Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 31 de Julio de 2019.

Fecha de Resolución:31 de Julio de 2019
Emisor:Primera Sala
 
CONTENIDO

Partes: J.M.A.M. y M.A.M.P.v.M.B. M.: Nulidad de contrato

Decisión: RECHAZA

Sentencia No. 430-2019

C.G.L., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 31 de julio del 2019, que dice así:

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, competente para conocer de los recursos de casación en materia civil y comercial, regularmente constituida por los jueces P.J.O., presidenta, B.R.F.G., J.M.M., S.A.A.A. y N.R.E.L., miembros, asistidos del secretario general, en la sede de la Suprema Corte de Justicia, ubicada en Santo Domingo de G., Distrito Nacional, en fecha 31 de julio de 2019, año 176° de la Independencia y año 155° de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia:

En ocasión del recurso de casación interpuesto por J.M.A.M. y M.A.M.P., titulares de las cédulas de identidad y electoral núms. 029-0009417-4 y 029-0009547-8, respectivamente, domiciliados y residentes en la calle G.D. núm. 110, municipio de Miches, provincia El Seibo, contra la sentencia núm. 235-06, de fecha 31 de octubre de 2006, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo figura copiado más adelante. Partes: J.M.A.M. y M.A.M.P.v.M.B.M.: Nulidad de contrato

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LUEGO DE HABER EXAMINADO TODOS LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE, RESULTA:

(A) que en fecha 28 de diciembre de 2006, fue depositado por ante la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el memorial de casación suscrito por los Dres. E.G.C. y M.B.O., abogados de la parte recurrente, J.M.A.M. y M.A.M.P., en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante.

(B) que en fecha 4 de enero de 2007, fue depositado por ante la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el memorial de defensa suscrito por el L.. A.N.C., abogado de la parte recurrida, M.B..

(C) que mediante dictamen de fecha 30 de marzo de 2012, suscrito por la Dra. C.B.A., la Procuraduría General de la República emitió la siguiente opinión: “Único: Que en el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de comunicación al Ministerio Público por ante los jueces del fondo, Dejamos al criterio de la Suprema Corte de Justicia, la solución del presente recurso de casación”. Partes: J.M.A.M. y M.A.M.P.v.M.B.M.: Nulidad de contrato

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(D) que esta S., en fecha 30 de mayo de 2012, celebró audiencia para conocer del presente recurso de casación, en la cual estuvieron presentes los magistrados J.C.C.G., presidente; V.J.C.E., M.O.G.S., J.A.C.A. y F.A.J.M., asistidos del infrascrito secretario, quedando el expediente en estado de fallo.

(E) que el asunto que nos ocupa tuvo su origen con motivo de la demanda en nulidad de contrato, incoada por J.M.A.M. contra M.B., la cual fue decidida mediante sentencia núm. 182-2006, de fecha 16 de junio de 2006, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Seibo, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente:

PRIMERO: RECHAZA las conclusiones formuladas por la parte demandante, por improcedentes, mal fundadas y falta de pruebas; SEGUNDO: CONDENA a la demandante J.M.A.M. al pago de las costas del presente procedimiento y ordena su distracción a favor y provecho de los LICDOS. A.N.C. y E.N.C., abogados que afirman estarla (sic) avanzando en su totalidad

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(F) que la parte entonces demandante, J.M.A.M. y M.A.M.P., interpusieron formal recurso de apelación, mediante acto núm. 145-2006, de fecha 22 de junio de 2006, instrumentado por M.A.F.M., alguacil de estrados de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Seibo, decidiendo la corte apoderada Partes: J.M.A.M. y M.A.M.P.v.M.B.M.: Nulidad de contrato

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por sentencia núm. 235-06, de fecha 31 de octubre de 2006, cuya parte dispositiva copiada textualmente establece lo siguiente:

