Sentencia nº 713 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Abril de 2018.

Fecha de Resolución:27 de Abril de 2018
Emisor:Primera Sala
 
CONTENIDO

Exp. núm. 2005-2223

Rec. M.D.C.R. vs.A.A.A.S. Fecha: 27 de abril de 2018

Sentencia No. 713

Cristiana A. Rosario V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 27 de abril del 2018, que dice así:

SALA CIVIL Y COMERCIAL

Audiencia pública del 27 de abril de 2018 Rechaza Preside: Francisco Antonio Jerez Mena

Dios, Patria y Libertad

En nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por M.D.C.R., dominicana, mayor de edad, portadora del pasaporte núm. 001607243097, domiciliada y residente en los Estados Unidos de Norteamérica, contra la sentencia civil núm. 69, de fecha 7 de junio de 2005, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Lcda. N.C.M.M., abogada de la parte recurrente, M.D.C.R.; Exp. núm. 2005-2223

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Oído en la lectura de sus conclusiones a las Lcdas. R.G.P. y S.V.G.J., abogadas de la parte recurrida, A.A.A.S.;

Oído el dictamen del magistrado procurador general adjunto de la República, el cual termina: Único: Que en el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de comunicación al Ministerio Público por ante los jueces del fondo, “Dejamos al criterio de la Suprema Corte de Justicia, la solución del presente Recurso de Casación”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 28 de julio de 2005, suscrito por la Lcda. N.C.M.M., abogada de la parte recurrente, M.D.C.R., en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 25 de agosto de 2005, suscrito por la Lcda. Sol V.R.J., abogada de la parte recurrida, A.A.A.S.; Exp. núm. 2005-2223

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Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25-91, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1 y 65 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 27 de octubre de 2008, estando presentes los magistrados R.L.P., presidente; M.A.T., E.M.E. y J.E.H.M., asistidos de la secretaria;

Visto el auto dictado el 10 de abril de 2018, por el magistrado F.A.J.M., presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, y a los magistrados M.A.R.O., P.J.O. y J.A.C.A., jueces de esta S., para integrarse a esta en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926-35, del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294-40, de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo; Exp. núm. 2005-2223

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Considerando, que la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, revelan que: a) con motivo de la demanda en rescisión de contrato y daños y perjuicios incoada por A.A.A. de S., en contra de M.D.C.R., la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó, el 28 de octubre de 2002, la sentencia civil núm. 038-2001-01712, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RATIFICA el defecto pronunciado en audiencia, a la parte demandada, por no haber concluido; SEGUNDO: DECLARA regular y válida en cuanto a la forma la presente demanda en Rescisión de contrato y Daños y Perjuicios incoada por la señora A.A.A. contra la señora M.D.C., y en cuanto al fondo acoge modificadas las conclusiones de la parte demandante; TERCERO: Ordena la Rescisión del contrato de venta condicional de mejora suscrito en fecha 18 de diciembre del año 1999, entre las señoras AIDA ALTAGRACIA ALCÁNTARA y M.D.C.R., por los motivos expuestos; CUARTO: Condena a la señora M.D.C. al pago de Setecientos Treinta y Cuatro Mil pesos Oro (RD$734,000.00) como justa indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la SEÑORA A.A.A.S.; QUINTO: Condena a la señora MARIBEL Exp. núm. 2005-2223

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DOLORES CAMACHO al pago de las costas del procedimiento en beneficio del LIC. SOL VICTORIA ROMÁN J., quien afirma haberlas avanzando en su totalidad; SEXTO: C. a F.R. para la notificación de la presente sentencia(sic); b) no conforme con dicha decisión, M.D.C.R. interpuso formal recurso de apelación contra la referida decisión, mediante acto núm. 1134-2002, de fecha 18 de noviembre de 2002, instrumentado por el ministerial V.H.M.M., alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, en ocasión del cual la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó, el 7 de junio de 2005, la sentencia civil núm. 69, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: PRIMERO: DECLARA, bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por M.D.C.R., contra la sentencia marcada con el No. 038-2001-01712, de fecha 28 de octubre de 2002, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Q.S., por haber sido interpuesto según las reglas procesales que rigen la materia; SEGUNDO: en cuanto al fondo, MODIFICA el ordinal cuarto del dispositivo de la sentencia recurrida, para que exprese lo que a continuación se consigna: “CUARTO: Condena a la señora M.D.C. al pago de DOSCIENTOS Exp. núm. 2005-2223

