Sentencia nº 450 de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Marzo de 2018.

Fecha de Resolución:28 de Marzo de 2018
Emisor:Primera Sala
 
CONTENIDO

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 28 de marzo de 2018, que dice así: SALA CIVIL Y COMERCIAL

Audiencia pública del 28 de marzo de 2018 Casa Preside: Francisco Antonio Jerez Mena

Dios, Patria y Libertad

En nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Embarque Puerto Plata Corporation, sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República, con su domicilio social en la calle J.E.K. frente al L.G.U.G., en la calle Las Caobas, en la ciudad de Puerto Plata, debidamente representado por E.G., dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 037-0079615-8, domiciliado y residente en la ciudad de Puerto Plata, contra la sentencia núm. 627-2006-00056 (C), dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, el 14 de noviembre de 2006, ahora impugnada, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; República, el cual termina: Único: Que en el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de comunicación al Ministerio Público por ante los jueces del fondo, “Dejamos al criterio de la Suprema Corte de Justicia, la solución del presente Recurso de Casación”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 12 de febrero de 2007, suscrito por el Dr. J.A.P., abogado de la parte recurrente, Embarque Puerto Plata Corporation, en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 25 de junio de 2007, suscrito por los Lcdos. R.M.V.F., C.E.U.R. y R.F.A.A., abogados de la parte recurrida, P.R.P.D.;

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25-91, del 15 de octubre de 1991, modificada de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 23 de abril de 2008, estando presentes los magistrados R.L.P., presidente; M.A.T., E.M.E. y A.R.B.D., asistidos de la secretaria;

Visto el auto dictado el 21 de marzo de 2018, por el magistrado F.A.J.M., presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, y a los magistrados M.A.R.O., B.R.F.G., P.J.O. y J.A.C.A., jueces de esta S., para integrarse a esta en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926-35, del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294-40, de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) con motivo de una demanda en daños y perjuicios incoada por P.R.P.D., en contra de Embarque Puerto Plata Corporation, la Cámara Civil y Comercial del la sentencia civil núm. 271-2005-601, de fecha 27 de octubre de 2005, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: ACOGE buena y válida la presente demanda en DAÑOS Y PERJUICIOS, interpuesta por el señor P.R.P. en contra de la Compañía EMBARQUE PUERTO PLATA CORPORATION, por haber sido hecha conforme a la ley; SEGUNDO: CONDENA a la compañía EMBARQUE PUERTO PLATA CORP., al Pago de una indemnización de TRESCIENTOS MIL PESOS ORO DOM. (RD$300,000.00), a favor de el (sic) señor P.R.P.D.C. justa reparación de los daños morales y materiales causados por Dicha compañía; TERCERO: OREDENA (sic) la ejecución provisional y sin fianza de la presente sentencia a intervenir no obstante cualquier recurso que en su contra se interponga contra la misma; CUARTO: CONDENA a la parte demandada compañía EMBARQUE PUERTO PLATA CORPORATION, al pago de las costas del procedimiento, a favor y en provecho de la LIC. R.M.V.F., quien afirmó haberla avanzado en su mayor parte o totalidad”; b) no conforme con dicha decisión, Embarque Puerto Plata Corporation interpuso formal recurso apelación contra la decisión antes descrita, mediante acto núm. 756-2005, de fecha 19 de noviembre de 2005, instrumentado por el ministerial J.C.R., alguacil ordinario de la Cámara Penal del Juzgado de resuelto por la sentencia civil núm. 627-2006-00056 (C), de fecha 14 de noviembre de 2006, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, ahora impugnada, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente:PRIMERO: DECLARA, bueno y válido en cuanto a la forma, el presente recurso de apelación interpuesto por la sociedad comercial EMBARQUE PUERTO PLATA CORPORATION, contra la sentencia civil marcada con el No. 271-2005-601, del 17 del mes de octubre del año 2005, dictada por Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, por haber intentado de conformidad con las leyes que rigen la materia; SEGUNDO: ACOGE PARCIALMENTE, en cuanto al fondo indicado recurso y en consecuencia, REVOCA el ordinal Segundo de la indicada sentencia, por los motivos expuestos; TERCERO: Se condena la parte demandada-recurrente EMBARQUE PUERTO PLATA CORPORATION a pagar una indemnización en provecho del demandante-recurrido señor P.R.P.D., la cual debe ser justificada liquidación por estado; CUARTO: COMPENSA, las costas del procedimiento, por haber las partes sucumbido en algunos aspectos";

Considerando, que la parte recurrente propone contra la sentencia impugnada los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Violación al principio de inmutabilidad del proceso; Segundo Medio: Violación al Fallo extra y ultra petita”;

