Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 1 de Agosto de 2016.

Fecha de Resolución: 1 de Agosto de 2016
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 1 de agosto de 2016

Sentencia núm. 825

MERCEDES A. MINERVINO A., SECRETARIA GENERAL INTERINA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, CERTIFICA. QUE EN

ARCHIVOS A SU CARGO EXISTE UN EXPEDIENTE QUE CONTIENE UNA SENTENCIA DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2016, QUE DICE:

D., Patria y Libertad República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia, regularmente constituida por los Jueces Miriam Concepción Germán

Brito, P.; E.E.A.C., Alejandro Adolfo Moscoso

Segarra y F.E.S.S., asistidos del secretario de estrados, en la

Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G.,

Distrito Nacional, hoy 1 de agosto de 2016, años 173° de la Independencia y 153°

la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la

siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por S.H.T.B.,

dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. Fecha: 1 de agosto de 2016

-049333-4, domiciliado y residente en la autopista D., km. 13, núm. 13,

Alameda, Santo Domingo Oeste, imputado y civilmente demandado; José Ángel

Rozas Ramos, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y

electoral núm. 001-1201873-4, domiciliado y residente en la autopista D.,

Km. 13, núm. 13, Alameda, Santo Domingo Oeste, imputado y civilmente

demandado; y Boé Dominicana, S.R.L., tercera civilmente demandada, contra la

sentencia núm. 480-2014, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de

Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 30 de septiembre de

2014, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído a la Licda. I.H. de V.P. General Adjunta

de la República en su dictamen;

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por los Licdos.

L.M.A. y H.S.A.T., en representación de

recurrentes Santo H.T.B., J.Á.R.R. y Boé

Dominicana, S.R.L., depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 10 de octubre

de 2014, mediante el cual interponen dicho recurso;

Visto el escrito de contestación suscrito por el Dr. P.M.. Troncoso

Leroux y los Licdos. J.L.S. y A.R.H., en Fecha: 1 de agosto de 2016

representación de Productos Familia, S.A., depositado en la secretaría de la Corte

a-qua el 24 de octubre de 2014;

Visto la resolución núm. 3322-2015 del 11 de septiembre de 2015, dictada

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que declaró admisible el

recurso de casación interpuesto por los recurrentes, y fijó audiencia para el 23 de

noviembre de 2015;

Visto la Ley núm. 25-91 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de

1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, después de haber

deliberado y vistos los artículos 2 de la Ley núm. 278-04 sobre Implementación

Proceso Penal Instituido por la Ley 76-02; 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y

del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de

febrero 2015; 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos a que

ella se refiere son hechos constantes los siguientes:

  1. que en fecha 7 de Junio de 2011 fue interpuesta ante la Procuraduría

    Fiscal de la Provincia de Santo Domingo por vía de la acción penal pública y

    constitución en actor civil una querella por violación a la Ley núm. 20-00, sobre Fecha: 1 de agosto de 2016

    Propiedad Industrial, modificada por la Ley núm. 424-06, de implementación del

    Dr-Cafta; que 24 de julio del año 2012, la compañía Productos Familia, S.A., por

    intermedio de sus abogados, Dr. P.T.L., L.. Jaime

    Lambertus Sánchez y A.R.H., solicitó la conversión de la de

    acción penal pública en acción penal privada, la cual fue concedida por el

    Ministerio Público, procediendo los suscritos en la indicada fecha a presentar

    formal acusación penal privada y constitución en actor civil, en contra de la

    razón social Boé Dominicana, S.R.L. y sus representantes legales José Ángel

    Rozas Ramos y S.H.T.B., por violación al artículo 86

    numeral 1, letra c), e) y f) y numeral 2 letra a), b) y c) y del artículo 66 numeral 1

    letras c) de la Ley 20-00, sobre Propiedad Industrial, modificada por la Ley núm.

    -06 de implementación del Dr-Cafta, basados en el hecho de que Productos

    Familia, S. A, es una empresa multinacional líder en la fabricación y

    comercialización de productos para usos familiar tales como toallas sanitaria,

    protectores diarios, tampones, papel de bajo, papel toallas, servilleta, etc, para los

    fines de identificar y/o publicar sus productos procedió al registro de

    numerosas marcas, entre ellas, la registrada en el país bajo el certificado núm.

    18204, expedido en fecha 17/10/2010, con vigencia hasta el 2020, consistente en

    Diseño de siluetas de cuatro chicas (figurativas)

    , para identificar “toallas

    sanitarias, protectores diarios, tampone y otros artículos de protección menstrual Fecha: 1 de agosto de 2016

    para la higiene femenina. Que en la especie Productos Familia, S.A., pudo

    comprobar que la parte imputada Boé Dominicana, S.R.L., cuyos representante

    legales son los señores J.Á.R.R. y Santos Horacio Tavárez

    Batista, está manufacturando y comercializando toalla sanitarias bajo la marca

    Amiga

    , que en su empaque reproduce casi totalmente la marca registrada

    Diseño de siluetas de cuatro chicas

    , propiedad de la acusadora privada y actor

    civil Productos Familia, S.A., en efecto a la parte imputada le fue notificada

    mediante acto de alguacil núm. 164 de fecha 23 de marzo del año 2011, una

    advertencia de que el empaque de las toallas sanitarias “Amigas”, de su

    propiedad, violaba los derechos de propiedad industrial de Productos Familia, S.

