Sentencia nº 206 de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Febrero de 2018.

Fecha de Resolución28 de Febrero de 2018
EmisorPrimera Sala

Exp. núm. 2011-4990 y 2011-5645

Rec. A) Banco de Reservas de la República Dominicana vs. A.d.C.C. y B) A. del Carmen Castillo vs. Banco de Reservas de la República Dominicana

Fecha: 28 de febrero de 2018

Sentencia No. 206-Bis

Cristiana A. Rosario V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 28 de febrero del 2018, que dice así:

SALA CIVIL Y COMERCIAL

Audiencia pública del 28 de febrero de 2018 Casa/Rechaza Preside: F.A.J.M.

Dios, Patria y Libertad

En nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre los recursos de casación interpuestos por A) el Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples, entidad de intermediación financiera bancaria, organizada de acuerdo con la Ley núm. 6133, de fecha 17 de diciembre de 1962, y sus modificaciones, y la Ley núm. 183-02 del 21 de noviembre del año 2002, Ley Monetaria y Financiera, con su oficina principal en la Torre Banreservas, edificio ubicado en la acera Exp. núm. 2011-4990 y 2011-5645

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sureste del cruce de la avenida W.C. y la calle L.. P.H., del ensanche P. de esta ciudad, con sucursal en la calle M. núm. 25 de la ciudad de S.F. de Macorís, debidamente representado por su administrador general, V.B.A., dominicano, mayor de edad, casado, economista, funcionario bancario, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0007359-2, domiciliado y residente en esta ciudad; y B) A.d.C.C.C., dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 055-0035389-0, domiciliada y residente en la ciudad de Nueva York, ambos contra la sentencia núm. 103-11, de fecha 27 de junio de 2011, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de S.F. de Macorís, cuyo dispositivo figura copiado más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oídos las lecturas de sus conclusiones al D.J.H.L.S., abogado de la parte recurrida y parte recurrente parcial, A.d.C.C.C.;

Oído la lectura de sus conclusiones a la Lcda. C.G., por sí, y por los L.s. E.P.F. y J.O.A., abogados Exp. núm. 2011-4990 y 2011-5645

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de la parte recurrida parcial, Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples;

Oído el dictamen de la magistrada procuradora general adjunta de la República, el cual termina: Único: Que procede acoger el recurso de casación interpuesto por la (sic) Banco de Reservas de la República Dominicana, contra la sentencia No. 103-11 del veintisiete (27) de junio del dos mil once (2011), dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís”;

Oído el dictamen de la magistrada procuradora general adjunta de la República, el cual termina: Único: Que procede declarar inadmisible, el recurso de casación interpuesto por A.d.C.C.C., contra la sentencia No. 103-11 del 27 de junio de 2011, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 15 de noviembre de 2011, suscrito por los L.s. E.P.F., M.V.G. y J.O.A.A., abogados de la parte recurrente, Banco de Reservas de la Exp. núm. 2011-4990 y 2011-5645

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República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples, en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 22 de diciembre de 2011, suscrito por el L.. H.L.S., abogado de la parte recurrente, A.d.C.C.C., en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 5 de enero de 2012, suscritos por el L.. H.L.S., abogado de la parte recurrida, A.d.C.C.C.;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 13 de enero de 2012, suscrito por los L.s. E.P.F., M.V.G. y J.O.A.A., abogados de la parte recurrida, Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples;

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25-91, de fecha 15 Exp. núm. 2011-4990 y 2011-5645

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de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1, 5 y 65 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 5 de octubre de 2016, estando presentes los magistrados J.C.C.G., presidente; D.M.R. de G. y J.A.C.A., asistidos del secretario;

La CORTE, en audiencia pública del 18 de febrero de 2015, estando presentes los magistrados J.C.C.G., presidente; M.O.G.S., J.A.C.A. y F.A.J.M., asistidos del secretario;

Visto los autos dictados el 20 de febrero de 2018, por el magistrado F.A.J.M., presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a los magistrados P.J.O. y B.F.G., jueces de esta sala, para integrarse a esta en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926-35, de fecha 21 de julio de 1935, reformada Exp. núm. 2011-4990 y 2011-5645

