Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Febrero de 2019.

Fecha de Resolución:28 de Febrero de 2019
Emisor:Primera Sala
 
CONTENIDO

Sentencia No. 149

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 28 de febrero del 2019, que

SALA CIVIL Y COMERCIAL

Audiencia pública del 28 de febrero de 2019 Rechaza Preside: F.A.J.M.

Dios, Patria y Libertad

En nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Centro Charros, S.A., sociedad comercial organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con asiento social establecido en la calle E.L.E. núm. sector A.H., de esta ciudad, debidamente representada por su presidenta, A.G., dominicana, mayor de edad, casada, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0196362-7, domiciliada y residente en ciudad, contra la sentencia civil núm. 198, de fecha 11 de mayo de 2007, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del magistrado procurador general adjunto de la República, el cual termina: Único: Que en el caso de la especie, tal y como señala segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de comunicación al Ministerio Público por ante los del fondo, “Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de Justicia, la solución del presente recurso de casación”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 25 de junio de 2007, suscrito por el Dr. C.R.C.C., abogado de la parte recurrente, Centro Charros, S.A., en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 6 de julio de 2007, suscrito por el Lcdo. P.D.E., abogado de la parte recurrida, M.O.M.O. y T.C.M.G.;

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25-91, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1 y 65 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 2 de febrero de 2011, estando E. y A.R.B.D., asistidos de la secretaria;

Visto el auto dictado el 25 de febrero de 2019, por el magistrado F.A.J.M., presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte

Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo y a los magistrados M.A.R.O., P.J.O. y J.A.C.A., jueces esta sala, para integrarse en la deliberación y fallo del recurso de casación de se trata, de conformidad con la Ley núm. 926-35, de fecha 21 de julio de reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294-40, de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que se refiere consta: a) con motivo de la demanda en nulidad de mandamiento de pago, de penalización por incumplimiento de contrato, resolución de contrato reparación de daños y perjuicios incoada por Centro Charros, S.A., contra M.O.M.O., y una demanda en resolución de contrato y reparación de daños y perjuicios incoada por M.O.M.O., contra Centro Charros, S.A., la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó el 21 de junio de 2005, sentencia civil núm. 572, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: SE DECLARA regular y válida en cuanto a la forma la demanda en NULIDAD DE MANDAMIENTO DE PAGO, DE PENALIZACIÓN

INCOMPLIMIENTO DE CONTRATO Y REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS incoada por CENTRO CHARROS, S. A en contra del señor M.O.M.O., así como la demanda en RESOLUCIÓN

CONTRATO Y REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS incoada por el

M.O.M. ORTIZ contra la compañía CENTRO CHARROS, S.A., y EN CUANTO AL FONDO: A) SE ACOGE modificada la demanda en NULIDAD DE MANDAMIENTO DE PAGO, DE PENALIZACIÓN

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y REPARACIÓN DE DANOS Y PERJUICIOS, por ser procedente y reposar en prueba legal; B) SE ORDENA al

M.O.M.O., dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en los Ordinales Primero y Tercero, del Acto de Opción

Compra de fecha 11 de Julio del año 2002, legalizado por la Notario Público LICDA. L.M.S.; C) SE ORDENA al señor M.O.M.O., poner a disposición de CENTRO CHARROS, S.A., la documentación necesaria que justifique su derecho de propiedad sobre el inmueble adquirido por el comprador, mediante contrato de fecha 11/07/2002, se describe a continuación: UN LOCAL COMERCIAL QUE TIENE UNA

