Sentencia nº 1106 de Suprema Corte de Justicia, del 30 de Agosto de 2017.

Fecha de Resolución30 de Agosto de 2017
EmisorPrimera Sala

Sentencia No. 1106

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 27 de julio del 2018, que dice así:

SALA CIVIL Y COMERCIAL

Audiencia pública del 27 de julio de 2018. Inadmisible Preside: Francisco Antonio Jerez Mena

Dios, Patria y Libertad

En nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por B.A.C.T., dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1124579-1, domiciliada y residente en la calle Cuarta, apartamento 3-B, del Proyecto Invi-Maquiteria, residencial Mirador del Este, del municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, contra la sentencia civil núm. 01283/2016, de fecha 25 de noviembre de 2016, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia

Distrito Judicial de Santo Domingo, en funciones de tribunal de segundo grado, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. M.G.M.M., abogado de la parte recurrida, M.L.O.G.V.. Espinal y E.E.E.O.;

Oído el dictamen de la magistrada procuradora general adjunta de la República, el cual termina: “Único: Que en el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de comunicación al Ministerio Publico por ante los jueces del fondo, “Dejamos al criterio de la Suprema Corte de Justicia, la solución del presente recurso de casación”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 4 de enero de 2017, suscrito por el Lcdo. R.M., abogado de la parte recurrente, B.A.C.T., en el cual se invoca el medio de casación que se indicará más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 23 de enero de 2017, suscrito por el Dr. M.G.M.M., abogado de la parte recurrida, M.L.O.G.V.. Espinal y E.E.E.O.;

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25-91, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1, 5 y 65 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 30 de agosto de 2017, estando presentes los magistrados F.A.J.M., presidente; M.A.R., B.R.F.G., P.J.O. y J.A.C.A., asistidos del secretario, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que se refiere, consta: a) con motivo de la demanda en resiliación de contrato de inquilinato, cobro de alquileres y desalojo por falta de pago, interpuesta por M.L.O.G.V.. Espinal y E.E.E.O., contra B.A.C.T., el Juzgado de Paz Ordinario de la Primera Circunscripción del municipio Santo Domingo Este, provincia de Santo Domingo, dictó el 18 de agosto de 2015, la sentencia civil núm. 663/2015, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Ratifica el defecto pronunciado en audiencia en contra de la parte demanda señora Bielka Altagracia Colón Tineo (inquilina), por falta de comparecer no citación legal; SEGUNDO: Declara buena y válida en cuanto a la forma, la presente demanda civil en cobro de alquileres vencidos y dejados de pagar, rescisión de contrato y desalojo interpuesta por los señores M.L.O.G.V.. Espinal

Emgel Enmanuel Espinal Ovalle, mediante acto de alguacil No. 135/2015, de fecha 21/05/2015, instrumentado por el ministerial J.A., alguacil de estrado del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido hecha de conformidad la ley; TERCERO: En cuanto al fondo acoge en parte las conclusiones de la parte demandante, por ser justas y reposar en base legal, y en consecuencia, ordena la rescisión del contrato de inquilinato intervenido entre los señores M.L.O.G.V.. Espinal, E.E.E.O. (propietarios) y Bielka Altagracia Colón Tineo (inquilina), respecto al inmueble ubicado en la calle 4ta., Edificio 8, Apto. 3-B, Residencial Mirador del Este, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, por falta de pago del precio del alquiler; CUARTO: Condena a la señora B.A.C.T., al pago de la suma de cincuenta y seis mil quinientos pesos (RD$56,500.00), correspondiente a los meses de: Resto de diciembre del año 2013 (tres mil quinientos pesos con 00/100) (RD$3,500.00) y desde octubre del año 2014 hasta abril del año 2015, a razón de RD$7,500.00 cada mes, así como al pago de los meses vencidos y por vencer durante el transcurso del proceso; QUINTO: Ordena el desalojo de la señora B.A.C.T. (inquilina) del inmueble ubicado en la calle 4ta., Edificio 8, Apto. 3-B, Residencial Mirador del Este, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, o de cualquiera otra persona que a cualquier título ocupe el inmueble antes descrito; SEXTO: Condena a la parte demandada, señora B.A.C.T. (inquilina), al pago de las costas del procedimiento, con distracción a favor del

