Sentencia nº 189 de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Febrero de 2018.

Fecha de Resolución:28 de Febrero de 2018
Emisor:Primera Sala
 
CONTENIDO

28 de febrero de 2018

Sentencia No. 189, C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 28 de febrero del 2018, que dice así:

SALA CIVIL Y COMERCIAL

diencia pública del 28 de febrero de 2018 Rechaza Preside: Francisco Antonio Jerez Mena

Dios, Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por la señora Lidia Leónidas Cid Cid, dominicana, mayor de edad, provista de la cédula de identidad y electoral núm. 037-0046223-1, domiciliada y residente en la calle Dr. P. núm. 204, edificio Málaga, apartamento 1-B, Zona Universitaria de esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 00217-2005, de fecha 2 de septiembre de 2005, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del magistrado procurador general adjunto de la República, el cual termina: Único: Que en el caso de la especie, tal y como señala segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de comunicación al Ministerio Público por ante los 28 de febrero de 2018

Jueces del fondo, “Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de Justicia, la solución del presente recurso de casación”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 19 de enero de 2006, suscrito por el Dr. J.M.N.C., abogado de la parte recurrente, L.L.C. de Cid, en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 28 de junio de 2006, suscrito por el Lcdo. P.L.S.A., abogado de la parte recurrida, Financiera Inversiones M. & R., C. por A.;

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25-91, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1 y 65 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 14 de octubre de 2009, estando presentes los magistrados R.L.P., presidente; E.M.E., A.R.B.D. y J.E.H.M., asistidos de la secretaria; 28 de febrero de 2018

Visto el auto dictado el 12 de febrero de 2018, por el magistrado F.A.J.M., presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte

Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo y a los magistrados M.A.R.O., B.R.F.G., P.J.O. y J.A.C.A., jueces de esta sala, para integrarse a esta en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926-35, de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294-40, de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que la sentencia impugnada y en los documentos a que ella refiere, revelan que: a) con motivo de la demanda en rescisión de contrato interpuesta por la entidad Financiera Inversiones M. & R., C. por A., contra la señora L.L.C. de Cid, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, dictó el 2 de diciembre de 2004, la sentencia civil núm. 271-2004-815, cuyo dispositivo copiado textualmente el siguiente: “PRIMERO: DECLARA buena y válida la demanda en rescisión contrato, interpuesta por la FINANCIERA INVERSIONES M. &R., C.P. en contra de la señora LIDIA LEÓNIDAS CID DE CID; SEGUNDO: ORDENA la rescisión de contrato de venta de inmueble, intervenido entre FINANCIERA INVERSIONES M. & R., C.P.A., y la señora LIDIA LEÓNIDAS CID VDA. DE CID, de fecha 28 de Febrero del año 2002, por los 28 de febrero de 2018

motivos expuestos en los considerandos de ésta misma sentencia; TERCERO: CONDENA a la demandada la señora LIDIA LEÓNIDAS CID DE CID, al pago y favor de la demandante FINANCIERA INVERSIONES M. &R., C.P.A., de suma de CIENTO UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS (RD$ 101,666.70), como penalidad por incumplimiento contrato, y más al pago de los intereses legales de dicha suma, a partir de la fecha de la demanda; CUARTO: ORDENA la ejecución provisional y sin fianza la presente sentencia, no obstante cualquier recurso que se interponga; QUINTO: CONDENA a la demandada señora L.L. CID DE CID, pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor y provecho del LICDO. P.L.S.A., quien afirma haberlas avanzando en su totalidad; SEXTO: CONDENA a la demandada señora L.L. CID DE CID, al pago a favor de la demandante, FINANCIERA INVERSIONES M. &R., C.P.A., de la suma de UN MILLÓN VEINTE Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CUARENTA CENTAVOS DOMINICANOS (RD$ 1,023,833.40), y más al pago de intereses y comisiones contractuales a partir del día 27 de Enero del año 2003”; b) no conforme con dicha decisión la señora L.L.C. de Cid, interpuso formal recurso de apelación contra la referida sentencia, mediante el acto núm. 985-2004, de fecha 30 de diciembre de 2004, instrumentado por el ministerial P. de la C.M., alguacil ordinario de la Quinta Sala del 28 de febrero de 2018

Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, dictó

2 de septiembre de 2005, la sentencia civil núm. 00217-2005, hoy recurrida en casación, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: PRIMERO: En cuanto a la forma, DECLARA, regular y válido el recurso de apelación interpuesto por la señora LIDIA LEÓNIDAS CID DE CID, contra la sentencia Civil número 271-2004-815, dictada en fecha Dos (2) de Diciembre del Dos Mil Cuatro (2004), por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, por haber sido incoado conforme a las normas legales vigentes; SEGUNDO: En cuanto al fondo, RECHAZA el presente recurso de apelación y en consecuencia, CONFIRMA, en todas sus partes la sentencia recurrida por las razones expuestas en el curso de la presente sentencia; TERCERO: CONDENA a la parte recurrente al pago de las costas procedimiento, ordenando su distracción en provecho del licenciado P.L.S.A., abogado que afirma avanzarlas en su mayor parte”;

Considerando, que de la sentencia impugnada y de los documentos a que se refiere, esta corte ha podido establecer lo siguiente: a) que mediante contrato de venta de fecha 28 de febrero de 2002, la Financiera Inversiones M &
C. por A., vendió a la señora L.L.C. de Cid, un inmueble por la suma de RD$1,200,00.00; b) que del precio de la venta la compradora asumió una deuda de RD$901,666.60; c) que con motivo de una demanda en rescisión de contrato de venta, interpuesta por la Financiera Inversiones M & R., C. por A, 28 de febrero de 2018

contra la señora L.L.C. de Cid, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, dictó la sentencia civil núm. 271-2004-815, de fecha 2 de diciembre de 2004, ordenando la rescisión del contrato de venta y condenando a la parte demanda al pago de las sumas de RD$101,666.70, como penalidad por incumplimiento del contrato y RD$1,023,833.40; b) que mediante acto No. 985/2004, de fecha 30 de diciembre

2004, instrumentado por el ministerial P. de la C.M., alguacil dinario de la Quinta Sala del Distrito Nacional, la señora L.L.C. de recurrió en apelación la indicada sentencia, bajo el sustento de que en la sentencia apelada no se tomó en cuenta los hechos de la cusa, ni los documentos establecen los derechos y pretensiones de las partes en causa y que el tribunal de segundo grado en virtud del doble grado de jurisdicción y del efecto devolutivo del recuso, se encontraba obligado a realizar una nueva instrucción la causa en interés de establecer la verdad de los hechos conforme a las pruebas que se suministren en el proceso; c) que con motivo del indicado recurso, la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, dictó la sentencia civil núm. 00217/2005, de fecha 2 de septiembre de 2005, rechazando el recurso de apelación, decisión ahora recurrida en casación;

Considerando, que la corte a qua sustentó su decisión en los motivos que textualmente se transcriben a continuación: “(…) Que la parte recurrida, probó 28 de febrero de 2018

mediante los documentos, tanto en primer grado como en este Tribunal de alzada, que la parte recurrente es su deudora y que incumplió con su parte en el contrato de referencia. Que la parte recurrente ni en primer grado, ni en esta Corte probó haber cumplido con los compromisos asumidos, por lo que su recurso debe ser rechazado. Que el juez a quo hizo una correcta apreciación de los hechos y buena aplicación del derecho en la sentencia recurrida, por lo que en cuanto al fondo procede confirmar en todas sus partes la sentencia recurrida”;

Considerando, que la parte recurrente propone contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de casación: “Primero: Violación al artículo del Código de Procedimiento Civil. Falta de motivos pertinentes a las conclusiones de las partes. Ausencia de motivos y falta de base legal; Segundo: Omisión de estatuir. Falta de repuesta a las conclusiones de las partes. Errónea interpretación de los artículos 1315 y 1334 del Código Civil. Violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil”;