DE CONSTRUCCIÓN DE 241.39 METROS CUADRADOS, AMPARADO EL TÍTULO NO. 88-1193, CORRESPONDIENTE A PARTE DE LA PARCELA NO. 5-A-118-1-REF.1 PORCIÓN A, DEL D. C. NO. 4 DEL DISTRITO NACIONAL Y SUS MEJORAS CONSISTENTES EN CINCO (5) PARQUEOS FRONTALES DE USO EXCLUSIVO DEL LOCAL COMERCIAL SEÑALADO, CONCRETO Y PEQUEÑO VUELO DE ALUZINC Y UNA CASETA CONSTRUIDA CON COLUMNAS, VIGAS, LOSA DE TECHO EN HORMIGÓN ARMADO, MUROS DE BLOCKS PAÑETADOS, PISO DE CONCRETO CON PUERTA DE HIERRO Y TOLA, CON UNA EXTENSIÓN DE 12.50 METROS CUADRADOS, ASÍ MISMO POR PORCIÓN 19 METROS CUADRADOS DE LA PARCELA NO. 5 A-118-A-REF.3-A, AMPARADA POR EL TÍTULO NO. 94-10198, D) SE CONDENA al señor M.O.M.O., al pago favor de CENTRO CHARROS, S.A., de un treinta por ciento (30%) del precio pactado de UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS CON 00/100 (RD$1,800,000.00), según fue dispuesto en el contrato de opción a compra de que trata, es decir la suma de QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS RD$540,000.00; E) SE RECHAZA la solicitud de Reparación de Daños y Perjuicios interpuesta por CENTRO CHARROS, S.A., en contra del señor M.O.M., así como su condenación al pago de un astreinte, los motivos indicados; SEGUNDO: SE RECHAZA la demanda en Resolución de Contrato y Reparación de Daños y Perjuicios, incoada por el señor M.O.M.O. contra la compañía CENTRO CHARROS,
A., por las razones antes indicadas; TERCERO: SE CONDENA al señor M.O.M.O. al pago de las costas del procedimiento ordenando sus distracción a favor y provecho del DR. CÉSAR R. CONCEPCIÓN

ÉN y la LICDA. A.Y.O.C., quienes afirman O.M.O. y T.C.M.G. interpusieron formal recurso de apelación contra la sentencia antes indicada, mediante acto núm. 881-de fecha 19 de agosto de 2005, instrumentado por el ministerial J.R.N.B., alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia civil núm. 198, de fecha 11 de mayo de 2007, dictada por la Segunda de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ahora recurrida en casación, cuyo dispositivo copiado textualmente es siguiente: PRIMERO: RATIFICA el defecto por falta de concluir, pronunciado en audiencia contra la parte recurrida, la entidad CENTRO CHARROS, S. A, no obstante emplazamiento legal; SEGUNDO: DECLARA bueno y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación, interpuesto por los señores M.O.M.O. y THERMA CELESTE MELO GUERRERO, mediante acto No. 881/2005, de diecinueve (19) de agosto del año 2005, instrumentado por el ministerial J.R.N.B., alguacil Ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación

Distrito Nacional; contra sentencia No. 572, relativa al expediente No. 38-2004, 02413, de fecha veintiuno (21) de junio del año 2005, dictada-por la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por sido interpuesto de acuerdo a la Ley; TERCERO: ACOGE, en cuanto al fondo, el presente recurso de apelación; en consecuencia, REVOCA en todas sus partes la sentencia impugnada, por los motivos út supra enunciados; CUARTO: SE FIJA audiencia para el día 28 de junio del 2007, a las 9:00, A.M., a los fines de conocer el de la demanda original, por los motivos antes esbozados; QUINTO: RESERVA costas del presente proceso para ser falladas conjuntamente con el fondo; SEXTO: COMISIONA al ministerial I.M., alguacil de estrados de esta Sala, para la notificación de la presente sentencia”;

Considerando, que la parte recurrente en su memorial de casación, propone los medios siguientes: “Primer Medio: Desnaturalización de los hechos documentos de la causa; Segundo Medio: Violación de la máxima non adimpleti contractus. Derecho de retención; Tercer Medio: Violación de los artículos 1134 y 1135 del Código Civil. Violación de los elementos constitutivos la responsabilidad contractual; Cuarto Medio: Incorrecta valoración de los documentos aportados por las partes”;