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por el artículo 2 de la Ley núm. 294-40, de fecha 20 de mayo de 1940 y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, revelan que: a) con motivo de la demanda en nulidad de contrato de préstamo y daños y perjuicios incoada por A.d.C.C.C. contra el Banco de Reservas de la República Dominicana, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de D. dictó, el 24 de abril de 2009, la sentencia civil núm. 00394, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Ratifica el defecto pronunciado en contra de la parte demandante señora A.D.C.C.C., por falta de concluir; SEGUNDO: Declara buena y válida la presente demanda en NULIDAD DE CONTRATO DE PRÉSTAMOS Y DAÑOS Y PERJUICIOS, por haber sido hecha de acuerdo a la ley en cuanto a la forma; TERCERO: Declara buena y válida la demanda en INTERVENCIÓN FORZOSA, intentada A.D.C.C.C., por haber sido hecha de acuerdo a la ley en cuanto a la forma; CUARTO: En cuanto al fondo, rechaza la presente demanda en NULIDAD DE CONTRATO DE PRÉSTAMOS Y DAÑOS Y PERJUICIOS, por falta de pruebas que justifiquen Exp. núm. 2011-4990 y 2011-5645

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las pretensiones de la parte demandante; QUINTO: Condena a la parte demandante señor (sic) A.D.C.C.C., al pago de las costas del procedimiento ordenando su distracción a provecho de los abogados LICDOS. J.O.A.A., E.P.F., M.V.G.Y.L.B.H., quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte”; b) no conforme con dicha decisión, A.d.C.C.C. interpuso formal recurso de apelación contra la referida decisión, mediante acto núm. 21-2010, de fecha 11 de enero de 2010, instrumentado por el ministerial C.A.G., alguacil ordinario de la Corte de Apelación Laboral del Departamento Judicial de S.F. de Macorís, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de S.F. de Macorís, dictó el 27 de junio de 2011, la sentencia civil núm. 103-11, ahora impugnada, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: PRIMERO: Declara regular y válido el recurso de que se trata, promovido por A.D.C.C.C., por haber sido interpuesto de acuerdo con la ley; SEGUNDO: Pronuncia el defecto por falta de comparecer en contra de la parte interviniente forzosa, señor J.T.J.V.; TERCERO: La Corte Exp. núm. 2011-4990 y 2011-5645

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actuando por autoridad propia y contrario imperio, revoca en todas sus partes la sentencia no. 00394, de fecha 24 del mes de Abril del año 2009 (Dos mil nueve), dictada por la Primera Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de D.; CUARTO: Declara nula sin validez jurídico la cláusula sexta del contrato de línea de crédito con garantía hipotecaria de fecha 05 del mes de Agosto del año 2005 (Dos mil cinco), concertado entre el Banco de Reservas de la REPÚBLICA DOMINICANA, sucursal S.F. de Macorís, representado en este caso por el G.C.S.R.Y.E.A.G.C., G. General y G. de Negocios; y de la otra parte, J.T.J.V. legalizado en sus firmas por el LICDO. B.J.B.G., Notario Público de los del número de S.F. de Macorís; QUINTO: Ordena al Registrador de Títulos de S.F. de Macorís, Cancelar la garantía otorgada en el contrato de línea de crédito con garantía hipotecaria R.N.C.4., de fecha 05 del mes de Agosto del año 2005, legalizado en sus firmas por el Licdo. B.J.B.G., Notario Público del Municipio de S.F. de Macorís, otorgada por J.T.J.V. al Banco de Reservas de la República Dominicana, contenida en la cláusula sexta del contrato, en relación al inmueble que se describe a continuación: UNA PORCIÓN DE TERRENO CON UNA EXTENSIÓN Exp. núm. 2011-4990 y 2011-5645