Considerando, que en el desarrollo de sus dos medios de casación, los cuales se reúnen por estar estrechamente vinculados, la parte recurrente alega, esencia, a) que tanto en primer grado como en apelación, sostuvo que la demandante no había hecho prueba en cuanto a los términos de su demanda se refiere y la sentencia recurrida en casación tampoco emite ningún motivo que justifique la indemnización acordada a la parte recurrida y demandante en primer grado; b) que la corte a qua tampoco emitió criterios propios ni tampoco 28 de febrero de 2018

establece la falta cometida por la recurrente en lo que se refiere al cumplimiento contrato como a las indemnizaciones acordadas por el tribunal de primer

grado; c) que la corte a qua no ha emitido juicio de valor sobre los documentos depositados por los instanciados, pretendiendo poner a cargo de la recurrente la prueba de su liberación cuando el demandante no ha podido establecer con certidumbre la veracidad de su crédito; d) que el análisis de la sentencia revela una ausencia de respuesta a las conclusiones tanto de la parte demandante en primer grado como a la recurrente en apelación hoy en casación; f) que el artículo 1315 del Código Civil, pone a cargo de la parte demandante la prueba tanto de pretensiones principales como las accesorias, en su caso la causa de la rescisión del contrato, lo que obliga al juez responder las conclusiones de las partes y a dar motivos suficientes y pertinentes que justifiquen su accionar;

Considerando, que en relación a la alegada falta de motivos y de base legal, es preciso señalar, que ha sido criterio constante de esta Sala Civil y Comercial de

Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, que la necesidad de motivar las sentencias por parte de los jueces constituye una obligación y una garantía fundamental del justiciable de inexcusable cumplimiento que se deriva contenido de las disposiciones claras y precisas del artículo 141 del Código Procedimiento Civil, lo que además corresponde con un Estado nstitucional de derecho, en donde todos sus actos deben estar justificados y no concibe la arbitrariedad; que en un verdadero estado de derecho a esos 28 de febrero de 2018

principios fundamentales de legalidad y de no arbitrariedad, deben estar sometidos todos los poderes públicos, especialmente los órganos jurisdiccionales, quienes tienen la obligación de explicar a los ciudadanos, las causas y las razones que sirven de soporte jurídico a un acto trascendente, como lo es la sentencia, lo que nos permite concluir diciendo que el más eficaz antídoto procesal en contra de la arbitrariedad es el de la motivación1;

Considerando, que en ese mismo orden de ideas, el legislador ha establecido en el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, que la sentencia debe contener los fundamentos o motivos en los que el tribunal basa su decisión, que ha sido entendido como la forma en la que el tribunal expone de manera clara y ordenada las cuestiones de hecho y de derecho que sirvieron de soporte a sentencia, o en otros términos, en la que el juez o los jueces explican las razones jurídicamente válidas e idóneas para justificar una decisión; que, sin embargo, no se trata de exigir a los órganos jurisdiccionales una argumentación extensa, exhaustiva o pormenorizada, ni impedir la fundamentación concisa que su caso realicen quienes ejerzan la potestad jurisdiccional; lo importante es las pretensiones de las partes se sometan a debate, se discutan y se decidan forma razonada; que en ese orden de ideas, la corte a qua rechazó el recurso apelación y confirmó la sentencia de primer grado al haber comprobado de pruebas sometidas al debate, que la parte recurrida probó mediante los

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documentos, tanto en primer grado como ante ese tribunal de alzada, que la parte recurrente es su deudora, que el recurrente, ni en primer grado ni ante dicha corte, probó haber cumplido con los compromisos asumidos, no indicando la parte recurrente cuáles conclusiones y documentos no fueron valorados por la corte a qua que demostraran el cumplimiento de su obligación, pues ni siquiera ante esta corte de casación ha aportado documento alguno como prueba de sus alegatos, por lo que sus argumentos carecen de pertinencia y deben ser desestimados;

Considerando, en cuanto al aspecto señalado por la parte recurrente referente a que la corte a qua hizo una errada interpretación del artículo 1315 del Código Civil, puesto que corresponde a la parte demandante aportar las pruebas la causa de la rescisión del contrato y la prueba del perjuicio causado, se ifica de la decisión impugnada, que la alzada previo a constatar que reposaba el expediente el contrato de venta de fecha 28 de febrero de 2003, a través del cual Inversiones M & R., vendió a la hoy recurrente una casa por la suma de RD$1,200,00.00, de lo cual asumió una deuda por la suma RD$901,666.60, así como el pagaré de fecha 28 de febrero de 2002, por la suma de RD$800,000.00, determinó que el ahora recurrente no probó haber cumplido con los compromisos asumidos en el referido contrato, por lo que en ese sentido, fueron correctos los razonamientos de la corte a qua, por cuanto la parte recurrente no ha demostrado, como ya ha sido indicado anteriormente, haber aportado ningún 28 de febrero de 2018

medio de prueba que lo exima de su obligación, por tanto contrario a lo sostenido por el recurrente, la alzada no hizo una mala interpretación de las disposiciones del artículo 1315 del Código Civil, en consecuencia, procede desestimar el aspecto examinado;