Considerando, que la parte recurrente en sus cuatro medios propuestos, reunidos para su examen por su vinculación, alega en resumen, que la corte a ha desnaturalizado el contrato intervenido entre las partes, dándole un alcance que no tiene y modificando las estipulaciones que este contiene; que en especie el vendedor se niega a entregar la documentación justificativa de sus derechos y sin responder al requerimiento de entrega pretende que se le pague el saldo adeudado sin que el comprador pueda asegurarse la transferencia de los derechos comprados, no obstante haberse intimado a estos fines en el plazo establecido; que M.O.M.O., ignora que él es deudor de obligaciones de hacer y que en caso de incumplimiento la misma se resuelve en del Código Civil; que por otra parte, la obligación de hacer de Centro Charros, S.A., que consisten pura y simplemente en pagar el resto del precio de venta, está supeditada a que la otra obligación de hacer sea cumplida por M.O.M.O., es decir, procede con su obligación entregar la documentación correcta de lo que ha vendido, lo que le permita al comprador transferir sus derechos a un certificado libre de cargas y gravámenes y sin omisión de parte de la cosa vendida; que esa puesta en mora se realizó mediante acto núm. 1371 de fecha 14 de julio de 2003 y hasta la fecha el señor M.O.M.O. no ha obtemperado a poner a disposición de Centro Charros, S.A., la documentación requerida; que ciertamente la parte recurrente adeuda la suma de RD$600,000.00 por la compra que realizó y los pagará cuando referido vendedor le haga entrega de toda la documentación correcta que le acredita como propietario de la cosa vendida; que de lo contrario tendrá que someterse a lo que él mismo pactó en el acto de compra que inicia sus relaciones contractuales con Centro Charros, S.A., y de no cumplir con las exigencias y requisitos establecidos en el Código Civil respecto de las obligaciones de hacer o no hacer pondrá a la Suprema Corte de Justicia en condiciones de juzgar que corte civil a qua no ha aplicado correctamente la ley; que el acto de intimación de pago núm. 802/2004, de fecha 3 de agosto del 2004, resulta improcedente, mal fundado y carente de toda seriedad legal e igualmente la demanda de fecha 10 septiembre del año 2004 en rescisión de contrato y daños y perjuicios, en opción de compra ya referido lo es el propio M.O.M.O.; que precisamente los dos actos señalados son las piezas fundamentales que hacen casable la sentencia recurrida, pues la parte ahora recurrida sostiene que la suma él adeudada por Centro Charros, S.A., es de RD$600,000.00 reconociendo que los RD$900,000.00 adeudados al inicio de la compra, él pagó a tiempo los RD$300,000.00 que se obligó a pagar a los seis meses, siendo este el fundamento la sentencia recurrida para revocar la decisión de primer grado, como puede evidenciarse en la simple lectura del considerando contenido en las páginas 18 y de la sentencia recurrida, donde se interpreta erróneamente que la verdadera adeudada por Centro Charros, S.A., de RD$600,000.00, que si está supeditada a la entrega de los documentos por el vendedor M.O.M.O.; que la razón social Centro Charros, S.A., ha ejercido el derecho de retención de pago de los RD$600,000.00 adeudados, fundamentado en que su contraparte M.O.M. no puede constreñirlo a ejecutar sus obligaciones cuando él se ha abstenido de cumplir las suyas, en razón de la reciprocidad de las obligaciones de los contratantes en los contratos sinalagmáticos y la identidad de las causas de donde se derivan sus respectivos mpromisos;

Considerando, que continúa señalando el recurrente en su memorial que, Centro Charros, S.A., contrató la compra de un inmueble que contenía dependencias que no fueron consignadas en el certificado de título porque el propiedad horizontal, cuyo primer piso fue ofertado a Centro Charros, S.A., contener cinco parqueos y solo figuró con uno, por lo que se hacía