Considerando, que en el desarrollo de sus medios primero, segundo, tercero y un aspecto del cuarto, analizados de forma conjunta por estar vinculados y ser útil a la solución que se le dará al asunto, plantea la parte recurrente, en síntesis: “que conforme el acto introductivo de instancia marcado con el núm. 65/2004, de fecha 2 de septiembre de 2004, la reparación de los daños y perjuicios que se demanda encuentra su fundamento en que la hoy recurrente incurrió en la falta prevista en los artículos 1382 y 1384 del Código Civil, siendo resuelto el asunto ante la corte a qua en base a las disposiciones de los artículos 1146, 1149 y 1315 del Código Civil, como se comprueba en la sentencia impugnada; que el recurrido lazó su demanda bajo las condiciones antes expuestas, esto es, fundada en la falsa existencia delictual y cuasi delictual, es por ello que se ha alterado la instancia en un modo diferente a como fue planteada inicialmente, violando la inmutabilidad del proceso; que independientemente de que en los hechos existiere un contrato de transporte de efectos muebles desde Los Estados Unidos de América hasta la ciudad de Puerto Plata, República Dominicana, no estaba apoderada de tal cosa; que en tales condiciones no se ha podido defender válidamente, ya que la corte ha dado su decisión en base a cuestiones no conocidas en la demanda de instancia ni ha sido rendida en virtud de las disposiciones de los artículos 1146, 1149 y 1315 del Código Civil, plasmando una falta contractual en condición de transportista de los efectos muebles, cuando la solución que el recurrido pidió en base a la supuesta falta delictual y cuasi delictual que consagran los artículos 1382 y 1384 del Código Civil, a lo cual se debió limitar”;

Considerando, que para una mejor comprensión del caso que nos ocupa, es oportuno describir los siguientes elementos fácticos que se derivan del fallo impugnado, a saber: a) que P.R.P.D. demandó en reparación de daños y perjuicios a la entidad Embarque Puerto Plata Corporation, mediante acto núm. 65-2004, de fecha 02 de septiembre de 2004; b) que de dicha demanda resultó apoderada la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, la cual fue acogida parcialmente; c) que no conforme con dicha decisión, la demandada original interpuso recurso de apelación, el cual fue rechazado por la corte a qua mediante la sentencia ahora impugnada en casación;