Considerando, que en cuanto al argumento de que la corte no estableció motivos que justifiquen las indemnizaciones acordadas por el tribunal de primer grado, si bien es verdad que, por una parte, la Corte a-qua para confirmar la sentencia apelada respecto a la rescisión del contrato estableció soberanamente la ocurrencia de la falta contractual a cargo de la hoy recurrente al haber comprobado que esta no cumplió con los compromisos asumidos en el contrato venta, también es cierto que dicha corte, según se aprecia en la motivación dada en su fallo, respecto a las indemnizaciones acordadas por el juez de primer grado no indicó los elementos que tuvo en cuenta para establecer el monto de RD$101,666.70 de penalidad por el incumplimiento del contrato, más el pago de intereses legales de dicha suma, así como la condenación de la suma de RD$1,023,833.40, sin indicar el concepto, y el pago de los intereses y comisiones contractuales en beneficio de la actual recurrida, limitándose a confirmar la sentencia de primer grado; que en ese orden de ideas, esta jurisdicción se ha pronunciado constantemente en el sentido de que la evaluación de los daños y perjuicios impuestos, así como de las indemnizaciones que de ellos resultan, son 28 de febrero de 2018

cuestiones de la soberana apreciación de los jueces del fondo, que escapan a la

censura de la casación salvo desnaturalización, ausencia de motivos o irrazonabilidad de las indemnizaciones, es decir que sea tan irrisoria que equivalga a una falta de indemnización o tan excesiva que constituya un enriquecimiento sin causa2; que respecto de la cuantificación de las indemnizaciones por daños materiales se ha juzgado particularmente que los jueces tienen que motivar sus decisiones respecto de la estimación que se hagan estos, detallando en qué consistieron los daños materiales y su magnitud3, lo no ocurre en el caso de la especie, lo que impide a esta sala verificar la procedencia de tales condenaciones;

Considerando, que por todo lo antes expuesto, es evidente, que la sentencia impugnada contiene una exposición vaga e incompleta de los hechos, así como falta de motivos, que impiden a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, verificar si en el aspecto relativo a condenaciones impuestas en la sentencia de primer grado se ha hecho una correcta aplicación de la ley; que en esas condiciones, es obvio que esta Corte de

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, sentencia núm. 13, del 30 de marzo de 2005, B.J. 1132; sentencia núm. 7, del 28 de noviembre de 2001, B.J. 1092; S.R., sentencia núm. 1, del 3 de abril de 2013, B.J. 1229; sentencia núm. 1, del 25 de enero de 2012, B.J. 1214; 28 de febrero de 2018

Casación no puede ejercer su poder y comprobar, si la ley ha sido o no bien aplicada, lo que se traduce en falta de motivos y en el vicio de falta de base legal, consiguiente, la sentencia atacada debe ser casada únicamente en dichos aspectos.

Considerando, de conformidad con los artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 131 del Código de Procedimiento Civil M se permite la compensación en costas cuando ambas partes hayan sucumbido parcialmente en sus pretensiones, tal como sucede en la especie.

Por tales motivos, Primero: Casa, únicamente en cuanto al aspecto relativo las cuantías de las indemnizaciones otorgadas, la sentencia civil núm. 00217/2005, dictada el 2 de septiembre de 2005, por la Cámara Civil y Comercial la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo y envía el asunto, delimitado, por ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación Departamento Judicial de La Vega; Segundo: Rechaza, en sus demás aspectos, el recurso de casación interpuesto por la señora L.L.C. de

, contra la referida sentencia; Tercero: Compensa las costas del procedimiento. 28 de febrero de 2018

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 28 de febrero de 2018, años 175º de la Independencia y 155º de la Restauración.

(Firmado) F.A.J.M..- P.J.O. .-J.A.C.A..-

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, secretaria general, que certifico.

La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 02 agosto del 2018, para los fines correspondientes. Exonerada de pagos de impuestos internos y sellos de impuestos internos.

C.A.R.V.S. General