PRIMERO: Declarar, como al efecto Declaramos, bueno y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por los señores J.M.A.M. y M.A.M.P., contra la sentencia No. 182/2006, dictada en fecha 16 de junio de 2006, por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Seibo, por haber sido hecho en tiempo hábil y de acuerdo a la ley de la materia. SEGUNDO: Rechazar, como al efecto Rechazamos, la reapertura de los debates invocada por los recurrentes por los motivos expuestos. TERCERO: Rechazar, como al efecto Rechazamos, en cuanto al fondo, el recurso de que se trata y en consecuencia se rechaza la demanda inicial introductiva de instancia por los motivos que se dicen en el cuerpo de la presente sentencia. CUARTO: Condenar, como al efecto Condenamos, a los recurrentes, señores J.M.A.M.Y.M.A.M.P. al pago de las costas del procedimiento y se ordena su distracción a favor y provecho de los LICDOS. A.N.C. y E.N., quienes afirman haberlas avanzado

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LA PRIMERA SALA, DESPUÉS DE HABER DELIBERADO:

Magistrada ponente: P.J.O.

(1) Considerando, que en el presente recurso de casación figuran como partes instanciadas J.M.A.M. y M.A.M. de A., parte recurrente, M.B.E., parte recurrida, verificando esta S., del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere, lo siguiente: a) que los esposos J.M.A.M. y M.A.M. de A. suscribieron en fecha 19 de febrero de 2001 un Partes: J.M.A.M. y M.A.M.P.v.M.B.M.: Nulidad de contrato

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contrato de sociedad con M.B.E., con la finalidad de instalar un negocio denominado: ferretería “Los Vecinos”, cuyos aportes y dividendos serían igualitarios; b) que, posteriormente, mediante acuerdo de fecha 15 de julio de 2004, M.B.E. vendió sus derechos de copropietario de la indicada ferretería a M.A.M. de A. por la suma de siete millones de pesos (RD$7,000,000.00); c) que en fecha 24 de noviembre de 2005, J.M.A.M. demandó la nulidad del contrato de venta de fecha 15 de julio de 2004, descrito precedentemente; d) que el juez de primer grado mediante sentencia núm. 182-06 de fecha 16 de junio de 2006, precedentemente citada, rechazó la referida demanda por falta de prueba; e) el demandante original recurrió en apelación el fallo de primer grado ante la corte a qua, la cual rechazó el recurso y confirmó en todas sus partes el fallo de primer grado, resultando la sentencia núm. 235-06, de fecha 31 de octubre de 2006, ahora impugnada en casación, cuya parte dispositiva ha sido transcrita más arriba.

(2) Considerando, que la sentencia impugnada se fundamenta en los motivos que textualmente se transcriben a continuación: “(…) que en esta instancia de alzada ningún documento han depositado los recurrentes que puedan dar al traste con la nulidad de los acuerdos que se demandan; que la señalada circunstancia de que el contrato demandado en nulidad exprese que fue redactado el 15 de julio del año 2004, y sin embargo, legalizado en una fecha anterior, esto es, 10 de julio del mismo año, esto necesariamente no puede ser una causal de nulidad por cuanto la esencia del contrato insertada en sus cláusulas, así como las firmas de los contratantes no Partes: J.M.A.M. y M.A.M.P.v.M.B.M.: Nulidad de contrato

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han sido puestas en dudas; que hablan también los recurrentes en su demanda originaria de una supuesta evicción. El artículo 1626 del Código Civil, citado por los recurrentes nos dice que (…). Que ni en los escritos, ni en la documentación aportada por los recurrentes hay evidencias de que pueda arribarse a la rescisión del contrato de compraventa, en este caso de los acuerdos celebrados por los contratantes en el acto del 15/7/2004, por cargas o servidumbres ocultas, en tal virtud la figura de la evicción ha sido mal traída al escenario de estos acontecimientos. La supuesta violación por el recurrido referente al artículo 1599 del Código Civil que trata sobre la nulidad de la venta de la cosa de otro tampoco tiene espacio dentro del negocio jurídico que tratamos; vale recordar que el acuerdo que se pretende anular se deriva de la venta que hace un asociado a otro de los bienes que se tienen en una sociedad comercial y como no hay prueba documental de que el señor Marcial haya vendido algo que no le pertenezca esta causal de nulidad es también peregrina a los fines y efectos de la causa. Por último citan los demandantes originarios y hoy apelantes un supuesto irrespeto por parte del apelado M.B. del contrato de sociedad del 19 de febrero de 2001 acorde con los artículos 49 y 50 del Código de Comercio de la República Dominicana. Los artículos de referencia dicen lo siguiente (...) como los recurrentes no lo dicen en ninguna parte de sus escritos a la corte se le hace materialmente imposible contestar unas elucubraciones que los recurrentes han retenido y no han transportado al blanco y negro de la escrituración; que la corte ha venido sosteniendo, haciendo causa común con el primer juez, que en el caso juzgado no hay la documentación necesaria como Partes: J.M.A.M. y M.A.M.P.v.M.B.M.: Nulidad de contrato

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para producir la nulidad de los acuerdos hechos por los hoy justiciables en el acto del 15 de julio de 2004; que la afirmación es tan cierta como que en el expediente hay muchos papeles pero muy pocos documentos que acrediten la demanda (…)”.

(3) Considerando, que los recurrentes, señores J.M.A.M. y M.A.M. de A., recurren la sentencia dictada por la corte a qua y en sustento de su recurso invocan los medios de casación siguientes: Primer Medio: Violación a los arts. 1626, 1628 y 1629 del Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana; violación a los artículos 45 y 50 del Código de Comercio; Segundo Medio: Violación a los arts. 41 y 42 de la Ley núm. 834, del 15 de julio de 1978; Tercer Medio: Falsa aplicación del art. 1315 del Código Civil de la República Dominicana; Cuarto Medio: Falta de motivo y violación al art. 141 del Código de Procedimiento Civil.

(4) Considerando, que en el desarrollo de un segundo aspecto del primer medio, la parte recurrente sostiene en resumen, que la señora M.A.M. de A. no figuró en la demanda inicial como codemandante, sin embargo, fue condenada al pago de las costas por la alzada, incurriendo con ello en una contradicción procedimental; que, sobre el particular, del estudio de la sentencia impugnada, esta Corte de Casación ha verificado, que la referida señora figuró en la segunda instancia como apelante, por lo que, al haber resultado desestimadas sus pretensiones formuladas por ante la corte a qua, dicha alzada procedió a condenarla al pago de las costas, lo que podía hacer, en virtud de lo que dispone el artículo 130 Partes: J.M.A.M. y M.A.M.P.v.M.B.M.: Nulidad de contrato

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del Código de Procedimiento Civil, según el cual, “toda parte que sucumbe en justicia debe ser condenada al pago de las costas del procedimiento”; en tal virtud, el alegato objeto de examen, carece de fundamento y debe ser desestimado.

(5) Considerando, que en el desarrollo de su segundo medio de casación la parte recurrente sostiene, en síntesis, que la corte a qua al dictar su sentencia no observó los artículos 41 y 42 de la Ley núm. 834-78, del 15 de julio de 1978, lo que conllevó a su violación al no declarar la nulidad del acto auténtico atacado.

(6) Considerando, que con respecto a los vicios antes descritos la parte recurrida no planteó argumentos en su defensa.

(7) Considerando, que en cuanto a los agravios denunciados en el segundo medio objeto de examen, es preciso destacar, que del estudio pormenorizado de la decisión impugnada no se evidencian elementos de donde pueda establecerse que los actuales recurrentes propusieran mediante conclusiones formales ante la corte a qua las violaciones descritas en el párrafo precedente; que, en ese sentido, ha sido juzgado reiteradamente que no puede hacerse valer ante la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, ningún medio que no haya sido expresa o implícitamente sometido por la parte que lo invoca al tribunal del cual proviene la sentencia atacada, a menos que la ley le haya impuesto su examen de oficio en un interés de orden público, que no es el caso; que, en efecto, resultan inadmisibles todos aquellos medios basados en cuestiones o aspectos no impugnados por la parte Partes: J.M.A.M. y M.A.M.P.v.M.B.M.: Nulidad de contrato

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recurrente ante la corte a qua; que, por tal razón, los agravios denunciados, de inobservancia a los artículos 41 y 42, de la Ley núm. 834-78, referidos, constituyen un medio nuevo no ponderable en casación, razón por la cual devienen inadmisibles, cuestión que suple de oficio esta S. Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia.