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SUPERFICIAL DE DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PUNTOS OCHENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (275. 84MTS2) UBICADO DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA NO. 74-004.14647 (SETENTA Y CUATRO GUIÓN CERO CERO CUATRO PUNTO CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE), DEL DISTRITO CATASTRAL NO. 02 (CERO DOS), DEL MUNICIPIO DE CASTILLO, P.D., CON SUS MEJORAS CONSISTENTES EN UNA EDIFICACIÓN DE DOS NIVELES, EL PRIMER NIVEL ÁREA COMERCIAL, OFICINA, DOS BAÑOS; EN EL SEGUNDO NIVEL APARTAMENTO CON UNA HABITACIÓN, SALA, GALERÍA Y BALCÓN GRANDE, ADEMÁS AREA DE DEPÓSITO, TECHADA DE ZINC Y MADERA; DICHO INMUEBLE ESTÁ LIMITADO COMO SIGUE: AL NORTE, RESTO DE LA MISMA PARCELA; AL SUR, CALLE MELLA; AL ESTE CALLE OLEGARIO TENARES; Y, AL OESTE, CARRETERA SAN FRANCISCO DE MACORÍS-CASTILLO; SEXTO: Rechaza los ordinales CUARTO, QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO de las Conclusiones de la parte recurrente por los motivos expresados en el cuerpo de esta sentencia; SÉPTIMO: C.a.M.J.C.D.S., de Estrados de ésta Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Exp. núm. 2011-4990 y 2011-5645

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Departamento Judicial de S.F. de Macorís, para la notificación de la presente sentencia”;

Considerando, que, es necesario acotar en primer orden, que ha sido un criterio jurisprudencial constante, que la fusión de expedientes o recursos es una facultad de los jueces que se justifica cuando lo aconseja una buena administración de justicia, siempre que la unión de varios expedientes, demandas o recursos interpuestos ante un mismo tribunal y entre las mismas partes puedan ser decididos, aunque por disposiciones distintas, por una misma sentencia;

Considerando que contra la sentencia impugnada existen dos recursos de casación incoados por ante esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, uno en fecha 15 de noviembre y otro en fecha 22 de diciembre, del año 2011, respectivamente; el primero por el Banco de Reservas de la República Dominicana, correspondiente al expediente núm. 2011-4990, y el segundo por A.d.C.C.C., correspondiente al expediente núm. 2011-5645, por lo que esta Corte de Casación, estima conveniente en aras de una sana administración de justicia, para evitar una posible contradicción de sentencias, y por economía procesal Exp. núm. 2011-4990 y 2011-5645

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ordenar de oficio, la fusión de los expedientes señalados anteriormente, para decidirlos mediante una misma sentencia;

Considerando, que para una mejor comprensión del caso que nos ocupa, resulta útil señalar, que de la lectura de la sentencia impugnada se verifica que: 1- que A.d.C.C.C. y J.T.J., contrajeron matrimonio bajo el régimen de la comunidad de bienes, en fecha 13 de marzo de 1984 y se divorciaron en fecha 15 de enero de 2007; 2- que J.T.J.V. concertó con el Banco de Reservas de la República Dominicana un contrato de línea de crédito con garantía hipotecaria por RD$1,000,000.00 en base a una porción de terreno de 275 Mts2 y sus mejoras consistente en un local comercial, en fecha 5 de agosto de 2005; 3- que para lograr la aprobación del préstamo J.T.J.V. actuó en representación suya y de su esposa A.d.C.C.C., conforme al poder a estos fines, en fecha 1ero. de julio de 2005; el cual fue demostrado por el Inacif que la firma de la señora no correspondía con su grafología y además conforme certificación de la Dirección General de Migración, la señora no se encontraba en el país en la fecha en que fue supuestamente firmado por ella el referido poder; 4- que A.d.C.C.C. demandó al Banco de Reservas de la Exp. núm. 2011-4990 y 2011-5645

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República Dominicana en nulidad del referido contrato de préstamo con garantía hipotecaria y reparación de daños y perjuicios en fecha 13 de diciembre de 2006 y en intervención forzosa a J.T.J.V.; 5- que fue apoderada para conocer las referidas demandas la Primera Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de D., dictando la sentencia núm. 00394, de fecha 24 de abril de 2009, la cual rechaza la demanda; 6- no conforme con la referida decisión A.d.C.C.C. la recurre en apelación, dictando la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de S.F. de Macorís, la sentencia 103-11, de fecha 27 de junio de 2011, la cual es ahora objeto de los recursos de casación que nos ocupan;

En cuanto al recurso de casación interpuesto por el Banco de

Reservas de la República Dominicana:

Considerando, que la parte recurrente propone, contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Fallo Extrapetita; Segundo Medio: Contradicción de los motivos con el fallo. Violación del principio del tercer adquiriente de buena fe; Tercer Medio: Exp. núm. 2011-4990 y 2011-5645

