Sentencia nº 1035 de Suprema Corte de Justicia, del 26 de Abril de 2017.

Fecha de Resolución:26 de Abril de 2017
Emisor:Primera Sala
 
CONTENIDO

Sentencia No. 1035

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 26 de abril del 2017, que dice así:

SALA CIVIL Y COMERCIAL

Audiencia pública del 26 de abril de 2017. Rechaza Preside: Francisco Antonio Jerez Mena

Dios, Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por M.P., dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 028-0036432-1, domiciliado y residente en la calle 7, casa núm. 5, sector Chilo Poueriet de la ciudad de Higüey, provincia La Altagracia, contra la sentencia civil núm. 168-2010, dictada el 27 de abril de 2010, por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, en funciones de tribunal de alzada, cuyo dispositivo figura copiado más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; Oído en la lectura de sus conclusiones al Lcdo. J.R.M., abogado de la parte recurrida, Yudí Albania de Gracia y/o Juanico de Gracia;

Oído el dictamen de la magistrada procuradora general adjunta de la República, el cual termina: Único: “Que en el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de comunicación al Ministerio Público por ante los Jueces del fondo, “Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de Justicia, la solución del presente Recurso de Casación”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 4 de mayo de 2010, suscrito por el Dr. R.A. y el Lcdo. L.M. delR., abogados de la parte recurrente, M.P., en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 15 de marzo de 2011, suscrito por los Lcdos. T.C. y A.C., abogados de la parte recurrida, Yudí Albania de Gracia y/o Juanico de Gracia; Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, del 10 de julio de 1997, los artículos 1 y 65 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 24 de agosto de 2011, estando presentes los magistrados R.L.P., presidente; E.M.E., A.R.B.D. y J.E.H.M., asistidos de la secretaria;

Visto el auto dictado el 10 de abril de 2017, por el magistrado F.A.J.M., en funciones de presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, en su indicada calidad, y a los magistrados M.O.G.S. y J.A.C.A., jueces de esta sala, para integrarse a esta en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926, del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294, de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo; Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) que con motivo de la demanda sobre denuncia de obra nueva incoada por Yudí Albania de Gracia y/o Juanico de Gracia, contra M.P., el Juzgado de Paz del Municipio de Higüey dictó la sentencia civil núm. 00509-2007, de fecha 25 de octubre de 2007, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Declara buena y válida la presente DEMANDA (sic) EN DENUNCIA DE OBRA NUEVA, interpuesta por el señor YUDY(sic) ALABANIA DE GRACIA y/o JOANICO DE GRACIA, en contra del señor M.P.; SEGUNDO: EN CUANTO AL FONDO SE ORDENA LA DESTRUCCIÓN de toda construcción realizada sobre la pared medianera que divide la iglesia del pastor M.P., y la vivienda de la señora YUDY ALBANIA DE GRACIA y/o JOANICO (sic) DE GRACIA, a si (sic) como toda construcción que no respete la distancia que debe mediar entre toda pared medianera y la construcción y la elevación que sobrepase los tres (3) metros, que debe tener toda pared medianera; TERCERO: Se comisiona y ordena al departamento de planeamiento urbano del ayuntamiento de este municipio de Higüey, ejecutar la presente decisión; CUARTO: rechaza la solicitud de ejecución provisional de la presente sentencia no obstante cualquier recurso; CUARTO: Se compensas las costas del procedimiento”(sic); b) no conforme con dicha decisión, Yudí Albania de Gracia y/o J. de Gracia interpuso formal recurso de apelación, mediante acto núm. 372-2007, de fecha 10 de noviembre de 2007, del ministerial L.D.N.B., alguacil de estrados del Juzgado de Paz Especial de Tránsito, Grupo 2, de la Provincia La Altagracia, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, dictó en fecha 27 de abril de 2010, la sentencia civil núm. 168-2010, en funciones de tribunal de alzada, ahora impugnada, cuya parte dispositiva copiada textualmente establece lo siguiente: PRIMERO: Declara bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por YUDÍ ALBANIA DE GRACIA Y/O JUANICO DE GRACIA, mediante el acto No. 372/2007, de fecha diez (10) de noviembre de 2007, instrumentado por el L.D.N.B., Alguacil de Estrados del Juzgado de Paz Especial de Tránsito G. 2, de la Provincia La Altagracia, contra la sentencia No. 181/2007 (sic) marcada con el No. 00509/2007, correspondiente al expediente No. 188-2007-00024, de fecha 25 de octubre del año 2007, emitida por el Juzgado de Paz de éste Municipio de Higüey; SEGUNDO: En cuanto al fondo revoca la sentencia de que se trata y actuando por propia autoridad, falla: 1. Ordena al señor M.P. la destrucción de la pared construida sobre los linderos de la casa No. 14 de la calle Hicayagua, del S.S.M. de ésta ciudad de Higüey y la escalera construida sobre la losa del techo de dicha vivienda, fabricadas en violación las distancias establecidas por la ley 675 de Ornato Público. 2. Condena al recurrido a pagar la suma de Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00), como justa reparación por los daños morales sufridos como consecuencia de su hecho; TERCERO: Ordena la ejecución provisional y sin fianza de la presente sentencia; CUARTO: Condena al recurrido al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor y provecho del abogado concluyente como representante del recurrente, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad” (sic);

Considerando, que el recurrente propone como medios de casación los siguientes: “Primer Medio: Violación al art. 141 del Código de Procedimiento Civil y omisión de estatuir, contradicción de motivos. Motivos vagos e imprecisos; Segundo Medio: Violación al art. 1315 del Código Civil; Tercer Medio: Falta de base legal; Cuarto Medio: Violación al derecho de defensa; Quinto Medio: Desnaturalización de los hechos y documentos de la causa; Sexto Medio: Violación a la ley”;

Considerando, que para una mejor comprensión del asunto que se discute en el recurso, resulta útil señalar, que de la sentencia impugnada y de la relación de los hechos que en ella se recoge, se verifica: 1. Que los señores Yudí Albania de Gracia y/o J. de Gracia demandaron al señor M.P. en denuncia de obra nueva por construcción de una pared sobre el lindero y techo de su vivienda; 2. Que de la demanda antes mencionada resultó apoderado el Juzgado de Paz del Municipio de Higüey;
3. Que en el curso del conocimiento de la misma, el señor M.P. demandó reconvencionalmente en destrucción de la pared construida por la demandante original, por no respetar los linderos mínimos; 4. Que mediante decisión del 25 de octubre de 2007, el Juzgado de Paz ordenó la destrucción de toda construcción que no respete la distancia medianera así como la construcción y la elevación que sobrepase 3 metros; 5. Que la demandante original hoy recurrida en casación, interpuso formal recurso de apelación contra la decisión de primer grado ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, la cual acogió el recurso en cuanto al fondo, revocó el fallo atacado y ordenó al señor M.P., la destrucción de la pared y escalera construida sobre los linderos de la casa de la demandante original y lo condenó al pago de RD$500,00.00 por los daños morales sufridos, mediante decisión núm. 168-2010, que es objeto del presente recurso;

Considerando, que para lo que aquí se analiza resulta conveniente recordar, que la denuncia de obra nueva es una acción judicial que puede ser ejercida por el poseedor o simple detentador de un derecho real inmobiliario, de una propiedad o servidumbre, cuando ha sido afectado por una obra construida que afecta su derecho de goce;

Considerando, que de la lectura de su memorial de casación se evidencia, que los fundamentos del primer aspecto del primer medio, segundo medio, primer aspecto del tercer medio y quinto medio de casación están estrechamente vinculados, razón por la cual serán ponderados en conjunto; que, en ese sentido, la parte recurrente en sustento de los mismos arguye, que la alzada no examinó exhaustivamente el resultado de las medidas de instrucción que fueron practicadas, en especial, el informe realizado por el perito donde se constata que la construcción de la señora Yudí Albania de Gracia se encuentra encima de la pared medianera de su propiedad, sin embargo, su contenido fue desnaturalizado por la jueza pues ambas partes han construido en la referida pared no obstante, la magistrada extrajo únicamente lo que le interesó del referido informe; que continua argumentando el recurrente, que el tribunal le dio un sentido diferente a los medios probatorios presentados, por lo que no existe una correspondencia entre los hechos probados y la decisión adoptada; que los jueces están en el deber de explicar en términos sencillos las razones por las cuales otorgan o no un determinado valor a cada uno de las piezas valoradas; que el tribunal de alzada realizó una interpretación errada de los documentos aportados lo que no justifica el fallo adoptado;

Considerando, que en cuanto al argumento planteado por el recurrente referente a la desnaturalización del contenido del informe pericial emitido por el Ing. R.E.C. el 22 de julio de 2007, es preciso indicar, que la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, goza de una facultad excepcional para observar si los jueces apoderados del fondo del litigio le han dado a los documentos su verdadero sentido y alcance o si resultan contrarias al contenido plasmado en las documentaciones aportadas; que, para que proceda el vicio de desnaturalización es necesario que se aporte la pieza argüida del vicio a fin de poner a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia en condiciones de verificar el agravio que le imputa a la decisión atacada, lo que no ha sucedido en la especie, por lo que el aspecto examinado debe ser desestimado;

