Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 17 de Diciembre de 2020.

Fecha de Resolución:17 de Diciembre de 2020
Emisor:Salas Reunidas

y Transglobal de Seguros S.A.

Recurridos: E.M.M. y E.G..

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C.J.G.L., S. General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 17 de diciembre del 2020, que dice así:

En Nombre de la República, las SALAS REUNIDAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, competentes para conocer del segundo recurso de casación relacionado con el mismo punto, ubicada en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, presidida por el magistradoL.H.M.P. y demás jueces que suscriben, en fecha 17 de diciembre de 2020, año 177° de la Independencia y año 158° de la Restauración, dictan en audiencia pública, la sentencia siguiente:

En ocasión del recurso de casación interpuesto por M.G.T., dominicano, mayor de edad, cédula de identificación personal núm. 2961, serie 273, domiciliado y residente en la calle E.M., R.1., núm. 7, Barrio 15 de Agosto, Cambita, provincia S.C., entonces prevenido;Grúas y S.P.S., persona civilmente demandada, y Transglobal de Seguros S.A.,entidad aseguradora; contra la sentencia núm. 287dictada en atribuciones correccionales por la PrimeraCámara Penal del Juzgadode Primera Instancia del Distrito Judicial de S.C. el 23 de febrero de 2004.

VISTOS (AS):

1. El acta de recurso de casación levantada en la secretaría del Juzgado aquo el 26 de febrero de2004a requerimiento de M.G.T., y las compañías Grúas y S.P.S., y Transglobal de Seguros S.A. y Transglobal de Seguros S.A.

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2. El dictamen emitido por el Procurador General de la Repúblicael 5 de octubre de 2004.

3. El escrito de intervención depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 2 de marzo de 2005, suscrito por los D.. N.T.V.C. y J.E.V.C., y el Lcdo. A.E.V.C., en representación de los recurrentes.

4. La audiencia para conocer el recurso de casación de que se trata fue celebrada el día 2 de marzo de 2005.

Resulta que:

1. Las Cámaras Reunidas de la Suprema Corte de Justicia conocieronel presente recurso de casación en la audiencia fijada al efecto,ocasión en la que decidieron reservar el fallo para dictar sentencia en una fecha posterior;por tal razón, y en vista de encontrarse aún pendiente, el magistrado L.H.M.P., presidente de la Suprema Corte de Justicia, dictó el auto núm. 20-2020 del 5 de noviembre de 2020,  por medio del cual se llama a sí mismo, en su indicada calidad, y a los magistrados M.R.H.C., P.J.O., F.A.J.M., M.A.R.O., F.E.S.S., V.E.A.P., A.A.B.F., B.R.F.G., N.R.E.L., M.A.F.L., S.A.A.A., R.V.G., J.M.M., M.G.G.R. y F.A.O. y Transglobal de Seguros S.A.

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P., para integrar las Salas Reunidas en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con las Leyes números 684 del año 1934 y 926 del año 1935.

2. Los jueces suscribientes se encuentran habilitados para pronunciar el fallo correspondiente al presente recurso de casación en virtud de que la audiencia se concentra en el debate sobre los fundamentos del recurso, y el Tribunal Constitucional en la sentencia TC/0099/17 del 15 de febrero de 2017 ha refrendado que el cambio de jueces en la corte de casación, para la deliberación y fallo del recurso, no constituye una violación al principio de inmediación en materia penal.

LAS SALAS REUNIDAS, LUEGO DE HABER DELIBERADO:

Del examen de la sentencia impugnada y los documentos a que ella refiere resultan como hechos constantes que:

1. ElMinisterio Público sometió a la acción de la justicia a M.G.T., porpresuntamente haber violado las disposiciones contenidas en la Ley núm. 241 sobre Tránsito Vehículos, en perjuicio deMiguel de los Santos Mateo (fallecido), por el hecho siguiente: “Que el 25 del mes de junio de 2000, tuvo lugar una colisión entre el vehículo tipo camión, conducido por M.G.T., y el vehículo tipo camioneta, marca Toyota, conducido por E.M., quien estaba acompañado por el señor E.M.M., resultando este último con golpes y heridas”. y Transglobal de Seguros S.A.

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2. Para el conocimiento del fondo del proceso fue apoderadoel Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio de S.C., Grupo núm. I, tribunal que el28 de septiembrede 2000dictó sentencia en sus atribuciones correccionales, en la cualpronunció el defecto en contra de M.G.T., declarándolo culpable de violar los artículos49 ordinal C y 65 de la Ley núm. 241, condenándolo a cumplir un año de prisión y al pago de una multa;condenando además a A.P.S.,al pago de una indemnización ascendente a la suma de RD$50,000.00 a favor deElisonMejía M., como justa reparación por los daños morales y materiales sufridos por el presente caso; fueron condenados al pago de las costas y se declaró la sentencia común, oponible y ejecutable a la compañía de segurosTransglobal de Seguros S.A.

