Sentencia nº 724 de Suprema Corte de Justicia, del 29 de Noviembre de 2019.

Fecha de Resolución29 de Noviembre de 2019
EmisorPrimera Sala

Exp. 2017-2801

Partes: F.C. y A.E.R.G.v.J.E.F.M.A.: Nulidad de sentencia administrativa

Decisión: RECHAZA

Yo, C.J.G.L., secretario general de la Suprema Corte de Justicia, certifico que la sentencia que a continuación se transcribe, es copia fiel y conforme al original que reposa en el expediente, la cual expido a solicitud de parte interesada a los veinticinco
(25) días del mes de septiembre del año 2019.

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

La PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, competente para conocer de los recursos de casación en materia civil y comercial, regularmente constituida por los jueces P.J.O., P., B.R.F.G., J.M.M., S.A.A. y N.R.E.L., miembros, asistidos del secretario general, en la sede de la Suprema Corte de Justicia, ubicada en Santo Domingo de G., Distrito Nacional, en fecha 25 de septiembre de 2019, año 176° de la Independencia y año 156° de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia:

En ocasión del recurso de casación, interpuesto por F.C., dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 026-0047591-3, domiciliado y residente en la Calle Primera núm. 14, sector Altos de Río Dulce de la ciudad de La Romana, en su calidad de padre del de cujus F.A.C.G.; y A.E.R.G., dominicano, mayor de edad, casado, abogado, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 026-0096224-1, domiciliado y residente en la 3665, Old Road, Philadelphia PA 19140, Estados Unidos de Norte América, contra la sentencia civil núm. 335-2017-SSEN-00171, dictada el 26 de abril de Exp. 2017-2801

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2017, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo figura copiado más adelante.

LUEGO DE HABER EXAMINADO TODOS LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE, RESULTA:

que en fecha 12 de junio de 2017 fue depositado por ante la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el memorial de casación suscrito por el Dr. Z.P.B.S., en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante.

(B) que en fecha 7 de julio de 2017, fue depositado por ante la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el memorial de defensa suscrito por la Lcda. K.M.F.A., abogada de la parte recurrida, J.E.F.M..

(C) que mediante dictamen de fecha 7 de febrero de 2018 suscrito por la Dra. C.B.A., la Procuraduría General de la República emitió la siguiente opinión: Único: Que en el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de comunicación al Ministerio Público por ante los Jueces del fondo, “Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de Justicia, la Solución del presente recurso de casación”. Exp. 2017-2801

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(E) que esta sala, en fecha 11 de julio de 2018, celebró audiencia para conocer del presente recurso de casación, en la cual estuvieron presentes los magistrados F.A.J.M., M.A.R.O. y B.R.F.G., asistidos del secretario infrascrito, quedando el expediente en estado de fallo.

(F) que el asunto que nos ocupa tuvo su origen con motivo de la demanda en nulidad de sentencia administrativa o auto, incoada por A.E.R.G. y F.A.C. contra J.E.M., la que fue decidida mediante sentencia núm. 41-2015 de fecha 27 de enero de 2015, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente:

PRIMERO : Declara Inadmisible la presente demanda en Nulidad de Sentencia Administrativa o Auto, interpuesta por los señores A.E.R.G. y F.A.C., contra el Auto No. 1014/2014 de fecha quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014), dictada por esta Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de La Romana, por las razones anteriormente expuestas; SEGUNDO: Compensa las costas del procedimiento.

(G) que la parte entonces demandante, señores A.E.R.G. y F.A.C. interpusieron formal recurso de apelación, mediante acto núm. 272-2015 de fecha 14 de agosto de 2015 del ministerial A.R.D.M., decidiendo Exp. 2017-2801

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la corte apoderada por sentencia civil núm. 335-2017-SSEN-00171, de fecha 26 de abril de 2017, cuya parte dispositiva copiada textualmente establece lo siguiente:

PRIMERO : Se modifica el Ordinal único de la Sentencia Administrativa No. 281/2014, de fecha 15 de mayo del año 2014, para que en lo sucesivo diga del modo siguiente: “UNICO: APRUEBA, los honorarios sometidos a este tribunal por el letrado J.E.F.M., en ocasión del Contrato Poder de Cuota Litis de fecha cuatro (4) de febrero del año 2014, legalizadas las firmas por la letrada M.E.J., en consecuencia: i. LIQUIDA los honorarios del proceso en cuestión, por la suma de Dos Millones de Pesos Dominicanos (RD$2,000,000.00) privilegiados a favor del letrado J.E.F.M., en perjuicio de los señores A.E.R.G. y F.C. (quien renovó instancia por su fallecido hijo F.A.C.G.)” SEGUNDO : Se compensan las costas del procedimiento.

LA SALA, DESPUÉS DE HABER DELIBERADO:

Magistrado ponente: J.M.M.

(1) Considerando, que en el presente recurso de casación figuran como partes instanciadas F.C. y A.E.R.G., recurrentes; y J.E.F.M., recurrida; que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere, se establece lo siguiente: a) que mediante contrato poder cuota litis de fecha 4 de febrero de 2014, el señor F.C.G. otorgó poder para su representación al Lcdo. J.E.F.M., en la demanda en partición de bienes de su fenecida madre D.G. de C., acordando un 20% de Exp. 2017-2801

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honorarios profesionales y que en caso de desistimiento voluntario del poderdante, se compromete a pagar a favor de su abogado la suma de RD$2,000,000.00; b) que el letrado J.E.F.M. asumió además la representación del señor E.R.G., en calidad de heredero en la indicada demanda en partición, la cual culminó con la sentencia núm. 436-2014 de fecha 10 de abril de 2014, contentiva de libramiento de desistimiento; c) que en fecha 1 de mayo de 2014 el Lcdo. J.E.E.R.G., solicitó al tribunal de primer grado, la homologación y ejecución del poder de cuota litis y el acta de audiencia de fecha 10 de abril de 2014, en lo relativo al monto reconocido a su favor, por el señor A.E.R.G. por la suma de RD$2,000,000.00 mediante confesión en audiencia y haber reconocido ser su abogado constituido en el proceso de partición, culminando con la sentencia administrativa núm. 281-2014, mediante la cual se homologó ambas solicitudes por el monto de RD$4,000,000.00.

(2) Considerando, que se retiene además de la decisión impugnada: a) que A.E.R.G. y F.A.C., interpusieron una demanda en nulidad de sentencia administrativa contra J.E.F.M., cuya demanda fue declarada inadmisible por el tribunal de primer grado mediante decisión núm. 41-2015 de fecha 27 de enero de 2015; b) no conformes los demandantes recurrieron en apelación la indicada decisión, la alzada revocó la sentencia de primer grado, avocó al conocimiento del fondo de la demanda original y modificó la sentencia administrativa, aprobando la homologación del contrato de cuota litis solo por la suma de Exp. 2017-2801

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RD$2,000,000.00, a favor del abogado J.E.F.M., mediante decisión impugnada en casación.

(3) Considerando, que la indicada sentencia es recurrida en casación por los señores F.C. y A.E.G., y en sustento de su recurso invocan los medios de casación siguientes: Primer medio: Omisión de estatuir. Violación al debido proceso de ley y con ello violación al derecho de defensa; Segundo medio: Falló extra petita al decidir cosas no pedidas. Contradicción de Motivos.

(4) Considerando, que la parte recurrida en su memorial de defensa planteó un medio de inadmisión contra el presente recurso de casación, el cual procede ponderar en primer orden dado su carácter perentorio, en tal sentido la recurrida sostiene en esencia, que el recurso de casación está dirigido contra una sentencia cuya condena no supera los doscientos (200) salarios mínimos; que, por lo tanto, la sentencia impugnada no es susceptible de recurso de casación, conforme al literal c) del párrafo II del Art. 5 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación −modificado por la Ley núm. 491-08.

(5) Considerando, que es preciso recordar, que dicho literal c) fue expulsado de nuestro ordenamiento jurídico por nuestro Tribunal Constitucional, el cual en su ejercicio exclusivo del control concentrado de la constitucionalidad declaró dicha disposición legal no conforme con la Constitución dominicana mediante sentencia TC/0489/15, de fecha 6 de noviembre de 2015; empero difirió los efectos de su decisión, es decir, la anulación de Exp. 2017-2801

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la norma en cuestión, por el plazo de un (1) año a partir de su notificación a las partes intervinientes en la acción de inconstitucionalidad.

(6) Considerando, que el fallo TC/0489/15 fue notificado en fecha 19 de abril de 2016 al tenor de los oficios núms. SGTC-0751-2016, SGTC-0752-2016, SGTC-0753-2016, SGTC-0754-2016 y SGTC-0756-2016, suscritos por el Secretario de esa alta corte; que, en tal virtud, la referida anulación entró en vigencia a partir del 20 de abril de 2017.

(7) Considerando, que el presente proceso fue depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, el 12 de junio del 2017, fecha que la referida disposición legal era inexistente, en tanto el recurso que nos ocupa es admisible, en consecuencia se rechaza el medio de inadmisión examinado.

(8) Considerando, que, una vez resuelta la pretensión incidental planteada, procede ponderar el recurso de casación; que en el desarrollo de los medios, reunidos por estar relacionados, la parte recurrente alega, que la corte de apelación omitió estatuir sobre algunos pedimentos plasmados en su demanda, pues la demanda en nulidad estuvo fundamentada en que fue conocida a sus espaldas una homologación de contrato de cuota litis y acta de audiencia, violentándose su derecho de defensa, ya que no se trataba de una aprobación de costas y honorarios, al tenor de las disposiciones contenidas en el artículo 5 de la Ley núm. 302 del 1964, sobre Honorarios de los Abogados, sino de un convenio entre partes de donde surgen obligaciones recíprocas, siendo indispensable que a quien se le oponga sea intimada y solo así puede deducir la procedencia o no de un Exp. 2017-2801

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constreñimiento judicial, por lo que la corte debió declarar su incompetencia de atribución y enviar a las partes por ante la jurisdicción de derecho común de primer grado para conocer de manera contradictoria el alcance y uso del contrato y no aprobar de manera alegre un estado de costas y honorarios.

(9) Considerando, que en esa misma línea plantean los recurrentes, que hubo contradicción en la sentencia administrativa, en razón de que dicha decisión no se corresponde con los motivos y el dispositivo, al comprobarse que el letrado se limitó a solicitar la homologación y ejecución de contrato de poder o representación y cuota litis y el acta de audiencia de fecha 10-04-2014 en lo relativo al monto a ser ejecutado, mientras que el juez ordenó la aprobación de un estado de costas y honorarios y los liquidó por la suma de RD$4,000,000.000 en su perjuicio; que la corte falló extra petita al sumergirse en el monto de la aprobación del contrato de cuota litis, estableciendo que procedía la aprobación por dos millones de pesos y no por cuatro millones, lo cual no le fue pedido, pues no fue apoderada para conocer objeciones o reparos al monto consignado en la sentencia que homologó el contrato de cuota litis, sino de la nulidad de la misma, por los vicios cometidos por el juez de primer grado; que por último sostiene el recurrente, que la corte incurrió en su sentencia en el vicio de contradicción de motivos, toda vez que por un lado procede a revocar la sentencia impugnada, sin embargo en su parte dispositiva no la revoca, sino que modifica el ordinal único de la sentencia, reduciendo el monto aprobado de cuatro millones de pesos a dos millones de pesos. Exp. 2017-2801

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(10) Considerando, que en respuesta a los medios de casación, la parte recurrida, sostiene, en síntesis, que los alegatos esgrimidos por los recurrentes son absurdos limitándose a resaltar historias del proceso, no así fundamentos esenciales que justifiquen las supuestas violaciones en las que incurrió la corte, en tal sentido la presente acción resulta vaga, debiendo ser desestimada, pues la demanda en homologación de poder de cuota litis se realizó conforme al procedimiento establecido en la Ley núm. 302 del año 1964, sobre Honorarios de Abogados.

(11) Considerando, que el examen del fallo impugnado pone de relieve, que la situación procesal relevante concierne a que fue homologado por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, un poder de cuota litis y a la vez la declaración en justicia de reconocimiento de la relación contractual entre abogado-cliente; en ese orden la misma jurisdicción de primer grado, en ocasión de una demanda principal en nulidad como acción de retractación declaró su inadmisibilidad por entender que la vía abierta era la impugnación, bajo la fórmula procesal que regula la Ley núm. 302 del año 1964, sobre Honorarios de Abogados.

(12) Considerando, que se pone de manifiesto además en la decisión atacada, que la corte a qua por la vía recursoria de la apelación revocó la referida decisión y a la vez en ejercicio de la facultad de avocación procedió a conocer la contestación inicial, que consistía en la nulidad de sentencia administrativa o auto que dictó el tribunal de primera instancia. Exp. 2017-2801

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(13) Considerando, que con respecto a la omisión de estatuir alegada, es preciso señalar, que ha sido criterio constante de esta Primera Sala, que los jueces no están obligados a contestar todos los alegatos planteados por las partes en sus escritos, sino solo sus conclusiones; que además lo planteado por el recurrente, no da lugar a la casación de la sentencia impugnada, en el entendido de que el procedimiento para el cobro de los honorarios de abogados, está instituido en la Ley núm. 302-64, donde en el caso que ha sido pactado los honorarios mediante un contrato de cuota litis, convenido entre el abogado y su cliente, según el cual, el primero asume la representación y defensa en justicia del segundo, y este último se obliga a remunerar ese servicio, la vía correcta para la aprobación de este acto se realiza administrativamente, mediante la solicitud de homologación de la convención de las partes, liquidando el crédito del abogado frente a su cliente, con base a lo pactado en el mismo conforme dispone el párrafo III del artículo 9 de la referida ley, razón por la cual se trata de un acto de administración judicial graciosa, como ocurrió en la especie, que no tenía que ser sometido al contradictorio entre las partes, razón por la cual procede rechazar este aspecto de los medios que se examinan.

(14) Considerando, que en el segundo punto de los medios los recurrentes sostienen, que la corte no ponderó el alegato de contradicción de motivos, en la sentencia administrativa, en razón de que el letrado se limitó a solicitar homologación de contrato de poder de cuota litis y el acta de audiencia de fecha 10-04/2014, y el juez ordenó la Exp. 2017-2801

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aprobación de un estado de costas y honorarios; que lo invocado no invalida la decisión impugnada, toda vez que según se retiene de la sentencia administrativa, depositada en ocasión del presente recurso de casación, evidencia que si bien se indicó que fue aprobado el estado de costas y honorarios sometido por el recurrido, no obstante lo hizo en virtud del poder cuota litis de fecha 4 de febrero de 2014, razón por lo que procede el rechazo del punto invocado.

(15) Considerando, que en otra parte de los medios los recurrentes arguyen, que la corte falló extra petita al hacer reparos al monto consignado en el contrato de cuota litis, cuando de lo que estaba apoderada era de la nulidad de homologación del indicado contrato; que ha sido juzgado por esta Primera Sala, que el vicio de fallo extra petita se configura cuando el juez con su decisión desborda el límite de lo solicitado o pretendido por las partes a través de sus conclusiones, salvo que lo haga ejerciendo la facultad para actuar de oficio en los casos que la ley se lo permita; que del estudio de la sentencia impugnada se pone de manifiesto, que la corte a qua no falló extra petita, en razón de que decidió avocarse a conocer el fondo, en consecuencia, por el efecto devolutivo estaba facultada para conocer todo lo relativo a la contestación, pudiendo examinar la nulidad o no del contrato de cuota litis y el acta de audiencia que recogía las declaraciones de los recurridos, que en sentido expresó la alzada en la página 12 numeral 4 lo siguiente: Los hechos narrados líneas atrás, ponen de manifiesto que la Corte debe modificar la sentencia administrativa No. 281/2014, en torno al monto de los honorarios aprobados, para que en vez de ser Cuatro Millones (RD$4,000,000.00), sea por sólo la suma de Dos Millones de Pesos Exp. 2017-2801

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(RD$2,000,0000.00), por ser esta la única irregularidad que se vislumbra en la misma, que en modo alguno puede conllevar a su anulación como lo impetra la parte recurrente; razón por lo que procede rechazar el aspecto invocado.
(16) Considerando, que por último sostienen los recurrentes, que la alzada, incurrió en su decisión en el vicio de contradicción de motivos en el sentido de que por un lado procede a revocar la sentencia impugnada, sin embargo, en su parte dispositiva se circunscribe a modificar el ordinal único reduciendo el monto aprobado; que contrario a lo invocado por los recurrentes la corte a qua según se retiene de la página 11, párrafos 5 y 6 de la sentencia impugnada, en l ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 473 del Código de Procedimiento Civil, examinó que no procedía la nulidad del contrato de cuota litis, sino su modificación y decidió reducir el auto a la suma de dos millones de pesos que era la convención entre las partes.

(17) Considerando, que la noción de tutela judicial efectiva como institución del derecho procesal constitucional, es la posibilidad de reclamar a los órganos judiciales la apertura de un proceso para obtener una resolución motivada y argumentada sobre una petición amparada por la ley. Este derecho está consagrado en el artículo 69 de la Constitución, el cual establece: que a toda persona se le debe garantizar el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. En ese mismo orden el Tribunal Constitucional sostiene la postura siguiente: Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar de oficio, las medidas requeridas para garantizar la supremacía constitucional y el pleno goce de Exp. 2017-2801

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los derechos fundamentales, aunque no hayan sido invocadas por las partes o las hayan utilizado erróneamente1; razón por lo que procede el rechazo de este último aspecto.
(18) Considerando, que en virtud a lo anterior, la corte realizó una exposición completa de los hechos de la causa, actuando conforme a derecho, sin incurrir en las violaciones denunciadas por los recurrentes lo que le ha permitido a esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, verificar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley, en consecuencia igual procede rechazar el presente recurso de casación.

(19) Considerando, que, al tenor del artículo 65, numeral 1 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, y 131 del Código de Procedimiento Civil, procede compensar las costas del procedimiento, por haber sucumbido los litigantes, respectivamente, en algunos puntos de sus conclusiones.

LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, por autoridad y mandato de la ley y en aplicación de las disposiciones establecidas en la Constitución de la República, la Ley núm. 25-91, modificada por la Ley núm. 156-97, los artículos 1,3, y 65, 66, 67, 68, 70 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación; artículo 9 y 11 de la Ley núm. 302-64, sobre Honorarios de Abogados.

FALLA:

1 Artículo 7.11 Ley núm. 137-11 Exp. 2017-2801

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PRIMERO: RECHAZA el recurso de casación interpuesto por F.C. y A.E.R.G., contra la sentencia civil núm. 335-2017-SSEN-00171, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 26 de abril de 2017, cuyo dispositivo figura copiado en otra parte del presente fallo.

SEGUNDO: COMPENSAN las costas.

(Firmados).-P.J.O.R.F.G..- J.M.M.A.A..- N.R.E.L..-

C.J.G.L., secretario general de la Suprema Corte de Justicia, CERTIFICA, que la sentencia que antecede ha sido dada y firmada por los jueces que figuran en ella, en la fecha arriba indicada, y leída en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados.

La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy 1 de noviembre del año 2019, para los fines correspondientes. Exonerada de pagos de impuestos y sellos de impuesto internos.

C.J.G.L.S. General