    A., y por lo tanto, se intimó al cese de la producción y comercialización de dicho

    empaque, la parte imputada no obstante hizo caso omiso al requerimiento de

    Productos Familia, S. A, y continuó con la comisión de la infracción;

  2. que apoderado el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del

    Distrito Judicial de Santo Domingo, dictó la sentencia núm. 393-2013 del 9 de

    octubre de 2013, cuyo dispositivo se encuentra contenido en el de la sentencia

    objeto del presente recurso:

  3. que dicha sentencia fue recurrida en apelación por la querellante

    Productos Familia, S. A y los imputados J.Á.R.R., Santos Fecha: 1 de agosto de 2016

    H.T.B. y Boé Dominicana, S.R.L., siendo apoderada la Sala de

    Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo

    Domingo, la cual dictó la sentencia núm. 480-2014, el 30 de septiembre de 2014,

    cuyo dispositivo establece lo siguiente:

    PRIMERO : Rechaza el recurso de apelación interpuesto por los Licdos. J.A.R.N. y L.M.A., en representación de la razón social Boé Dominicana, S.R.L. y los señores S.H.T.B. y J.Á.R.R. en fecha once (11) del mes de abril del año dos mil catorce (2014), en contra de la sentencia 393/2013 de fecha nueve (9) del mes de octubre del año dos mil trece (2013), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo; SEGUNDO: Acoge parcialmente el recurso interpuesto por los Licdos. P.T.L., J.L. y A.R.H., en nombre y representación de la razón social Productos Familia, S.A., en fecha veinte (20) del mes de junio del año dos mil catorce (2014), ambos en contra de la sentencia 393/2013 de fecha nueve (9) del mes de octubre del año dos mil trece (2013), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo es el siguiente: ‘ Primero: Se rechaza el medio de inadmisión presentado por la defensa relativo a la falta de calidad del querellante por falta de fundamento; Segundo: Declara a los ciudadanos S.H.T.B., dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0493330-4, domiciliado y Fecha: 1 de agosto de 2016

    residente en la autopista D., Km. 13, núm. 13, Alameda, municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, y J.Á.R.R., dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1201873-4, domiciliado y residente en la autopista D., Km. 13, núm. 13, Alameda, municipio Santo Domingo Oeste, provincia S.D., ambos en libertad, culpables de violar las disposiciones de los artículos 86, párrafo I y 166 numeral I, letra a, de la Ley 20-00, de Implementación del Dr-Cafta, en perjuicio de Productos Familia, S.A., por haberse presentado pruebas suficientes que comprometen su responsabilidad penal; en consecuencia, se condenan a cumplir la pena de seis (6) meses de prisión, así como al pago de las costas penales; Tercero: Suspende de manera total la sanción a los imputados J.Á.R.R. y S.H.T.B., de la siguiente manera: en virtud de lo que disponen los artículos 341 del Código Procesal Penal, bajo las siguientes condiciones: 1.- cesación de acto infractor; 2.- resarcimiento efectivo del actor civil de la suma indemnizatoria; 3.- presentación ante el Juez de la Ejecución de la Pena de esta provincia de Santo Domingo, para su revisión cumplimiento apartado; 4.- el no cumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas revoca la decisión y envía a los imputados al cumplimiento de la pena de manera total ante la cárcel que el tribunal considere de lugar; Cuarto: Declara buena y válida en cuanto a la forma la constitución en actor civil interpuesta por los querellantes Producto Familia, S.
    A., a través de sus abogados constituidos por haber sido hecha de conformidad con nuestra normativa procesal; en cuanto al fondo, condena a los imputados J.Á.R.R. y S.H.T.B., al pago de una indemnización por el monto de Ochocientos Mil Pesos (RD$800,000.00), como
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    justa reparación por los daños ocasionados. Condena a los imputados al pago de las costas civiles del proceso a favor y provecho de los abogados concluyentes, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; Quinto: Ordena la notificación de la presente sentencia ante el Juez de la Ejecución de la Pena de la provincia de Santo Domingo; Sexto: Convoca a las partes del proceso para el próximo jueves que contaremos a diecisiete (17) del mes de octubre del año dos mil trece (2013), a las 9:00 A.M., para dar lectura integral a la presente decisión. Vale citación para las partes presentes’; TERCERO: Modifica el ordinal cuarto de la sentencia recurrida; en consecuencia, declara buena y válida en cuanto a la forma la constitución en actor civil interpuesta por los querellantes Productos Familia, S.
    A., a través de sus abogados constituidos, por haber sido hecha de conformidad con nuestra normativa procesal; en cuanto al fondo, condena a la razón social Boé Dominicana, S.R.L., a los imputados J.Á.R.R. y S.H.T.B., al pago de una indemnización por el monto de Ochocientos Mil Pesos (RD$800,000.00), como justa reparación por los daños ocasionados y al pago de las costas civiles del proceso a favor y provecho de los abogados concluyentes quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad;
    CUARTO: Confirma la sentencia recurrida en sus demás aspectos, por no estar afectad de los vicios denunciados por la recurrente, ni violación de orden constitucional que la hagan anulable, ser justa y reposar sobre pruebas y base legal; QUINTO: Condena a los imputados, la razón social Boé Dominicana, S.R.L. y los señores S.H.T.B. y J.Á.R.R., por haber sucumbido recíprocamente en sus pretensiones y no existir razón para su exención, ordenando la distracción de las civiles a favor y Fecha: 1 de agosto de 2016