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Falta de motivos. Violación artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; Cuarto Medio: Falta de Estatuir; Quinto Medio: Ilogicidad entre los considerandos y el fallo. Falta de base legal” (sic);

Considerando que en el desarrollo de sus medios de casación, los cuales se reúnen para su examen por convenir a la solución del caso, la parte recurrente arguye: “que la corte falló lo que no le fue pedido, es por ello que es un fallo extra petita; que el Banco de Reservas de la República Dominicana ha sido un adquiriente de derecho de buena fe y a título oneroso, por lo que no puede ser perjudicado en su derecho; que en la página 4 y principio de la 5, la corte rechaza las conclusiones de la parte recurrida en cuanto al pedimento de que se ordenara la comparecencia personal del codemandado, así como del notario público que legalizó las firmas que han sido cuestionadas y que se ordenara el sobreseimiento hasta tanto se cumpliera con las medidas de instrucción planteadas; que no dió motivos en cuanto a relacionar dichos documentos con el dispositivo de la sentencia. El experticio fue realizado sobre una fotocopia lo cual es incorrecto, ya que las fotocopias de documentos alteran los rasgos de las firmas que aparecen en ellas; que no existe decisión alguna que haya establecido que el señor J.T.J.V. haya perdido el derecho de propiedad que tiene sobre el inmueble Exp. núm. 2011-4990 y 2011-5645

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objeto de este proceso; que la corte para anular la garantía dada al Banco de Reservas por el señor J.T.J. no consideró que con esta decisión se está premiando al deudor liberándolo del inmueble de la hipoteca”;

Considerando, que la corte a qua sustentó su decisión en los motivos siguientes: “que por los documentos referidos, han sido establecidos los siguientes hechos: 1) que J.T.V. tomó un préstamo con garantía hipotecaria en fecha 5 de agosto de 2005 de un millón de pesos en el Banco de Reservas, poniendo en garantía un inmueble de la comunidad; 2) que J.T.V., para lograr la aprobación del préstamo, actuó por sí, y en representación de su entonces esposa, A.d.C.C.C. en virtud de poder especial que esta le otorgó; 3) que este poder especial no fue firmado por A.d.C.C.C., actual recurrente; que el Tribunal civil ordinario está apoderado de una demanda en partición incoada por A.d.C.C.C. en contra de J.T.J.V.; (…) que en este caso aplica el principio de la razonabilidad, consagrado en el número 15 del artículo 40 de la constitución de la República, que textualmente dice así: ‘A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda, ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos. Solo puede ordenar lo que es justo y útil para la Exp. núm. 2011-4990 y 2011-5645

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comunidad y no puede prohibir más de lo que le perjudica’; que, siendo un hecho no controvertido que el momento del señor J.T.J.V. concertar el contrato de préstamo con el Banco de Reservas de la República Dominicana estaba casado con la señora A.d.C.C.C., y que en consecuencia no podía poner en garantía la totalidad de un inmueble perteneciente a la comunidad sin la autorización de ésta y habiéndose demostrado que la firma estampada en el poder en virtud del cual el prestatario actuó en representación de su entonces esposo, era falso, de acuerdo al resultado del informe pericial; que, procede anular la garantía, contenida en la clausula sexta del contrato de préstamo concertado entre el Banco de Reservas de la República Dominicana, y J.T.J.V.; que, a juicio de esta corte la demanda en reparación de daños y perjuicios en contra del Banco de Reservas, planteada por la parte demandante, debe ubicarse en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, pues si bien existe un contrato de préstamo que es el que se pretende anular, la parte demandante original, hoy recurrente, ha demostrado que no firmó el poder en virtud del cual su ex esposo la representó en esa convención, que obviamente la coloca fuera del contrato, y en condiciones procesales de demandar por la vía delictual; que no es Exp. núm. 2011-4990 y 2011-5645

