Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 17 de Diciembre de 2020.
| Número de resolución | . |
| Emisor | Salas Reunidas |
Recurrente: Prudencia LegerPolanco
Recurridos: Peinado L., B.F.L., T.L., A.L., M.L. y L.P..
C.J.G.L., S. General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 17 de diciembre de 2020, que dice así:
En Nombre de la República, las SALAS REUNIDAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, competentes para conocer del segundo recurso de casación relacionado con el mismo punto, ubicada en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, presidida por el magistradoL.H.M. y demás jueces que suscriben, en fecha 17 de diciembre del 2020, año 177° de la Independencia y año 158° de la Restauración, dictan en audiencia pública, la sentencia siguiente:
En ocasión del recurso de casación interpuesto por PrudenciaLegerPolanco,dominicana, mayor de edad, soltera,serviciodoméstico, titular de la cédula de identidad y electoral núm.080-0000418-7, condomicilio y residencia en la calle Primera núm. 11 del Barrio Las Caobas, municipio Paraíso, provincia B.,parte civil constituida; contra la sentencia número 319-2001-00023,dictada en atribuciones correccionales por la Cámara Penalde la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguanael8 deagostode2001.
VISTOS (AS):
Extinción Recurrente: Prudencia LegerPolanco
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1. El acta de recurso de casación levantada en la secretaría de la Corte a qua el 21 de febrero de 2003, a requerimiento de P.L.P..
2. El memorial de casación depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 4 de abril de 2003, por los Dres. A.M.B., LuisOnofre de la Cruz Leger y Bolívar D´ O.M., en representación de la recurrente.
3. El dictamen emitido por el Procurador General de la República el 2 de julio de 2003.
4. El auto emitido por el Presidentede la Suprema Corte de Justicia el 30 de agosto de 2004, mediante el cual fijó audiencia para el día 29 de septiembre de 2004, a fin de conocer el recurso de casación de que se trata.
Resulta que:
1. LasCámaras Reunidas de la Suprema Corte de Justicia conocieron el presente recurso de casación en la audiencia fijada al efecto,ocasión en la que decidieron reservar el fallo para dictar sentencia en una fecha posterior;por tal razón, y en vista de encontrarse aún pendiente, el magistrado L.H.M.P., presidente de la Suprema Corte de Justicia, dictó el auto núm. 20-2020 del 5 de noviembre de 2020, por medio del cual se llama a sí mismo, en su indicada calidad,
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F.A.J.M., M.A.R.O., F.E.S.S., V.E.A.P., A.A.B.F., B.R.F.G., N.R.E.L., M.A.F.L., S.A.A.A., R.V.G., J.M.M. y F.A.O.P., para integrar las Salas Reunidas en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con las Leyes números 684 del año 1934 y 926 del año 1935.
2. Los jueces suscribientes se encuentran habilitados para pronunciar el fallo correspondiente al presente recurso de casación en virtud de que la audiencia se concentra en el debate sobre los fundamentos del recurso, y el Tribunal Constitucional en la sentencia TC/0099/17 del 15 de febrero de 2017 ha refrendado que el cambio de jueces en la corte de casación, para la deliberación y fallo del recurso, no constituye una violación al principio de inmediación en materia penal.
LAS SALAS REUNIDAS, LUEGO DE HABER DELIBERADO:
Del examen de la sentencia impugnada y los documentos a que ella refiere resultan como hechos constantes que:
1. El Ministerio Público sometióa la acción de la justicia a P.L., B.F.L., T.L., M.L. y A.L., por
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Violación de Propiedad, por el hecho de que violentaron y ocuparon de manera ilegal el solar ubicado en la calle San Rafael, propiedad de la querellante P.L.P..
2. Para el conocimiento del fondo del proceso fue apoderada la Segunda Cámara Penal del Distrito Judicial de B., tribunal que el 24 de noviembre del 1993 dictó la sentencia núm. 231-93, en sus atribuciones correccionales, en la cual declaró culpables a P.L., B.F.L., T.L., M.L., A.L., de violar las disposiciones de la Ley núm. 5869 sobre Violación de Propiedad y los condenó a 3 meses de prisión correccional más al pago de una multa cada uno. En cuanto al aspecto civil, condenó de manera solidaria a los citados prevenidos al pago de RD$50,000.00 a favor de P.L.P. como monto indemnizatorio, más el pago de las costas civiles causadas y ordenó el desalojo inmediato de los prevenidos de la porción de terreno que ocupaban ilegalmente, propiedad de la señora P.L.P..
3. No conformes con la misma, fue recurrida en oposición por P.L., B.F.L., M.L., T.L. y A.L., siendo apoderada la misma corte, la cual dictó la sentencia núm.16, del 13 de febrero de 1995, mediante la cual declaró regular y válido el recurso elevado, acogió el mismo, consecuentemente,descargó a los imputadosy rechazó la constitución el parte civil de la querellante.
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4. En desacuerdo con la decisión anterior, P.L.P. interpuso recursode apelación, siendo apoderada Corte de Apelación del Departamento Judicial de B. y mediante sentencia núm. 34 del 18 de marzo de 1995acogió el recurso de apelación de la querellante, empero declaró la sentencia apelada como irrevocablemente juzgada por no haber sido recurrida por el ministerio público ni por los prevenidos, a la vez que rechazó las conclusiones de la parte civil constituida.
5. La sentencia precedentemente citada fue recurrida en casación por la parte civil constituida, a propósito de lo cualla entonces Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia pronunció sentencia el 29de diciembrede2000, por la cual casó la impugnada por incurrir en falta de motivos,y ordenó el envío del asunto ante la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana.
6. Apoderada del envío ordenado, la Corte a qua dictóla sentencia número 319-2001-00023,del 8 de agosto de 2001, ahora impugnada nueva vez en casación, siendo su parte dispositiva:
PRIMERO: Declara regular y válido en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto en fecha 22 del mes de febrero del año 1995, por el Dr. Bolívar de O.M., abogado de los tribunales de la República, actuando a nombre y representación de la parte civil constituida, contra sentencia correccional No. 16 de fecha 13 de febrero del 1995, dictada por la Cámara Penal del Distrito Judicial de B., cuyo dispositivo se copia en otra parte de la presente sentencia, por haber sido hecho dentro de
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esta Corte por envío de la Honorable Suprema Corte de Justicia, mediante sentencia de fecha 19 de diciembre del año 2000; SEGUNDO. Ratifica el defecto pronunciado en audiencia contra los señores P.L., T.L., A.L., M.L. y L.P., por no haber comparecido a la audiencia no obstante emplazamiento legal; TERCERO. En cuanto al fondo, confirma la sentencia recurrida que declaró no culpable a los prevenidos P.L., B.P.L. y compartes, de violar la ley 5869, sobre violación de propiedad en perjuicio de la señora P.L.P., y en consecuencia, lo descarga por no cometer los hechos, rechaza la constitución en parte civil por improcedente y mal fundada.
Consideraciones de hecho y de derecho:
1. Del histórico del caso que ocupa nuestra atención resulta evidente que nos encontramos apoderados de un proceso correspondiente a la estructura liquidadora, cuando se encontraba vigente el Código de Procedimiento Criminal, obrando en la glosa como primer acto procesal la sentencia al fondo emitida el 24 de noviembre del 1993 por la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de B..
2. Por definición de la Ley núm. 278-04 sobre la implementación del proceso penal instituido por la Ley núm. 76-02, la presente es una causa en trámite1 y en
1CAUSAS EN TRÁMITE: Son aquellas causas o procesos que se iniciaron bajo el imperio del Código de Procedimiento Criminal de 1884 y las disposiciones que lo modifican y complementan y que al 27 de septiembre del 2004 no hayan sido concluidos. (Artículo 1 de la Ley núm. 278-04 de 2004).
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liquidación2, pues inició con el otrora Código de Procedimiento Criminal y la última actuación procesal consistió en la audiencia celebrada el 29 de septiembre de 2004. En este punto es importante observar que en la referida ley el legislador instauró un método de implementación y también de transición hacia el Código Procesal Penal, previendo la duración máxima de los procesos aún en curso al disponer lo siguiente:
Artículo 5. Duración del proceso. Las causas que, mediante la estructura liquidadora, deban continuar tramitándose de conformidad al Código de Procedimiento Criminal de 1884, por no estar sujetas a la extinción extraordinaria, deberán concluir en el plazo máximo de dos años, computables a partir del 27 de septiembre del 2004. Una vez vencido este plazo de dos años, las causas a las que se refiere este artículo que quedaren todavía pendientes dentro de la estructura liquidadora seguirán tramitándose de conformidad con el Código Procesal Penal. Sin embargo, el plazo de duración máxima del proceso a que se refiere el Artículo 148 del Código Procesal Penal tendrá su punto de partida, respecto de estos asuntos, el día en que corresponda su tramitación conforme al nuevo procedimiento.
Transcurridos todos estos plazos sin decisión irrevocable se declarará la extinción de la acción penal de las causas que quedaren pendientes dentro de la estructura liquidadora. Esta declaratoria tendrá lugar a petición de las partes o de oficio por el Tribunal, aún cuando haya mediado actividad procesal.
2LIQUIDACIÓN: Es el proceso mediante el cual se dará término a las causas iniciadas de conformidad al Código de Procedimiento Criminal de 1884. (Artículo 1 de la Ley núm. 278-04 de 2004). Recurrente:Prudencia LegerPolanco
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Párrafo: Durante este período, cuyo total es de cinco (5) años, y durante el primer trimestre de cada año podrá procederse, si es necesario, con respecto a las causas aun pendientes dentro de la estructura liquidadora, de la manera establecida por el Artículo 3 de la presente ley para la extinción extraordinaria.
3. A la llegada de los primeros dos años de la etapa liquidadora, la Suprema Corte de Justicia, en interés de evitar que el tránsito de los procesos de un modelo al otro se produjera de forma traumática, así como de asegurar la uniformidad de las actuaciones con dicho fin, emitió la resolución núm. 2529-2006 del 31 de agosto de 2006, mediante la cual dispuso -respecto de las causas en trámite ante la Suprema Corte de Justicia en atribución liquidadora- que los aspectos de admisibilidad del recurso se regirían por la legislación vigente al momento de su interposición. Luego, aproximándose el término del plazo de duración máxima del proceso, previsto en el artículo 148 del Código Procesal Penal, que era de tres años antes de la modificación efectuada por la Ley núm. 10-15, la Suprema Corte de Justicia dictó la resolución núm. 2802-2009 del 25 de septiembre de 2009, en la que resaltó el interés judicial de observar la dualidad de plazos de duración máxima del proceso atendiendo a que en los casos complejos el vencimiento operaba a los cuatro años, y, por otro lado, inspirada en las motivaciones del legislador de la Ley núm. 278-04 al sostener que aunque la extinción dispuesta persigue descongestionar los tribunales penales no podía constituir una causal de impunidad sobre todo en casos de alta peligrosidad, declaró que “la extinción de la
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sólo cuando la actividad procesal haya discurrido sin el planteamiento reiterado, de parte del imputado, de incidentes y pedimentos que tiendan a dilatar el desenvolvimiento de las fases preparatorias o de juicio, correspondiendo en cada caso al Tribunal apoderado evaluar en consecuencia la actuación del imputado”.
4. Resulta evidente que aún con los procedimientos así regulados no fue posible concluir con la totalidad de asuntos pendientes y en trámite en el referido plazo de cinco años. Ante dicha realidad, este órgano está llamado a dar respuesta a las causas que en dicha situación les apodera, y para hacerlo debe someterse al principio de favorabilidad que rige en la aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales, como lo dispone el numeral 4 del artículo 74 de la Constitución de la República; de igual manera, al principio de no retroactividad o irretroactividad de la ley que se consagra en el artículo 110 del mismo canon constitucional, que establece: “La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”.
5. En dicho orden, la principal cuestión que corresponde observar es la atinente a la prolongación en el tiempo sin que este proceso haya sido definitivamente resuelto, lo cual confronta el principio del plazo razonable previsto en el artículo 8
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que conforman el debido proceso.En esa tesitura, esta Suprema Corte de Justicia ha sido reiterativaen el sentido de que: “El plazo razonable, es uno de los principios rectores del debido proceso penal, y establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo prudente y a que se resuelva en forma definitiva acerca de la imputación que recae sobre ella, reconociéndosele tanto al imputado y como a la víctima el derecho de presentar acción o recurso, conforme lo establece el Código Procesal Penal, frente a la inacción de la autoridad; principio refrendado por lo dispuesto en nuestra Carta Magna, en su artículo 69, sobre la tutela judicial efectiva y el debido proceso; Considerando, que el artículo 148 del Código Procesal Penal, tal y como ya se ha expresado, al momento de ocurrir los hechos, disponía que la duración máxima del proceso, específicamente que la duración máxima, de todo proceso es de tres (3) años; y que en el artículo 149 se dispone que, “Vencido el plazo previsto en el artículo precedente, los jueces de oficio o a petición de parte, declaran extinguida la acción penal, conforme lo previsto por este Código”; que de conformidad con la resolución núm. 2802-2009, del 25 de septiembre de 2009, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, la extinción de la acción penal por haber transcurrido el tiempo máximo de duración del proceso se impone sólo cuando la actividad procesal haya discurrido sin el planteamiento reiterado, de parte del imputado, de incidentes y pedimentos que tiendan a dilatar el desenvolvimiento de las fases preparatorias o de juicio, correspondiendo en cada caso al tribunal apoderado evaluar, en consecuencia, la actuación del imputado; que en la especie, conforme los documentos y piezas que obran en el expediente, se observa que no es atribuible al imputado3”.
3Ver sentencia 13, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 8 de enero de 2018.
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6. En el caso que nos ocupa, las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia ha comprobado que la inactividad procesal de los últimos dieciséis (16) años no es atribuible ni ala parte civil constituida recurrente ni a los recurridos, pues no ha mediado actuación alguna de su parte, por lo que procede declarar la extinción de la acción penal al amparo de las disposiciones normativas y la jurisprudencia casacional citada.
7. En atención a las circunstancias de hecho y derecho descritas, las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, tomando en consideración las reglas procesales que conforman el debido proceso, el buen derecho y los principios legales antes citados, consideran que procede declarar oficiosamente la extinción de la acción penal por haber sido constatado de manera fehaciente que este proceso ha alcanzado una inactividad procesal de dieciséis (16) años, lo que sobrepasa a todas luces el plazo máximo de la duración del proceso establecido en la norma procesal penal, sin que de forma alguna pueda serle atribuible a las partes del proceso.
8. Finalmente, en virtud del artículo 246 del Código Procesal Penal procede eximir a los recurrentes del pago de las costas generadas, en atención a la decisión que se adopta.
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Por tales motivos, LAS SALAS REUNIDAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, por autoridad y mandato de la ley y en aplicación de las disposiciones establecidas en la Constitución de la República; la Ley núm. 821 de Organización Judicial y sus modificaciones; la Ley núm. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley núm. 156 de 1997; la Ley núm. 278 sobre la Implementación del Proceso Penal instituido por la Ley núm. 76-02, el Código Procesal Penal de la República Dominicana; la Resolución núm. 2529–2006 del 31 de agosto del 2006, que reglamenta el tránsito de los procesos del Código de Procedimiento Criminal al Código Procesal Penal, yla Resolución núm. 2802-2009 que dispuso los criterios de evaluación previo al pronunciamiento de la extinción de la acción penal, ambas dictadas por la Suprema Corte de Justicia; y la sentencia número TC/0099/17 pronunciada por el Tribunal Constitucional el 15 de febrero de 2017.
FALLAN:
Declaran extinguida la acción penal seguida en contra dePeinado L., B.F.L., T.L.,A., M.L. y LucianaPérez, por las razones establecidas en el cuerpo de esta decisión.
E. alos recurrentes del pago de costas.
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O. que la presente sentencia sea publicada en el Boletín Judicial para su general conocimiento.
Firmado por L.H.M.P., M.R.H.C., P.J.O., F.A.J.M., M.A.R.O., F.E.S.S., V.E.A.P., A.A.B.F., B.R.F.G., N.R.E.L., M.A.F.L., S.A.A.A., R.V.G., J.M.M., y F.A.O.P..
C.J.G.L., secretario general de la Suprema Corte de Justicia, CERTIFICO, que la sentencia que antecede fue dada y firmada por los jueces que figuran en la estampa de firma electrónica, en la fecha arriba indicada.
La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 17 de diciembre del 2020, para los fines correspondientes. Exonerada de pagos de impuestos internos y sellos de impuestos internos.
Extinción
