Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 30 de Mayo de 2019.

Fecha de Resolución30 de Mayo de 2019
EmisorPrimera Sala

Exp. núm. 2011-4809

Partes: F.M.R.P.v.F.F.A. M.: Validez de embargo retentivo u oposición

Decisión: INADMISIBLE

Sentencia No. 174-2019

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 30 de mayo del 2019, que dice así:

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, competente para conocer de los recursos de casación en materia civil y comercial, regularmente constituida por los jueces B.R.F.G., en funciones de presidente; S.A.A.A. y N.R.E.L., miembros, asistidos de la secretaria general, en la sede de la Suprema Corte de Justicia, ubicada en Santo Domingo de G., Distrito Nacional, en fecha 30 de mayo de 2019, año 176° de la Independencia y año 155° de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia:

En ocasión del recurso de casación interpuesto por F.M.R.P., dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0160147-4, domiciliado y residente en la avenida G.M.R., edificio Las Anas, marcado con el núm. 102, local 104, ensanche P., de esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 746-2011, dictada el 23 de septiembre de 2011, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado más adelante. Exp. núm. 2011-4809

Partes: F.M.R.P.v.F.F.A. M.: Validez de embargo retentivo u oposición

Decisión: INADMISIBLE

LUEGO DE HABER EXAMINADO TODOS LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE, RESULTA:

(A) que en fecha 2 de noviembre de 2011, fue depositado por ante la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el memorial de casación suscrito por el Lcdo. J.T.E.T., abogado de la parte recurrente, F.M.R.P., en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante.

(B) que en fecha 6 de diciembre de 2011, fue depositado por ante la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el memorial de defensa suscrito por el Lcdo. F.F.A., quien actúa en su propio nombre y representación, parte recurrida.

(C) que mediante dictamen de fecha 6 de febrero de 2012, suscrito por el Dr. C.B.A., Procuradora General Adjunta, la Procuraduría General de la República emitió la siguiente opinión: Único: “Que en el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de comunicación al Ministerio Público por ante los Jueces del fondo, ‘Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de Justicia, la Solución del presente recurso de casación”. Exp. núm. 2011-4809

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(D) que esta sala, en fecha 1 de mayo de 2013, celebró audiencia para conocer del presente recurso de casación, en la cual estuvieron presentes los magistrados J.C.C.G., presidente; V.J.C.E., M.O.G.S., J.A.C.A. y F.A.J.M., asistidos del secretario infrascrito, quedando el expediente en estado de fallo.

(E) que el asunto que nos ocupa tuvo su origen con motivo de la demanda en validez de embargo retentivo u oposición incoada por F.F.A., contra F.M.R.P., la cual fue decidida mediante sentencia núm. 664, de fecha 3 de junio de 2009, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente:

PRIMERO: DECLARA buena y válida, en cuanto a la forma, la presente demanda en validez de embargo retentivo u oposición lanzada por el LICDO. F.F.A., por haber sido lanzada conforme al derecho; SEGUNDO: En cuanto al fondo, RECHAZA la misma por las razones esgrimidas en la estructura considerativa de esta sentencia; TERCERO: CONDENA a la parte demandante, LICDO. F.F.A., a pagar las costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho del L.. J.T.E.T., quien hizo la afirmación correspondiente; CUARTO: COMISIONA al ministerial, P.J.C., alguacil de estrados de este tribunal, para la notificación de la presente sentencia

;

(F) que la parte entonces demandante, F.F.A., interpuso formal recurso de apelación, mediante acto núm. 973/2010, de fecha 10 de diciembre de 2010, del ministerial J.C., alguacil de estrados de la Exp. núm. 2011-4809

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Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, decidiendo la corte apoderada por sentencia civil núm. 746-2011, de fecha 23 de septiembre de 2011, cuya parte dispositiva copiada textualmente establece lo siguiente:

PRIMERO: DECLARA bueno y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por el LIC. F.F.A., mediante acto procesal No. 973/2010, de fecha diez (10) del mes de diciembre del año dos mil diez (2010), del ministerial J.C., alguacil de estrados de la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, contra la sentencia No. 664, relativa al expediente No. 034-07-01039, dictada en fecha tres (03) del mes de junio del año dos mil nueve (2009), por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; por haber sido interpuesto de conformidad con las reglas procesales que rigen la materia; SEGUNDO: ACOGE en cuanto al fondo el indicado recurso, REVOCA en todas sus partes la sentencia recurrida; TERCERO: ACOGE la demanda en validez de embargo retentivo trabado por el señor F.F.A., en perjuicio del señor F.M.R.P., mediante el acto no. 608/2007 de fecha 18 del mes de octubre del año 2007 y en consecuencia ORDENA a los terceros embargados las entidades bancarias, BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO, S.A., BANCO LEÓN,
S.A., SCOTIA BANK (sic), BANCO POPULAR DOMINICANO, S.A., BHD,
S.A., BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, ASOCIACIÓN POPULAR DE AHORROS Y PRÉSTAMOS, BANCO REPUBLIC BANK, S.A., ASOCIACIÓN LA NACIONAL DE AHORROS Y PRÉSTAMOS, BANCO VIMENCA, BANCO DE DESARROLLO DE ALTAS CUMBRES, BANCO SANTA CRUZ, BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, BANCO CARIBE, BANCO LÓPEZ DE HARO DE AHORRO Y CRÉDITO, BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO EMPIRE, BANCO GRUFICORP DE AHORRO Y CRÉDITO, BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO BDA, BANCO RÍO DE AHORRO Y CRÉDITO, BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO ATLÁNTICO, BANCO PROVIDENCIAL DE AHORRO Y CRÉDITO, BANCO NACIONAL DE Exp. núm. 2011-4809

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FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCIÓN, BANCO ATLAS DE AHORRO Y CRÉDITO y BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO ADEMI, paguen la suma que se declaren deudores del señor F.M.R.P., en manos del embargante, LIC. F.F.A., hasta el monto del crédito principal y accesorios; CUARTO: COMPENSA las costas del proceso, por haber sucumbido ambas partes en distintos puntos de sus pretensiones

.

LA PRIMERA SALA, DESPUÉS DE HABER DELIBERADO:

Magistrado ponente: B.R.F.G.

Considerando, que en el presente recurso de casación figuran como partes instanciadas F.M.R.P., parte recurrente, F.F.A., parte recurrida; litigio que se originó en ocasión de la demanda en validez de embargo retentivo u oposición, la cual fue rechazada por el tribunal de primer grado mediante sentencia núm. 664, de fecha 3 de junio de 2009, ya descrita, la que fue revocada por la corte a qua, por decisión 746-2011, de fecha 23 de septiembre de 2011, también descrita en otra parte de esta sentencia, y acogida la demanda, resultando validado el embargo retentivo trabado mediante acto núm. 608/2007, de fecha 18 de octubre de 2007, instrumentado por el alguacil J.F.G., alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.

Considerando, que previo al estudio de los medios de casación propuestos por la parte recurrente en su memorial, procede que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Exp. núm. 2011-4809

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Justicia determine si en la especie se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad cuyo control oficioso prevé la ley;

Considerando, que el artículo 5, en su literal c) del párrafo II de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación −modificado por la Ley núm. 491-08−, al enunciar las decisiones que no son susceptibles de recurso de casación disponía lo siguiente: “Las sentencias que contengan condenaciones que no excedan la cuantía de doscientos (200) salarios mínimos del más alto establecido para el sector privado, vigente al momento en que se interponga el recurso. Si no se ha fijado en la demanda el monto de la misma, pero existen elementos suficientes para determinarlo, se admitirá el recurso si excediese el monto antes señalado”.

Considerando, que el indicado literal c) fue expulsado de nuestro ordenamiento jurídico por el Tribunal Constitucional mediante sentencia TC/0489/15, de fecha 6 de noviembre de 2015, declarando dicha disposición legal no conforme con la Constitución dominicana; empero, haciendo uso de la facultad excepcional que le confiere el Art. 48 de la Ley núm. 137-11, el Tribunal Constitucional difirió los efectos de su decisión, es decir, la anulación de la norma en cuestión, por el plazo de un (1) año a partir de su notificación a las partes intervinientes en la acción de inconstitucionalidad.

Considerando, que el fallo TC/0489/15 fue notificado en fecha 19 de abril de 2016 al tenor de los oficios núms. SGTC-0751-2016, SGTC-0752-2016, SGTC-0753-2016, SGTC-0754-2016 y SGTC-0756-2016, suscritos por el Secretario de esa alta corte; que, en tal virtud, la anulación del literal c) del párrafo II del Art. 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, entró en vigencia a partir del 20 de abril de 2017, quedando desde entonces suprimida la causal de Exp. núm. 2011-4809

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inadmisibilidad del recurso de casación fundamentada en la cuantía contenida en la sentencia condenatoria o envuelta en el litigio; que, en virtud del Art. 184 de la Constitución, las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado; que los jueces del Poder Judicial –principal poder jurisdiccional del Estado−, constituyen el primordial aplicador de los precedentes dictados por el Tribunal Constitucional, incluyendo los jueces de la Suprema Corte de Justicia −órgano superior del Poder Judicial−.