    provecho del abogado de la parte querellante, acusadora y actor civil, quien afirma haberlas avanzado; SEXTO: Se hace consignar el voto disidente del M.. V.M.L.; SÉPTIMO: Ordena a la secretaria de esta Corte la entrega de una copia íntegra de la presente sentencia a cada una de las partes que conforman el presente proceso”;

    Considerando, que los recurrentes, por intermedio de sus abogados,

    invocan en su recurso de casación lo siguiente:

    “Que la honorable Corte de la Provincia de Santo Domingo realizó dos (2) audiencias: Una en fecha 7-8-2014 suspendida por existir un recurso de apelación incidental de la parte civilmente constituida, del cual la parte de los condenado ni la persona moral Boé Dominicana, SRL, no tenía conocimiento, no le habían notificado previamente para referirse a su admisibilidad y la corte misma estableció que ya dicho recurso era admisible por el motivo de que habían dado su auto de admisibilidad sin haber sido dicho recurso notificado a los condenados ni realizado el debido proceso (acto sancionado por las leyes a pena de la nulidad como árbol envenado). Que en fecha 15-8-2014 se conoció la segunda audiencia del caso con el recurso de la contra parte admitido sin respecto al derecho defensa y el debido proceso, al cual no le se permitieron a los imputados ni siquiera su derecho de defensa en la forma que establece la ley, y pese de tres (3) días consecutivos buscando el acto del recurso de apelación incidental de la parte civil constituida, no se le quiso entregar al paralegal de la oficina con tal motivo tuvimos que tirarle copias al expediente completo nosotros mismo durante más de una mañana y casi la tarde entera por la dificultad de atención o servicio de la provincia de Fecha: 1 de agosto de 2016

    Santo Domingo que es centralizado por una secretaria general, para venir al otro día a buscarlo, recordando que la audiencia se compuso de jueces distintos en cada audiencia. Que el recurso de apelación fue contra la sentencia del primer grado núm. 393/2013, de fecha 9 de octubre de 2013, rendida por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, la cual fue recurrida por los imputados en su defensa ante la Honorable Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo, siendo asignado para el conocimiento del recurso de apelación en la primera audiencia de fecha 7-8-2014, los jueces siguiente: R.V.E., J.P., D.G.H., segundo sustituto del presidente y V.M.L., J.. Sin embargo en la segunda audiencia de fecha 15-09-2016, la Honorable Corte de Apelación de la Provincia Santo Domingo, había asignado para el conocimiento del recurso de apelación los siguientes: W.M.M., Juez presidenta, M.H.V., sustituto del presidente y V.M.L., J., quien estuvo en todas la audiencias y asignaciones de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo, para conocer este caso, dando un fallo incidental magistral y coherente. Que con relación a poner jueces distintos a conocer del recurso de apelación en cada audiencia, la ley sanciona y castiga esta acción como su inobservancia de poner otros a conocer de un asunto según la Ley 3726-1953, lo sanciona con la nulidad de la sentencia. Este hecho hace casable de oficio el recurso de casación. Ver art. 23 numeral 3 de la Ley de Casación. Todo sin perjuicio de los numerales 2 y 4 del referido artículo, ya que, la sentencia ni está motivada para sustentar el rechazo como el caso de la omisión sobre puntos del recurso de apelación, el cual solo el magistrado V.M.L. estuvo Fecha: 1 de agosto de 2016

