Sentencia nº 1160 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Julio de 2018.

Número de resolución1160
Número de sentencia1160
Fecha27 Julio 2018
EmisorPrimera Sala Suprema Corte de Justicia

R. . Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia, Inc. (PROFAMILIA) vs. Ivelisse Concepción Aracena

Fecha: 27 de julio de 2018

Sentencia No. 1160

Cristiana A. Rosario V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 27 julio del 2018, que dice así:

SALA CIVIL Y COMERCIAL

Audiencia pública del 27 de julio de 2018. Inadmisible Preside: Francisco Antonio Jerez Mena

Dios, Patria y Libertad

En nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por la Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia, Inc. (PROFAMILIA), organización no gubernamental, debidamente organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, RNC núm. 401017131, con su domicilio social en esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 224-16, dictada el 31 de agosto de 2016, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte Rec. Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia, Inc. (PROFAMILIA) vs. Ivelisse Concepción Aracena

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de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, ahora impugnada, cuyo dispositivo figura copiado más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Lcda. A.N., por sí y por el Lcdo. J.A.L.H., abogados de la parte recurrente, Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia, Inc. (PROFAMILIA);

Oído el dictamen de la magistrada procuradora general adjunta de la República, el cual termina: Único: Que en el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de comunicación al Ministerio Público por ante los Jueces del fondo, “Dejamos al criterio de la Suprema Corte de Justicia, la solución del presente recurso de casación”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 26 de enero de 2017, suscrito por los Lcdos. P.L.M.C. y J.A.L.H., abogados de la parte recurrente, Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia, Inc. R.. Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia, Inc. (PROFAMILIA) vs. Ivelisse Concepción Aracena

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(PROFAMILIA), en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 8 de marzo de 2017, suscrito por los Lcdos. M.U.V.T. y M.E.H.T., abogados de la parte recurrida, I.C.A.;

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25-91, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, del 10 de julio de 1997, los artículos 1, 5 y 65 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 6 de junio de 2018, estando presentes los magistrados F.A.J.M., presidente; P.J.O. y J.A.C.A., asistidos del secretario;

Visto el auto dictado el 23 de julio de 2018, por el magistrado F.A.J.M., presidente de la Sala Civil y Comercial de la Rec. Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia, Inc. (PROFAMILIA) vs. Ivelisse Concepción Aracena

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Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a los magistrados M.A.R.O. y B.R.F.G., jueces de esta sala, para integrarse en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926-35, del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294-40, de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) con motivo de la demanda en reparación de daños y perjuicios incoada por I.C.A., contra E.H. y la Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia, Inc. (PROFAMILIA), la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, dictó el 18 de junio de 2014, la sentencia civil núm. 00490-2014, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA buena y válida, en cuanto a la forma, la presente demanda en daños y perjuicios, intentada por la señora I. (sic) C.A., de generales que constan, por conducto de sus abogados constituidos y apoderados especiales los L.M.E.H.T. y M.U.V.T.; R.. Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia, Inc. (PROFAMILIA) vs. Ivelisse Concepción Aracena

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en contra de la Licenciada E.H., de generales que constan, y de La Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia, INC. (PROFAMILIA), quienes tienen como abogados constituidos y apoderados especiales a los L.L.E.E.R., B.F. de León Reyes, J.B.P.G. y O.R.H.; por ser conforme las normas (sic) que rigen la materia; SEGUNDO: En cuanto al fondo, RECHAZA la presente demanda por las razones que hemos señalado en el cuerpo de la presente sentencia; TERCERO: CONDENA a la parte demandante señora Ivelisse Concepción Aracena, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción en beneficio de los Licenciados concluyentes, quienes afirman estarlas avanzado (sic) en su mayor parte”;
b) no conforme con la decisión precedentemente transcrita, I.C.A. interpuso formal recurso de apelación, mediante acto núm. 1105-2014, de fecha 5 de diciembre de 2014, instrumentado por el ministerial J.A.A.O., alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, dictó el 31 de agosto de 2016, la sentencia civil núm. 224-16, hoy recurrida en Rec. Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia, Inc. (PROFAMILIA) vs. Ivelisse Concepción Aracena