M.G.M.M., abogado que afirma haberlas avanzado en su totalidad; SÉPTIMO: Ordena la ejecución provisional y sin fianza de esta sentencia solo en cuanto al monto adeudado; OCTAVO: C. al ministerial M.A.C.M., alguacil de estrado de este tribunal, para la notificación de la presente decisión”; b) no conforme con dicha decisión B.A.C.T. interpuso formal recurso de apelación contra la sentencia precedentemente descrita, mediante acto núm. 483/2016, de fecha 12 de mayo de 2016, instrumentado por el ministerial M.O.E., alguacil de estrado de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia civil núm. 01283/2016, de fecha 25 de noviembre de 2016, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado

Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, en funciones de tribunal de segundo grado, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación, incoado por B.A.C.T., en contra de la Sentencia Civil No. 663/2015, de fecha dieciocho (18) del agosto del año dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Paz Ordinario de la Primera Circunscripción del Municipio Santo Domingo Este, Provincia de Santo Domingo, que decidió la demanda en resiliación de contrato de inquilinato, cobro de alquileres y desalojo por falta de pago, interpuesta por M.L.O.G.V.. Espinal y E.E.E.O., en contra del señor (sic) B.A.C.T., mediante Acto Núm. 483/16, de fecha doce (12) del mes de mayo año dos mil dieciséis (2016), del ministerial M.O.E., de estrado de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior de esta decisión; SEGUNDO: Condena a la parte sucumbiente al pago de las costas a favor y provecho del L.. M.G.M.M., por haberlas avanzado en su totalidad”;

Considerando que la parte recurrente propone contra el fallo impugnado el siguiente medio de casación: “Único Medio: Errónea aplicación de la ley. Falta de motivos”;

Considerando, que previo al estudio del medio propuesto en su memorial la recurrente, procede que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte Justicia, actuando como Corte de Casación, determine si en la especie se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad del recurso, cuyo control oficioso prevé la ley;

Considerando, que, en ese orden es preciso señalar que el artículo 5, párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008, fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional mediante sentencia núm. TC/0489/15 del 6 de noviembre de 2015 por contravenir el artículo 40.15 de la Constitución de la República Dominicana, difiriendo los efectos de su decisión el plazo de un (1) año a partir de su notificación a fin de evitar afectar el servicio de justicia y la creación de desigualdades en el ejercicio del derecho al recurso; que dicho fallo fue notificado en fecha 19 de abril de 2016 al tenor de los oficios núms. SGTC-0751-2016, SGTC-0752-2016, SGTC-0753-2016, SGTC-0754-2016 y SGTC-0756-2016, suscritos por el secretario de ese órgano estatal, de suerte que el plazo por el cual fueron diferidos los efectos de dicha sentencia venció el 20 de abril de 2017, momento a partir del cual entró en vigor la inconstitucionalidad pronunciada, cuyo efecto es la expulsión de la disposición cuestionada del ordenamiento jurídico, suprimiéndose la causal de inadmisión instituida en el antiguo artículo 5, párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre

2008; que el criterio del Tribunal Constitucional se nos impone en virtud del artículo 184 de la Constitución que establece que: “Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”; Considerando, que, sin embargo, también cabe puntualizar que en el modelo concentrado de justicia constitucional, en principio, las sentencias estimatorias rigen para el porvenir, es decir, tienen efectos ex nunc o pro futuro, tal como lo establecen los artículos 45 y 48 de la Ley núm. 137-11, del 13 de junio

2011, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, modificada por la Ley núm. 145-11, del 4 de julio de 2011; pues artículo 45 dispone que: “Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad y pronuncien la anulación consecuente de la norma o los actos impugnados, producirán cosa juzgada y eliminarán la norma o acto del ordenamiento. Esa eliminación regirá a partir de la publicación de la sentencia”; que, a su vez el artículo 48 establece: “La sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma produce efectos inmediatos y para el porvenir”, principio que solo se exceptúa cuando el propio Tribunal Constitucional decide modular los efectos de su sentencia para dotarla de un carácter retroactivo en virtud de lo dispuesto por la parte in fine del citado artículo 48 de la citada Ley 137-11, que dispone que: “Sin embargo, el Tribunal Constitucional podrá reconocer y graduar excepcionalmente, de modo retroactivo, los efectos de sus decisiones de acuerdo a las exigencias del caso”;