    presente en todas las audiencias de la causa, como lo establece el artículo 23 numeral 3 de la Ley 3726-1953 sobre Casación. Esta situación antes descrita. Que al ser en pro de la justicia, de orden público las garantías y efectividad de la aplicación de las leyes, el Ministerio Público debe apelar en beneficio de estas normas, y que no sean violadas por nadie, sin privilegio como ejecutador de las leyes. Por lo que procede de oficio anular la sentencia y casar con envió más que estamos pidiéndole que sea casada con envío. Inobservancia de disposiciones de orden público y oficiosos del tribunal, ( falta de calidad, capacidad e interés como falta de poder para actuar en justicia, el plazo prefijado establecido en los Arts. 39 y 44 de la ley 834 del año 1978) y el Art. 143 y 418 del Código Procesal Penal; 2- Vicios legales y constitucionales, artículos 68, 69 y 74 de la Constitución y legales artículos 19, 24, 25, 172, 294.2 y 333 del Código Procesal Penal; 3-Violación a la formulación precisa de cargo. La oficialidad de haberse pedido la prescripción del recurso de producto familia y su inadmisibilidad más el respeto del debido proceso. En primer lugar, se presentó en calidad de víctima, la querellante Productos Familia, S. A, empresa de origen colombiano y presenta una querella contra Boé Dominicana, SRL, en fecha 7-6-2011, ante la fiscalía de Santo Domingo, confundiendo los persiguientes Productos Familia, S. A, a la fiscalía decirle que la querellada, Boé Dominicana, S.R.L., quien comercializa y compró a la marca Amiga, estaba violando los derechos de marca Nosotras, según dice que es de la empresa Productos Familia, derechos que nunca vimos ni estuvo presente, ni ninguno de los gerentes de dicha empresa ni representante que diera poder a otras personas para poder contratar abogados o estar presente como establecen las normas. Tampoco, Productos Familia, S. A, hizo su recurso de apelación Fecha: 1 de agosto de 2016

    cuando le fue notificada la sentencia del primer grado, toda vez que ellos tenían conocimiento de la sentencia desde el mes de febrero de 2014, ver solicitud de corrección de error material de la sentencia depositada por los querellantes en fecha 10-02-2014, ante el tribunal de primer grado, fecha en que estos tenían conocimiento integro de la sentencia recurrida en preferencia de los imputados, cual sentencia núm. 393/2013 fue evacuada en fecha 9-10-2013, por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la provincia de Santo Domingo, y aún en enero/2014 nos decían que no estaba lista. Que el plazo prefijado para interponer el recurso de apelación ya había pasado en perjuicio de Productos Familia, S. A, los 10 días hábiles para recurrir cuando se observa que Productos Familia había depositado una solicitud de corrección de error material. Por lo que su recurso nunca debió ser declarado admisible, en violación a las normas, leyes de la República Dominicana y garantías del imputado. Fue cuatro meses después de haber sido fallada la referida sentencia, cuando Productos Familia, S.A., ya tenía conocimiento y se le había sido notificado porque ninguna forma creíble hubiese sido solicitada una corrección material de error si el mismo no la hubiere tenido integra la sentencia que pretendía hacer corregir. Continua diciendo el recurrente, que ante la Corte de apelación, solicitó los mismos pedimentos de falta de calidad, de capacidad e interés, plazo prefijado cuando fuimos en fecha 7-8-2014, teniendo in voces de la Corte de Apelación que ya existía un auto de admisibilidad, que solo tomáramos por secretaría el conocimiento del asunto…. Violando derechos ilimitados que posee en procura de su defensa los imputados y garantías constituciones e internacionales reconocidas. Que los querellantes calificaron su acusación sin una formulación precisa de cargo, es decir, no establecieron si los querellados Fecha: 1 de agosto de 2016

    imitaron, falsearon etc., de forma dolosa o fraudulenta tal o cual producto, sino que solo se limitaron a calificar como una violación al artículo 86 párrafo I, sin detallar más y así lo dio como fallo el tribunal de primer grado y Art. 66 numeral 1 letra a, cuales hechos no pudieron ser probados ni detallados, siendo esto una violación a las normas internacionales de las garantías mínimas del imputado como en la Constitución de la República Dominicana, las violaciones a dicho artículo el querellante se refirió solo con el artículo sin un fundamento de hecho y derecho racional infalible. Estos Productos Familia, S. A, en la especie no lo han aclarado ni ha ocurrido ni ocurrirá por el hecho de que el objeto controvertido tienen colores distintos, números de chicas distintas, clores, contenidos que los distinguen uno de otro. (Amiga en su empaque usaba seis (6) chicas, con colores y contendidos de forma y fondo distinto y la certificación de que aún no se ha demostrado quien la usa y en que producto, nunca se ha enseñado como ni donde ha usado el registro en uso de una silueta de cuatro (4) chicas, dándole el hecho de que fuere usada, tal cual como fue expedida la certificación. Toda acusación debe estar basada sobre una formulación infalible, inequívoca y directa contra los perseguidos. Todo por el hecho de que el querellante o acusador debía precisar la co-relación de la premisa mayor y la premisa menor, bien detallada para poner al juzgador en la condición justa de decisión. Esta sentencia es casable con envió, anulable, por los motivos descritos y haberse demostrado que la misma no fue contestada en la Corte de Apelación, ni dado el derecho debido a los perseguidos, como de haberse conocido el proceso por jueces distintos en cada audiencia. En la especie no existe ninguna formulación ni fundamento detallado de los hechos, que describan que Boé Dominicana, SRL haya usado de manera dolosa, fraudulenta, Fecha: 1 de agosto de 2016