necesario que el vendedor modificara el condominio y pusiera a el comprador en condiciones de transferirse ante el Registro de Títulos el inmueble completo, lo no ha sido posible a la fecha y debiendo dicho vendedor cumplir dicha obligación de hacer, quiso constreñir al comprador a que le pagara sin reciprocar propias obligaciones; y es natural entender que si el vendedor no cumplía con la entrega de los documentos al comprador, le sería imposible transferirse el inmueble en la forma en que le fue vendido, violando la reciprocidad de ambas obligaciones; que cuando el compromiso asumido en el contrato no se cumple cabalmente se incurre en responsabilidad contractual y la corte a qua ante la existencia de un contrato válido suscrito entre M.O.M.O. y Centro Charros, S.A., no valoró el daño o perjuicio resultante del incumplimiento del contrato a cargo del vendedor, cuya no entrega de los documentos ha causado al comprador un perjuicio ostensible y un daño que el tribunal de primer grado interpretó como correcto y penalizó al vendedor conforme se estableció en el contrato, que también penalizaba al comprador en de que fuere este el responsable; que la corte a qua en la página 7 de su sentencia, cita erróneamente los documentos bajo inventario depositados en la secretaría de la corte por abogado de la parte recurrente, cuando realmente los mismos fueron depositados bajo inventario en fecha 22 de enero del 2007, A., parte recurrida; de manera que, al describir cada uno de esos documentos, desconocido en su sentencia los reales documentos depositados por la parte

recurrente en apelación M.O.M.O., resultando contraproducente que con los documentos de la contraparte haya favorecido en su sentencia al apelante;

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a los que ella se refiere, se infieren como hechos de la causa, los siguientes: 1. Que fueron interpuestas sendas demandas, una en nulidad de mandamiento de pago, penalización por incumplimiento de contrato, resolución contrato y reparación de daños y perjuicios presentada por la entidad Centro Charros, S.A., contra M.O.M.O., y una demanda en resolución de contrato y reparación de daños y perjuicios interpuesta por M.O.M.O., contra la entidad Centro Charros, S.A.; 2. Que a propósito de las referidas demandas la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó la sentencia No. 572, relativa al expediente númm. 038-2004-02413; 3. Que la corte a tuvo a la vista para emitir su decisión el contrato de venta de inmueble suscrito entre los señores M.O.M., T.C.M. y la entidad Jorado Comercial, S.A., de fecha 6 de junio del 2000, así como también el contrato de opción de compra suscrito entre los señores M.O.M. y T.M., y la entidad Centro Charros, S.A., de fecha 11 de julio de Comercial del Distrito Nacional, precedentemente citada, fue recurrida en apelación, resultando la sentencia ahora impugnada en casación, la cual revocó todas sus partes la decisión de primer grado, en la forma que aparece citada en otro lugar del presente fallo;

Considerando, que la corte a qua para fallar en el sentido en que lo hizo, en sus motivaciones, lo siguiente: “A. Que es pertinente resaltar el contenido la primera cláusula del contrato que nos ocupa, y su combinación con la cláusula del contrato de opción a compra; a saber: “PRIMERO: El VENDEDOR, por medio del presente acto, otorga opción de compra irrevocable y el uso y disfrute a favor de

