Sentencia nº 413 de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Marzo de 2018.
| Número de resolución | 413 |
| Número de sentencia | 413 |
| Fecha | 28 Marzo 2018 |
| Emisor | Primera Sala Suprema Corte de Justicia |
Fecha: 28 de marzo de 2018
Sentencia No.413.
C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 28 de Marzo del 2018, que dice así:
SALA CIVIL Y COMERCIAL
Audiencia pública del 28 de marzo de 2018. Inadmisible Preside: Francisco Antonio Jerez Mena
Dios, Patria y Libertad
En Nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:
Sobre el recurso de casación interpuesto por la Inmobiliaria El Majagual, S.A., sociedad comercial constituida y organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio y asiento social en esta ciudad, debidamente representada por su presidente, T.A.J.S., dominicano, mayor de edad, soltero, empresario, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1068110-3, domiciliado en la calle 19 de Marzo, núm. 503 altos, esquina La Noria, Zona Colonial de esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 1303-2016-SSEN-00128, dictada el 28 de marzo de 2016, por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ahora impugnada, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; Fecha: 28 de marzo de 2018
Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. N.A.M.R., abogado de la parte recurrente, Inmobiliaria El Majagual, S. A.;
Oído en la lectura de sus conclusiones a la Dra. E.P.P. y el Lcdo. E. de los Santos, abogados de la parte recurrida, R.T.;
Oído el dictamen de la magistrada procuradora general adjunta de la República, el cual termina: Único: Que en el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de comunicación al Ministerio Público por ante los Jueces del fondo, “Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de Justicia, la Solución del presente recurso de casación”;
Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 13 de junio de 2016, suscrito por el Dr. N.A.M.R., abogado de la parte recurrente, Inmobiliaria El Majagual, S.A., en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;
Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 5 de agosto de 2016, suscrito por el Lcdo. Fecha: 28 de marzo de 2018
E. de los Santos y la Dra. E.P.P., abogados de la parte recurrida, R.T.;
Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25-91, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, del 10 de julio de 1997, los artículos 1, 5 y 65 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008;
La CORTE, en audiencia pública del 17 de mayo de 2017, estando presentes los magistrados F.A.J.M., en funciones de presidente; J.A.C.A. y A.A.B., asistidos del secretario;
Visto el auto dictado el 21 de marzo de 2018, por el magistrado F.A.J.M., presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a los magistrados P.J.O. y M.A.R.O., jueces de esta sala, para integrarse a esta en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926-35, del 21 de julio de 1935, Fecha: 28 de marzo de 2018
reformada por el artículo 2 de la Ley 294-40, de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;
Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) con motivo de la demanda en restitución de valores, resolución de contrato y reparación de daños y perjuicios incoada por R.T., contra la Inmobiliaria El Majagual, S.A., y T.A.J.S., la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó el 24 de julio de 2014, la sentencia civil núm. 863, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Ratifica el defecto pronunciado en audiencia de fecha 28 de mayo de 2014, en contra de la parte demandada, entidad Inmobiliario (sic) El Majagual, S.A. y el señor T.A.J.S., por falta de concluir; SEGUNDO: Declara buena y válida, en cuanto a la forma, la presente demanda en restitución de valores, resolución de contrato y reparación de daños y perjuicios, elevada por la señora R.T., en contra de la entidad Inmobiliaria El Majagual, S.A. y el señor T.A.J.S., de generales que constan, por haber sido hecha conforme al derecho; TERCERO: En cuanto al fondo de la demanda, Acoge parcialmente la misma y, en consecuencia, declara la Resolución del contrato Venta de Opción de Compra Venta, suscrito entre el demandante, Fecha: 28 de marzo de 2018
señora R.T., y la demandada, entidad Inmobiliaria el Majagual, S.
A., de fecha 12 de agosto de 2010, legalizadas las firmas por la licenciada J.K.S., notario público de las del número para el Distrito Nacional por las razones precedentemente expuestas; CUARTO: Ordena a las demandada (sic), entidad Inmobiliaria el Majagual, S.A., la devolución de los valores avanzados por la parte demandante, señora R.T., hasta la fecha, ascendentes a la suma de RD$2,330,808.40 en atención a las motivaciones de hecho y de derecho desarrolladas en el cuerpo motivacional de la presente sentencia; QUINTO: C. al ministerial F.F., de Estrados de este tribunal, para la notificación de la presente sentencia”; b) no conformes con dicha decisión interpusieron formales recursos de apelación contra la sentencia precedentemente descrita, de manera principal, R.T., mediante acto núm. 819-2014, de fecha 8 de octubre de 2014, instrumentado por el ministerial S.M.S.V., alguacil de estrados de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y de manera incidental, la Inmobiliaria El Majagual, S.A., y T.A.J.S., mediante acto núm. 605-2014, de fecha 5 de noviembre de 2014, instrumentado por el ministerial M. de León Mercedes, alguacil ordinario del Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Fecha: 28 de marzo de 2018
siendo resueltos dichos recursos mediante la sentencia civil núm. 1303-2016-SSEN-00128, de fecha 28 de marzo de 2016, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, hoy recurrida en casación, cuya parte dispositiva copiada textualmente establece lo siguiente: “PRIMERO: RECHAZA el recurso de apelación incidental interpuesto por Inmobiliaria El Majagual, S.A. y T.A.J.S. contra R.T. sobre la sentencia civil No. 863 de fecha 24/07/2014, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; SEGUNDO: ACOGE PARCIALMENTE el recurso de apelación principal interpuesto por R.T. contra Inmobiliaria El Majagual, S.A. en consecuencia MODIFICA el ordinal cuarto de la referida decisión para que en lo adelante diga: Cuarto: Ordena a la demandada, entidad inmobiliaria El Majagual, S. A.: a) La devolución de los valores avanzados por la parte demandante, señora R.T., hasta la fecha, ascendentes a la suma de RD$2,330,808.40, en atención a las motivaciones de hecho y de derecho desarrolladas en el cuerpo motivacional de la presente sentencia; b) El pago del 10% de dicha suma, ascendente a Doscientos Treinta y Tres Mil Ochenta pesos dominicanos con 84/100 (RD$233,080.84) correspondientes a la aplicación de la cláusula penal acordada entre las partes; TERCERO: CONFIRMA en cuanto a los demás aspectos la sentencia recurrida, adicionando los motivos expuestos en esta decisión; CUARTO: COMPENSA las costas del procedimiento de alzada”; Fecha: 28 de marzo de 2018
Considerando, que la parte recurrente propone en su memorial los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Incorrecta aplicación del artículo 156 del Código de Procedimiento Civil y del artículo 37 de la Ley No. 834 del 15 de julio de 1978; errónea aplicación del artículo 443 del Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana, falta y contradicción de motivos y falta de base legal; Segundo Medio: Desnaturalización del contrato de fecha 12 de agosto de 2010, suscrito entre la sociedad comercial Inmobiliaria El Majagual, S.A., y la señora R.T., y de los hechos del caso de que se trata; incorrecta aplicación de los artículos 1134 y 1148 del Código Civil. Violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil. Falta de motivo”;
Considerando, que procede que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, determine en primer orden si en la especie se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad del recurso de casación, cuyo control oficioso prevé la ley; que en ese orden de ideas es necesario señalar que en virtud del artículo 5, párrafo II, literal c), de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, modificado por la Ley núm. 491-08, para que el recurso de casación sea admisible la condenación debe superar los doscientos (200) Fecha: 28 de marzo de 2018
salarios mínimos del más alto establecido para el sector privado, vigente al momento en que se interponga el recurso;
Considerando, que en ese orden es preciso señalar que la referida disposición legal fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional mediante sentencia núm. TC-0489-15 del 6 de noviembre de 2015, por contravenir el artículo 40.15 de la Constitución de la República Dominicana, difiriendo los efectos de su decisión por el plazo de un (1) año a partir de su notificación a fin de evitar afectar el servicio de justicia y la creación de desigualdades en el ejercicio del derecho al recurso; que dicho fallo fue notificado en fecha 19 de abril de 2016, al tenor de los oficios números SGTC-0751-2016, SGTC-0752-2016, SGTC-0753-2016, SGTC-0754-2016 y SGTC-0756-2016, suscritos por el Secretario de ese órgano estatal, de suerte que el plazo por el cual fueron diferidos los efectos de dicha sentencia venció el 20 de abril de 2017, momento a partir del cual entró en vigor la inconstitucionalidad pronunciada, cuyo efecto es la expulsión de la disposición cuestionada del ordenamiento jurídico, suprimiéndose la causal de inadmisión instituida en el antiguo artículo 5, párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008; que el criterio del Tribunal Constitucional se nos impone en virtud del artículo 184 de la Constitución Fecha: 28 de marzo de 2018
que establece que: “Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”;
Considerando, que, sin embargo, también cabe puntualizar que en el modelo concentrado de justicia constitucional, en principio, las sentencias estimatorias rigen para el porvenir, es decir, tienen efectos ex nunc o pro futuro, tal como lo establecen los artículos 45 y 48 de la Ley núm. 137-11, del 13 de junio de 2011, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, modificada por la Ley núm. 145-11, del 4 de julio de 2011, al disponer que: “Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad y pronuncien la anulación consecuente de la norma o los actos impugnados, producirán cosa juzgada y eliminarán la norma o acto del ordenamiento. Esa eliminación regirá a partir de la publicación de la sentencia”; “La sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma produce efectos inmediatos y para el porvenir.”, principio que solo se exceptúa cuando el propio Tribunal Constitucional decide modular los efectos de su sentencia para dotarla de un carácter retroactivo en virtud de lo dispuesto por la parte in fine del citado artículo 48 de la citada Ley núm. Fecha: 28 de marzo de 2018
137-11, que dispone que: “Sin embargo, el Tribunal Constitucional podrá reconocer y graduar excepcionalmente, de modo retroactivo, los efectos de sus decisiones de acuerdo a las exigencias del caso”;
Considerando, que al dictar la sentencia TC-0489-15, nuestro Tribunal Constitucional, lejos de exceptuar los efectos ex nunc propios de las sentencias estimatorias dictadas en el ejercicio de control concentrado de constitucionalidad, decidió diferir hacia el futuro la eficacia de su fallo, lo que revela que indiscutiblemente la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 5, párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008 está desprovista de todo efecto retroactivo;
Considerando, que como consecuencia de lo expuesto, aunque en la actualidad el antiguo artículo 5, párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008, se encuentra derogado en virtud de la entrada en vigor de la inconstitucionalidad pronunciada mediante la sentencia TC-0489-15, dicho texto legal aún es válidamente aplicable a los recursos de casación que fueron interpuestos durante el período en que estuvo vigente, a saber, desde la fecha de su publicación el 11 de febrero de 2009 hasta la fecha de su efectiva abrogación el 20 de abril de 2017; Fecha: 28 de marzo de 2018
Considerando, que este razonamiento también se sustenta en lo siguiente: a) el principio de irretroactividad de las normas consagrado en el artículo 110 de la Constitución que establece que: “La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”;
b) el principio de ultractividad normativa instituido por la doctrina jurisprudencial del propio Tribunal Constitucional en base al citado artículo 110 al estatuir en el sentido de que: “la norma que se aplique a todo hecho, acto o negocio jurídico debe ser la vigente en el momento en que ocurrió el acto de que se trate, de manera que aunque dicha norma no pueda seguir rigiendo o determinando situaciones jurídicas nacidas con posterioridad a la fecha en que quedó derogada, sí continuará rigiendo las situaciones jurídicas surgidas a su amparo, por efecto de la llamada ultractividad de la ley”1; c) la doctrina de la situación jurídica consolidada que también ha sido consagrada por nuestro Tribunal Constitucional como una excepción al principio de aplicación inmediata de la ley procesal, conforme a la cual ha juzgado que el régimen legal aplicable a los recursos de casación es el
1 Sentencias TC/0015/13, del 11 de febrero de 2013, TC/0122/14, del 13 de junio de 2014, TC/111/14, del 30 de junio Fecha: 28 de marzo de 2018
vigente al momento de su interposición en razón de que: “la garantía constitucional de la irretroactividad de la ley se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento jurídico no puede tener la consecuencia de sustraer el bien o el derecho ya adquirido del patrimonio de la persona, o de provocar que si se había dado el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma legal, ya no surta la consecuencia que el interesado esperaba de la situación jurídica consolidada”2, y, finalmente,
d) el antiguo artículo 5, párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008, tenía por objeto regular las condiciones de admisibilidad para la interposición del recurso de casación y no el fallo que al respecto dicte esta jurisdicción, de suerte que es la fecha de la interposición del recurso y no la fecha de la sentencia que lo decide la que determina el régimen legal aplicable ratione temporis;
Considerando, que, en ese sentido, hemos podido verificar que el presente recurso se interpuso el día 13 de junio de 2016, es decir, bajo la vigencia de la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008, (que modificó los artículos 5, 12 y 20 de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación), ley procesal que estableció
2 Sentencias TC/0024/12, del 21 de junio de 2012, TC/0013/12 del 10 de mayo de 2012, TC/0457/15, del 3 de Fecha: 28 de marzo de 2018
como una de las condiciones de ineludible cumplimiento para la admisibilidad de este extraordinario medio de impugnación, la cuantía establecida como condenación en la sentencia que se impugna, al disponer la primera parte del literal c), párrafo II del artículo 5 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación lo siguiente: “No podrá interponerse el recurso de casación, sin perjuicio de otras disposiciones legales que lo excluyan, contra: las sentencias que contengan condenaciones que no excedan la cuantía de doscientos (200) salarios mínimos del más alto establecido para el sector privado, vigente al momento en que se interponga el recurso (…).”;
Considerando, que el referido mandato legal nos exige de manera imperativa determinar, por un lado, cuál era el salario mínimo más alto establecido para el sector privado al momento de interponerse el presente recurso y, por otro lado, establecer si el monto resultante de los doscientos (200) salarios excede la condenación establecida en la sentencia impugnada; que, en ese sentido, esta jurisdicción ha podido comprobar que para la fecha de interposición del presente recurso, esto es, como señalamos anteriormente, el 13 de junio de 2016, el salario mínimo más alto para el sector privado estaba fijado en doce mil ochocientos setenta y tres pesos dominicanos con 00/100 (RD$12,873.00) mensuales, conforme a la Fecha: 28 de marzo de 2018
Resolución núm. 1-2015, dictada por el Comité Nacional de Salarios en fecha 20 de mayo de 2015, con entrada en vigencia el 1 de junio de 2015, por lo cual el monto de doscientos (200) salarios mínimos asciende a la suma de dos millones quinientos setenta y cuatro mil seiscientos pesos dominicanos con 00/100 (RD$2,574,600.00), por consiguiente, para que sea admitido el recurso extraordinario de la casación contra la sentencia dictada por la corte a qua es imprescindible que la condenación por ella establecida sobrepase esa cantidad;
Considerando, que al proceder a verificar la cuantía a que asciende la condenación, resulta que mediante la sentencia impugnada fue modificada parcialmente la sentencia de primer grado y la corte a qua ordenó a la Inmobiliaria El Majagual, S.A., a devolver la suma de dos millones trescientos treinta mil ochocientos ocho pesos con 40/100 (RD$2,330,808.40), y la condenó a pagar a su favor la suma de doscientos treinta y tres mil ochenta pesos con 84/100 (RD$233,080.84) en ejecución de la cláusula penal a favor de la señora R.T., lo que asciende al monto total de dos millones quinientos sesenta y tres mil ochocientos ochenta y nueve pesos con 24/100 (RD$2,563,889.24); que evidentemente, dicha cantidad no excede del valor resultante de los doscientos (200) salarios mínimos, que es la cuantía requerida para la admisión del recurso de Fecha: 28 de marzo de 2018
casación, de conformidad con las disposiciones previstas en la primera parte del literal c), párrafo II del artículo 5 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación;
Considerando, que, en atención a las circunstancias referidas, al no cumplir el presente recurso de casación con el mandato de la ley, respecto al monto mínimo que debe alcanzar la condenación contenida en la sentencia impugnada para ser susceptible del recurso que nos ocupa, procede que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia declare de oficio su inadmisibilidad lo que hace innecesario el examen de los medios de casación propuestos por la recurrente, en razón de que las inadmisibilidades, por su propia naturaleza, eluden el conocimiento del fondo de la cuestión planteada, en el presente caso, el examen del recurso de casación del que ha sido apoderada esta S.;
Considerando, que cuando el recurso de casación es decidido por un medio suplido de oficio por la Suprema Corte de Justicia, como ocurre en el presente caso, el numeral 2, del artículo 65 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación dispone que las costas pueden ser compensadas.
Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por la Inmobiliaria El Majagual, S.A., contra la sentencia civil Fecha: 28 de marzo de 2018
núm. 1303-2016-SSEN-00128, dictada en fecha 28 de marzo de 2016 por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas.
Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 28 de marzo de 2018, años 175º de la Independencia y 155º de la Restauración.
(Firmados), F.A.J.M..- M.A.R.O..- P.J.O..- J.A.C.A..-
La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, secretaria general, que certifico.
La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 09 de julio del 2018, para los fines correspondientes. Exonerada de pagos de impuestos internos y sellos de impuestos internos.
C.A.R.V..
Secretaria General
