Sentencia nº 856 de Suprema Corte de Justicia, del 30 de Mayo de 2018.

Fecha de Resolución:30 de Mayo de 2018
Emisor:Primera Sala
 
CONTENIDO

: 30 de mayo de 2018

Sentencia núm. 856

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 30 de mayo del 2018, que dice así:

SALA CIVIL Y COMERCIAL

Audiencia pública del 30 de mayo de 2018 Rechaza Preside: Francisco Antonio Jerez Mena

Dios, Patria y Libertad

En nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Y.I.D. y E.F.I.M., dominicano y norteamericano, mayores de edad, casados, titulares de las cédulas de identidad y electoral núms. 001-0065036-5 y 001-1450981-3, respectivamente, domiciliados y residentes en esta ciudad, contra la sentencia núm. 309, de fecha 18 de mayo de 2006, dictada por la Segunda Sala la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ahora impugnada, cuyo dispositivo figura copiado más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; : 30 de mayo de 2018

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. C.S.Á., por y por la Lcda. M.S.S., abogados de la parte recurrente, Y.I.D. y E.F.I.M.;

Oído en la lectura de sus conclusiones a los Lcdos. C.A., K.J.C. y C.P.A., abogados de la parte recurrida, Mercantil, D.R., International Corp.;

Oído el dictamen del magistrado procurador general adjunto de la República, el cual termina: Único: Que en el caso de la especie, tal y como señala segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de comunicación al Ministerio Público por ante los Jueces del fondo, “Dejamos al criterio de la Suprema Corte de Justicia, la solución del presente recurso de casación”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 14 de agosto de 2006, suscrito por los Lcdos. C.S.Á. y Dulce M.S.S., abogados de la parte recurrente, Y.I.D. y E.F.I.M., en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante; : 30 de mayo de 2018

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 19 de enero de 2007, suscrito por los Lcdos. C.A.C., K.J.C. y C.P.A., abogados de la parte recurrida, Mercantil, D.R., International Corp.;

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25-91, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1 y 65 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 21 de octubre de 2009, estando presentes los magistrados R.L.P., presidente; E.M.E. y A.R.B.D., asistidos de la secretaria;

Visto el auto dictado el 22 de mayo de 2018, por el magistrado F.A.J.M., presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo y a los magistrados P.J.O. y J.A.C.A., jueces de esta sala, para integrarse a esta en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, : 30 de mayo de 2018

de conformidad con la Ley núm. 926-35, de fecha 21 de julio de 1935, reformada

el artículo 2 de la Ley núm. 294-40, de fecha 20 de mayo de 1940, y después

de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que se refiere, consta: a) con motivo de una demanda en cobro de pesos, validez embargo retentivo y conservatorio incoada por la entidad comercial Mercantil, D.R., International Corp., contra Y.I.D., J.C.I.M. y E.F.I.M., y mediante acto núm. 33-2004, de fecha 6 de febrero de 2004, instrumentado por el ministerial M.M., alguacil ordinario de la Tercera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, intervino voluntariamente la Inmobiliaria Santa Lucía, C. por A., la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó el 30 de septiembre de 2004, la sentencia in voce relativa al expediente núm. 038-03-04613, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “(1) El tribunal rechaza la solicitud de sobreseimiento, en consecuencia invita a producir nuevas conclusiones; (2) El tribunal rechaza la fianza ad-judicatum solví (sic); El tribunal libra acta acogiendo solicitud en el entendido si existen documentos en inglés; se ordena la exclusión de los documentos si están en idioma inglés; (3) Fallo Reserva, 5; 5; 5, para replica y contrarréplica”; y el 24 de noviembre de 2004, la sentencia : 30 de mayo de 2018