3. No conformescon la anterior decisióninterpusieron recurso de apelaciónMariano G.T.,así como las compañías Grúas y S.P.S., y Transglobal de Seguros S.A., en sus respectivas calidades, siendo apoderadala SegundaCámara PenaldelJuzgadode Primera Instancia del Distrito Judicial de S.C., la cual dictó sentencia en fecha 30 de marzo de 2001, mediante la cual pronunció el defecto en contra de E.G., lo declaró culpable de violar los artículos 49, literal C, y 65 de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos, y lo condenó a cumplir seis meses de prisión más al pago de una multa;descargó a M.G. de toda responsabilidad penal y rechazó laconstitución en parte civil intentada por E.M.. y Transglobal de Seguros S.A.

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4. La sentencia precedentemente citada fue recurrida en casación por la parte civil constituida,a propósito de lo cual la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia pronunció sentencia en fecha 12 de marzo de2003,por medio de la cualcasó la impugnada por haber fallado el juzgado fuera de su competencia, y ordenó el envío del asunto ante la Primera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de S.C..

5. Apoderadoel Juzgado aquodictó,el 23 de febrero de 2004, la sentencia ahora impugnada nueva vez en casación, siendo su parte dispositiva:

PRIMERO: Se declaran regulares y válidos en cuanto a la forma, los presentes recursos de apelación hechos contra la sentencia No. 01214/2000, dictada en fecha veintiocho (28) del mes de septiembre del año 2000, por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Municipio de S.C., Grupo I, Interpuesto por D.. F.D. de A., en fecha cinco (05) de octubre del 2000, a nombre y representación de M.G.T., en su calidad de prevenido, A.P.S. y de la compañía de seguros Transglobal S.A., por ser hechos en tiempo hábil y conforme a la ley de acuerdo a las normas y exigencias procesales vigentes; SEGUNDO: En cuanto al fondo, se modifica la sentencia apelada; TERCERO: Se pronuncia el defecto contra los nombrados M.G.T. y E.G., por no haber comparecido a la audiencia no obstante estar legal y debidamente citados; CUARTO: Se declara culpable al nombrado M.G.T., violación a los artículos 49 letra c, 61, 65 y 71 de la ley 241 sobre Tránsito de Vehículos y sus modificaciones, en consecuencia, se condena a seis (06) meses de prisión correccional y mil pesos (RD$1,000.00) de multa, acogiendo a su favor circunstancias atenuantes; Se condena al pago de las costas penales; QUINTO: Se declara regular y válida en cuanto a la forma, la presente constitución en parte civil hecha por E.M.M., quien actúa en su calidad de lesionado, a través de sus abogados constituidos y apoderados especiales D.. J.E.V.C., N.T.V.C. y el Lic. A.T.V.C., por ser hecha en tiempo hábil conforme a la ley, en cuanto al fondo, se condena a Grúas y S.P.S., en su calidad de propietario del vehiculó y persona civilmente responsable, al pago de una indemnización de Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00) a favor de ElinsonMejía y Transglobal de Seguros S.A.

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M., como justa reparación por los daños y perjuicios morales y materiales, las lesiones físicas sufridas por él, ocurrido a consecuencia del accidente que se trata, confirmando en esta parte la sentencia apelada; b-) Condena al pago de los interese legales a partir de la sentencia a título de indemnizaciones suplementaria; c-) Al pago de las costas civiles del procedimiento con distracción y provecho de los D.. J.E.V.C., N.T.V.C. y el Lic. A.T.V.C., que afirma haberla avanzado en su totalidad; d-) Se declara esta sentencia en su aspecto civil, común, oponible y ejecutable hasta el monto de la póliza con todas sus consecuencias legales a la compañía Transglobal de Seguros S.A., en su calidad de entidad aseguradora del vehículo causante de la accidente (sic).

Consideraciones de hecho y de derecho:

1. Del histórico del caso que ocupa nuestra atención, resulta evidente que nos encontramos apoderados de un proceso correspondiente a la estructura liquidadora, pues la acción penal se contrae a un hecho acaecido en el año 2000, cuando se encontraba vigente el Código de Procedimiento Criminal, obrando en la glosa como el sometimiento judicial a cargo deMariano G.T. en el año 2000, dando inicio al presente proceso.

2. Por definición de la Ley núm. 278-04 sobre la implementación del proceso penal instituido por la Ley núm. 76-02, la presente es una causa en trámite1 y en

liquidación2, pues inició con el otrora Código de Procedimiento Criminal y la última actuación procesal consistió en la audiencia celebrada en fecha 2 de marzo

1CAUSAS EN TRÁMITE: Son aquellas causas o procesos que se iniciaron bajo el imperio del Código de Procedimiento Criminal de 1884 y las disposiciones que lo modifican y complementan y que al 27 de septiembre del 2004 no hayan sido concluidos. (Artículo 1 de la Ley 278-04 de 2004).

2LIQUIDACIÓN: Es el proceso mediante el cual se dará término a las causas iniciadas de conformidad al Código de Procedimiento Criminal de 1884. (Artículo 1 de la Ley 278-04 de 2004).

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de2005. En este punto es importante observar que en la referida ley el legislador instauró un método de implementación y también de transición hacia el Código Procesal Penal, previendo la duración máxima de los procesos aún en curso al disponer lo siguiente:

Artículo 5. Duración del proceso. Las causas que, mediante la estructura liquidadora, deban continuar tramitándose de conformidad al Código de Procedimiento Criminal de 1884, por no estar sujetas a la extinción extraordinaria, deberán concluir en el plazo máximo de dos años, computables a partir del 27 de septiembre del 2004. Una vez vencido este plazo de dos años, las causas a las que se refiere este artículo que quedaren todavía pendientes dentro de la estructura liquidadora seguirán tramitándose de conformidad con el Código Procesal Penal. Sin embargo, el plazo de duración máxima del proceso a que se refiere el Artículo 148 del Código Procesal Penal tendrá su punto de partida, respecto de estos asuntos, el día en que corresponda su tramitación conforme al nuevo procedimiento.

Transcurridos todos estos plazos sin decisión irrevocable se declarará la extinción de la acción penal de las causas que quedaren pendientes dentro de la estructura liquidadora. Esta declaratoria tendrá lugar a petición de las partes o de oficio por el Tribunal, aún cuando haya mediado actividad procesal.

Párrafo: Durante este período, cuyo total es de cinco (5) años, y durante el primer trimestre de cada año podrá procederse, si es necesario, con respecto a las causas aun pendientes dentro de la estructura liquidadora, de la manera establecida por el Artículo 3 de la presente ley para la extinción extraordinaria.

3. A la llegada de los primeros dos años de la etapa liquidadora, la Suprema Corte de Justicia, en interés de evitar que el tránsito de los procesos de un modelo al otro se produjera de forma traumática, así como de asegurar la uniformidad de las y Transglobal de Seguros S.A.

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actuaciones con dicho fin, emitió la resolución núm. 2529-2006 del 31 de agosto de 2006, mediante la cual dispuso -respecto de las causas en trámite ante la Suprema Corte de Justicia en atribución liquidadora- que los aspectos de admisibilidad del recurso se regirían por la legislación vigente al momento de su interposición. Luego, aproximándose el término del plazo de duración máxima del proceso, previsto en el artículo 148 del Código Procesal Penal, que era de tres años antes de la modificación efectuada por la Ley núm. 10-15, la Suprema Corte de Justicia dictó la resolución núm. 2802-2009 del 25 de septiembre de 2009, en la que resaltó el interés judicial de observar la dualidad de plazos de duración máxima del proceso atendiendo a que en los casos complejos el vencimiento operaba a los cuatro años, y, por otro lado, inspirada en las motivaciones del legislador de la Ley núm. 278-04 al sostener que aunque la extinción dispuesta persigue descongestionar los tribunales penales no podía constituir una causal de impunidad sobre todo en casos de alta peligrosidad, declaró que “la extinción de la acción penal por haber transcurrido el tiempo máximo de duración del proceso se impone sólo cuando la actividad procesal haya discurrido sin el planteamiento reiterado, de parte del imputado, de incidentes y pedimentos que tiendan a dilatar el desenvolvimiento de las fases preparatorias o de juicio, correspondiendo en cada caso al Tribunal apoderado evaluar en consecuencia la actuación del imputado”.

4. Resulta evidente que aún con los procedimientos así regulados no fue posible concluir con la totalidad de asuntos pendientes y en trámite en el referido plazo de cinco años. Ante dicha realidad, este órgano está llamado a dar respuesta a las y Transglobal de Seguros S.A.

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causas que en dicha situación les apodera, y para hacerlo debe someterse al principio de favorabilidad que rige en la aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales, como lo dispone el numeral 4 del artículo 74 de la Constitución de la República; de igual manera, al principio de no retroactividad o irretroactividad de la ley que se consagra en el artículo 110 del mismo canon constitucional, que establece: “La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”.