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controvertida la relación de comitencia entre el Banco de Reservas y los funcionarios que actuaron en su representación en la autorización y firma del contrato de préstamo, ni tampoco es controvertido el hecho de que estos empleados actuaron en el ejercicio de sus funciones; sin embargo; que, constituye un hecho controvertido determinar si el G. General y el G. de Negocios, que son los representantes del Banco de Reservas en el contrato de préstamo, desde el punto de vista de la responsabilidad civil califican como preposés, cometieron o no alguna falta; que siendo la falta concebida por la jurisprudencia dominicana y francesa como un error de conducta que no habría sido cometida por una persona normal, y no siendo los funcionarios actuantes del banco jueces, ni peritos, para determinar si la firma estampada en el poder especial en cuestión, correspondía o no a la poderdante, esta Corte sustenta el criterio de que los referidos preposés, no cometieron ninguna falta y que en consecuencia, convirtiéndose también el Banco en una víctima de la maniobra fraudulenta de J.T.J.V.; que, estando ausente uno de los elementos constitutivos esenciales de la responsabilidad civil por el hecho de otro, procede rechazar la demanda en reparación de daños y perjuicios, incoada en contra del Banco de Reservas de República Dominicana, por improcedente y mal fundada”; Exp. núm. 2011-4990 y 2011-5645

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Considerando, que la parte recurrente alega que la corte a qua falló extra petita, entendiéndose esto como la decisión judicial que resuelve una cuestión no ventilada o presentada por las partes, que no está contenida en el acto que contiene la litis ni ha sido sometida al contradictorio; que sin embargo, no señala la recurrente que pedimentos no solicitados fueron conocidos por el tribunal y en vista de que no basta alegar la ocurrencia de un hecho, sino que además es preciso que aquel que lo hace proporcione de cara al proceso, los elementos en los cuales apoya sus alegatos, lo que no ocurre en la especie, impidiendo con ello que esta corte de casación pueda realizar el análisis pertinente, razones por las que procede desestimar dicho aspecto del medio examinado;

Considerando, que en cuanto al argumento de la parte recurrente relativo a que la corte a qua, al rechazar la comparecencia personal del codemandado no dio los motivos en los que fundamentaba su rechazo, incurriendo así en el vicio de falta de motivos; esta Corte de Casación ha comprobado que la corte a qua se limitó a hacer uso del poder soberano de apreciación que le acuerda la ley a los jueces del orden judicial, quienes pueden ordenar o desestimar las medidas de instrucción que les propongan las partes litigantes, siempre que su decisión no viole la ley, ni constituya un Exp. núm. 2011-4990 y 2011-5645

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atentado al debido proceso; en consecuencia, no incurre la corte en las violaciones denunciadas, al rechazar mediante sentencia in voce la medida solicitada basándose en comprobaciones y razones de hecho debidamente sopesadas por la jurisdicción a quo, las cuales escapan al control casacional por no haberlas desnaturalizado; por lo tanto, este aspecto del medio examinado carece de sentido y debe ser desestimado;

Considerando, que la recurrente alega además, que la corte a qua no dio motivos que justifiquen por qué usó una fotocopia de un documento en vez del original para hacer la experticia, lo que es incorrecto, por cuanto las fotocopias alteran los rasgos de las firmas analizadas; que ciertamente, se verifica de la sentencia que el informe pericial que la corte tomó en cuenta para llegar a la conclusión de que la firma de A.d.C.C.C., que figuraba en el poder de fecha 1 de julio de 2005, era falsa, se sustentó en una fotocopia de dicho poder y no en su original; sin embargo, también se verifica de la sentencia recurrida, que el peritaje fue ordenado en presencia de la parte recurrente y sometido al contradictorio sin que conste que esta haya presentado objeción alguna a los documentos remitidos al Inacif para la evaluación correspondiente, a fin de que la corte evaluara tales Exp. núm. 2011-4990 y 2011-5645

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argumentos, por lo tanto, este medio es nuevo y no puede ser admitido en esta instancia, razones por las que se descarta;

Considerando, que la parte recurrente arguye en los últimos aspectos del medio que se examina, que la corte incurrió en contradicción de motivos por cuanto en su decisión reconoce que el Banco de Reservas de la República Dominicana, fue defraudado y sin embargo lo despoja de su garantía cancelando la hipoteca, y que para anular la garantía dada al Banco de Reservas por J.T.J., no consideró que se estaba liberando al deudor de la hipoteca del inmueble; estos aspectos serán respondidos de forma conjunta por su estrecha relación y en esa tesitura, es oportuno dejar por sentado, que hay contradicción de motivos en una sentencia cuando estos son de tal naturaleza que al anularse recíprocamente entre sí, la dejan sin motivación suficiente sobre el aspecto esencial debatido, o cuando la contradicción que exista entre sus motivos y el dispositivo los hagan inconciliables, en el caso concreto analizado, la corte comprobó que el banco actuó a la vista de un poder aparentemente firmado por la esposa del contratante y que actuó en el ejercicio de sus funciones, señalando además la corte a qua, que al banco no se le retuvo ninguna falta y que también fue una víctima de la maniobra fraudulenta de J.T.J.V., el Exp. núm. 2011-4990 y 2011-5645