    emitido de forma fraudulenta o hecho copia servil de los Productos Familia, que se le pudiera ser sancionado a los querellados; tampoco se ha demostrado vinculo alguno para establecer una calidad específica, las calidades, no se presumen cuando son en representación de personas morales y mucho menos de una supuesta entidad internacional que no tiene domicilio en la República Dominicana, contra una entidad nacional con domicilio en la República Dominicana. La acción penal nunca tuvo individualizada, representada que pudiera decir y establecer cuál es la participación de cada uno de los querellados (demostrar los actos morales, personales, ilícitos legales y material etc., debido en una acusación, sus hechos agravantes o eximentes, pues los actos son sancionados por los artículos 118 y siguiente del Código Procesal Penal.- El tribunal de juicio (primera instancia y parcialmente la corte) incurrió en el vicio de la violación a la garantía de la formulación precisa de cargos y al derecho de defensa”, en relación a la violación de la ley por inobservancia y errónea aplicación de los artículos 6, 40.3, 69.4 y 73 de la Constitución; 6 y 7.7 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos Constitucionales , 19, 95.1, 294.2 del Código Procesal Penal y quebrantamiento u omisión de las formas sustanciales de los actos que ocasionan indefensión”, El indicado medio se sustentó en el hecho de que en el escrito de acusador no se estableció la acción, omisión o hecho en el cual supuestamente identificaría el hecho violado, o los hechos atribuidos a los imputados, cuales debieron ser detalladamente presentados en la acusación privada (ver odios 5, 6 y 7, página 2; y el oído 5 de la página 4 de la sentencia de primer grado), cuestión que se ha mantenido en las diferentes etapas del proceso seguido en contra de los imputados, por lo que al Fecha: 1 de agosto de 2016

    momento de conocerse la audiencia de juicio que dio al traste con la emisión de la sentencia condenatoria en contra de los señores S.H.T.B. y J.Á.R.R., el tribunal sustentó su pretensiones sobre algo que no fue establecido en la acusación in voce en el tribunal. Esto debido a la violación a la garantía de la formulación precisa de cargos, procediendo posteriormente a rechazar nuestra solicitud cual no se hizo presentar en ninguna de la sentencia ni en el defecto de la parte acusadora y parte civil para ordenar el abandono de la acusación y la falta de interés de la parte civil, pues los jueces del fondo pueden hacer llamar a las partes para tomar el último punto controvertido de forma directa como los testigos que fueron omitidos ciertos hechos que en el primer grado no se hicieron constar y el mismo debe recogerla de forma directa por ser la forma más poderosa de tomarla. Es claro entonces que al haber omitido la parte persecutora en su escrito de acusación la hora, el día y el mes en los cuales supuestamente ocurren los hechos, como describir detalladamente cual es la violación con la presentación fáctica de los hechos, ha violentado el principio de Supremacía Constitucional, consagrado en el artículo 6 del CRD, así como los artículos 40.2 y 69.4 del mismo texto, y los artículos 8.1 y 8.2.b de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el artículo 14.3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, por lo que y en atención a las supraindicadas normas procede en consecuencia la declaratoria de la nulidad de la acusación, sin posibilidad alguna de subsanación. Anular la sentencia recurrida, declarar la absolución de los imputado, la falta de pruebas del la parte civil o declarar el abandono de la acusación por los defectos de los persiguientes, no obstante haberse notificado a las instancias. Por otro lado, la no indicación de la hora, días y mes Fecha: 1 de agosto de 2016

    y en qué consistía el hecho violado de forma inequívoca en los cuales supuestamente ocurrieron los hechos constituyó además una violación al derecho de defensa de los señores S.H.T.B. y J.Á.R.R., toda vez que dicha omisión no le permitió poder presentar una defensa de coartada, conforme lo indica la resolución 3869-2006. La Corte a quo no establece “en torno a la sustentación del presente vicio de apelación, denunciado por el recurrente, es oportuno establecer que tal y como ha sido razonado por el tribunal a quo en la respuesta ofrecida a la defensa técnica ante la formulación del pedimento de nulidad de la acusación presentada contra la parte persiguiente, por no especificar la hora y fecha y en qué consistía la infracción de la ocurrencia del hecho de que se sindicaliza a los señores S.H.T.B. y J.Á.R.R., que resulta irracional esperar que un emblema a simple vista no muestra confusión ni es tal cual había sido patentizado por productos familia de cuatro (4) chicas, en vez de seis (6) chicas que usaba Boé Dominicana, SRL, en su producto amiga como información al público para quien era vendido dicho producto, pudiera en las circunstancias en que se materializó la violación que fue víctima más bien, Boé Dominicana, SRL que tuvo a doscientos (200) trabajadores parados por culpa de este impase como declaró por un lado el señor S.H.T.B. y por el otro lado el señor J.Á.R.R. (ver pág. 5 de la sentencia 393/2013), siendo evidente además que la exposición circunstanciada de los hechos presentada por el órgano acusador, no permiten verificar con claridad el ilícito de que se le alega, su materialización, ni existen en la acusación presentada bajo un debido proceso de ley. Como esta Suprema Corte puede apreciar, la Corte a-quo incurre en el mismo error que el tribunal colegiado, toda vez que Fecha: 1 de agosto de 2016