Considerando, que la alzada para adoptar su decisión describió las piezas que le fueron aportadas según se desprende de las págs. 9 y 10 de la indicada sentencia, de manera especial se encuentra el informe pericial que se realizó; que dentro de los motivos expuestos en sustento de su decisión indicó: “se construyó una escalera que pasa por encima de la loza del techo de la vivienda del recurrente, violando el espacio establecido por la ley, es decir, 0.45 metros, correspondientes a la losa (sic) del techo de la vivienda del recurrente, asimismo que la losa (sic) de la vivienda del techo está soportada en unas vigas de madera, de manera que al ser levantada la pared medianera del templo encima de dichas vigas, la dejaron presionada, de forma tal que no es posible cambiarla, en caso de ser necesario, y al terminar su vida útil, debajo de la pared quedará un vacío quedando la pared medianera sin soporte. Además establece dicho informe pericial que la pared construida es de 6.72 metros, desde el nivel del suelo”; “que analizados los decires (sic) de las partes, conjuntamente con el peritaje aportado como prueba al proceso y la normativa antes transcrita, se puede establecer que el señor M.P., ha violado el contenido de las disposiciones de la ley antes dicha, toda vez que ha construido su edificación pasando por encima de la losa (sic) del techo del recurrente, lo que vale decir en violación a la Ley 675, de ornato público”;

Considerando, que el sistema de prueba en nuestro derecho se fundamenta en la actividad probatoria que desarrollan las partes frente al tribunal para adquirir el convencimiento de la verdad o certeza de un hecho o afirmación fáctica para fijarlos como ciertos a los efectos del proceso, por tanto la valoración de la prueba requiere una apreciación acerca del valor individual de cada una y luego de reconocido dicho valor, este debe ser apreciado en concordancia y convergencia con los demás elementos de prueba en su conjunto y una vez admitidos forman un todo para producir certeza o convicción en el juzgador; en consecuencia, la valoración de la prueba exige a los jueces del fondo proceder al estudio del conjunto de los medios aportados por una parte para tratar de demostrar sus alegaciones de hecho, como los proporcionados por la otra para desvirtuarlas u oponer otros hechos cuando éstos le parezcan relevantes para calificarlas respecto de su mérito; que tal y como indicó la alzada, la demandante original hoy recurrida, acreditó en justicia los argumentos en virtud de la cual sustentó su demanda en justicia y, por el contrario la parte demandada hoy recurrente en casación no probó sus argumentos, por lo que la corte a qua aplicó correctamente la reglas actori incumbit probatio, la cual se sustenta en el artículo 1315 del Código Civil que establece que “todo aquel que reclama la ejecución de una obligación debe probarla”, texto legal en base al cual se ha reconocido el principio procesal según el cual “todo aquel que alega un hecho en justicia está obligado a demostrarlo” y además, esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, ha juzgado que “la carga de la prueba incumbe a aquel que se pretende titular de un derecho que parezca contrario al estado normal o actual de las cosas”1, “en un proceso, el demandante debe probar todo lo que sea contestado por su adversario, indistintamente del tipo de demanda de que se trate”2, sobre las partes recae “no una facultad sino una obligación de aportar la prueba de los hechos que invocan”;3 que tal y como se ha indicado precedentemente, se destaca el análisis y ponderación realizado por la jurisdicción de segundo grado sobre cada una de las piezas aportadas, por lo que no incurrió en los vicios denunciados;

Considerando, que luego de haber realizado el análisis de los medios antes señalados, procede ponderar reunidos el segundo aspecto de su tercer medio y el cuarto medio de casación; que el recurrente aduce lo siguiente,

Sentencia núm.40 del 12 de marzo de 2014, B. J. 1240 Sentencia núm. 57, del 21 de agosto de 2013, B.J. 1233 que la juez a qua solo se ha limitado a hacer una mera denominación o calificación de los hechos sin precisarlos ni caracterizarlos exponiendo motivos que son insuficientes e imprecisos pues no determinó la ubicación exacta de la elevación de la pared que mandó a destruir, no se pronunció sobre la demanda reconvencional y revocó la sentencia núm. 181-2007 la cual es desconocida para el hoy recurrente M.P.; que la alzada no se refirió al medio de inadmisión por falta de calidad que le fue planteado ya que no estableció quién es el demandante si la señora Yudí Albania de Gracia o si es Juanico de Gracia; de igual forma el tribunal no hace mención de ningún texto legal que justifique su decisión;