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entonces esposo de la hoy recurrida; que siendo así procede acoger este aspecto del medio examinado, por cuanto la corte no valoró en justicia los efectos de su propia afirmación, al despojar al Banco de Reservas de la República Dominicana del 100% de su garantía, sin tomar en cuenta que se trataba de un acreedor de buena fe y que A.d.C.C.C., solo es propietaria del 50% del valor de la propiedad; en consecuencia, en cuanto a este aspecto, procede casar la decisión, pues si bien es cierto que de acuerdo al artículo 2114 de nuestro Código Civil, la hipoteca por su naturaleza es indivisible, lo que significa que el inmueble gravado y cada una de sus partes responde por toda la deuda hasta que se pague el último centavo de la obligación garantizada, esto es en beneficio del acreedor a fin de brindarle una mayor seguridad; por lo tanto, nada impide que este principio sea modificado por acuerdo entre las partes cuando no perjudica al acreedor (por no ser de orden público), o por disposición de un tribunal por causas justificadas y por convenir a la justicia del caso concreto; razones por las que nada impedía a la corte a qua ordenar parcialmente la cancelación o reducción de la hipoteca, de forma que el acreedor que ha sido timado no resulte tan gravemente perjudicado, como ocurrió en el caso concreto analizado. Exp. núm. 2011-4990 y 2011-5645

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En cuanto al recurso de casación interpuesto por A.d.C.C.C.:

Considerando, que en su memorial de casación la parte recurrente propone los siguientes medios: “Primer Medio: Errónea aplicación del derecho. Inobservancia de los artículos 1382 y 1383 y 1384 del Código Civil; Segundo Medio: Inobservancia de una norma jurídica que tutela un derecho con rango constitucional: artículo 1477 del Código Civil, e inobservancia de los artículos 51, 68 y 74 de la Constitución Dominicana”;

Considerando, que en el desarrollo de su primer y segundo medio de casación la recurrente alega: “que la corte de apelación civil no valoró al dictar la sentencia impugnada el daño que ha sufrido la parte demandada, y sus hijos, ya que ha sido impedida de la oportunidad de iniciar y determinar la correspondiente demanda en partición; el sufrimiento moral que se origina en el temor constante de que, sin estar legalmente justificado, el Banco de Reservas pudiera ejecutar un embargo inmobiliario sobre el bien objeto de este proceso; no participar ni recibir parte de la renta del local dado en alquiler por quien fuera su esposo; no tiene la parte que le hubiera correspondido de una partición de bienes gananciales en ocasión del Exp. núm. 2011-4990 y 2011-5645

Rec. A) Banco de Reservas de la República Dominicana vs. A.d.C.C. y B) A. del Carmen Castillo vs. Banco de Reservas de la República Dominicana

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divorcio; permanecer durante cinco años soportando los gastos judiciales de un proceso que al tener que viajar desde los Estados Unidos a la comparecencia personal a la que fue convocada por la corte a quo también le hizo perder su puesto laboral (…) que el indicado texto no fue aplicado en la decisión hoy recurrida de manera parcial y cuya aplicación fue reclamada en las conclusiones contenidas en nuestro recurso de apelación porque la honorable corte de apelación civil del Departamento de S.F. de Macorís considero que, ‘como se ha comprobado, que la Primera Cámara Civil y Comercial el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de D. está apoderada de una demanda en partición y por ende cualquier reclamación por ocultación o por distracción de bienes a partir, debe ser plantada en el curso de esa demanda razón por la cual procede rechazar la solicitud de cancelación del certificado de título No. 2005-1, a nombre de J.T.J.V. como una consecuencia de la aplicación del artículo 1477 del Código Civil Dominicano”;