    inobserva lo que es la naturaleza oficiosa de las garantías mínima de los perseguidos, el debido proceso, las normas que están a cargo del tribunal entre ellas la comparecencia de todas las partes, de la garantía de la formulación precisa de cargos, que constituye una de las garantías mínima del debido proceso y es cosustancial al derecho de defensa. En ese sentido al ser una garantía, tal y como lo reconoce la resolución 1920-2003, un principio rector establecido en el (art. 294.2), no existe justificación alguna para suprimir la misma ya que esto limita, como al efecto ocurrió, el derecho de defensa de los señores S.H.T.B. y J.Á.R.R.. Con su decisión, la Corte no da respuesta al medio planteado por el recurrente en relación lo que es la falta de indicación de la hora, día mes y año, condición, hecho de la supuesta acusación para sostener la formulación precisa de cargo, los hechos no es susceptible de ser subsanada bajo ningún concepto de infracción constitucional y al principio de inconvalidabilidad, lo cual fue inobservado por el tribunal con su accionar.- Violación de la ley por inobservancia y errónea aplicación de los artículos 40, 14,
    69.3 y 74.4 de la Constitución, 17, 25, 172 y 333 del Código Procesal Penal fundada en faltas procesales, contradicciones, omisiones e ilogicidad en la motivación de la sentencia. El fundamento del indicado medio se sustenta en el hecho de que los argumentos utilizados por el tribunal de primer grado y mal observado por la Corte de Apelación, para acoger las condenaciones de la sentencia como la segunda para rechazar el recurso de apelación, se sustentó en las declaraciones ofrecidas por el mismo imputado , es decir que la acusación se vuelcan no en el sistema adversarial ni en la prueba sino en la confesión bajo una mala interpretación a la sana crítica, en consecuencia, como los medios de pruebas de la acusadora son vagos e
    Fecha: 1 de agosto de 2016

    imprecisos, toda vez que no explican en que consistió la claridad, la precisión y la coherencia de dichos testimonios, constituyendo esto en una formula genérica que en modo alguno sustituye la obligación del tribunal de respaldar la conclusión a la cual arribó al acoger dicho testimonio como verdaderos, y sobre la base de ello condenar a los imputados y una entidad comercial. Todo sin haberse demostrado en un contradictorio en caso de acuerdo a las normas el informe pericial de que hubiere sido admitido cual no se introdujo de acuerdo a las normas, de que la violaciones morales y materiales del ilícito que alegaban existían al compararlo con la prueba que depositaron los acusadores, cuales nunca llevaron ninguno de los productos que alegaran que estaban usando el alegado signo distintivo y fuere confundible con los productos de los condenados. Otro orden de idea, al referirse a las conclusiones presentadas por el abogado de la defensa relativa a la contradicción en que incurrió al momento de ser presentada la experticia del perito bien rebatida, el tribunal asume como cierta que existen contradicciones entre lo narrado de una forma sutil cuando dijo el tribunal del primer grado, la defensa realizó su objeción de lugar, y de tantas que fueron sigue diciendo, cuales fueron debidamente falladas. Ver página 18 considerando II de la sentencia de primer grado, hecho que no contradice la Corte de Apelación y en definitiva realiza una contradicción en las dos (2) sentencia en sí. El tribunal no plasma en su sentencia cuales fueron esas contradicciones, no permitiéndole a sí a la Corte de apelación ni a esta Suprema Corte de Justicia que pueda verificar si las mismas son ciertas e insignificantes como arguye la sentencia del primer grado secundada por la Corte de Apelación, por el contrario, si las mismas afectan considerablemente la credibilidad de la sentencia recurrida y tal y como sostiene esta Fecha: 1 de agosto de 2016