Considerando, que para fallar en el sentido que lo hizo, rechazando el recurso de apelación y confirmando la decisión de primer grado, la corte a qua consideró lo siguiente: “que, sobre el recurso de apelación, la corte, luego de la ponderación y del análisis de los documentos depositados por las partes, así como de los argumentos que P.R.P. pagó a la compañía Embarque Puerto Plata Corporation en el condado de Providence, con asiento en la ciudad de New York, el traslado hacia nuestro país, República Dominicana, de las mercancías siguientes: (01) un equipo de música de 5 piezas; (02) bocinas de quince (15) pies de altura; (01) un televisor de diecinueve (19) pulgadas marca Philips; cuatro (04) gomas de carro nuevas marca Good Year; una (01) cama con su espaldar y base de hierro; dos (02) colchones y sus bases de hierro; un (01) juego de cuarto completo de 8 piezas; dos
(02) cajas conteniendo lozas; un (01) acondicionador de aire de 5,550 BTU; un (01) estante de hierro de tres (03) piezas; un (01) escritorio para computadora; una (01) bicicleta de niño color azul; un (01) archivo de madera; y diversas cajas conteniendo ropa personales y de cama, pagando la suma de US$1,800.00 dólares por concepto de envío de puerta a puerta, según se dejó evidenciado en las facturas Nos. 1963 y 242514 de fechas 27 del mes de febrero del año 2003, las cuales obran como elemento de prueba en el expediente; presentante (sic) la situación siguiente: a) El juego de de (sic) cuarto de 8 piezas, valorado presuntamente en US$3,000.00 dólares, le faltó la base de hierro que soporta el espaldar, los dos gaveteros presentan daños y el cristal del juego de cuarto se rompió; y de una de las cajas, faltaron varias colchas, sábanas, zapatos y ropas, lo cual ha valorado en la suma de más de plazo convenido entre las partes, toda vez que el día 25 del mes de abril del año 2003 fue pagado su transporte para ser entregada puerta a puerta, y no es hasta el día 28 de febrero cuando son recibidas, amén de las pérdidas alegadas; que asimismo reposa una serie de fotografías hechas a los bienes muebles, siendo un medio de prueba que no ha sido controvertido por las partes en litis; que reposa también en el expediente una serie de facturas emitidas por la recurrente, contentivas, de despacho de mercancías, las cuales fueron ya detalladas en la parte administrativa de esta sentencia; que real y efectivamente, luego de cotejar la documentación descrita precedentemente, llegamos a la conclusión que la recurrente incurrió en falta, pues ha entregado las mercancías transportadas en un estado diferentes a las recibidas de mano del señor P.R.P., lo cual ha quedado demostrado no solamente por el aspecto que representan los muebles en las fotografías depositadas; que ha quedado demostrado en el plenario el grado de deterioro de las mercancías en cuestión; que el transportista se encuentra obligado a entregar las mercancías en mismo estado en que la recibió, pues, responde de las consecuencias dañosas irrogadas al cargamento durante su transporte y derivadas de los actos culposos y de sus dependientes, así como de los retrasos de los viajes. Asimismo, está obligado a garantizarle al requeriente del servicio la cosa embarcada en reparar los daños y perjuicios que haya sufrido éste a consecuencia de la falta; que ha quedado debidamente establecido, tanto ante el tribunal a quo, como ante esta Corte, que la recurrente y transportista Embarque Puerto Plata Corporation, S.A., cometió falta, que evidentemente la misma ha quedado demostrada en el plenario, por los motivos expuestos, básicamente, por entregar las mercancías transportadas en las condiciones narradas en otra parte de esta sentencia; y muy especialmente, por ser una profesional en la rama de transporte de mercancías, lo cual hace presumir, conforme a la doctrina y a la jurisprudencia, una falta a su cargo; también han quedado probado los daños, una falta a su cargo; también han quedado probado los daños, aunque no su cuantía, por las diferentes facturas que obran en el expediente, así por el estado de deterioro que exhiben las mismas; que la recurrente, luego de las pruebas presentadas de manera clara por la recurrida, con relación a la falta, los daños y el vínculo de causalidad, características de la responsabilidad civil, debió, y no lo hizo, presentar a su vez, las pruebas de su liberación, pudo alegar la falta de un tercero, fuerza mayor o caso fortuito, o también la propia falta de la recurrida y demandante; que en la especie, se ha probado los documentos constitutivos de la responsabilidad civil contractual, como son la existencia de un contrato de transporte válido, la falta, que es el y la existencia del perjuicio; que si bien es cierto que los jueces del fondo son soberanos para apreciar el perjuicio, lo mismo al momento de fijar el monto de la indemnización, deben de evaluarlos, para otorgarla conforme al perjuicio sufrido, indicando en su sentencia cuáles elementos de prueba ha ponderado y valorado para fijar el monto de la indemnización; que en materia contractual, los daños y perjuicios a que el acreedor tiene derecho consisten en cantidades análogas a las pérdidas que haya sufrido y las ganancias que haya sido privado, según dispone el artículo 1149 del Código Civil” (sic);

Considerando, que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, ha establecido que tanto la doctrina como la jurisprudencia han reconocido a los jueces la facultad de resolver el litigio conforme a las reglas de derecho que le son aplicables, aun cuando deba ordenar o restituir su verdadera calificación a los hechos y actos litigiosos sin detenerse en la denominación que las partes le otorguen; que, los principios generales del derecho que rigen en materia civil reconocen que el juez tiene la obligación de resolver los litigios que son sometidos a su consideración, conforme a las leyes que rigen la materia, aun cuando la aplicación de estas leyes no hubieren sido expresamente requeridas por las partes, en aplicación del principio Iura Novit Curia, pero la aplicación de esta regla a fin de no acarrear

en el sentido de oír previamente a las partes, cuando el tribunal pretende formar su decisión en argumentos jurídicos no aducidos por estas, que entrañen modificación dada a los hechos en el debate y en la norma aplicable;

Considerando, que, en efecto, los principios generales del derecho que rigen en materia civil reconocen que haciendo uso de los postulados del principio Iura Novit Curia , que significa el deber del juez de aplicar la norma que corresponde al hecho sometido a su consideración, sin esperar que las partes se la indiquen, cuyo dinamismo procesal, si bien se instituye como un atemperamiento del principio de inmutabilidad procesal, esto es así siempre que no incurran con dicho proceder en violación al derecho de defensa que debe ser garantizado a las partes en el proceso, por tanto, si bien es cierto que la conformidad de las sentencias con las disposiciones sustantivas que gobiernan el caso concreto constituye un elemento esencial que define la justicia del fallo, estando en el deber el juez de hacer un uso correcto de dichas lo que la doctrina constante ha denominado dar a los hechos de la causa la verdadera denominación o calificación jurídica, no menos verdadero es que en el ejercicio de ese poder activo de dirección del proceso las partes deben tener la oportunidad de presentar sus respectivas posiciones y los argumentos legales en apoyo a la nueva orientación dada por la corte al caso;