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DIECINUEVE MIL PESOS ORO (RD$219,000.00) como justa indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la señora A.A.A.D.S.”; TERCERO : CONFIRMA en sus demás aspectos la sentencia recurrida, por los motivos antes señalados; CUARTO : CONDENA, a la parte que ha sucumbido, señora M.D.C., al pago de las costas del procedimiento y ordena la distracción de las mismas en provecho de la licenciada SOL VICTORIA ROMÁN JAVIER, abogada, la que afirma haberlas avanzado en su totalidad”;

Considerando, que en la especie, la parte recurrente no consigna la enumeración y los epígrafes usuales con los cuales se intitulan los medios de casación, sino que procede en el contexto de su memorial a exponer sus argumentos justificativos, los cuales, en síntesis, son los siguientes: “que entre las partes existió un contrato de venta condicional bajo firma privada de fecha 18 de diciembre de 1999, en relación a una casa marcada con el núm. 5 de la calle J.T.D., sector Los Frailes I, con una extensión superficial de 535.5 metros cuadrados, dentro de la parcela núm. 217-A, Distrito Catastral núm. 3, Distrito Nacional, amparado en el cintillo catastral núm. 147394-A, de fecha 12 de junio de 1995, por la suma de RD$825,000.00, de la cual fue pagada a la firma la cantidad de RD$634,000.00 y el resto ascendente a RD$191,000.00, debía ser saldado el 18 de enero de 2000; que la vendedora Exp. núm. 2005-2223

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justificó su derecho de propiedad en la sentencia de adjudicación contenida en el expediente núm. 3447-97, de fecha 20 de enero de 1998, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante la cual resultó adjudicataria de la referida casa; que el 10 de febrero de 2000, la compradora pagó la suma de RD$100,000.00, según recibo núm. 1076, prometiéndole la vendedora de forma verbal que ejecutaría la sentencia de adjudicación; que en fecha 9 de mayo de 2000, mediante acto núm. 108-2000, notificó a la recurrida un acto de puesta en mora e intimación a fin de que procediera en un plazo de 15 días a la ejecución de la sentencia de adjudicación, haciendo elección de domicilio en la oficina del abogado que encabeza el precitado acto, a lo cual no obtemperó; que el 17 de julio de 2000, mediante acto núm. 73-2000, la parte recurrida le intimó para que procediera a pagar la suma de RD$91,000.00, la cual completaba la venta del inmueble, notificación que no fue hecha en el domicilio de elección; que la parte recurrida lanzó una demanda en rescisión de contrato y daños y perjuicios que culminó con una sentencia en perjuicio del recurrente en defecto por falta de concluir, la cual ordenó la rescisión del contrato de venta condicional de mejora y le condenó al pago de RD$734,000.00, a título de indemnización; que en el supuesto avenir marcado con el núm. 904-2001, de fecha 20 de diciembre de 2001, el Exp. núm. 2005-2223