    defensa. Dicha situación torna la motivación de la decisión recurrida en insuficiente en si misma, dejando una duda razonable a favor de los imputados, una contradicción manifiestamente fundada en la sentencia recurrida como una ilogicidad racional y fundada en insuficiencia clara y demostrada. Esto deja méritos suficientes de declarar la sentencia recurrida con lugar y ser casada, enviando la misma por ante un tribunal de juicio del primer grado que establezca esta Suprema Corte enviar. Todo por las omisiones u oscuridades de la sentencia al sustentarse en puntos inobservables, contradictorias en sí misma. Un aspecto que el tribunal tampoco ponderó al momento de tomar su decisión fue el hecho de que los supuestos hechos ocurrieron en una fecha indeterminada de 2011 y por consiguientes se configura la violación denunciada relativa a la errónea valoración de los elementos de prueba y con ello la errónea aplicación del artículo 172 del Código Procesal Penal, esto así debido a que existen notables contradicciones, las cuales no fueron advertida por el tribunal al valorar de manera conjunta los indicados medios de prueba, por lo que no realizó una sana crítica ni usó las reglas de la lógica. Falta de motivación de la sentencia, uso genérico para sustentar una sentencia carente de fundamento que establezcan la improcedencia del recurso de apelación en sí. Violación al artículo 8.1 de la Convención Americana y el artículo 24, 25, 26 y 172, del Código Procesal Penal, como el artículo 19 de la resolución 3869-2006. Como esta Corte de Casación podrá observar, al referirse al medio recursivo de la sentencia, en el cual reclamo de los recurrentes giraban en torno a lo que fue la incorrecta valoración conjunta y armónica de los elementos de pruebas por parte del tribunal de juicio, sobre todo por la incorrecta derivación de los hechos fijados como probados, Fecha: 1 de agosto de 2016

    la corte a quo no aporta ningún razonamiento lógico que permita comprender porque razón ellos determinaron que el tribunal de juicio no incurrió en el vicio denunciado, sino que se recurre el uso de una formula genérica que nada sustituye su deber de motivar y responder todos y cada uno de los medios planteados en el recurso de apelación. En su accionar la corte a quo deja sin respuesta los aspectos esenciales del medio recursivo bajo análisis, que iban dirigido esencialmente a lo que fue la contradicción en la declaración ofrecida por la presunta víctima y en las pruebas como en la técnica misma de someterla e incorporarlas al proceso, lo cual no le permite a los recurrentes saber si hubo o no una correcta derivación de los hechos, de las pruebas aportadas, por parte del tribunal de juicio y una real defensa de los intereses de estos por el abogado actuante, y sobre todo si se ha cumplido con las exigencias necesarias para sustentar una sentencia de seis (6) meses de prisión, suspendibles totalmente si paga la indemnización y una indemnización de Ochocientos Mil Pesos (RD$800,000.00). Estas inquietudes, que no fueron respondidas por los jueces del tribunal de primer grado, aún subsisten porque tampoco fueron respondidas por los jueces que integran la Sala Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo, con la agravante de que estos estaban obligados a dar respuestas a las indicadas inquietudes desarrolladas en cada uno de los medios del recurso de referencia, por ser este el ámbito de apoderamiento del presente caso, para darle a saber a los imputados si sus intereses estaban bien o mal representados, porque los procesos no son de los abogados sino de las partes. En el caso de la especie la corte al igual que el tribunal de juicio incumplió con la función jurisdiccional de los tribunales de la valoración de la prueba, por lo que entendemos que era Fecha: 1 de agosto de 2016

    obligación de la Corte a-qua dar respuesta de manera precisa y detallada a cada uno de los aspectos señalados por el hoy recurrente en los medios de impugnación propuestos, no solo en el escrito recursivo, por lo que al no hacerlo su decisión es manifiestamente infundada por haber inobservado el tribunal lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Convención Americana y al artículo 24 del Código Procesal Penal, incurriendo así en falta de motivación de la sentencia, la cual violenta el derecho de defensa del procesado, así como su derecho a ser juzgado con estricto apego a todas las garantía que conforman el debido proceso de ley.- Pruebas obtenidas ilegalmente y/o no válidas (417.2 y 3) contradicción en las pruebas como su ponderación de carácter de prueba ilegalmente obtenida y mal valoradas en su conjunto, no credibilidad, objetividad y desconocimientos de las mismas. Que en su sentencia el tribunal a-quo declaró la existencia de testigos inexistentes en el proceso, con el cual corroboró las pruebas según ellos, pero lo más importante, es la ausencia total de credibilidad que la misma ofrece con esta afirmación en la cual narró la sentencia de la corte hechos incurridos en primer grado. De ahí resulta, la no credibilidad de la sentencia, la falta de objetividad, desconocimiento del caso, la falta de fundamentos, motivos para condenar a nuestros representados con un análisis tan genérico e infructuoso. Otros aspectos importantes que debió tomar en cuenta el tribunal de fondo y no lo hizo, como tampoco lo hizo la Corte de Apelación apoderada del recurso, fue el hecho de que el Ministerio Público ni acreditó sus documentos procesales ni los corroboró, en su supuesto fáctico se habla de silueta usada de casi forma total por más de una persona, no probándose la participación del mismo más allá de toda duda razonable, con los elementos valorados, perfectamente la corte debió dictar una sentencia diferente, Fecha: 1 de agosto de 2016

    específicamente la absolutoria o en el peor de los casos ordenar un nuevo juicio. De esto salimos de la Corte de Apelación con una sentencia divorciada en si misma por un voto disidente que nos da la razón de nuestras pretensiones, cuyo juez estuvo en todos los actos procesales del recurso, y por el otro lado una decisión genérica infundada y llena de vicios, que ratifica la sentencia del primer grado sin motivaciones y fundamentos que sean sustentado en bases legales”;