Considerando, que no obstante, cabe puntualizar que en el modelo concentrado de justicia constitucional, en principio, las sentencias estimatorias rigen para el porvenir, es decir, tienen efectos ex nunc o pro futuro, tal como lo establecen los artículos 45 y 48 de la Ley núm. 137-11, del 13 de junio de 2011, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, modificada por la Ley núm. 145-11, del 4 de julio de 2011, al disponer respectivamente lo siguiente: “Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad y pronuncien la anulación consecuente de la norma o los actos impugnados, producirán cosa juzgada y eliminarán la norma o acto del ordenamiento. Esa eliminación regirá a partir de la publicación de la sentencia”. “La sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma produce efectos inmediatos y para el porvenir (…)”.

Considerando, que como consecuencia de lo expuesto, es necesario aclarar que si bien en la actualidad debemos hablar del “antiguo” literal c) del párrafo II del Art. 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, ya que dicho texto se encuentra fuera de nuestro ordenamiento jurídico por efecto de la entrada en vigor de la inconstitucionalidad decretada por la sentencia TC/0489/15, al tenor del principio de la ultractividad de la ley, aún es Exp. núm. 2011-4809

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válidamente aplicable a los recursos de casación que fueron interpuestos durante el período en que estuvo vigente y se presumía conforme con la Constitución (19 diciembre 2008/20 abril 2017), a saber, los comprendidos desde la fecha 19 de diciembre de 2008 que se promulga la Ley núm. 491-08, hasta el 20 de abril de 2017, fecha en que se agota el efecto diferido de anulación de la norma dispuesto por el Tribunal Constitucional.

Considerando, que el principio de ultractividad dispone que la ley derogada –en la especie anulada por inconstitucional− sigue produciendo efectos y sobrevive para ser aplicada para algunos casos en concreto, como en el caso de las leyes procesales, puesto que las actuaciones y diligencias procesales deben regirse por la ley vigente al momento de producirse; que, al conceptualizar este principio nuestro Tribunal Constitucional expresó lo siguiente en su sentencia TC/0028/14: “I. En efecto, de acuerdo con el principio de ultractividad de la ley, la norma que se aplique a todo hecho, acto o negocio jurídico debe ser la vigente en el momento en que ocurriere el acto de que se trate. Dicho principio está regulado en la última parte del artículo 110 de la Constitución dominicana (…). En este principio se fundamenta la máxima jurídica “tempus regit actus”, que se traduce en que la norma vigente al momento de sucederse los hechos por ella previstos es la aplicable, aunque la misma haya sido derogada con posterioridad”.

Considerando, que en armonía con lo anterior interviene el principio de irretroactividad de la ley, el cual enuncia a la vez un principio de no injerencia de la ley nueva en el pasado; que, concretamente pues, una ley nueva no puede poner en causa lo que ha sido cumplido conforme a una ley anterior, ni validar lo que no ha sido hecho válidamente bajo el imperio de esta última; que, para mayor abundamiento, y de manera particular a las vías de recursos, Exp. núm. 2011-4809

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la Corte de Casación francesa ha juzgado lo siguiente: “Las vías de recursos de la cual una decisión es susceptible están determinadas por la ley en vigor al día en que ella ha sido rendida” (C.. com., 12 ávr. 2016, n° 14.17.439), cuyo criterio adoptamos para el caso ocurrente.

Considerando, que además, conviene señalar que en la propia sentencia TC/0489/15 el Tribunal Constitucional rechazó el pedimento de la parte accionante que perseguía graduar excepcionalmente con efectos retroactivos la declaratoria de inconstitucionalidad.

Considerando, que, en ese tenor, como el presente recurso se interpuso el día 2 de noviembre de 2011

, esto es, dentro del lapso de tiempo de vigencia del literal c) del párrafo II del Art. 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, en el caso ocurrente procede aplicar el presupuesto de admisibilidad establecido en dicho texto legal de carácter procesal.