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ministerial se trasladó a los apartamentos números 031 y 032 del tercer piso, pero es uno o es otro el domicilio del abogado de la parte recurrente; que la recurrida ha venido estancándole el derecho de defensa desde el momento en que lanza su primera intimación, ya que no lo hizo en el domicilio de escogencia; que el magistrado que evacuó la sentencia entra en una gran contradicción en lo concerniente a la inejecución de la adjudicación al lanzar la recurrida una demanda de un inmueble que hasta la fecha no ha sido traspasado a su favor, y en relación al cual la vendedora ha recibido más del noventa por ciento del pago estipulado; que la ejecución de la sentencia de adjudicación es lo que constituye su titularidad y no ha probado la causa de fuerza mayor o ajena a su voluntad que le impidiera hacer uso de ese derecho de adjudicación atribuido por ley, como en el caso específico de un bien inmueble que se encuentra ubicado en un terreno propiedad del Estado, derecho de ocupación que se transfiere definitivamente con el traspaso del Cintillo Catastral o la declaración de mutación; que el retardo en la ejecución de la sentencia de adjudicación provoca indefectiblemente un estado de indisposición del bien inmueble, no pudiendo el adquiriente disponer libremente de este; que la sentencia de primer grado ha sido dictada en defecto y en la cual no se examinaron sus derechos adquiridos en el referido inmueble y ordena la rescisión de un contrato por una suma totalmente Exp. núm. 2005-2223

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irrisoria; que presentó y fundó su recurso de apelación con la gran esperanza de que sus derechos no les serían violados ni mucho menos que no le examinarían sus medios de defensa, y la sentencia fue notificada de manera maliciosa en el domicilio de un inmueble alquilado, según acto núm. 991-02, de fecha 5 de noviembre de 2002, en violación al artículo 68 del Código de Procedimiento Civil; que promovió ante la corte de apelación un medio de inadmisión, ya que se ha lanzado una demanda sobre un inmueble propiedad del Estado, en el cual quiere alegar su derecho de ocupación mediante una sentencia de adjudicación que a la fecha no ha ejecutado, sin antes haber hecho el traspaso a su nombre, y según la Ley núm. 241 y sus modificaciones, el que no haya ejecutado un traspaso no puede demandar como propietario, y si se analiza la propiedad por posesión que establece el artículo 2279 del Código Civil, la recurrida no llena el cometido absoluto para ejercer ese papel”;

Considerando, que de la revisión minuciosa del desarrollo del memorial introductivo del presente recurso, antes referido, pone de relieve que en la generalidad de los medios de casación el recurrente se ha limitado a hacer una exposición de los hechos originados con anterioridad al apoderamiento de la jurisdicción de fondo y además dirige otros argumentos al proceso suscitado ante el juez de primer grado, circunscribiéndose a Exp. núm. 2005-2223

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sostener su opinión sobre la forma en que ocurrieron los hechos relacionados a la existencia del contrato de venta cuya resolución judicial reclamó la hoy recurrida, sin que de esta argumentación pueda advertirse un vicio preciso contra la decisión de la alzada;

Considerando, que es criterio jurisprudencial constante, que no se cumple el voto de la ley cuando el recurrente se limita a enunciar que el fallo impugnado incurre en violaciones que justifican la censura casacional, sino que es indispensable que desarrolle en el memorial introductivo del recurso, mediante una fundamentación jurídica clara, precisa y coherente en qué consisten las violaciones alegadas y de qué forma se advierte en el fallo impugnado el desconocimiento de la regla de derecho inobservada, lo que no se cumple en la especie, dada la forma generalizada e imprecisa en que se fundamenta la mayor parte del presente recurso de casación, razón por la cual resultan ser medios imponderables por escapar al control de la casación, por lo que procede declarar su inadmisibilidad;

Considerando, que no obstante lo anterior, otro aspecto de su exposición argumentativa ha sido desarrollada de forma precisa y vinculada con la decisión atacada, lo que permite su valoración y en el cual alega, en esencia: “que la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha rebuscado en su sentencia con miras a buscar solución al conflicto, pero ha Exp. núm. 2005-2223

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cometido un error al emitir un fallo que ninguna de las partes les ha solicitado en sus conclusiones y una incorrecta aplicación del derecho respecto al contenido de la sentencia indicada; que la corte no apreció el despojo de un inmueble a una madre de familia que se ha esforzado para obtener su vivienda lavando piso en los Estados Unidos de América, para que la despojen por una falta compartida de parte y parte, por lo cual el contrato no debe ser disuelto, ya que la recurrida es reincidente y vive de vender el inmueble que es objeto del presente recurso”;