COMPRADOR, a partir de la fecha de este documento, sobre los inmuebles de su propiedad más adelante descritos, para ser ejercido en un plazo de doce (12) meses a de la firma del presente contrato. En el entendido de que en dicho plazo EL VENDEDOR se compromete a entregar todos los documentos concernientes a dichos inmuebles, necesarios para la autorización de la venta a intervenir. En caso de no cumplir con los plazos señalados, EL VENDEDOR tendrá una penalidad de treinta por ciento del precio pactado. De igual manera EL COMPRADOR se compromete a cumplir los pagos establecidos en este acto e igualmente tendrá la misma penalidad del treinta por ciento del precio pactado en caso de no cumplir con lo estipulado en el presente contrato”; “CUARTO: Las partes acuerdan que el valor establecido de la propiedad antes descrita y aceptada por ambas partes y que son objeto de este contrato es de un millón ochocientos mil pesos (RD$1,800,000.00), suma esta que EL VENDEDOR como valor total de dicha venta, la cual será pagadera de la siguiente manera: 900,000.00 (novecientos mil pesos dominicanos) a la firma de este contrato, la cual declara haber recibido a completa satisfacción y conformidad de manos de EL COMPRADOR y por la cual otorga formal y absoluto descargo; quedando pendiente la de 900,000.00 (novecientos mil pesos dominicanos), los cuales serán pagaderos: 300,000.00 (trescientos mil pesos dominicanos) en un plazo de seis (6) meses a partir de la firma de este contrato y 600,000.00 (seiscientos mil pesos dominicanos) a ser pagados a firma del contrato definitivo a un (1) año” (sic); B. Que se advierte de la lectura de cláusulas que el vendedor en un plazo de 12 meses a partir de la fecha en que fue suscrito el contrato de opción a compra de fecha once (11) del año 2002, debía entregar todos los documentos concernientes a dicho contrato necesarios para la autorización de la a intervenir, es decir, el cumplimiento de ese aspecto del contrato debió producirse el once (11) de julio del 2003, con relación al comprador le correspondía pagar el 50% por restante del precio es decir, novecientos mil (900,000.00) en igual período pero en dos fracciones. Trescientos mil (300,000.00) en los seis meses subsiguientes al contrato, o sea, el once (11) de enero del 2003, y seiscientos mil (600,000.00) el once (11) de julio del 2003”; un cotejo de los eventos de la causa nos permiten deducir que el primer incumplimiento es imputable al comprador, puesto que el pago de los trescientos mil (300,000.00) de referencia no estaban condicionados en tanto que primera partida a que se produjera la entrega de documentos alguno, es decir la parte que incumplió el contrato en un primer momento fue el comprador, por lo que desde el once (11) de enero del 2003, vendedor podía válidamente ejercer su acción en resolución y reclamo de daños y perjuicios; por lo que la sentencia impugnada valoró incorrectamente la figura denominada nom adimpleti contractus, la cual podía ser correcta en el caso de que el pago los novecientos mil pesos con 00/100 (RD$900,000.00) hubiera estado pautada para

ser pagada, simultáneamente con la entrega de la documentación a cargo del vendedor, a de quien debió valorarse la aplicación de este principio fue del vendedor no del

comprador, es pertinente resaltar que la denominación entrega de documentos necesarios para la autorización de la venta a intervenir no es lo suficientemente clara con relación a que el vendedor se comprometía en tanto que prestación, entendemos que procede revocar la sentencia impugnada”; concluye la cita del fallo atacado;

Considerando, que de los medios objeto de examen, se infiere que la queja recurrente se comprime en el hecho de que la corte a qua ha desnaturalizado hechos y el contrato intervenido entre las partes, puesto que retuvo un incumplimiento contractual contra el recurrente, por alegada falta de pago, sin en cuenta que el saldo de la deuda por parte de la compradora, solo ocurriría luego que en primer término, el vendedor entregara los documentos justificativos de la propiedad y así la razón social Centro Charros, S.A., pudiera asegurar la transferencia de los derechos comprados; que también señala el recurrente que al momento de requerir al vendedor ahora recurrido, la documentación que ampara la propiedad del inmueble de que se trata, se encontraba al día en los pagos, pues a la fecha del 11 de enero de 2003, ya Centro Charros, S.A., había cumplido con los RD$300,000.00 pesos que se había comprometido, pues había realizado cuatro pagos de RD$103,000.00, el 4 de octubre de 2002; RD$50,000.00 el 18 de diciembre de 2002 y RD$51,000.00 el de enero de 2003, lo que significa que los pagos se anticiparon y se fueron amortizando antes de la fecha del 11 de enero de 2003, lo que determina que la Cámara incurrió en un error de apreciación cuando dedujo que “el primer incumplimiento es imputable al comprador para el pago de los RD$300,000.00”, lo cual no es cierto, según aduce el recurrente, por la prueba aportada, por lo que hubo ningún incumplimiento por parte del comprador al 11 de enero del 2003 y el vendedor estaba impedido de ejercer su acción en resolución y reclamo de daños y perjuicios y obligado a cumplir con su obligación de entrega”;