Considerando, que el referido mandato legal nos exige de manera imperativa determinar, por un lado, cuál era el salario mínimo más alto establecido para el sector privado al momento de interponerse el presente recurso y, por otro lado, establecer si el monto resultante de los doscientos (200) salarios excede la condenación establecida en la sentencia impugnada; que, en ese sentido, esta jurisdicción ha podido comprobar que para la fecha de interposición del presente recurso, esto es, como señalamos anteriormente, el 2 de noviembre de 2011, el salario mínimo más alto para el sector privado estaba fijado en nueve mil novecientos cinco pesos dominicanos (RD$9,905.00) mensuales, conforme a la Resolución núm. 5-2011, dictada por el Comité Nacional de Salarios en fecha 18 de mayo de 2011, con entrada en vigencia el 1 de junio de 2011, por lo cual el monto de doscientos (200) Exp. núm. 2011-4809

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salarios mínimos asciende a la suma de un millón novecientos ochenta y un mil pesos dominicanos (RD$1,981,000.00), por consiguiente, para que sea admitido el recurso extraordinario de la casación contra la sentencia dictada por la corte a qua es imprescindible que la condenación por ella establecida sobrepase esa cantidad.

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada pone de manifiesto lo siguiente: a) que F.F.A. interpuso una demanda en validez de embargo retentivo u oposición contra F.M.R.P., la cual fue rechazada por el tribunal de primer grado apoderado; b) que la corte a qua mediante la sentencia ahora impugnada acogió el recurso de apelación interpuesto por F.F.A., y validó el embargo retentivo trabado mediante el acto núm. 608/2007, de fecha 18 de octubre de 2007, instrumentado por el ministerial J.F.G., alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, cuyo monto ascendía a la suma de sesenta y cinco mil cuatrocientos veinte pesos con 00/100 (RD$65,420.00), duplo de treinta y dos mil setecientos diez pesos con 00/100 (RD$32,710.00), en virtud de los autos núms. 507-07, de fecha 29 de junio de 2007 y 35-2007, de fecha 28 de septiembre de 2007; que evidentemente la referida cantidad no excede del valor resultante de los doscientos (200) salarios mínimos, que es la cuantía requerida para la admisión del recurso de casación, de conformidad con las disposiciones previstas en la primera parte del literal c), párrafo II del artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación.

Considerando, que en atención a las circunstancias referidas, al no cumplir el presente recurso de casación con el mandato de la ley, respecto al monto mínimo que debe alcanzar la Exp. núm. 2011-4809

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condenación contenida en la sentencia impugnada para ser susceptible del recurso que nos ocupa, procede que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia declare de oficio su inadmisibilidad, lo que hace innecesario el examen del medio de casación propuesto por la parte recurrente, en razón de que las inadmisibilidades, por su propia naturaleza, eluden el conocimiento del fondo de la cuestión planteada, en el presente caso, el examen del recurso de casación del que ha sido apoderada esta sala, cónsono con las disposiciones del artículo 44 de la Ley núm. 834 de 1978.

Considerando, que cuando el recurso de casación es decidido por un medio suplido de oficio por la Suprema Corte de Justicia, como ocurre en el presente caso, el numeral 2 del artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, dispone que las costas del proceso pueden ser compensadas.

Por tales motivos, LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, por autoridad y mandato de la ley y en aplicación de las disposiciones establecidas en la Constitución de la República; la Ley núm. 25-91, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, del 10 de julio de 1997, los artículos 5 y 65 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008; 45 y 48 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, 44 de la Ley núm. 834 de 1978; Ley núm. 137-11 del 13 de junio de 2011; 141 del Código de Procedimiento Civil; la sentencia TC/0489/15 de fecha 6 de noviembre de 2015 y sentencia TC/0028/14 de fecha 10 de febrero de 2014; Exp. núm. 2011-4809

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FALLA

PRIMERO: DECLARA INADMISIBLE de oficio el recurso de casación interpuesto por F.M.R.P., contra la sentencia civil núm. 746-2011, dictada el 23 de septiembre de 2011, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuya parte dispositiva figura en otro lugar de este fallo.

SEGUNDO: COMPENSA las costas.

(Firmado) B.R.F.G..- S.A.A.A..- N.R.E.L..-

C.A.R.V., secretaria general de la Suprema Corte de Justicia, CERTIFICA, que la sentencia que antecede ha sido dada y firmada por los jueces que figuran en ella, en la fecha arriba indicada, y leída en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados.