Sentencia nº 426 de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Marzo de 2018.

Fecha de Resolución:28 de Marzo de 2018
Emisor:Primera Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 28 de marzo de 2018

Sentencia No. 426

Cristiana A. Rosario V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 28 de marzo de 2018, que dice así:

SALA CIVIL Y COMERCIAL

Audiencia pública del 28 de marzo de 2018 Inadmisible Preside: Francisco Antonio Jerez Mena

Dios, Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por I.L.S.P., A.S. y E.I.S.P., ciudadanos norteamericanos, mayores de edad, solteros, portadores de los pasaportes estadounidenses núms. 404049389, 216083044 y 404049389 (sic), domiciliados y residentes la primera y la tercera en la urbanización M.R., calle P. núm. 40, CP 00969, Guaynabo, Puerto Rico y el segundo en el núm. 5036, N.K., CP 60630, Chicago Illinois, Estados Unidos de Norte América, contra la sentencia civil núm. 139, dictada el de marzo de 2013, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación Fecha: 28 de marzo de 2018

Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo figura copiado más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lcdo. G.C.T., por sí y por el Lcdo. S.J.G.A., abogados de la parte recurrente, I.L.S.P., A.S. y E.I.S.P.;

Oído el dictamen de la magistrada procuradora general adjunta de la República, el cual termina: Único: Que en el caso de la especie, tal y como señala segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de comunicación al Ministerio Público por ante los Jueces del fondo, “Dejamos al criterio de la Suprema Corte de Justicia, la solución del presente recurso de casación”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 12 de julio de 2013, suscrito por los Lcdos. G.C.T. y S.J.G.A., en el cual se invocan medios de casación que se indicarán más adelante; Fecha: 28 de marzo de 2018

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 13 de agosto de 2013, suscrito por el Dr. J.L.C. y el Lcdo. J.M.R., abogados de la parte recurrida, J.A.R.T.;

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25-91, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, del 10 de julio de 1997, los artículos 1, 5 y 65 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 10 de septiembre de 2014, estando presentes los magistrados J.C.C.G., presidente; V.J.C.E., M.O.G.S., J.A.C.A. y F.A.J.M., asistidos del secretario;

Visto el auto dictado el 21 de marzo de 2018, por el magistrado F.A.J.M., presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a los magistrados M.A.R.O. y P.J.O., jueces de esta sala, para integrarse a esta en la Fecha: 28 de marzo de 2018

deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926-35 del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294-40 de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que se refiere, consta: a) con motivo de la demanda en validez de oferta real de pago, incoada por J.A.R.T., contra A.S.A. y N.I.C., la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la provincia Santo Domingo, municipio Santo Domingo Este, dictó la sentencia civil núm. 376, de fecha 22 de febrero de 2012, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: PRIMERO: RATIFICA el defecto pronunciado en audiencia contra la parte codemandada, señora N.I.C., por falta de comparecer obstante haber sido legalmente citada; SEGUNDO: RECHAZA la demanda NULIDAD DE ACTO DE VENTA incoada por el señor A.S.V., mediante el acto No. 1664/2010 de fecha 29 de diciembre del 2010, del ministerial J.M.L.A., alguacil de estrados del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del strito Nacional, contra el señor J.A.R.T., los motivos expuestos; TERCERO: ACOGE la demanda en VALIDEZ DE Fecha: 28 de marzo de 2018

OFERTA REAL DE PAGO, incoada por el señor J.A.R.T., mediante acto No. 584/2010 de fecha dieciséis (16) de julio del año 2010, instrumentado por el ministerial R.B.V., Alguacil Ordinario de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cuarta Sala, en contra del señor A.S.A. y N.I.C., en consecuencia:

DECLARA buena y válida por ser regular en la forma y justa en cuanto al fondo, la oferta real de pago hecha por el señor J.A.R.T., mediante acto No. 555/2010 de fecha 09 de julio del 2010, del ministerial R.B.V., alguacil ordinario de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cuarta Sala, la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS DOMINICANOS (RD$942,000.00), por concepto del pago total de (sic) del acuerdo amigable suscrito entre las partes, en fecha 12 de noviembre del 2009; B. VALIDA la oferta real de pago seguida de consignación por parte del señor J.A.R.T., a favor de los señores A.S.A. y N.I.C., en la Dirección de Impuestos Internos del Distrito Nacional, por la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS DOMINICANOS (RD$942,000.00); CUARTO: CONDENA a la parte demandada, los señores A.S.A. y Fecha: 28 de marzo de 2018