Considerando, que para una mejor comprensión del asunto, es preciso referirnos a los antecedentes fácticos que se derivan del fallo impugnado, a saber: a) que en fecha 20 de enero de 1998, mediante sentencia núm. 3447-98, A.A.A. de S. fue declarada adjudicataria de “una casa de blocks de dos plantas, techada de concreto en ambas partes, con piso de granito variado color blanco y la segunda planta en construcción, con todas sus dependencias y anexidades, marcada con el núm. 5 de la calle J.T.D., Los Frailes, dentro de la parcela núm. 217-A, del Distrito Catastral núm. 6, del Distrito Nacional, con un área de construcción de 566.80 metros cuadrados y un área de construcción de 190 metros cuadrados; b) que el 18 de diciembre de 1999, mediante acto de venta bajo firma privada, Aida Altagracia Alcántara de S. vendió, cedió y traspasó a M.D. Exp. núm. 2005-2223

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C.R., el siguiente inmueble: “una casa de blocks, de dos plantas, techada de concreto, con piso de granito, 3 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, galería, marquesina y cisterna, marcada con el núm. 5 de la calle J.T.D., Los Frailes I, con una extensión superficial de 535.05 metros cuadrados, por la suma de RD$825,000.00, que sería pagada de la manera siguiente: 1- RD$634,000.00, al momento de la firma; y 2- RD$191,000.00, el 18 de enero de 2000; c) que M.D.C.R. fue puesta en posesión de la mejora adquirida; e) que el 9 de mayo de 2000, la compradora intimó y puso en mora a la vendedora para que en el plazo de 15 días, a partir de la notificación, procediera a ejecutar la sentencia de adjudicación y entregara el Cintillo Catastral a su nombre para que la adquiriente pudiese ejecutar el contrato de venta; d) que el 17 de julio de 2000, mediante acto núm. 73-2000, la vendedora intimó a la compradora para que en el plazo de quince días, a partir de la notificación, le pagara la suma de RD$91,000.00, en virtud del referido contrato de venta; e) que la vendedora, A.A.A.S. demandó la rescisión del contrato de venta con abono a daños y perjuicios contra M.D.C.R., la cual culminó con la sentencia núm. 038-2001-01712, de fecha 28 de octubre de 2002, que declaró la resolución del contrato y fijó una indemnización a favor de la vendedora ascendente a RD$734,000.00; f) que no Exp. núm. 2005-2223

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conforme con dicha sentencia M.D.C.R. interpuso formal recurso de apelación, el cual fue acogido en parte por la corte a qua reduciendo el monto indemnizatorio a la suma de RD$219,000.00, mediante la sentencia ahora impugnada en casación;

Considerando, que para fallar en el sentido que lo hizo, la corte a qua consideró lo siguiente: “que antes de conocer el fondo del presente recurso es necesario que la corte se pronuncie sobre los medios de inadmisión planteados por las partes; que la recurrente expresa: “que la parte recurrida no ha ejecutado la sentencia que le otorga el supuesto derecho de ocupación y la misma lanza, en donde alega ser perjudicada con el incumplimiento de un inmueble que esta ha vendido sin antes haberlo traspasado a su nombre, por lo que la presente demanda que ha sido objeto del presente recurso debe ser declarada inadmisible ya que el legislador en materia de la Ley 241 y sus modificaciones y el legislador que no ha ejecutado un traspaso no puede demandar como propietario y si analizamos lo que establece el artículo 2279 del Código Civil la parte recurrida no llena el cometido absoluto para ejercer este papel. Sino que se presume un derecho de posesión de mala fe”; (sic) que en relación al medio de inadmisión anteriormente señalado esta corte procede a rechazarlo ya que la parte recurrente, señora M.D.C., compró la mejora sabiendo las condiciones en que la señora A. Exp. núm. 2005-2223