5. En dicho orden, la principal cuestión que corresponde observar es la atinente a la prolongación en el tiempo sin que este proceso haya sido definitivamente resuelto, lo cual confronta el principio del plazo razonable previsto en el artículo 8 del Código Procesal Penal, que también se incluye dentro de las garantías mínimas que conforman el debido proceso.En esa tesitura, esta Suprema Corte de Justicia ha sido reiterativaen el sentido de que: “El plazo razonable, es uno de los principios rectores del debido proceso penal, y establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo prudente y a que se resuelva en forma definitiva acerca de la imputación que recae sobre ella, reconociéndosele tanto al imputado y como a la víctima el derecho de presentar acción o recurso, conforme lo establece el Código Procesal Penal, frente a la inacción de la autoridad; principio refrendado por lo dispuesto en nuestra Carta Magna, en su artículo 69, sobre la tutela judicial efectiva y el debido proceso; Considerando, que el artículo 148 del Código Procesal Penal, tal y como ya se ha expresado, al momento de y Transglobal de Seguros S.A.

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ocurrir los hechos, disponía que la duración máxima del proceso, específicamente que la duración máxima, de todo proceso es de tres (3) años; y que en el artículo 149 se dispone que, “Vencido el plazo previsto en el artículo precedente, los jueces de oficio o a petición de parte, declaran extinguida la acción penal, conforme lo previsto por este Código”; que de conformidad con la resolución núm. 2802-2009, del 25 de septiembre de 2009, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, la extinción de la acción penal por haber transcurrido el tiempo máximo de duración del proceso se impone sólo cuando la actividad procesal haya discurrido sin el planteamiento reiterado, de parte del imputado, de incidentes y pedimentos que tiendan a dilatar el desenvolvimiento de las fases preparatorias o de juicio, correspondiendo en cada caso al tribunal apoderado evaluar, en consecuencia, la actuación del imputado; que en la especie, conforme los documentos y piezas que obran en el expediente, se observa que no es atribuible al imputado 3 ”.

6. En el caso que nos ocupa, las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia han comprobado que la inactividad procesal de los últimos quince (15) años no es atribuible ni a losrecurrentes ni a los recurridos, pues no ha mediado actuación alguna de su parte, por lo que procede declarar la extinción de la acción penal al amparo de las disposiciones normativas y la jurisprudencia casacional citada.

7. En atención a las circunstancias de hecho y derecho descritas, las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, tomando en consideración las reglas procesales que conforman el debido proceso, el buen derecho y los principios

3Ver sentencia núm. 13, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 8 de enero de 2018. y Transglobal de Seguros S.A.

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legales antes citados, consideran que procede declarar oficiosamente la extinción de la acción penal por haber sido constatado de manera fehaciente que este proceso ha alcanzado una inactividad procesal de quince (15) años, lo que sobrepasa a todas luces el plazo máximo de la duración del proceso establecido en la norma procesal penal, sin que de forma alguna pueda serle atribuible a las partes del proceso.

8. Finalmente, en virtud del artículo 246 del Código Procesal Penal procede eximir a los recurrentes del pago de las costas generadas, en atención a la decisión que se adopta.

Por tales motivos, LAS SALAS REUNIDAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, por autoridad y mandato de la ley y en aplicación de las disposiciones establecidas en la Constitución de la República; la Ley núm. 821 de Organización Judicial y sus modificaciones; la Ley núm. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley núm. 156 de 1997; la Ley núm. 278 sobre la Implementación del Proceso Penal instituido por la Ley núm. 76-02, el Código Procesal Penal de la República Dominicana; la Resolución núm. 2529–2006 del 31 de agosto del 2006, que reglamenta el tránsito de los procesos del Código de Procedimiento Criminal al Código Procesal Penal, y la Resolución núm. 2802-2009 que dispuso los criterios de evaluación previo al pronunciamiento de la extinción de la acción penal, ambas dictadas por la Suprema Corte de Justicia; y la sentencia número TC/0099/17 pronunciada por el Tribunal Constitucional el 15 de febrero de 2017. y Transglobal de Seguros S.A.

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FALLAN:

PRIMERO

Declaran extinguida la acción penal seguida en contra de M.G.T., y las compañías Grúas y S.P.S. y Transglobal de Seguros S.A, por las razones establecidasen el cuerpo de esta decisión.

SEGUNDO

E. alos recurrentes del pago de costas.

TERCERO

O. que la presente sentencia sea publicada en el Boletín Judicial para su general conocimiento.

Firmado por L.H.M.P., M.R.H.C., P.J.O., F.A.J.M., M.A.R.O., F.E.S.S., V.E.A.P., A.A.B.F., B.R.F.G., N.R.E.L., M.A.F.L., S.A.A.A., R.V.G., J.M.M., M.G.G.R. y F.A.O.P..

C.J.G.L., secretario general de la Suprema Corte de Justicia, CERTIFICO, que la sentencia que antecede fue dada y firmada por los jueces que figuran en la estampa de firma electrónica, en la fecha arriba indicada.

La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 17 de diciembre del 2020, para los fines correspondientes. Exonerada de pagos de impuestos internos y sellos de impuestos internos.

(Firmado) C.J.G.L., S. General