Considerando, que al dictar la sentencia TC/0489/15, el Tribunal Constitucional, lejos de exceptuar los efectos ex nunc propios de las sentencias estimatorias dictadas en el ejercicio del control concentrado de constitucionalidad, decidió diferir hacia el futuro la eficacia de su fallo, lo que revela que indiscutiblemente la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008 está desprovista de todo efecto retroactivo;

Considerando, que como consecuencia de lo expuesto, aunque en la actualidad el antiguo artículo 5, párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre

2008, se encuentra derogado en virtud de la entrada en vigor de la inconstitucionalidad pronunciada mediante la sentencia TC/0489/15, dicho texto legal aún es válidamente aplicable a los recursos de casación que fueron interpuestos durante el período en que estuvo vigente, a saber, desde la fecha de su publicación el 11 de febrero de 2009 hasta la fecha de su efectiva abrogación el 20 de abril de 2017;

Considerando, que este razonamiento también se sustenta en lo siguiente:
a) el principio de irretroactividad de las normas consagrado en el artículo 110 de Constitución que establece que: “La ley sólo dispone y se aplica para lo

porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”; b) el principio de ultractividad normativa instituido por la doctrina jurisprudencial del propio Tribunal Constitucional en base al citado artículo 110 al estatuir en el sentido de que: “la norma que se aplique a todo hecho, acto o negocio jurídico debe ser la vigente en momento en que ocurrió el acto de que se trate, de manera que aunque dicha norma no pueda seguir rigiendo o determinando situaciones jurídicas nacidas con posterioridad a la fecha en que quedó derogada, sí continuará rigiendo las situaciones jurídicas surgidas a su amparo, por efecto de la llamada ultractividad de la ley”1; c) la doctrina de la situación jurídica consolidada que también ha sido consagrada por nuestro Tribunal Constitucional como una excepción al principio de aplicación inmediata de la ley procesal, conforme a la cual ha juzgado que el régimen legal aplicable a los recursos de casación es el vigente al momento de su interposición en razón de que: “la garantía constitucional de la irretroactividad de la ley se traduce en la certidumbre de que cambio en el ordenamiento jurídico no puede tener la consecuencia de sustraer el bien o el derecho ya adquirido del patrimonio de la persona, o de provocar que si se había dado el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma legal, ya no surta la consecuencia que el interesado esperaba de la situación jurídica consolidada”2, y, finalmente, d) el antiguo artículo 5, párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, modificada por la núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008, tenía por objeto regular las

Sentencias TC/0015/13, del 11 de febrero de 2013, TC/0122/14, del 13 de junio de 2014, TC/111/14, del 30 de junio de 2014, TC/0169/16, del 12 de mayo de 2016. condiciones de admisibilidad para la interposición del recurso de casación y no fallo que al respecto dicte esta jurisdicción de suerte que es la fecha de la

interposición del recurso y no la fecha de la sentencia que lo decide la que determina el régimen legal aplicable ratione temporis;

Considerando, que, en ese tenor, como el presente recurso se interpuso el 4 de enero de 2017, es decir, durante el período de vigencia del antiguo artículo 5, párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008, dicho texto legal es aplicable en la especie y, por lo tanto, procede valorar su admisibilidad a la luz de su contenido, en el cual se disponía que:

“No podrá interponerse el recurso de casación, sin perjuicio de otras disposiciones legales que lo excluyen, contra: las sentencias que contengan condenaciones que no excedan la cuantía de doscientos (200) salarios mínimos del más alto establecido para el sector privado, vigente al momento en que se interponga el recurso (…)”;