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Altagracia Alcántara de S. había obtenido la casa, pues lo que tenía como prueba de que era propietaria era una sentencia que la declaraba adjudicataria del señalado inmueble; que en ese sentido, el artículo sexto del contrato de venta condicional de inmueble expresa: “La vendedora justifica su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de la presente venta por haberlo adquirido mediante sentencia de adjudicación contenida en el expediente No. 3447-97, de fecha 20 del mes de enero del año 1998, dictada por la Cámara de lo Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por la cual la vendedora autoriza a las autoridades competentes a traspasar dicho inmueble a nombre de la compradora” (sic), valiendo decisión la presente solución, sin necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva del fallo; que la parte recurrida pretende que se declare inadmisible el recurso de apelación, basado en que “la parte recurrente aún cuando ha afirmado en el acto de apelación que apelada en todas partes la sentencia civil No. 038-2002-01712, no ha fundamentado las causas de su accionar”; que en cuanto al medio de inadmisión, anteriormente planteado, procede rechazar el mismo, ya que la ley no obliga al apelante a pena de nulidad de su recurso, a motivarlo, porque lo puede hacer posteriormente en audiencia, mediante conclusiones; que es suficiente, para que el recurso surta sus efectos que en el mismo quede Exp. núm. 2005-2223

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plasmada de manera clara la intención de apelar la sentencia de que se trata y sea instrumentado el acto dentro de los plazos legales, es decir que la falta de motivación del recurso, no produce la inadmisión del mismo, valiendo decisión la presente solución, sin necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva del presente fallo; que aunque las partes han denominado su contrato de venta, “contrato de venta condicional”, luego del examen del mismo, llegamos a la conclusión, que aun siendo un contrato sujeto a modalidades de pago, no por ello, podemos enmarcarlo dentro de la ley especial que regula la venta condicional de inmuebles, dado que no cumple con las condiciones exigidas para que así sea; que a las partes envueltas en el presente litigio, las une un contrato, el cual no ha sido controvertido; la parte recurrente, señora M.D.C.R. no ha negado que adeuda la suma de RD$91,000.00, ni tampoco que no ha recibido el inmueble vendido; que al no pagar la totalidad del precio convenido, ha violado el contrato, el cual es la ley de las partes; esa inejecución, se traduce en una causa de responsabilidad por los daños y perjuicios que pueda causarle a la parte contraria, responsabilidad civil esta de carácter contractual; que para que exista la responsabilidad contractual se precisa de dos requisitos, los cuales son: a) la existencia de un contrato válido entre las partes y b) la inejecución por una de las partes del contrato; que en el contrato de Exp. núm. 2005-2223

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referencia, se establece lo siguiente: Cuarto: “El incumplimiento del pago en el término convenido rescinde de pleno derecho la presente venta; Quinto: La compradora acuerda que de devolverse en la compra del inmueble pagaran por concepto de indemnización un 30% de la suma pagada; que el juez de primer grado le acordó a la demandante original una indemnización, ascendente a setecientos treinta y cuatro mil pesos oro dominicanos (RD$734,000.00); que sin embargo tomando en cuenta el contrato firmado por las partes, que, como señalamos, establece en caso de inejecución, una indemnización de un 30% de la suma pagada, y ascendiendo el monto pagado por dicha señora a la suma de RD$734,000.00, esta corte es del criterio que los daños y perjuicios a que tiene derecho la acreedora deben ser reducidos a la suma de doscientos diecinueve mil pesos oro dominicanos (RD$219,000.00), suma esta que corresponde el señalado 30% y en ese sentido, procederá a modificar la sentencia recurrida, como se verá más adelante; que el juez a quo hizo una buena apreciación de los hechos y una correcta interpretación del derecho, salvo en lo que respecta al monto de la indemnización, el cual será reducido, como se ha indicado más arriba”;

Considerando, que conforme se advierte en el fallo impugnado, la hoy recurrente concluyó promoviendo ante la jurisdicción de segundo grado, de manera principal, la inadmisibilidad de la demanda por falta de calidad Exp. núm. 2005-2223