N.I.C., al pago de las costas a favor y provecho del D.J.L. CASTILLO y al LIC. J.M.R., quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; QUINTO: COMISIONA al ministerial R.P., alguacil de estrados de este tribual (sic), para la notificación de la presente sentencia”; b) no conforme con dicha decisión, gustín S.A., interpuso formal recurso de apelación contra la indicada sentencia, mediante actos núms. 576-2012 y 571-2012, de fecha 18 de abril de

12, instrumentados por el ministerial J.M.L.A., alguacil de estrados del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, dictó la sentencia civil núm. 139, de fecha 13 de marzo de 2013, cuya parte dispositiva copiada textualmente establece lo siguiente: PRIMERO: DECLARA inadmisible el Recurso de Apelación interpuesto por el señor A.S.A., contra la sentencia civil No. 376, de fecha veintidós (22) del mes de febrero del año dos mil doce (2012), dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado

Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, Primera Sala, conforme motivos dados en el cuerpo del presente fallo; SEGUNDO: CONDENA a la parte recurrente, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor del LIC. J.M.R.Y.D.J.L.C., abogados de la parte Fecha: 28 de marzo de 2018

Considerando, que en apoyo a su recurso la parte recurrente propone los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Violación a las disposiciones del artículo 69 inciso 4 y 7 de la Constitución de la República Dominicana; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa y violación a los artículos y 349 del Código de Procedimiento Civil Dominicano; Tercer Medio: Violación del principio de inmutabilidad del proceso, ilogicidad, falta de motivos, violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil ominicano”;

Considerando, que procede ponderar en primer orden la excepción de lidad propuesta por la parte recurrida, dado su carácter perentorio; que el recurrido solicita que se declare la nulidad del acto de emplazamiento por haber sido notificado a sus abogados y no a la parte recurrida en su persona, conforme el artículo 7 de la Ley núm. 3726-53 sobre Procedimiento de Casación;

Considerando, que si bien es cierto que el acto de emplazamiento núm. 1193-2013, de fecha 6 de agosto de 2013, del ministerial J.M.L.A., alguacil de estrados del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, realizado con motivo del presente recurso de casación, no fue notificado a la parte hoy recurrida en su domicilio real ni a su persona, sino en el estudio de su abogado constituido Fecha: 28 de marzo de 2018

la calle Venezuela núm. 40, ensanche Altagracia de H., Santo Domingo Oeste”, expresado en el acto hecho a su requerimiento contentivo de la notificación de la sentencia impugnada en casación núm. 526-2013, de fecha 12 de junio de 2013, del ministerial R.B.V., Alguacil Ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia

Distrito Nacional, y en cuya dirección hizo elección de domicilio para todos fines y consecuencias de dicho acto, no obstante, de lo expuesto se advierte, el fin que se persigue con que los emplazamientos se notifiquen a persona o domicilio, en la especie se ha logrado, por cuanto se ha comprobado que la parte recurrida, aunque el acto de emplazamiento le fuera notificado en su domicilio elegido, tuvo la oportunidad de constituir abogado y de formular su memorial defensa, no pudiendo probar, por lo tanto, el agravio que dicha notificación le ha causado, como lo exige el artículo 37 de la Ley núm. 834-78 de 1978;

Considerando, que además dicha irregularidad, si en verdad hubiera existido en la especie, resulta inocua e inoperante, por cuanto los principios supremos establecidos al respecto en nuestra Ley Fundamental, dirigidos a “asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de defensa”, no han sido vulnerados en el presente caso, por lo que procede el rechazo de la excepción de nulidad examinada; Fecha: 28 de marzo de 2018

Considerando, que procede ponderar en segundo lugar el medio de inadmisión propuesto por la parte recurrida, cuyo efecto, en caso de ser acogido impide el examen al fondo del recurso de casación que nos ocupa; que al respecto dicha parte solicita en su memorial de defensa que se declare inadmisible el presente recurso de casación, en virtud de las disposiciones del artículo 5, párrafo 2 literal c) de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación que dispone explícitamente que no son susceptibles de recurso de casación las sentencias que contengan condenaciones que no excedan la cuantía doscientos salarios mínimos del más alto establecido para el sector privado, vigente al momento que se interponga el recurso;

Considerando, que el artículo 5, párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-del 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008, debido a que está dirigido contra una sentencia que contiene condenaciones que no exceden la cuantía de doscientos (200) salarios mínimos;