Considerando, que la parte recurrente esencialmente sustenta su recurso de casación en que no fueron evaluados por la corte a qua los daños y perjuicios sufridos por ella y la no aplicación del artículo 1477 del Código Civil; Exp. núm. 2011-4990 y 2011-5645

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Considerando, que en cuanto lo que se refiere el medio argüido por la parte recurrente, la corte a qua fallo en el sentido siguiente: “que no es controvertida la relación de comitencia entre el Banco de Reservas y los funcionarios que actuaron en su representación en la autorización y firma del contrato de préstamo; ni tampoco es controvertido el hecho de que estos empelados actuaron en el ejercicio de sus funciones; sin embargo (…) esta corte sustenta el criterio de que los referidos preposés, no cometieron ninguna falta y que en consecuencia, convirtiéndose también el Banco en una víctima de la maniobra fraudulenta del señor J.T.J.V.”;

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada y contrario a los alegatos de la parte recurrente, a juicio de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, en su rol casacional, constituye una obligación de los jueces del fondo, previo a la evaluación del daño para fijar un monto indemnizatorio, verificar si se encontraban o no los elementos constitutivos que tipifican la responsabilidad civil reclamada, pues en el sistema jurídico dominicano no es posible retener daños y perjuicios sin la existencia de los elementos constitutivos que la generan, por tales razones, al no encontrarlos reunidos, el tribunal a qua actuó correctamente al rechazar dichas pretensiones al considerar que el hoy recurrente no cometió falta que tuviera Exp. núm. 2011-4990 y 2011-5645

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que indemnizar, en tal sentido, procede desestimar el medio alegado por carecer de fundamento;

Considerando, que en cuanto al segundo aspecto del medio que se examina, es preciso establecer que en la sentencia impugnada la corte a qua, con relación al artículo 1477 del Código Civil, sustentó sus motivos en lo siguiente: “que, como se ha comprobado, que la Primera Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de D. está apoderada de una demanda en partición, y por ende cualquier reclamación por ocultación o distracción de los bienes a partir, debe ser planteada en el curso de esa demanda, razón por la cual procede rechazar la solicitud de cancelación del certificado del título no. 2005-1 a nombre de J.T.J.V., como consecuencia de la aplicación del artículo 1477 del Código Civil Dominicano”;

Considerando, que contrario a lo alegado por la parte recurrente la corte a qua al valorar lo precedentemente citado no incurrió en violación alguna al artículo 1477 del Código Civil, sino que actuó correctamente y conforme al derecho, razón por la que se rechaza este aspecto;

Considerando, que el estudio general de la sentencia impugnada pone de relieve, contrario a lo alegado, que la corte a qua, en sentido general, hizo Exp. núm. 2011-4990 y 2011-5645

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una correcta apreciación de los hechos y circunstancias de la causa, exponiendo, además, motivos pertinentes que justifican la decisión adoptada, lo que le ha permitido a esta Corte de Casación, verificar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley, sin incurrir dicho fallo en los vicios imputados por las partes recurrentes en sus recursos, salvo en lo valorado en otra parte de esta decisión respecto que al ser propietaria A.d.C.C.C. solamente del 50% del valor de la propiedad no correspondía la cancelación total de la hipoteca, por los motivos antes señalados; por lo que procede, en los demás aspectos, desestimar los medios alegados, y con ellos los presentes recursos de casación salvo en el aspecto ya mencionado.

Por tales motivos, Primero: Fusiona los expedientes núms. 2011-4990 y 2011-5645, relativos a los recursos de casación interpuestos por el Banco de Reservas de la República Dominicana y A.d.C.C.C.; Segundo: Casa la sentencia núm. 103-11, dictada en fecha 27 de junio de 2011, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de S.F. de Macorís, cuyo dispositivo figura transcrito en otro lugar de este fallo, solo en cuanto a la cancelación del 50% de la hipoteca; Tercero: Rechaza los recursos de casación interpuestos por el Exp. núm. 2011-4990 y 2011-5645

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Banco de Reservas de la República Dominicana y A.d.C.C.C., en los demás aspectos, ambos contra la referida sentencia; Cuarto: Compensa las costas del proceso.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 28 de febrero de 2018, años 175º de la Independencia y 155º de la Restauración.

(Firmado) F.A.J.M..- P.J.O..- B.R.F.G..-

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, secretaria general, que certifico.