(8) Considerando, que en el desarrollo del primer aspecto del primer medio, tercer y cuarto medios de casación, reunidos para su examen por su vinculación, la parte recurrente alega en esencia, que la corte a qua transgredió los artículos 1626, 1628 y 1629 del Código de Procedimiento Civil (sic), 1626 del Código Civil; 49 y 50 del Código de Comercio, pues no verificó que el contrato de venta de fecha 15 de julio de 2004 fue sustituido y dejado sin efecto mediante el acto auténtico núm. 10, de la misma fecha, lo que daba lugar a la evicción, según se desprende de las piezas que le fueron aportadas, las cuales no fueron examinadas a fondo y por las razones que expuso el notario actuante en la declaración jurada de fecha 16 de agosto de 2005, todo en violación del artículo 1315 del Código Civil y el 141 del Código de Procedimiento Civil.

(9) Considerando, que la parte recurrida pretende el rechazo de los medios invocados, aduciendo en su memorial de defensa, que el Código de Procedimiento Civil Dominicano sólo posee 1,040 artículos, por lo que no puede haber violación a los aducidos artículos 1626, 1628 y 1629, según solicitan los recurrentes; que por otro lado, expresa el recurrido, que los recurrentes, no demostraron ninguna de sus Partes: J.M.A.M. y M.A.M.P.v.M.B.M.: Nulidad de contrato

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pretensiones ante la alzada, ni que el contrato de venta del 15 de julio de 2004, haya sido sustituido por el acto notarial de la misma fecha; y, finalmente, contrario a lo alegado por J.M.A.M. y M.A.M.P., la corte a qua no incurrió en violación de los artículos 141 del Código de Procedimiento Civil, pues motivó por separado cada uno de los pedimentos que le fueron invocados.

(10) Considerando, que del análisis del presente caso, se infiere que la denuncia puntual del recurrente ante los jueces del fondo, ha sido que procedía la nulidad del contrato de venta de fecha 15 de julio de 2004, por existir evicción en dicha transacción; que dicha figura del Código Civil se encuentra consagrada en el artículo 1626 del Código Civil que establece: “Aun cuando al tiempo de la venta no se hubiere estipulado nada sobre la garantía, estará de derecho obligado el vendedor a garantizar al adquiriente de la evicción que experimente en el todo o parte del objeto vendido, o de las cargas que se pretendan sobre el mismo, y que no se haya declarado en el momento de la venta”; que a fin de mantener la posesión y el dominio pacífico de la cosa, los artículos 1625 y siguientes del Código Civil ponen a cargo del vendedor la obligación de responder por cualquier disminución, turbación o evicción eventual que pudiera sufrir el comprador respecto de los inmuebles vendidos.

(11) Considerando, que en la especie, tal y como analizó la Corte de Apelación en su decisión, la figura jurídica de la garantía de la evicción ha sido mal utilizada por la Partes: J.M.A.M. y M.A.M.P.v.M.B.M.: Nulidad de contrato

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parte apelante ahora recurrente, ya que, dicha garantía que debe todo vendedor a su comprador, no tiene por objeto hacer declarar la nulidad de un contrato cuando se celebra un segundo, o llevar al ánimo de los jueces la necesidad de anular una venta por haber sido realizada entre las mismas partes otra transacción, sino que la evicción está restringida en su aplicación a los casos en que el comprador al momento de adquirir una cosa en venta, sea turbado en el disfrute de la cosa, cuestión que no ha sido invocada por los recurrentes ni tampoco probada por ante los jueces del fondo.

(12) Considerando, que, asimismo, los recurrentes alegan que entre las partes operó una sustitución del contrato de venta de fecha 15 de julio de 2004, por el acto notarial núm. 10, de igual fecha, sin embargo, sobre tal aspecto, de la revisión de la sentencia impugnada se comprueba, que la alzada examinó cada una de las piezas que le fueron depositadas y en repetidos motivos indicó, que de los documentos aportados por los apelantes, ahora recurrentes, no podía inferir que había ocurrido la señalada sustitución de acuerdos, que pudiera llevar a su ánimo que la venta de fecha 15 de julio de 2004, había quedado anulada o revocada por el acto notarial de reconocimiento de deuda núm. 10, del 15 de julio de 2004, pues ambos documentos tenían objeto y causa diferentes; que además, la corte a qua retuvo que la referida declaración jurada núm. 10, no incidía como medio de prueba para hacer declarar nulo el contrato objeto de la demanda pues se limitaba a recoger las actuaciones del notario en el negocio jurídico que las partes habían efectuado. Partes: J.M.A.M. y M.A.M.P.v.M.B.M.: Nulidad de contrato

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(13) Considerando, que a mayor abundamiento, es necesario indicar, que en la especie, para hacer declarar la nulidad del contrato de venta el demandante ahora recurrente debió demostrar ante los jueces del fondo, lo cual no hizo, que el contrato de venta no cumplía con las condiciones esenciales para su validez establecidas en el artículo 1108 del Código Civil, cuestiones que no fueron ni acreditadas ni atacadas en la especie.

(14) Considerando, que en tal virtud, resultan aplicables las disposiciones del artículo 1315 del Código Civil, que consagra: “el que reclama la ejecución de una obligación debe probarla…”; que sobre la base de este texto legal, cada parte debe soportar la carga de la prueba sobre la existencia de los presupuestos de hecho de las normas sin cuya aplicación no puede tener éxito su pretensión, reclamación que en la especie, no ha podido ser demostrada por la parte recurrente por ante los jueces del fondo, según se ha visto1.

(15) Considerando, que, en adición a lo anterior, los jueces son soberanos en la apreciación de las pruebas que son sometidas a su escrutinio, cuestión que escapa al control de la casación, salvo que se demuestre desnaturalización, lo que no ocurre en el caso de que se trata, por cuanto la corte a qua ponderó en su justa dimensión, las piezas aportadas al debate por las partes en sustento de sus pretensiones de cual se observa que dicha alzada no retuvo la nulidad invocada, al señalar en su decisión que “ningún documento han depositado los recurrentes que puedan dar al traste

1 S.C. J. 1era. S., núm. 1064, 31 de mayo de 2017, B.J. inédito Partes: J.M.A.M. y M.A.M.P.v.M.B.M.: Nulidad de contrato

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con la nulidad de los acuerdos que demandan”; que en tal virtud, los medios de casación objeto de examen, carecen de fundamento y deben ser desestimados.

(16) Considerando, que, en consecuencia, el estudio general de la sentencia impugnada pone de relieve, que la corte a qua hizo una correcta apreciación de los hechos y circunstancias de la causa, exponiendo motivos suficientes y pertinentes que justifican satisfactoriamente la decisión adoptada, lo que le ha permitido a esta S. Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, verificar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley, sin incurrir el fallo impugnado en los vicios denunciados por la parte recurrente en los medios examinados, razón por la cual procede desestimar dichos medios y por vía de consecuencia rechazar el presente recurso de casación.

(17) Considerando, que al tenor del artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, toda parte que sucumba será condenada al pago de las costas del procedimiento.

Por tales motivos, LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, por autoridad y mandato de la ley y en aplicación de las disposiciones establecidas en la Constitución de la República; los artículos 1, 2, 5, 6, 11, 13, 15 y 65 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008; 1108, 1315, 1625 y siguientes del Código Civil; 141 del Código de Procedimiento Civil. Partes: J.M.A.M. y M.A.M.P.v.M.B.M.: Nulidad de contrato

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FALLA:

Primero: RECHAZA el recurso de casación interpuesto por los señores J.M.A.M. y M.A.M.P., contra la sentencia núm. 235-06, de fecha 31 de octubre de 2006, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo.

Segundo: CONDENA a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor del L.. A.N.C., abogado del recurrido, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad.

(Firmado) P.J.O..- B.R.F.G..- J.M.M..- S.A.A..- N.R.E.L..-

C.J.G.L., secretario general de la Suprema Corte de Justicia, CERTIFICA, que la resolución que antecede fue dada y firmada por los jueces que figuran en su encabezamiento, en la fecha arriba indicada.

La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 01 de agosto del 2019, para los fines correspondientes.

C.G.L..

Secretario general