núm. 2685, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: ACOGE la intervención voluntaria, realizada por INMOBILIARIA SANTA LUCÍA, C.P.A.; SEGUNDO: ORDENA el levantamiento del embargo conservatorio, realizado por la compañía MERCANTIL D. R. INTERNATIONAL CORP., mediante acto No. 1100/2003, de fecha veintiséis
(26) del mes de noviembre del año Dos Mil Tres (2003), sobre los bienes muebles propiedad de INMOBILIARIA SANTA LUCÍA, C.P.A., por las razones más arriba indicadas; TERCERO: ACOGE modificadas las conclusiones de la parte demandante, compañía MERCANTIL D.R. INTERNATIONAL CORP., por ser justas y reposar en prueba legal, y en consecuencia; a) CONDENA a los señores J.C.I.M. (sic), Y.I.Y.E.I.M., a pagar a la compañía MERCANTIL D.R. INTERNATIONAL CORP., la suma de UN MILLÓN OCHENTA Y SIETE OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DÓLARES CON CINCUENTA CENTAVOS (sic) (US$1,087,844.54), o su equivalente en moneda de curso legal de la República Dominicana a la tasa oficial imperante a la fecha, por concepto de capital, intereses, cargos por moras y comisión, más los intereses legales a partir de la demanda en justicia; B) DECLARA bueno y válido por ser regular en la forma y justo en el fondo el EMBARGO RETENTIVO trabado por la compañía MERCANTIL D.R. INTERNATIONAL CORP, en perjuicio de los señores JOSÉ : 30 de mayo de 2018

C.I.M. (sic), Y.I.Y.E.I.M., manos de BANCO MERCANTIL, S.A., BANCO DOMINICANO DEL

PROGRESO, S.A., BANCO POPULAR DOMINICANO, S.A., CITIBANK, N.A., ic) BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, S.A., THE BANK OF NOVA SCOTIA, .A. (sic), BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA,

ASOCIACIÓN POPULAR DE AHORROS Y PRÉSTAMOS, BANCO PROFESIONAL, S.A., BANCO DE DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A., ASOCIACIÓN DOMINICANA DE AHORROS Y PRÉSTAMOS y de la ASOCIACIÓN LA NACIONAL DE AHORROS Y PRÉSTAMOS; C) ORDENA a terceros embargados indicados anteriormente que las sumas por la que se reconozcan o sean declarados deudores de los señores JOSÉ CARLOS ISAÍAS

ACFARLANE (sic), Y.I. y E.I.M., sean entregados pagados en mano de MERCANTIL D.R. INTERNATIONAL CORP, en deducción y hasta concurrencia del monto de su crédito principal, intereses y accesorios de derecho; D) CONDENA a los señores J.C.I.M. (sic), Y.I. y E.I.M., al pago de las costas del presente proceso, ordenando su distracción a favor y provecho de los LICDOS. C.P.A., C.A. COSTE Y K.J.C., quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte; CUARTO: RECHAZA la solicitud de ejecución provisional, hecha : 30 de mayo de 2018

la demandante, por lo ya expuesto; b) no conformes con la sentencia in voce interpusieron formales recursos de apelación contra la decisión antes indicada, manera principal, Inmobiliaria Santa Lucía, C. por A., mediante acto núm. -2004, de fecha 4 de octubre de 2004, instrumentado por el ministerial M.M.H., alguacil ordinario de la Tercera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y de manera incidental, Y.I.D. y E.F.I.M., mediante acto núm. 338-2004, de fecha 4 de octubre de 2004, instrumentado por el ministerial M.M.H., alguacil ordinario de la Tercera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; c) no conformes la sentencia núm. 2685, interpusieron formales recursos de apelación contra decisión antes indicada, de manera parcial, Y.I.D. y E.F.I.M., mediante acto núm. 107-2005, de fecha 22 de marzo de

05, instrumentado por el ministerial M.M.H., alguacil ordinario de la Tercera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; de manera parcial, Inmobiliaria Santa Lucía, C.
A., mediante acto núm. 108-2005, de fecha 22 de marzo de 2005, instrumentado por el ministerial M.M.H., alguacil ordinario la Tercera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; de manera incidental y parcial, J.C.I.M., : 30 de mayo de 2018

mediante acto núm. 241-2005, de fecha 23 de marzo de 2005, instrumentado por ministerial O.R.G.V., alguacil de estrados de la

Duodécima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, siendo resueltos dichos recursos mediante la sentencia núm. 309, de fecha 18 de mayo de 2006, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: PRIMERO: DECLARA buenos y válidos, en cuanto a la forma, los recursos de apelación interpuestos por: A) la compañía INMOBILIARIA SANTA LUCÍA, C.P.A., según

No. 337/2004, de fecha 4 de octubre de 2004, del ministerial M.M.H., ordinario de la Tercera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; B) los señores Y.I.D., E.F.I.M. y J.C.I.M., según

No. 338/2004, de fecha 4 de octubre de 2004, del ministerial M.M.H., ordinario de la Tercera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; C) los señores Y.I.D.Y.E.R.I.M., según acto No. 107/2005, de fecha 22 de marzo de 2005, del ministerial M.M.H., ordinario de la Tercera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; D) la compañía INMOBILIARIA SANTA LUCÍA, C.P.A., según acto No. 108/2005, de fecha 22 de marzo de 2005, del ministerial M.M.H., ordinario de la Tercera Sala : 30 de mayo de 2018

la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; E) el señor J.C.I.M., según acto No. 241/2005, de fecha 23 de marzo de 2005, del ministerial O.R.G.V., de estrados de la Duodécima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; por haber sido interpuesto de conformidad con las reglas procesales que rigen materia; SEGUNDO : RECHAZA en cuanto al fondo todos los recursos, y en consecuencia, CONFIRMA en todas sus partes las sentencias: la primera de fecha 30 de septiembre de 2004 y la segunda No. 2685, de fecha 24 de noviembre de 2004, ambas relativas al expediente 034-2003-04613 fusionado con el No. 04612, dadas por la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por los motivos antes señalados; TERCERO : CONDENA a las partes recurrentes, señores Y.I.D., E.F.I.M. y J.C.I.M. y la compañía INMOBILIARIA SANTA LUCÍA, C.P.A., al pago de las costas del procedimiento, distrayendo las mismas a favor y provecho de los abogados de la parte recurrida, LICDOS. K.J. CASTILLO, C.A. COSTE y C.P.A., quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”;

Considerando, que los recurrentes proponen en su memorial, los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Desnaturalización de los hechos falta de ponderación de los documentos aportados”; Segundo Medio: : 30 de mayo de 2018

Violación de la ley”;

Considerando, que los recurrentes en el desarrollo del primer aspecto del primer medio de casación alegan, en suma, lo siguiente: que la corte a qua incurrió en el vicio de desnaturalización de los hechos de la causa al establecer su decisión que el tribunal de primer grado rechazó el sobreseimiento solicitado por estos, en razón de que comprobó que la querella penal en que estaba justificado el referido incidente y la demanda inicial no tenían un origen común, es decir, que no nacían de un mismo hecho, sin que exista en la sentencia de primer grado motivación alguna al respecto; que la alzada no quiso examinar ni comprobar que en el caso que nos ocupa concurrían todos los elementos para haber ordenado el indicado sobreseimiento, toda vez que: a) existía una acción penal puesta en movimiento; b) tanto la demanda original como la aludida acción penal tenían su origen en el pagaré en que la parte recurrida apoyó dicha demanda y; c) existía identidad de las partes en ambas jurisdicciones; que prosiguen sosteniendo los recurrentes, que la corte a qua hizo razonamiento errado al sostener que por haberse declarado inadmisible la referida querella esta no era seria sin tomar en cuenta que dicha inadmisibilidad se debió a cuestiones técnicas no por falta de seriedad;

Considerando, que para una mejor comprensión del asunto, resulta útil : 30 de mayo de 2018

señalar que de la sentencia impugnada y de la relación de los hechos que en ella recoge se verifica que: 1) en fecha 31 de diciembre de 2000, la razón social

M., D. R. International Corp., le prestó a Y.I.D., E.F.I.M. y J.C.I.M., la suma de setecientos treinta y nueve mil novecientos veintidós dólares con treinta y dos centavos (US$739,922.32), según consta en el pagaré de la aludida fecha, el cual está firmado de puño y letra por los referidos deudores; 2) mediante acto núm. 870-2003, de fecha 4 de septiembre de 2003, la entidad acreedora intimó a los deudores a pagarle la citada suma en el plazo de un día ordinario a lo cual estos no obtemperaron; 3) mediante instancia de fecha 22 de octubre de 2003, la citada acreedora solicitó a la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado

Primera Instancia del Distrito Nacional, autorización para trabar embargo conservatorio e inscribir hipoteca judicial provisional en perjuicio de sus deudores, pedimento que fue acogido por dicho tribunal mediante auto administrativo núm. 038-03-4222, de fecha 17 de noviembre de 2003; 4) mediante acto núm. 1097-2003, de fecha 25 de noviembre de 2003, Mercantil, R.D. Internacional Corp., procedió a trabar embargo retentivo en perjuicio de deudores y a demandar en cobro de pesos y validez del citado embargo; 5) mediante acto núm. 1100-2003, de fecha 26 de noviembre de 2003, Mercantil, D.

International Corp., embargó conservatoriamente los bienes muebles de : 30 de mayo de 2018

Y.I.D., J.C.I.M. y E.F.I.M. y a demandar en cobro de pesos y validez de dicho embargo conservatorio; 6) las referidas demandas fueron fusionadas por el tribunal de primer grado y en el curso de dicha instancia la entidad Inmobiliaria Santa Lucía, C. por A., intervino voluntariamente en el proceso a fin de que se levantara el embargo conservatorio, fundamentada en que los bienes embargados eran de su propiedad y de que fuera condenada la parte demandante a pagarle una suma a título de daños y perjuicios; 7) además en la aludida instancia Y.I.D., E.F.I.M. y J.C.I.M., solicitaron el sobreseimiento del conocimiento de la demanda hasta tanto la jurisdicción penal fallara la querella interpuesta por estos contra la demandante inicial y a su vez la interviniente voluntaria solicitó fuera impuesta a dicha demandante la fianza judicatum solvi por no tener domicilio en la República Dominicana, pretensiones incidentales que fueron rechazadas por el juez de primera instancia mediante sentencia incidental in de fecha 30 de septiembre de 2004; 8) en cuanto al fondo de la referida acción, el tribunal de primer grado acogió parcialmente la demanda, condenando a los demandados al pago de la suma reclamada por su contraparte, validando el embargo retentivo, levantando el embargo conservatorio y rechazando los daños y perjuicios pretendidos por la parte : 30 de mayo de 2018

interviniente, mediante sentencia núm. 2685, de fecha 24 de noviembre de 2004; los demandados y la interviniente voluntaria interpusieron sus respectivos

recursos de apelación contra la decisión incidental y la del fondo precitadas, recursos que fueron rechazados por la corte a qua, confirmando en todas sus partes los fallos apelados, mediante la sentencia núm. 309, de fecha 18 de mayo de 2006, objeto del presente recurso de casación;

Considerando, que la alzada con respecto a la querella que sirvió de fundamento al sobreseimiento planteado por los actuales recurrentes, motivó lo siguiente: “que este tribunal estima pertinente rechazar las pretensiones de las partes recurrentes, toda vez que según la jurisprudencia, al momento de decidir sobre una solicitud de sobreseimiento los jueces deben de examinar si el pedimento es serio (…), por lo que el juez a quo actuó correctamente al rechazar dicho pedimento toda vez que el mismo carecía de seriedad, ya que se trataba un pagaré el cual esta firmado y escrito en puño y letra el monto por el cual adeudaban por cada uno de los deudores, siendo el mismo de fecha 31 de diciembre de 2001, mientras que la querella por abuso de firma en blanco fue interpuesta el 16 de diciembre de 2003, pero que además consta en el expediente resolución 0075-PS-2005, de fecha 23 de febrero de 2005, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual declara inadmisible las actuaciones recibidas por la Novena Sala del : 30 de mayo de 2018

Juzgado de Primera Instancia del D.N., marcada con el No. 501-2005-0075CPP, a cargo de: M.Á. y la razón social Mercantil, D.R., en virtud de darle cumplimiento a los artículos (sic) 418 del Código Procesal Penal”;

Considerando, que con relación a la desnaturalización invocada por los actuales recurrentes, del estudio de la sentencia impugnada no se advierte que alzada estableció en sus motivaciones que el tribunal de primer grado desestimó el sobreseimiento propuesto por estos por el hecho de que la referida querella y la demanda original no estaban originadas en un mismo hecho, sino que se evidencia que lo sostenido por la corte a qua en el fallo atacado fue que el juez de primera instancia rechazó la aludida pretensión incidental, porque consideró que dicho pedimento no era serio, puesto que el pagaré objeto de la citada querella estaba firmado por los demandados iniciales, ahora recurrentes y además porque la indicada acción había sido declarada inadmisible por la jurisdicción penal mediante la resolución núm. 0075-PS-2005, de fecha 23 de febrero de 2005, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual adquirió el carácter irrevocable de cosa juzgada; que asimismo, en la especie resultaba innecesario que la jurisdicción de segundo grado comprobara si se daban o no las condiciones para pronunciar el aludido sobreseimiento, en razón de que la causa en que estaba justificado dejó de existir; : 30 de mayo de 2018

Considerando, que además, en cuanto al alegato de que la corte a qua incurrió en un error al confirmar el criterio del juez de primera instancia con respecto a que el citado sobreseimiento no era serio por haberse declarado inadmisible la querella antes mencionada, sin tomar en cuenta que dicha decisión no se debió a la falta de seriedad, sino a cuestiones procesales, esto en modo alguno cambia la suerte de lo fallado por la alzada con respecto a la pretensión incidental supraindicada, toda vez que el motivo decisorio para rechazarla fue que la querella en que estaba justificada había sido declarada inadmisible mediante una sentencia que se hizo irrevocable; que en ese sentido contrario a lo expresado por los actuales recurrentes, en la especie, resulta evidente que la corte a qua valoró en su justa medida y dimensión y con la debida rigurosidad procesal el sobreseimiento en cuestión, motivo por el cual procede desestimar el aspecto del medio analizado por los razonamientos antes expuestos;

Considerando, que los recurrentes en el segundo aspecto del primer medio aducen, en esencia, que la alzada no ponderó los documentos aportados ellos al proceso, particularmente las certificaciones marcadas con los núms: 2003121624, 2003121625 y 2003121626, expedidas por la Dirección General de Migración en fecha 8 de diciembre de 2003, mediante las cuales se comprueba los recurrentes estaban fuera del territorio dominicano en la fecha en que : 30 de mayo de 2018

supuestamente fue suscrito el pagaré que sirvió de fundamento a la demanda original y que demuestran que el referido documento era falso, que dichos recurrentes no acordaron ningún tipo de interés, ni estamparon sus firmas en él;

Considerando, que la corte a qua con respecto al pagaré sostuvo: “que se encuentra depositado en el expediente el pagaré de fecha 31 de diciembre de 2001 (sic), mediante el cual los señores Y.I.D., J.C.I.M. (sic) y E.F.I.M., tomaron un préstamo a la entidad M., D.R., International Corp., por la suma de setecientos treinta y nueve mil novecientos veinte y dos (sic) dólares con treinta y dos centavos (US$739,922.32), con intereses a la tasa de un 16% por ciento anual más un 5% sobre el monto vencido, el cual está firmado y escrito en puño y letra el monto el cual se adeudaban por cada uno de los deudores, así como también se encuentran depositado el acto de embargo retentivo, denuncia, contradenuncia demanda en validez, marcado con el número 1097/2003, de fecha 25 de noviembre de 2003, el cual hace constar en la parte referente al traslado que fue notificado a cada uno de los deudores, por lo que este tribunal estima que el juez a quo hizo una buena apreciación de los hechos y una correcta aplicación del derecho”;

Considerando, que si bien es verdad que los ahora recurrentes depositaron : 30 de mayo de 2018

ante la alzada las certificaciones núms. 2003121624, 2003121625 y 2003121626, expedidas por la Dirección General de Migración en fecha 8 de diciembre de 2003, no menos verdad es que los jueces son soberanos en la apreciación de los elementos probatorios sometidos a su escrutinio, por lo que en virtud de la referida facultad pueden darle mayor valor o credibilidad probatoria a ciertos documentos sobre otros y en la especie la alzada determinó que el pagaré que sirvió de sustento a la demanda original era válido y gozaba de eficacia jurídica, razón de que reunía todos los requisitos exigidos por el artículo 1326 del Código Civil, el cual dispone que: “El pagaré o la promesa hecha bajo firma privada, por la cual una sola parte se obliga respecto a otra a pagarle una suma dinero o una cosa valuable, debe estar escrita por entero de la mano del que la suscribe, o a lo menos se necesita, además de su firma, que haya escrito por su mano un bueno o aprobado, que contenga en letras la suma o cantidad de la cosa (…)”,y cuya falsedad no fue demostrada mediante la acción elegida por estos, toda vez que según se ha indicado anteriormente, la aludida querella fue declarada inadmisible mediante una decisión que se hizo irrevocable;

Considerando, que además del acto jurisdiccional impugnado tampoco se verifica que los ahora recurrentes hayan agotado ni de manera principal, ni por vía incidental procedimiento alguno con el objetivo de comprobar que las firmas estampadas no eran las de ellos, en razón de que del examen detenido de la : 30 de mayo de 2018

citada querella se evidencia que la acción penal fue por abuso de firma en blanco, de lo que se infiere que las aludidas rúbricas corresponden a los actuales recurrentes, puesto que los elementos constitutivos del referido ilícito penal exige la existencia de una o varias firmas, siendo evidente que no era un punto controvertido que las firmas que figuraban en el indicado pagaré pertenecían a dichos recurrentes, que asimismo, si bien no consta en el fallo atacado que la corte a qua valoró las certificaciones supracitadas, también es cierto que en dicha decisión no se evidencia que los hoy recurrentes hicieran pedimento alguno al respecto; que en ese sentido, la alzada al fallar en el sentido en que lo hizo actuó conforme al derecho sin incurrir en los vicios denunciados en el aspecto del medio de casación analizado; en consecuencia, procede desestimarlo;

Considerando, que los recurrentes en el tercer aspecto del primer medio aducen, que la corte a qua no valoró los actos de alguacil núms. 337-2004 y 338-2004, de fechas 4 de octubre de 2004, de los cuales se comprueba que no es cierto el sobreseimiento planteado por los recurrentes ante dicha jurisdicción no estuvo justificado en la existencia de sendos recursos de apelación contra la sentencia incidental dictada por dicho tribunal en fecha 30 de septiembre de 2004, toda vez que si los hubiese ponderado constataría que en los citados actos figura el traslado hecho por el ministerial por ante el referido juzgador a fin de advertirle que se abstuviera de fallar el fondo de la demanda inicial, hasta tanto : 30 de mayo de 2018

decidieran los referidos recursos contra la sentencia incidental antes mencionada;

Considerando, que la corte a qua para rechazar el alegato de los apelantes, ahora recurrentes, con respecto a que el juez de primer grado debió sobreseer el conocimiento de la demanda inicial, debido a la existencia de recursos de apelación contra la sentencia incidental de fecha 30 de septiembre de 2004, dio motivos siguientes: “que las partes co-recurrentes principales, compañía Inmobiliaria Santa Lucía, C. por A., y señores Y.I.D., J.C.I.M. (sic) y E.F.I.M., argumentan también el juez a quo debió sobreseer ya que se le notificó los recursos de apelación contra la sentencia incidental que rechazó las solicitudes de sobreseimiento y fianza judicatum solvi, sin embargo no consta en la sentencia incidental recurrida se le haya solicitado el sobreseimiento al juez a quo, por tales motivos ni constan dichas notificaciones o los depósitos de dichos actos hechos en el expediente, por lo que este tribunal estima pertinente rechazar dichas conclusiones”;

Considerando, que en cuanto al argumento de los ahora recurrentes de la alzada no ponderó los actos de alguacil núms. 337-2004 y 338-2004, de fechas 4 de octubre de 2004, del examen de la sentencia impugnada se verifica : 30 de mayo de 2018

los referidos documentos fueron depositados ante la corte a qua a fin de establecer que el juez de primera instancia debió sobreseer el conocimiento de la demanda original por el hecho de existir sendos recursos de apelación contra la sentencia incidental dictada por dicho juzgador, estableciendo la alzada que no constaba en la aludida decisión que el citado sobreseimiento estuviera justificado en los indicados recursos de apelación y que los actos de alguacil antes mencionados, se depositaran ante el tribunal de primer grado, de lo que se advierte que fueron correctos los razonamientos de la corte a qua con respecto a que el sobreseimiento en cuestión no estuvo justificado en los referidos recursos de apelación y que el tribunal de primer grado no hizo mérito con relación a los actos que los contenían, puesto que no le fueron aportados, por lo que, contrario lo expresado por los actuales recurrentes, en el caso que nos ocupa la jurisdicción de segundo grado sí valoró los aludidos documentos, motivo por el cual procede desestimar el aspecto del medio analizado por las razones antes expuestas;

Considerando, que los recurrentes en el primer aspecto del segundo medio de casación sostienen, en síntesis, que la corte a qua incurrió en violación la Ley núm. 1024, de fecha 24 de octubre de 1928, al rechazar el pedimento hecho por estos de que se levantara la hipoteca judicial provisional inscrita por parte recurrida en un inmueble propiedad de Y.I.D. basada en : 30 de mayo de 2018

el juez de primer grado no decidió nada al respecto, sin tomar en cuenta por el efecto devolutivo del recurso de apelación dicha jurisdicción se encontraba apoderada de la referida situación, por lo que debió decidir sobre el citado pedimento, lo que no hizo;

Considerando, que para rechazar la solicitud de levantamiento de la hipoteca judicial provisional la alzada dio el siguiente motivo: “que este tribunal estima en cuanto a la solicitud de levantamiento de hipoteca judicial provisional rechazar dicho pedimento toda vez que la sentencia objeto del presente recurso no decidió sobre demanda en validez de hipoteca judicial provisional”;

Considerando, que de un análisis detenido de las motivaciones antes transcritas, se evidencia que la alzada falló correctamente al rechazar el pedimento de levantamiento de la hipoteca judicial provisional hecha por los hoy recurrentes; sin embargo, los razonamientos en que dicha jurisdicción se basó son erróneos; que en ese sentido, ha sido juzgado por esta jurisdicción de casación que: “la Suprema Corte de Justicia puede suplir de oficio la motivación correcta a una sentencia recurrida en casación si se trata de un asunto de puro derecho y si el dispositivo de la sentencia se ajusta a lo que procede en : 30 de mayo de 2018

derecho1”, por lo que esta Corte de Casación procederá a suplir los razonamientos antes indicados;

Considerando, que en cuanto a la pretensión de los hoy recurrentes de que alzada ordenara el levantamiento de la hipoteca judicial provisional, del estudio detenido de la sentencia de primer grado, la cual reposa en el expediente formado con motivo del presente recurso de casación, y de la decisión criticada se advierte que procedía rechazar dicho pedimento, puesto no se advierte de los aludidos fallos que la entidad M., D. R. International Corp., hoy recurrida, concluyera en alguna de las jurisdicciones de fondo con respecto a que se ordenara la conversión en definitiva de la citada hipoteca y porque tampoco se advierte que la referida conversión fuera parte objeto de la demanda inicial, siendo evidente que el tribunal de primer grado no decidió nada al respecto porque lo relativo a la hipoteca judicial provisional en cuestión no era de lo que estaba apoderado el juez de primera instancia, de lo que se advierte que fueron correctos los razonamientos en los la corte a qua se justificó para rechazar el aludido pedimento; que asimismo, en el supuesto de que fuera procedente en derecho el levantamiento o cancelación del referido gravamen al quedar comprobado que la indicada conversión no formó parte de la demanda original, los actuales recurrentes

C., civil, Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, sentencia núm. 16 del 1ero. de febrero de 2012, B.J. núm. 1215. : 30 de mayo de 2018

debieron perseguir dicho levantamiento mediante una acción principal a tales fines, lo que no se verifica fuera hecho en la especie, por lo tanto la alzada al fallar en el sentido en que lo hizo no vulneró las disposiciones de la Ley núm. 1024, de fecha 24 de octubre de 1928, razón por la cual procede desestimar el aspecto del medio analizado;

Considerando, que los recurrentes en el segundo aspecto del segundo medio alegan, en esencia, que la corte a qua vulneró el artículo 2 de la Ley núm. 5136, de fecha 18 de julio de 1912 y los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 22, del 15 mayo de 1963, al rechazar la pretensión de estos de que se excluyeran del proceso los documentos depositados por la parte recurrida en idioma inglés, bajo el fundamento de que no reposaba en el expediente pieza alguna en el referido idioma, no siendo esto conforme a la verdad, en razón de que según certificación núm. 61, de fecha 2 de agosto de 2006, emitida por la secretaría de dicha jurisdicción se puede apreciar que sí fueron depositados ante la alzada documentos en idioma inglés; que la alzada al admitir piezas en un idioma diferente al castellano vulneró su derecho de defensa, toda vez que no pudieron defenderse de su contenido;

Considerando, que en cuanto al alegato de que la apelada, ahora recurrida, depositó ante la alzada documentos en idioma inglés, la jurisdicción : 30 de mayo de 2018

segundo grado dio el razonamiento siguiente: “que este tribunal estima pertinente el rechazo de dichas conclusiones toda vez que no consta depositado en el expediente ningún documento en idioma inglés”;

Considerando, en primer orden, es oportuno indicar, que ha sido juzgado por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, que: “una certificación de la sentencia del tribunal sobre un proceso no puede probar contra el contenido de la sentencia que decide el asunto. La prueba que hace la sentencia de todo su contenido, cuando ha sido rendida conforme a las formalidades prescritas por la ley, no puede ser abatida la expedición de una certificación de la secretaría del tribunal dando cuenta en el expediente del asunto existen tales o cuales documentos que la sentencia no enuncia. El contenido de la sentencia debe prevalecer frente a la certificación porque la sentencia se basta a sí misma y hace plena fe de sus enunciaciones, las que solo pueden ser impugnadas mediante inscripción en falsedad2”, de lo que se colige que la afirmación hecha por la corte a qua con relación a que en el expediente formado ante dicha jurisdicción no reposaba ningún elemento probatorio en idioma inglés, prevalecen frente a la certificación emitida por la secretaría del referido tribunal, en razón de que las afirmaciones los jueces del fondo se consideran verdaderas y conformes con la verdad

C., civil, Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, sentencia núm. 104 del 17 de julio de 2013, B.J. núm. : 30 de mayo de 2018

hasta inscripción en falsedad, procedimiento que no se advierte haya sido agotado en el caso que nos ocupa;

Considerando, que asimismo, al no haberse depositado ningún documento al proceso en idioma extranjero carece de fundamento el argumento los ahora recurrentes de que se vulneró su derecho de defensa, toda vez que pudo defenderse de todas las piezas aportadas por su contraparte al proceso, las cuales según estableció la corte a qua estaban en castellano, por lo tanto dicha jurisdicción al rechazar la solicitud de exclusión de documentos probatorios por estar en idioma extranjero, actuó conforme al derecho sin incurrir en violación artículo 2 de la Ley núm. 5136-12, de fecha 18 de julio de 1912, ni de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 22-63, del 15 de mayo de 1963, como aducen los recurrentes; en consecuencia, procede desestimar el medio analizado por las razones antes expresadas y con ello rechazar el recurso de casación de que se trata.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Y.I.D. y E.F.I.M., contra la sentencia núm. 309, dictada el 18 de mayo de 2006, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte : 30 de mayo de 2018

recurrente, Y.I.D. y E.F.I.M., al pago de las costas del proceso, ordenando su distracción en provecho de los Lcdos. C.P.A., C.A.C. y K.J.C., abogados de la parte recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema rte de Justicia, actuando como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 30 de mayo de 2018, años 175º de la Independencia y 155º de la Restauración.

(Firmados) F.A.J.M.-PilarJ.O. -JoséA.C.A..

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, secretaria general, que certifico.