Considerando, que con respecto al medio de inadmisión por falta de calidad, cabe destacar que, del estudio pormenorizado de la decisión ahora impugnada no se evidencia que el hoy recurrente en casación planteara ante las jurisdicciones de fondo el medio de inadmisión por falta de calidad contra los demandantes originales, hoy recurridos; que, en ese sentido, ha sido jurisprudencia constante que no puede hacerse valer ante la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, ningún medio que no haya sido expresa o implícitamente sometido por la parte que lo invoca al escrutinio del tribunal del cual proviene la sentencia atacada, a menos que la ley le haya impuesto su examen de oficio en un interés de orden público, que no es el caso, por lo que dicho aspecto es inadmisible en casación; Considerando, que del examen del fallo impugnado se verifica que el tribunal de segundo grado al momento de realizar su examen del recurso de apelación y de la sentencia apelada determinó, que el juez de primer grado no estableció con precisión cuál es la construcción que debe ser destruida; que del estudio de las piezas que le fueron aportadas, en especial, el informe pericial, la juez de segundo grado comprobó, que se construyó una escalera sobre la loza del techo de la vivienda de la actual recurrida violando el espacio mínimo que establece la ley; que dicho análisis acredita la valoración que hizo la alzada de las demandas de las que resultó apoderado en virtud del efecto devolutivo del recurso; que es necesario destacar, que para rechazar la demanda reconvencional, la corte a qua indicó: “que el señor M.P. no ha probado al tribunal que al construir su edificación ha cumplido con las normativas que rigen la materia, sin embargo por la documentación aportada al proceso se ha podido establecer que incumplió las normas de construcción y que su incumplimiento ha ocasionado daños morales al recurrente, los cuales deben ser reparados conforme lo establece la ley (...) que en este sentido este tribunal es del criterio que la acción del recurrido se enmarca dentro de los cuasi delitos, tipificados por el artículo 1382 del Código Civil, que dispone…”; que esta Sala Civil y Comercial ha comprobado, que la jurisdicción de alzada no incurrió en la omisión alegada, pues determinó cuál de las obras no cumplió con las disposiciones legales

que rigen la especie;

Considerando, que procede el examen del agravio planteado por el recurrente referente a que la juez de segundo grado revocó la decisión núm. 181-2007, la cual no era objeto del recurso; que del examen del fallo impugnado se evidencia, que la corte a qua conoció y juzgó la vía recursoria intentada contra la sentencia núm. 00509-07 del 25 de octubre de 2007, objeto de su recurso de apelación, por lo que sus señalamientos resultan extraños al fallo atacado, por lo que dichos agravios resultan inadmisibles en casación;

Considerando, que procede el examen reunido por su estrecha vinculación del segundo aspecto del primer medio y el sexto medio de casación; que el recurrente aduce en cuanto a ellos, textualmente lo siguiente: “la sentencia recurrida no solo está en contradicción con leyes adjetivas, sino con las decisiones jurisprudenciales constante que procuran la unidad de la jurisprudencia nacional y con los arts. 68 y 69 de la Constitución de la República (...) que la sentencia carece de motivos que la justifiquen, razones por las cuales debe ser casada”;

Considerando, que la corte a qua verificó para adoptar su decisión el informe pericial y demás documentos sometidos a su escrutinio y comprobó, la inobservancia por parte del hoy recurrente de las reglamentaciones existentes sobre las edificaciones contenidas en las Leyes núms. 675 sobre Urbanizaciones, Ornato Público y Construcciones y 687, sobre el Sistema de Reglamentación de la Ingeniería, Arquitectura y Ramas afines que rigen la materia, al construir una pared y escalera en el techo colindante para acceder al segundo nivel de su iglesia; que son actos ilegales aquellos que se ejecutan violando las disposiciones legislativas antes mencionadas, con los que al ejecutarse se transgredió los límites objetivos de su derecho, pues se levantó una obra sin observar las alturas y distancias reglamentarias;

Considerando que en ese orden de ideas y luego del examen de la sentencia recurrida, esta Corte de Casación ha comprobado, que la lazada aplicó de forma incorrecta la ley, pues dicha decisión contiene una congruente y completa exposición de los hechos y circunstancias de la causa, así como una motivación suficiente, pertinente y coherente, lo cual ha permitido a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, ejercer su poder de control y determinar que, en la especie, se ha hecho una correcta aplicación del derecho, en consecuencia, procede desestimar el presente recurso de casación.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor M.P., contra la sentencia civil núm. 168-2010, dictada el 27 de abril de 2010, por la Cámara Civil y comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, en funciones de tribunal de segundo grado, cuyo dispositivo fue copiado en parte anterior de esta sentencia; Segundo: Condena al señor M.P. al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor de los Lcdos. T.C. y A.C., abogados de la parte recurrida, quienes afirman estarlas avanzando en su totalidad.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 26 de abril de 2017, años 174º de la Independencia y 154º de la Restauración.

(Firmados).- F.A.J.M..- M.O.G.S..- J.A.C.A..-

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, secretaria general, que certifico.