Considerando, que la desnaturalización de los hechos de la causa supone a los hechos establecidos como verdaderos no se les ha dado el sentido o alcance inherente a su propia naturaleza; que si bien es cierto que ante la formulación del vicio de desnaturalización de los hechos y documentos sometidos contra el fallo que se impugna, la Suprema Corte de Justicia, como de Casación, cuenta con la facultad excepcional de observar si los jueces apoderados del fondo del litigio le han dado a los documentos aportados al debate su verdadero sentido y alcance, y si las situaciones constatadas, son contrarias o no a las plasmadas en las documentaciones depositadas, no menos cierto es que esta prerrogativa solo puede ser ejercida a condición de que la parte recurrente deposite ante esta alzada la documentación cuya desnaturalización invoca, y ponga en condiciones a la Suprema Corte de Justicia de ponderar sus pretensiones;

Considerando, que en las circunstancias precedentemente expuestas, era del recurrente depositar ante esta Corte de Casación, el contrato de venta inmueble de fecha 6 de junio de 2000 y el contrato de opción de compra de fecha 11 de julio de 2002, los cuales constan en el fallo atacado como ponderados la corte a qua para emitir su fallo, así como los alegados recibos de pago demostrativos de que la compradora se encontraba al día en sus obligaciones contractuales, al tiempo de requerir al recurrido la documentación justificativa de la propiedad, a los fines de ponderar el medio de desnaturalización invocado; también la recurrente debió depositar el acto de puesta en mora núm. 1371 de fecha 14 de julio de 2003, a requerimiento de Centro Charros, S.A., notificado a M.O.M.O. y el acto de intimación de pago núm. 802-2004, de

3 de agosto de 2004, que supuestamente, señala dicho recurrente, hacían “casable” la sentencia impugnada; que como alegar no es probar, es evidente la parte recurrente al no depositar la documentación precedentemente señalada, no ha demostrado los méritos y certeza de sus pretensiones, razón por cual los argumentos de desnaturalización de los hechos objeto de examen, carecen de fundamento y deben ser desestimados;

Considerando, que igual solución procede con relación a la pretensión de la recurrente de que la corte a qua en la página 7 de su sentencia, “cita erróneamente los documentos bajo inventario depositados en la secretaría de la depositados bajo inventario en fecha 22 de enero de 2007, contentivo de 15 documentaciones aportadas por el abogado de Centro Charros, S.A., parte recurrida”, puesto que debió depositar el inventario de documentos que acreditara sus afirmaciones respecto de cuál parte fue ciertamente depositó la referida documentación, lo cual tampoco hizo, razón por la cual el argumento objeto de examen, carece de fundamento y debe ser desestimado;

Considerando, que para formar su convicción en el sentido que lo hicieron, jueces del fondo ponderaron, en uso de sus facultades, los documentos de la litis a que se ha hecho mención; que tales comprobaciones constituyen cuestiones hecho cuya apreciación pertenece al dominio exclusivo de los jueces del fondo, cuya censura escapa al control de la casación siempre y cuando, en el ejercicio de dicha facultad no se haya incurrido en desnaturalización, lo que no ha probado en la especie, como se ha expresado precedentemente; que además, la sentencia impugnada revela que ella contiene una relación de los hechos de la causa, a los que han dado su verdadero sentido y alcance, así como motivación suficiente y pertinente que justifican su dispositivo, lo que ha permitido a la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, verificar que la especie se ha hecho una correcta aplicación a la ley; que por tanto, los alegatos del recurso carecen de fundamentos y deben ser desestimados.

Por tales motivo, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Centro Charros, S.A., contra la sentencia civil núm. 198, de fecha 11 de mayo de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de este fallo; Segundo: Compensa las costas.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema de Justicia, actuando como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 28 de febrero de 2019, años 176º de la Independencia y 156º de la Restauración.

(Firmados) F.A.J.M..- M.A.R.O..- P.J.O..- J.A.C.A..-

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los jueces figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, secretaria general, que certifico.

La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 11 abril del 2019, para los fines correspondientes. Exonerada de pagos de impuestos internos y sellos de impuestos internos.

C.A.R.V..

Secretaria General