en materia comercial (…), el término se contará desde el día de la notificación de la sentencia a la persona condenada o a su representante o en el domicilio del primero”; que en ese sentido, en principio, legalmente ha sido consagrado que es a partir de la notificación de la sentencia que se empieza a contabilizar el plazo para apelar, el que se considera franco por iniciar a partir de una notificación, por aplicación del artículo 1033 del mismo texto legal, y aumentado en razón de la distancia, en caso de que proceda;

Considerando, que si bien es cierto que el principio admitido es que solo una notificación válida de la sentencia, entendida por esta, aquella que ha sido hecha a persona o a domicilio, hace correr el plazo para la interposición de las vías de recursos, también es cierto que este principio general de notificación sufre una excepción cuando la sentencia ha sido leída en presencia de las partes y con ello tienen conocimiento de la misma, como ha ocurrido en la especie, lo cual satisface la formalidad de la notificación exigida en el artículo 443 del Código de Procedimiento Civil, respecto a que las notificaciones de sentencias deben efectuarse a la misma parte o a su representante; que en ese sentido, es preciso acotar que la finalidad de la notificación de una sentencia es permitir que las partes tomen conocimiento de ella y estén en aptitud de ejercer los recursos correspondientes, así como hacer correr el plazo para su ejercicio;

Considerando, que consta en la sentencia impugnada que la parte recurrente tomó conocimiento de la sentencia de primer grado en audiencia pública de fecha 18 de diciembre de 2002, por lo que esa formalidad de la notificación quedó cubierta y, por tanto, satisface las exigencias de la ley; por consiguiente, en la especie, es la fecha de esa audiencia el punto de partida a los fines de computar el plazo para la interposición del recurso correspondiente y, como consecuencia de ello, como lo estableció la alzada, al momento de interposición del recurso de apelación, en fecha 27 de enero de 2003, habían transcurrido cuarenta (40) días, motivo por el que el mismo devenía en inadmisible por el plazo prefijado;

Considerando, que además, la naturaleza de la sentencia objeto de la presente decisión, por su carácter preparatorio, no era susceptible de ningún recurso, tal como lo expuso la corte a qua; por consiguiente, esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia es de criterio que la corte a qua no incurrió en los vicios denunciados, toda vez que en la sentencia impugnada se realizó una correcta valoración de los documentos que tuvo a la vista dicha alzada, además de que motivó conforme al derecho aplicable los hechos que dio como ciertos; que en esa virtud, el medio analizado carece de fundamento y, por lo tanto, debe ser desestimado, conjuntamente con el presente recurso de casación;

Considerando, que en aplicación del artículo 65 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, procede condenar a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas a favor del abogado de la parte recurrida, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la señora M.A.R., contra la sentencia civil núm. 65, dictada en fecha 17 de julio de 2003 por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, cuyo dispositivo ha sido transcrito en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas a favor del L.. J.O.A.A., quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 31 de enero de 2018, años 174º de la Independencia y 155º de la Restauración.

(Firmados) M.A.R.O..- P.J.O..- J.A.C.A..-

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, secretaria general, que certifico.

La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 11 de julio de 2018, para los fines correspondientes.

C.A.R.V. secretaria general