Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 8 de Junio de 2016.

Fecha de Resolución: 8 de Junio de 2016
Emisor:Segunda Sala

Fecha: 8 de junio de 2016

Sentencia núm. 601

MERCEDES A. MINERVINO A., SECRETARIA GENERAL INTERINA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, CERTIFICA. QUE EN LOS ARCHIVOS A SU CARGO EXISTE UN EXPEDIENTE QUE CONTIENE UNA SENTENCIA DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2016, QUE DICE:

D., Patria y Libertad República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces M.C.G.B., P.; E.E.A.C., A.A.M.S., F.E.S.S. e H.R., asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 8 de junio de 2016, año 173º de

la Independencia y 153º de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: Fecha: 8 de junio de 2016

Sobre el recurso de casación interpuesto por J.F.B., dominicano, mayor de edad, soltero, estudiante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 402-2118491-0, domiciliado y residente en la calle S.D., núm. 13, del sector S.C. en la ciudad de La Romana, provincia La Romana, República Dominicana, imputado y civilmente demandado, contra la sentencia núm. 187-2015, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 27 de marzo de 2015, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al alguacil llamar al recurrente J.F.B. y el mismo no estar presente;

Oído al alguacil llamar al recurrido K.T.P., y el mismo expresar que es dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 402-2295842-9, domiciliado y residente en la Prolongación G.L., núm. 13, Savica, La Romana;

Oído al alguacil llamar a la recurrida C.T.P.K., y la misma expresar que es dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 026-0059997-7, domiciliada y residente en la Prolongación G.L., núm. 13, Savica, La Romana; Fecha: 8 de junio de 2016

Oído al Lic. C. de P., en la lectura de sus conclusiones en la audiencia de fecha 30 de noviembre de 2015, actuando a nombre y representación del recurrente J.F.B.;

Oído el dictamen de la Magistrada Procuradora General Adjunta de la República, Dra. I.H. de V.;

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Lic. C. de P.J., en representación del recurrente, depositado el 13 de abril de 2015 en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interpone dicho recurso;

Visto la resolución núm. 2729-2015, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 9 de julio de 2015, la cual declaró admisible el referido recurso de casación, y fijó audiencia para conocerlo el 7 de octubre de 2015, fecha en la cual fue suspendido para el 30 de noviembre de 2015, a fin de convocar a todas las partes;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y Fecha: 8 de junio de 2016

427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, de fecha 10 de febrero de 2015; 309, numeral 3, literal b; 2, 295 del Código Penal Dominicano, y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

  1. que el Ministerio Público presentó formal acusación y solicitud de apertura a juicio el 6 de junio de 2012, en contra de J.F.B., imputándolo de violar los artículos 309, 2 y 295 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de K.D.T.;

  2. que para la instrucción preliminar fue apoderado el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, el cual dictó auto de apertura a juicio el 29 de enero de 2013;

  3. que para el conocimiento del fondo del presente proceso fue apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, el cual dictó la sentencia núm. 25/2014, el 26 de febrero de 2014, cuyo dispositivo establece lo siguiente: Fecha: 8 de junio de 2016

PRIMERO: Se declara al nombrado J.F.B., de generales que constan en el proceso, culpable de violación a las disposiciones contenidas en el artículo 309 numeral 3, literal b, del Código Penal Dominicano, en perjuicio de K.T.P.; en consecuencia, se le condena al imputado a ocho (8) años de reclusión mayor; SEGUNDO: Se condena al imputado al pago de las costas penales del proceso; TERCERO: En el aspecto accesorio se acoge la acción civil intentada por la nombrada C.L.P.K., en contra del nombrado J.F.B., por haber sido hecha en conformidad con la norma; en cuanto al fondo, se condena a dicho encartado al pago de la suma de Dos Millones Quinientos Mil Pesos (RD$2,500,000.00), en beneficio de la querellante y actor civil en razón de los daños y perjuicios sufridos por esta; CUARTO: Se condena al encartado al pago de las costas civiles del proceso, ordenando su beneficio en distracción y provecho del abogado de la parte querellante, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte”;
d) que dicha decisión fue recurrida en apelación por el imputado, siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, la cual dictó la sentencia núm. 187-2015, objeto del presente recurso de casación el 27 de marzo de 2015, cuyo dispositivo expresa lo siguiente:

PRIMERO: Acoge parcialmente el recurso de apelación interpuesto en fecha veintidós (22) del mes de mayo del año 2014, por el Lic. C. de P.J., actuando a nombre y representación del imputado J.F.B., contra sentencia núm. 25-2014, de fecha veintiséis (26) del mes de febrero del año Fecha: 8 de junio de 2016

2014, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La
Romana;
SEGUNDO : Modifica el ordinal primero de la sentencia recurrida y en consecuencia varía la calificación
jurídica dada a los hechos por los Jueces del Tribunal a-quo del
artículo 309 numeral 3, literal b, del Código Penal Dominicano,
por la del artículo 309 del referido código, condenando al imputado a cumplir una pena de cinco (5) años de reclusión
mayor;
TERCERO : Confirma los restantes aspectos de la
referida sentencia;
CUARTO : Declara las costas penales de
oficio. La presente sentencia es susceptible del recurso de casación
en un plazo de diez (10) días, a partir de su lectura íntegra y notificación a las partes en el proceso, según lo disponen los artículos 418 y 427 del Código Procesal Penal”;

Considerando, que el recurrente J.F.B., por intermedio de su abogado, alega los siguientes medios en su recurso de casación:

Primer Medio: La falta, contradicción o ilogicidad manifiesta
en la motivación de la sentencia;
Segundo Medio: La violación
de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma
jurídica, y violación al debido proceso dispuesto por el artículo 69
de la Constitución de la República Dominicana

;

Considerando, que los medios invocados por el recurrente guardan estrecha relación por lo que se examinaran de manera conjunta;

Considerando, que el recurrente sostiene en el desarrollo de ambos medios, en síntesis, lo siguiente: Fecha: 8 de junio de 2016

“Que la Corte a-qua se quedó corta al considerar y ponderar los
hechos y circunstancias que acaecieron en el presente proceso,
muy particularmente el estado de necesidad, de una parte y la
legítima defensa por otra parte; que el examen de las declaraciones y demás elementos aportados al proceso, han demostrado al tribunal que el señor J.F.B., el estado
de necesidad al momento de la comisión del hecho que ha generado esta acción, razón por la cual, tal como lo ha reiterado la jurisprudencia, es un eximente de culpabilidad; pero el Tribunal
a-quo no ponderó ni los medios de prueba presentados ni los
alegatos respecto a las pruebas depositadas por parte nuestra; que
la Corte a-qua no tomó en consideración que el hoy recurrente
portaba su arma de manera legal, que se vio compelido a utilizarla para defenderse y que en las circunstancias planteadas
en el caso es evidente que su vida se encontraba en peligro; que al
verificar las condenas de ambas sentencias (la del Tribunal a-quo
y la de la Corte a-qua), es evidente que la calificación jurídica del
hecho punible ha tenido que variarse; de ahí que la propia corte,
además de cambiar la calificación del hecho ha decidido reducir la
condena; aún en esta situación, no se está considerando el
derecho al porte y tenencia de armas y a la exonerante del estado
de necesidad como la legítima defensa; razones por la cual él
debería haberse absuelto”;

Considerando, que la Corte a-qua para fallar en la forma en que lo hizo dio por establecido, entre otras cosas, lo siguiente:

los jueces del tribunal a-quo tutelaron todos y cada uno de los derechos y garantías del justiciable, como también fueron valorados los medios de pruebas aportados al juicio por el órgano acusador, conforme lo dispuesto en el artículo 172 de la Fecha: 8 de junio de 2016

normativa procesal penal, los cuales sirvieron para establecer más allá de toda duda razonable que el imputado incurrió en el tipo penal de golpes y heridas voluntarios que causaron lesión permanente previsto en el artículo 309 del Código Penal, en perjuicio de K.D.T.P.; que la alegada violación al artículo 24 del Código Procesal Penal, resulta improcedente, pues una simple lectura a la sentencia recurrida le permite a esta Corte apreciar los fundamentos del tribunal y la forma lógica en que presenta los hechos y circunstancias relacionados con la especie; que así las cosas esta Corte ha podido establecer que el Tribunal a-quo hizo una correcta interpretación de los hechos, aunque no así en cuanto a la aplicación del derecho, toda vez que la calificación jurídica dada a los hechos por los juzgadores fue de la violación al artículo 309 numeral 3, literal b, del Código Penal Dominicano, el cual es aplicable para los casos de violencia doméstica o intrafamiliar, lo cual no ha ocurrido en la especie, pues los golpes y heridas que causaron lesión permanente fueron cometidos en contra de una persona que no guarda ningún tipo de parentesco con el imputado, por lo que en la especie de lo que se trata es de la violación al artículo 309 del Código Penal Dominicano, el cual contempla una pena de reclusión menor, resultando la pena impuesta de 8 años de reclusión mayor fuera del parámetro establecido por la ley para el tipo penal violado; que por todo lo expuesto anteriormente, esta Corte obrando por propia autoridad y mandato expreso de la ley, modifica el ordinal primero de la sentencia recurrida y en consecuencia varía la calificación jurídica dada a los hechos por el tribunal a-quo, de la violación al artículo 309 numeral 3, literal b, del Código Penal Dominicano, por la del artículo 309 del referido código, por ser la norma verdaderamente violada, Fecha: 8 de junio de 2016