Considerando, que la referida disposición legal fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional mediante sentencia núm. TC-0489-15, del 6 de noviembre de 2015, por contravenir el artículo 40.15 de la Constitución de la República Dominicana, difiriendo los efectos de su decisión el plazo de un (1) año a partir de su notificación a fin de evitar afectar el Fecha: 28 de marzo de 2018

recurso; que dicho fallo fue notificado en fecha 19 de abril de 2016 al tenor de los oficios números SGTC-0751-2016, SGTC-0752-2016, SGTC-0753-2016, SGTC-0754-2016 y SGTC-0756-2016, suscritos por el Secretario de ese órgano estatal, de suerte que el plazo por el cual fueron diferidos los efectos de dicha sentencia venció el 20 de abril de 2017, momento a partir del cual entró en vigor la inconstitucionalidad pronunciada, cuyo efecto es la expulsión de la disposición cuestionada del ordenamiento jurídico, suprimiéndose la causal de inadmisión instituida en el antiguo artículo 5, párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-53,

29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008; que el criterio del Tribunal Constitucional se nos impone en virtud del artículo 184 de la Constitución que establece que: “Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”;

Considerando, que, sin embargo, también cabe puntualizar que en el modelo concentrado de justicia constitucional, en principio, las sentencias estimatorias rigen para el porvenir, es decir, tienen efectos ex nunc o pro futuro, tal como lo establecen los artículos 45 y 48 de la Ley núm. 137-11, del 13 de junio

2011, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Fecha: 28 de marzo de 2018

Constitucionales, modificada por la Ley núm. 145-11, del 4 de julio de 2011, al disponer que: “Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad y pronuncien anulación consecuente de la norma o los actos impugnados, producirán cosa juzgada y eliminarán la norma o acto del ordenamiento. Esa eliminación regirá a partir de la publicación de la sentencia”; “La sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma produce efectos inmediatos y para el porvenir.”, principio que solo se exceptúa cuando el propio Tribunal Constitucional decide modular los efectos de su sentencia para dotarla de un carácter retroactivo en virtud de lo dispuesto por la parte in fine del citado artículo 48 de la citada Ley núm. 137-11, que dispone que: “Sin embargo, el Tribunal Constitucional podrá reconocer y graduar excepcionalmente, de modo retroactivo, los efectos de sus decisiones de acuerdo a las exigencias del caso”;

Considerando, que al dictar la sentencia TC-0489-15, nuestro Tribunal Constitucional, lejos de exceptuar los efectos ex nunc propios de las sentencias estimatorias dictadas en el ejercicio de control concentrado de constitucional, decidió diferir hacia el futuro la eficacia de su fallo, lo que revela que indiscutiblemente la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 5, párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, modificada por

Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008 está desprovista de todo efecto retroactivo; Fecha: 28 de marzo de 2018

Considerando, que como consecuencia de lo expuesto, aunque en la actualidad el antiguo artículo 5, párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-53, del de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008, se encuentra derogado en virtud de la entrada en vigor de la inconstitucionalidad pronunciada mediante la sentencia TC-0489-15, dicho texto legal aún es válidamente aplicable a los recursos de casación que fueron interpuestos durante el período en que estuvo vigente, a saber, desde la fecha de publicación el 11 de febrero de 2009 hasta la fecha de su efectiva abrogación el 20 de abril de 2017;

Considerando, que este razonamiento también se sustenta en lo siguiente:
a) el principio de irretroactividad de las normas consagrado en el artículo 110 de Constitución que establece que: “La ley sólo dispone y se aplica para lo

porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”; b) el principio de ultractividad normativa instituido por la doctrina jurisprudencial del propio Tribunal Constitucional en base al citado artículo 110 al estatuir en el sentido de que: “la norma que se aplique a todo hecho, acto o negocio jurídico debe ser la vigente en el momento en que ocurrió el acto de que se trate, de manera que Fecha: 28 de marzo de 2018

aunque dicha norma no pueda seguir rigiendo o determinando situaciones jurídicas nacidas con posterioridad a la fecha en que quedó derogada, sí continuará rigiendo las situaciones jurídicas surgidas a su amparo, por efecto de llamada ultractividad de la ley”1; c) la doctrina de la situación jurídica consolidada que también ha sido consagrada por nuestro Tribunal Constitucional como una excepción al principio de aplicación inmediata de la procesal, conforme a la cual ha juzgado que el régimen legal aplicable a los recursos de casación es el vigente al momento de su interposición en razón de que: “la garantía constitucional de la irretroactividad de la ley se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento jurídico no puede tener la consecuencia de sustraer el bien o el derecho ya adquirido del patrimonio de la persona, o de provocar que si se había dado el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma legal, ya no surta la consecuencia que el interesado esperaba de la situación jurídica consolidada2, y, finalmente, d) el antiguo artículo 5, párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008, tenía por objeto regular las condiciones de admisibilidad para la interposición del recurso de casación y no el fallo que al respecto dicte esta jurisdicción de suerte que es la

Sentencias TC/0015/13, del 11 de febrero de 2013, TC/0122/14, del 13 de junio de 2014, TC/111/14, del 30 de junio de

TC/0169/16, del 12 de mayo de 2016.