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de la demandante original, hoy recurrida, sustentada en el hecho de haber demandado a título de propietaria cuando no había ejecutado el traspaso del inmueble a su nombre; y subsidiariamente peticionó la revocación de la sentencia apelada; que por su lado, la hoy recurrida requirió, de manera principal, la inadmisibilidad del recurso de apelación y, subsidiariamente, que se rechazara el recurso de apelación y se confirmara la sentencia de primer grado; que la corte a qua, apoderada de tales pretensiones, procedió a rechazar las conclusiones incidentales presentadas por ambas partes y modificó la sentencia de primer grado únicamente en el aspecto relativo a la indemnización otorgada, reduciendo la suma fijada de RD$734,000.00 a RD$219,000.00, en aplicación de la cláusula quinta del contrato de fecha 18 de diciembre de 1999, y confirmó en sus demás partes la decisión objeto del recurso de apelación por ser fundada en hecho y derecho;

Considerando, que en esa virtud, es obvio que la corte a qua estatuyó específicamente sobre las pretensiones planteadas por las partes mediante sus conclusiones formales, ya que procedió a desestimar los pedimentos incidentales solicitados y luego, en cuanto al fondo, evaluó los medios probatorios depositados por ellas volviendo a realizar un examen de la demanda, lo cual le condujo a modificar el monto indemnizatorio que el juez de primer grado otorgó, aspecto este último del cual se encontraba Exp. núm. 2005-2223

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apoderado en virtud del efecto devolutivo del recurso de apelación, conforme al cual el proceso es transportado íntegramente del tribunal de primer grado al de segundo grado, volviendo a ser examinadas las mismas cuestiones de hecho y de derecho dirimidas por el primer juez, excepto en el caso en que el recurso tenga un alcance limitado, que no es la especie ocurrente; que en ese tenor, contrario a lo sostenido por la parte recurrente, la alzada emitió su fallo sobre las pretensiones formales sometidas por las partes, razón por la cual se desestima este aspecto del medio examinado;

Considerando, que en cuanto a que la corte a qua realizó una incorrecta aplicación del derecho, el examen de la sentencia impugnada revela que los jueces de fondo procedieron al análisis de los documentos aportados por las partes para la sustanciación de la causa, de los cuales se hace mención en la decisión criticada y, que en uso correcto de la facultad soberana de que están investidos al respecto por la ley, determinaron que en la especie se encontraban reunidos los elementos constitutivos de la responsabilidad civil contractual, a saber, un contrato de compraventa y un incumplimiento a una obligación asumida en dicho convenio, consistente en el no pago del resto de la suma estipulada por la venta del inmueble, lo cual se encontraba sancionado por las partes mediante una cláusula penal contenida en el artículo sexto del contrato en cuestión, lo que condujo a la Exp. núm. 2005-2223

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corte a qua a reducir la indemnización fijada en primer grado por no ajustarse a lo concertado por la voluntad de los suscribientes;

Considerando, que de manera general, el examen de la sentencia impugnada revela que la misma contiene una completa relación de los hechos de la causa, a los cuales se les ha dado su verdadero sentido y alcance, así como una motivación suficiente y pertinente que justifica su dispositivo, lo que ha permitido a la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, verificar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley; y que, por lo tanto, la sentencia impugnada no adolece de los vicios denunciados por la parte recurrente, por lo que procede desestimar el presente medio de casación, por carecer de fundamento y con este el recurso de casación de que se trata;

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por M.D.C.R. contra la sentencia civil núm. 69, dictada el 7 de junio de 2005, por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente, M.D.C.R., al pago de las costas del proceso, ordenando su distracción a favor y provecho de la Lcda. Sol Victoria Exp. núm. 2005-2223

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R.J., abogada de la parte recurrida, quien afirma haberla avanzando en su totalidad.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 27 de abril de 2018, años 175º de la Independencia y 155º de la Restauración.

(Firmado) F.A.J.M..- M.A.R.O..- P.J.O..-

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, secretaria general, que certifico.

La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 29 de agosto del 2018, para los fines correspondientes. Exonerada de pagos de impuestos internos y sellos de impuestos internos.

C.A.R.V..

Secretaria General