imponiendo al justiciable la pena que se enmarca dentro de los parámetros establecidos para este tipo penal

;

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por la parte recurrente:

Considerando, que respecto al planteamiento del justiciable, en su primer medio, de que actuó por necesidad o legítima defensa en el sentido de que pensaba que el agraviado lo iba atracar, dicho argumento se descarta de la misma fundamentación brindada por el recurrente, toda vez que éste en todo momento pretende su no culpabilidad basado en la falta de pruebas, es decir, bajo el sustento de que no existe un informe de balística que determine que su arma fue disparada, que no se determinó que el proyectil que hirió a la víctima salió de su arma, que no se determinó la existencia de residuos de pólvora en su ropa o en su piel; por lo que su recurso de apelación, si bien hizo mención de la legítima de defensa, no fue fundamentado en ese sentido; en consecuencia, procede desestimar dicho planteamiento;

Considerando, que en torno al cuestionamiento de que los jueces no tomaron en cuenta que él portaba un arma de manera legal, invocado en ambos medios de casación, el mismo resulta infundado e incoherente, ya que la decisión impugnada no contiene ninguna condena en ese sentido; por lo que es obvio que el referido aspecto si fue valorado por los jueces al momento Fecha: 8 de junio de 2016

de determinar la calificación jurídica y aplicar la pena; por lo que procede desestimar dicho alegato;

Considerando, que en lo concerniente a la calificación jurídica adoptada, del análisis y ponderación de la sentencia impugnada, se advierte que la Corte a-qua observó, como único vicio del Tribunal a-quo, que la calificación jurídica de 309 numeral 3, literal b, del indicado código no era la procedente, por ser aplicable para los casos de violencia intrafamiliar; en ese sentido, al readecuar la calificación jurídica, conforme a los hechos fijados, redujo la pena de 8 a 5 años, ajustándola al marco legal del artículo 309 del Código Penal Dominicano, en razón de la discapacidad presentada por la víctima; sin que la misma haya determinado que el procesado actuó repeliendo una agresión, sino más bien, que este causó los golpes y heridas de manera voluntaria; en consecuencia, los vicios señalados por el recurrente carecen de fundamentos y de base legal;

Considerando, que el recurrente invoca además, que la pena aplicada de 5 años resulta abusiva y desproporcionada al caso;

Considerando, que contrario a lo invocado por el recurrente, la sanción fijada por la Corte a-qua fue apegada a los hechos y al derecho, toda vez que la víctima recibió herida de bala que le causó parálisis en las extremidades Fecha: 8 de junio de 2016

inferiores, situación que el médico legista determinó como una lesión permanente; en consecuencia, resulta evidente que la Corte a-qua al momento de examinar la calificación dada a los mismos y aplicar la pena señalada, observó válidamente; sin incurrir en violación de índole procesal o legal; en tal sentido, dicha sanción se ajusta al grave daño corporal que presenta la víctima, la participación y el comportamiento del imputado al momento de los hechos; por lo que procede desestimar este alegato;

Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal dispone lo relativo a la potestad que tiene la Suprema Corte de Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideración, pudiendo tanto rechazar como declarar con lugar dichos recursos.

Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

FALLA:

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por J.F.B., contra la sentencia núm. 187-2015, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 27 de marzo de 2015, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión;

Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas; Fecha: 8 de junio de 2016

Tercero: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís.

(FIRMADOS).- M.C.G.B..- E.E.A.C..- F.E.S.S..- H.R..-

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General Interina, que certifico.

Mercedes A. Minervino A. Secretaria General Interina.

FB/ jfrs.-

Ar.