Sentencias TC/0024/12, del 21 de junio de 2012, TC/0013/12 del 10 de mayo de 2012, TC/0457/15, del 3 de noviembre de Fecha: 28 de marzo de 2018

fecha de la interposición del recurso y no la fecha de la sentencia que lo decide la que determina el régimen legal aplicable ratione temporis;

Considerando, que, en ese tenor, como el presente recurso se interpuso el 12 de julio de 2013, es decir, durante el período de vigencia del antiguo artículo 5, párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008, dicho texto legal es aplicable en la especie y, por lo tanto, procede valorar su admisibilidad a la luz del contenido, en el cual se disponía que:

“No podrá interponerse el recurso de casación, sin perjuicio de otras disposiciones legales que lo excluyan, contra: las sentencias que contengan condenaciones que no excedan la cuantía de doscientos (200) salarios mínimos del más alto establecido para el sector privado, vigente al momento en que se interponga el recurso (…).”;

Considerando, que el referido mandato legal nos exige de manera imperativa determinar, por un lado, cuál era el salario mínimo más alto establecido para el sector privado al momento de interponerse el presente recurso y, por otro lado, establecer si el monto resultante de los doscientos (200) salarios excede la condenación establecida en la sentencia impugnada; que, en sentido, esta jurisdicción ha podido comprobar que para la fecha de Fecha: 28 de marzo de 2018

julio de 2013, el salario mínimo más alto para el sector privado estaba fijado once mil doscientos noventa y dos pesos dominicanos con 00/100

(RD$11,292.00) mensuales, conforme a la Resolución núm. 2-2013, dictada por el Comité Nacional de Salarios en fecha 5 de julio de 2013, con entrada en vigencia

1 de junio de 2013, por lo cual el monto de doscientos (200) salarios mínimos asciende a la suma de dos millones doscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos pesos dominicanos con 00/100 (RD$2,258,400.00), por consiguiente, para que sea admitido el recurso extraordinario de la casación contra la sentencia dictada por la corte a qua es imprescindible que la condenación por ella establecida sobrepase esa cantidad;

Considerando, que al proceder a verificar la cuantía a que asciende la condenación, resulta lo siguiente: a. que J.A.R.T., interpuso una demanda en validez de oferta real de pago contra A.S. és y N.I.C., que fue acogida por el tribunal de primer grado apoderado, validando la oferta real de pago por la suma de novecientos cuarenta y dos mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$942,000.00) a favor de A.S.A. y N.I.C., por concepto del pago total del acuerdo amigable suscrito entre las partes en fecha 12 de noviembre de 2009; b. que la corte a qua declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra referida decisión; que evidentemente, dicha cantidad no excede del valor Fecha: 28 de marzo de 2018

resultante de los doscientos (200) salarios mínimos, que es la cuantía requerida para la admisión del recurso de casación, de conformidad con las disposiciones previstas en la primera parte del literal c), párrafo II del artículo 5 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación; que, en atención a las circunstancias referidas, al no cumplir el presente recurso de casación con el mandato de la ley, respecto al monto mínimo que debe alcanzar la condenación contenida en la sentencia impugnada para ser susceptible del recurso que nos ocupa, procede esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia declare su inadmisibilidad lo que hace innecesario el examen de los medios de casación propuestos por los recurrentes, en razón de que las inadmisibilidades, por su propia naturaleza, eluden el conocimiento del fondo de la cuestión planteada, el presente caso, el examen del recurso de casación del que ha sido apoderada esta S.;

Considerando, que procede compensar las costas por haber sucumbido ambas partes en diferentes puntos de derecho, conforme lo dispone el artículo del Código de Procedimiento Civil, aplicable en casación en virtud del numeral primero del artículo 65 de la Ley núm. 3726-56, sobre Procedimiento de Casación.

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación Fecha: 28 de marzo de 2018

sentencia civil núm. 139, dictada el 13 de marzo de 2013, por la Cámara Civil Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuya parte dispositiva figura copiada en otro lugar de este fallo; Segundo: Compensa las costas.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 28 de marzo de 2018, años 175º de la Independencia y 155º de la Restauración.

(Firmados) F.A.J.M..- M.A.R.O..- P.J.O..- J.A.C.A..-

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, secretaria general, que certifico.

La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 06 de julio de 2018, para los fines correspondientes.

C.A.R.V. secretaria general