Considerando, que el referido mandato legal nos exige de manera imperativa determinar, cuál era el salario mínimo más alto establecido para el sector privado al momento de interponerse el presente recurso y, establecer si el monto resultante de los doscientos (200) salarios excede la condenación establecida en la sentencia impugnada; que, en ese sentido, esta jurisdicción ha podido comprobar que para la fecha de interposición del presente recurso, esto como señalamos anteriormente, el 4 de enero de 2017, el salario mínimo más para el sector privado estaba fijado en doce mil ochocientos setenta y tres

pesos dominicanos (RD$12,873.00) mensuales, conforme a la Resolución núm. 1/2015, dictada por el Comité Nacional de Salarios en fecha 20 de mayo de 2015, entrada en vigencia el 1 de junio de 2015, por lo cual el monto de doscientos (200) salarios mínimos asciende a la suma de dos millones quinientos setenta y cuatro mil seiscientos pesos dominicanos (RD$2,574,600.00), por consiguiente, para que sea admitido el recurso extraordinario de la casación contra la sentencia dictada por el tribunal a quo es imprescindible que la condenación por el establecida sobrepase esa cantidad;

Considerando, que al proceder a verificar la cuantía a que asciende la condenación, resulta lo siguiente: a. que M.L.O.G. viuda Espinal y E.E.E.O., incoaron una demanda en resiliación contrato, cobro de alquileres y desalojo por falta de pago contra B.A.C.T., que fue acogida por el tribunal de primer grado apoderado, condenando a la parte demandada al pago de cincuenta y seis mil quinientos pesos con 00/100 (RD$56,500.00), por concepto de mensualidades vencidas y no pagadas correspondiente a los meses de: “Resto del mes de diciembre del año 2013 (tres mil quinientos pesos con 00/100) (RD$3,500.00) y desde octubre del año 2014 hasta abril del año 2015”, a razón de RD$7,500.00 mensuales, así como al pago de los meses vencidos y por vencer durante el transcurso del proceso; b. que la alzada rechazó el recurso de apelación interpuesto por B.A.C.T. contra dicha decisión; que como se dicho la condena impuesta por el tribunal de primer grado abarca hasta el mes de abril del año 2015; que luego de un simple cálculo podemos deducir que desde dicha fecha hasta el momento en que se interpuso el presente recurso han transcurrido 21 meses, e igual número de mensualidades vencidas luego de dictada la decisión condenatoria, las que generan un total de ciento cincuenta y siete mil quinientos pesos con 00/100 (RD$157,500.00) por dicho concepto, cantidad que sumada a la condena del primer juez asciende a doscientos catorce pesos con 00/100 (RD$214,000.00); que evidentemente, dicha cantidad no excede del valor resultante de los doscientos (200) salarios mínimos, que es la cuantía requerida para la admisión del recurso de casación, de conformidad con disposiciones previstas en la primera parte del literal c, párrafo II del artículo de la Ley sobre Procedimiento de Casación; que, en atención a las circunstancias referidas, al no cumplir el presente recurso de casación con el mandato de la ley, respecto al monto mínimo que debe alcanzar la condenación contenida en la sentencia impugnada para ser susceptible del recurso que nos ocupa, procede que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia declare de oficio su inadmisibilidad, lo que hace innecesario el examen del medio casación propuesto por la recurrente, en razón de que las inadmisibilidades, su propia naturaleza, eluden el conocimiento del fondo de la cuestión planteada, en el presente caso, el examen del recurso de casación del que ha sido apoderada esta sala;

Considerando, que cuando el recurso de casación es decidido por un medio suplido de oficio por la Suprema Corte de Justicia, como ocurre en el presente caso, el numeral 2 del artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, dispone la posibilidad de que las costas puedan ser compensadas.

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible, de oficio, el recurso de casación interpuesto por Bielka Altagracia Colón Tineo, contra la sentencia civil núm. 01283-2016, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, en funciones de tribunal de segundo grado, el 25 de noviembre de 2016, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa el pago de las costas del procedimiento.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 27 de julio de 2018, años 175º de la Independencia y 155º de la Restauración. (Firmado) F.A.J.M..- M.A.R.O..- B.R.F.G..- J.A.C.A..

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, secretaria general, que certifico.