Considerando, que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, en su sentencia de fecha 6 de febrero de 2003, dejó establecido que la decisión de los jueces de hacer uso del principio Iura Novit Curia debe armonizar con el derecho de las partes de plantear sus observaciones o juicios con relación a las reglas de derecho que el juzgador pretende aplicar al caso; que el fallo referido contiene el criterio jurisprudencial siguiente: “es importante establecer, que si bien es cierto que en principio, corresponde a los jueces del fondo dar a los hechos de la causa su verdadera denominación jurídica, de acuerdo al principio Iura Novit Curia, no menos cierto es que esta calificación debe realizarse en la instrucción alegada por las partes no se corresponde con los hechos fijados en el proceso, por lo que el juez apoderado está en la obligación de advertir a las partes que está facultado para darle a los hechos de la causa una calificación distinta, la cual debe comunicarles a fin de que estos puedan hacer sus observaciones sobre la norma que el tribunal considere que pueda aplicar al caso, toda vez que si el tribunal cambia en la solución del caso la norma aplicable al mismo, sin darle la oportunidad a las partes de pronunciarse sobre esta posibilidad de cambio de calificación, se violentaría el derecho de defensa de las partes y el debido proceso”;

Considerando, que, es oportuno destacar, que en Francia, país de origen de nuestra legislación procesal civil, luego de la reforma del Código Procesal Civil, el artículo 16 del referido texto legal dispone: “El tribunal deberá observar en todo caso el principio de contradicción. Para fundar su decisión sólo podrá atender a los medios de prueba, a las explicaciones y a los documentos invocados o aportados por una parte en caso contradecirlos. No podrá fundar su decisión en fundamentos jurídicos que él mismo haya apreciado de oficio sin haber ofrecido previamente a las partes la oportunidad de pronunciarse al respecto”; que, a pesar de que en nuestra legislación ordinaria no existe ninguna disposición legal al respecto, la Constitución de la República garantiza el debido proceso de ley, en el cual debe salvaguardarse el derecho de defensa y el principio de contradicción procesal, de manera pues, que como es un asunto entroncado en la norma fundamental del Estado, es inexcusable su aplicación al caso concreto”;

Considerando, que en ese orden de ideas, es preciso indicar que en la especie, la indemnización que P.R.P.D., procura contra Embarque Puerto Plata Corporation, se encuentra sustentada en los alegados daños y perjuicios padecidos a causa de la no entrega a la persona designada de la mercancía que fue embarcada desde los Estados Unidos de América, así como por los deterioros que específicamente, en los sistemas de responsabilidad establecidos en los artículos 1382 y 1384 del Código Civil, conforme se aprecia en el acto introductivo de la demanda inicial; que la corte a qua, al volver a analizar los hechos y circunstancias de la causa, juzgó el asunto a la luz de los preceptos establecidos en la responsabilidad civil contractual, determinando la existencia de un contrato, un incumplimiento a la obligación asumida en el mismo y los daños padecidos, aunque no su cuantificación, por lo que ordenó que se liquidaran por estado;

Considerando, que si bien, como se ha dicho, los jueces tienen la facultad de otorgar a los hechos de la causa su verdadera denominación, deben hacerlo garantizando los derechos de ambas partes, lo que no ocurrió en la especie, puesto que al darle la corte a qua a los hechos la denominación jurídica que a su juicio era la aplicable al caso, no ofreció a las partes la oportunidad de pronunciarse sobre los puntos de derecho en los que fundamentó su decisión, al haber intervenido las partes no tuvieron la oportunidad de presentar su defensa en ocasión de esta nueva orientación dada por el tribunal de alzada al caso en cuestión;

Considerando, que en virtud de las consideraciones antes citadas, la corte a qua incurrió en las violaciones alegadas por la parte recurrente, razón por la cual procede acoger el presente recurso, y en consecuencia casar la sentencia impugnada;

Considerando, que cuando la sentencia es casada por una falta procesal a cargo de los jueces como en el caso ocurrente, las costas pueden ser compensadas, al tenor del numeral 3 del art. 65 de la Ley núm. 3726 del 29 de diciembre de 1959, sobre Procedimiento de Casación.

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil núm. 627-2006-0056, dictada el 14 de noviembre de 2006, por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto ante la mismas atribuciones; Segundo: Compensa las costas procesales.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 28 de marzo de 2018, años 175º de la Independencia y 155º de la Restauración.

(Firmados) F.A.J.M.. - M.A.R.O.-BlasR.F.G..- P.J.O..- J.A.C.A..-

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los
señores jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y
año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí,
Secretaria General, que certifico.

La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy 12 de julio del año 2018, a solicitud de parte interesada.

Cristiana A. Rosario V.

Secretaría General