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casación, cuya parte dispositiva copiada textualmente establece lo siguiente: “PRIMERO: Declara regular y válido en cuanto a la forma, el recurso de apelación de que se trata, promovido por IVELISSE CONCEPCIÓN ARACENA, por haber sido interpuesto conforme con los requerimientos de la ley; SEGUNDO: En cuanto al fondo, REVOCA en todas sus partes la sentencia marcada con el número 00490/2014, de fecha dieciocho (18) del mes de junio del año dos mil catorce (2014), dictada por la Primera Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, y en consecuencia; TERCERO: CONDENA a la ENTIDAD PRO FAMILIA Y A SU LABORATORIO CLÍNICO, al pago de la suma de TRESCIENTOS MIL PESOS ORO (sic) (RD$300,000.00), a favor de la señora IVELISSE CONCEPCIÓN ARACENA, como justa reparación por los daños y perjuicios morales ocasionados; CUARTO: Condena a la entidad PRO FAMILIA Y A SU LABORATORIO CLÍNICO, al pago de los daños y perjuicios materiales a favor de la señora IVELISSE CONCEPCIÓN ARACENA y ordena que los mismos sean liquidados por estado; QUINTO: Compensa las costas del procedimiento”;

Considerando, que en su memorial de casación, la parte recurrente propone los siguientes medios: “Primer medio: Errónea aplicación del artículo 1315 del Código Civil Dominicano; Segundo medio: R.. Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia, Inc. (PROFAMILIA) vs. Ivelisse Concepción Aracena

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Desnaturalización de los hechos; Tercer Medio: Falta de motivos e ilogicidad. Violación a un precedente del Tribunal Constitucional; Cuarto Medio: Violación al principio de seguridad jurídica”;

Considerando, que en su memorial de defensa la parte recurrida solicita que se declare inadmisible el presente recurso de casación en virtud de lo establecido en el artículo 5, párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008, debido a que al momento de la interposición del presente recurso de casación era un requisito indispensable para su admisibilidad, que la sentencia impugnada no excediere en sus condenaciones la cuantía de doscientos (200) salarios mínimos;

Considerando, que resulta importante destacar que la referida disposición legal fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, mediante sentencia núm. TC-0489-15, del 6 de noviembre de 2015, por contravenir el artículo 40.15 de la Constitución de la República Dominicana, difiriendo los efectos de su decisión por el plazo de un (1) año a partir de su notificación a fin de evitar afectar el servicio de justicia y la creación de desigualdades en el ejercicio del derecho al recurso; que dicho R.. Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia, Inc. (PROFAMILIA) vs. Ivelisse Concepción Aracena

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fallo fue notificado en fecha 19 de abril de 2016, al tenor de los oficios núms. SGTC-0751-2016, SGTC-0752-2016, SGTC-0753-2016, SGTC-0754-2016 y SGTC-0756-2016, suscritos por el secretario de ese órgano estatal, de suerte que el plazo por el cual fueron diferidos los efectos de dicha sentencia venció el 20 de abril de 2017, momento a partir del cual entró en vigor la inconstitucionalidad pronunciada, cuyo efecto es la expulsión de la disposición cuestionada del ordenamiento jurídico, suprimiéndose la causal de inadmisión instituida en el antiguo artículo 5, párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008; que el criterio del Tribunal Constitucional se nos impone en virtud del artículo 184 de la Constitución que establece que: “Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”;

Considerando, que sin embargo, también cabe puntualizar que en el modelo concentrado de justicia constitucional, en principio, las sentencias R.. Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia, Inc. (PROFAMILIA) vs. Ivelisse Concepción Aracena

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estimatorias rigen para el porvenir, es decir, tienen efectos ex nunc o pro futuro, tal como lo establecen los artículos 45 y 48 de la Ley núm. 137-11, del 13 de junio de 2011, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, modificada por la Ley núm. 145-11, del 4 de julio de 2011, al disponer que: “Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad y pronuncien la anulación consecuente de la norma o los actos impugnados, producirán cosa juzgada y eliminarán la norma o acto del ordenamiento. Esa eliminación regirá a partir de la publicación de la sentencia”; “La sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma produce efectos inmediatos y para el porvenir”, principio que solo se exceptúa cuando el propio Tribunal Constitucional decide modular los efectos de su sentencia para dotarla de un carácter retroactivo en virtud de lo dispuesto por la parte in fine del citado artículo 48 de la citada Ley núm. 137-11, que dispone que: “Sin embargo, el Tribunal Constitucional podrá reconocer y graduar excepcionalmente, de modo retroactivo, los efectos de sus decisiones de acuerdo a las exigencias del caso”;

Considerando, que al dictar la sentencia núm. TC-0489-15, el Tribunal Constitucional, lejos de exceptuar los efectos ex nunc propios de las Rec. Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia, Inc. (PROFAMILIA) vs. Ivelisse Concepción Aracena

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sentencias estimatorias dictadas en el ejercicio del control concentrado de constitucional, decidió diferir hacia el futuro la eficacia de su fallo, lo que revela que indiscutiblemente la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 5, párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008, está desprovista de todo efecto retroactivo;

Considerando, que como consecuencia de lo expuesto, aunque en la actualidad el antiguo artículo 5, párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008, se encuentra derogado en virtud de la entrada en vigor de la inconstitucionalidad pronunciada mediante la sentencia núm. TC-0489-15, dicho texto legal aún es válidamente aplicable a los recursos de casación que fueron interpuestos durante el período en que estuvo vigente, a saber, desde la fecha de su publicación el 11 de febrero de 2009, hasta la fecha de su efectiva abrogación el 20 de abril de 2017;

Considerando, que este razonamiento también se sustenta en lo siguiente: a) el principio de irretroactividad de las normas consagrado en el artículo 110 de la Constitución que establece que: “La ley sólo dispone y se Rec. Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia, Inc. (PROFAMILIA) vs. Ivelisse Concepción Aracena

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aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”;
b) el principio de ultractividad normativa instituido por la doctrina jurisprudencial del propio Tribunal Constitucional en base al citado artículo 110 al estatuir en el sentido de que: “la norma que se aplique a todo hecho, acto o negocio jurídico debe ser la vigente en el momento en que ocurrió el acto de que se trate, de manera que aunque dicha norma no pueda seguir rigiendo o determinando situaciones jurídicas nacidas con posterioridad a la fecha en que quedó derogada, sí continuará rigiendo las situaciones jurídicas surgidas a su amparo, por efecto de la llamada ultractividad de la ley”1; c) la doctrina de la situación jurídica consolidada que también ha sido consagrada por el Tribunal Constitucional como una excepción al principio de aplicación inmediata de la ley procesal, conforme a la cual ha juzgado que el régimen legal aplicable a los recursos de casación es el vigente al momento de su interposición en razón de que: “la garantía constitucional de

1 Sentencias TC/0015/13, del 11 de febrero de 2013, TC/0122/14, del 13 de junio de 2014, TC/111/14, del 30 de junio de 2014, TC/0169/16, del 12 de mayo de 2016. R. . Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia, Inc. (PROFAMILIA) vs. Ivelisse Concepción Aracena

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la irretroactividad de la ley se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento jurídico no puede tener la consecuencia de sustraer el bien o el derecho ya adquirido del patrimonio de la persona, o de provocar que si se había dado el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma legal, ya no surta la consecuencia que el interesado esperaba de la situación jurídica consolidada2, y, finalmente, d) el antiguo artículo 5, párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008, tenía por objeto regular las condiciones de admisibilidad para la interposición del recurso de casación y no el fallo que al respecto dicte esta jurisdicción de suerte que es la fecha de la interposición del recurso y no la fecha de la sentencia que lo decide la que determina el régimen legal aplicable ratione temporis;

Considerando, que en ese tenor, como el presente recurso se interpuso el día 26 de enero de 2017, es decir, durante el período de vigencia del antiguo artículo 5, párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre

2 Sentencias TC/0024/12, del 21 de junio de 2012, TC/0013/12 del 10 de mayo de 2012, TC/0457/15, del 3 de noviembre de 2015, TC/0457/16, del 27 de diciembre de 2016, entre otras. R. . Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia, Inc. (PROFAMILIA) vs. Ivelisse Concepción Aracena

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de 2008, dicho texto legal es aplicable en la especie y, por lo tanto, procede valorar su admisibilidad a la luz de su contenido, en el cual se disponía que:

“No podrá interponerse el recurso de casación, sin perjuicio de otras disposiciones legales que lo excluyen, contra: las sentencias que contengan condenaciones que no excedan la cuantía de doscientos (200) salarios mínimos del más alto establecido para el sector privado, vigente al momento en que se interponga el recurso (…)”;

Considerando, que el referido mandato legal nos exige de manera imperativa determinar, cuál era el salario mínimo más alto establecido para el sector privado al momento de interponerse el presente recurso y establecer si el monto resultante de los doscientos (200) salarios excede la condenación establecida en la sentencia impugnada; que en ese sentido, esta jurisdicción ha podido comprobar que para la fecha de interposición del presente recurso, esto es, como señalamos anteriormente, el 26 de enero de 2017, el salario mínimo más alto para el sector privado estaba fijado en doce mil ochocientos setenta y tres pesos dominicanos con 00/100 (RD$12,873.00) mensuales, conforme a la resolución núm. 1-2015, dictada por el Comité Nacional de Salarios en fecha 20 de mayo de 2015, con entrada en vigencia R.. Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia, Inc. (PROFAMILIA) vs. Ivelisse Concepción Aracena

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el 1 de junio de 2015, por lo cual el monto de doscientos (200) salarios mínimos asciende a la suma de dos millones quinientos setenta y cuatro mil seiscientos pesos dominicanos con 00/100 (RD$2,574,600.00), por consiguiente, para que sea admitido el recurso extraordinario de la casación contra la sentencia dictada por la corte a qua, es imprescindible que la condenación por ella establecida sobrepase esa cantidad;

Considerando, que al proceder a verificar la cuantía a que asciende la condenación, resulta lo siguiente que: a. I.C.A., interpuso una demanda en reparación de daños y perjuicios, contra E.H. y la Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia, Inc. (PROFAMILIA), la cual fue rechazada por el tribunal de primer grado apoderado; b. la corte a qua revocó en todas sus partes la sentencia impugnada y en consecuencia condenó a la entidad Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia, Inc. (PROFAMILIA), al pago de la suma de trescientos mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$300,000.00), a favor de I.C.A., como justa reparación de los daños y perjuicios morales ocasionados; que evidentemente, dicha cantidad no excede del valor resultante de los doscientos (200) salarios mínimos, que es la cuantía requerida para la admisión del recurso de casación, de Rec. Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia, Inc. (PROFAMILIA) vs. Ivelisse Concepción Aracena

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conformidad con las disposiciones previstas en la primera parte del literal c, párrafo II del artículo 5 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación; que en atención a las circunstancias referidas, al no cumplir el presente recurso de casación con el mandato de la ley, respecto al monto mínimo que debe alcanzar la condenación contenida en la sentencia impugnada para ser susceptible del recurso que nos ocupa, procede que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia declare su inadmisibilidad, lo que hace innecesario el examen de los medios de casación propuestos por la recurrente, en razón de que las inadmisibilidades, por su propia naturaleza, eluden el conocimiento del fondo de la cuestión planteada, en el presente caso, el examen del recurso de casación del que ha sido apoderada esta sala.

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por la Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia, Inc. (PROFAMILIA), contra la sentencia civil núm. 224-16, dictada el 31 de agosto de 2016, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, cuya parte dispositiva figura copiada en otro lugar de este fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente, al pago de las costas procesales a favor de los Lcdos. R.. Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia, Inc. (PROFAMILIA) vs. Ivelisse Concepción Aracena

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M.U.V.T. y M.E.H.T., abogados de la parte recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación mediante sentencia pronunciada en la ciudad de Santo Domingo de G. en audiencia pública del 27 de julio de 2018, años 175º de la Independencia y 155º de la Restauración.

(Firmado) F.A.J.M..- J.A.C.A..- M.A.R.O..- B.R.F.G..-

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, secretaria general, que certifico.

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