    Los jueces después de haber analizado la decisión impugnada, los medios planteados por los recurrentes y sus diferentes tópicos:

    Considerando, que es constante jurisprudencia de esta Segunda Sala de la

    Suprema Corte de Justicia establecer que para que el recurso de Casación cumpla

    voto de la ley, no basta la simple enunciación de los textos legales y de los

    principios jurídicos cuya violación se alega; es indispensable, que el recurrente

    desenvuelva, aunque sea de manera concisa, en el memorial introductivo del

    recurso, los medios en que se fundamenta y que explique claramente en qué

    consisten las violaciones de la ley y de los principios jurídicos invocados; que en

    presente caso, el recurso ha sido desarrollado por los recurrentes, por

    intermedio de sus abogados de forma extremadamente extensa, redundante,

    incongruente, confusa, que dificulta verificar si la sentencia impugnada adolece

    no de los vicios y violaciones impugnadas, al no explicar en forma precisa y

    concluyente en que consisten tales insuficiencias en las motivaciones, ni el

    carácter equívoco de éstas, limitándose a enunciar violaciones legales de índole Fecha: 1 de agosto de 2016

    constitucional y procesal de forma incompleta y defectuosa, sin establecer

    nculación de esos medios probatorios con la causa y objeto de la litis en

    cuestión, que en la forma que los recurrentes han desarrollado su recurso, no

    pueden en modo alguno invocarle falta al tribunal de que sus pretensiones no

    sean atendidas o contestadas como procuraban;

    C., que también ha sido constante jurisprudencia de esta sala

    los motivos que no fueron esgrimidos ante la Corte a-qua no pueden ser

    propuestos por primera vez en casación;

    Considerando, que en cuanto al preámbulo, solicitado por el recurrente

    sea admitido como un medio, “en el cual establecen que no tenían conocimiento

    recurso de apelación interpuesto por la parte civil, y que el mismo constituye una

    violación al derecho de defensa, aspecto que también alegan primer medio de su recurso,

    lo que valga la siguiente ponderación para el mismo; alegan además que existe una

    violación a las disposiciones de la ley de casación en razón de que el tribunal se compuso

    dos audiencias por jueces distintos, en violación a las disposiciones del artículo 23

    numeral 3 de la Ley de Casación”;

    Considerando, que en relación a que no tenía conocimiento del recurso de

    apelación de los querellante y actor civil, conforme la normativa procesal penal,

    falta notificación del escrito de apelación a la contraparte no está previsto a Fecha: 1 de agosto de 2016

    pena de nulidad, sin embargo la Corte a-qua ante la observación de la defensa,

    pospuso la audiencia a los fines de que ésta tome conocimiento del recurso, haga

    reparo y presente pruebas sí así lo entendía, por lo que no ha lugar a la

    violación al derecho de defensa;

    Considerando, que con respecto a la composición del tribunal, esta

    Segunda Sala de la Suprema ha podido observar que la corte a-qua para el

    conocimiento de los recursos apoderados, fijó tres audiencias, la primera se

    aplazó a los fines descritos en el considerando anterior, en la segunda se conoció

    el fondo de los recursos y en la tercera se le dio lectura íntegra a la sentencia, que

    ciertamente en las dos primera audiencias el tribunal no estuvo compuesto por

    los mismos jueces, ni debía de estarlo necesariamente, en razón de que la medida

    dispuesta en la primera audiencia no ataba a los jueces que integraron la Corte,

    ni tampoco el proceso fue instruido, lo que si lo obligaría o demandaba que para

    próxima audiencia el tribunal estuviera constituido por los mismos jueces, a

    de preservar el principio de inmediación; sin embargo, para la tercera

    audiencia, en la cual se le dio lectura íntegra a la sentencia, la Corte estuvo

    compuesta por los mismos magistrados que conocieron el fondo, por lo que no

    lugar a violación al artículo 23 numeral 3 de la Ley de Casación, ya que el

    tribunal estuvo compuesto por el número de jueces que demanda la Ley de

    Organización Judicial en su artículo 34, para funcionar válidamente; Fecha: 1 de agosto de 2016

    Considerando, que en cuanto a los puntos invocados en el primer medio

    titulado como “inobservancia de disposiciones de orden público y oficiosos del tribunal,

    (falta de calidad, capacidad e interés como falta de poder para actuar en justicia, el plazo

    prefijado establecido en los art. 39 y 44 de la Ley 834 del año 1978) y el art. 143 y 418 del

    Código Procesal Penal; 2-Vicios legales y constitucionales, artículos 68, 69 y 74 de la

    Constitución y legales artículos 19, 24, 25, 172, 294.2 y 333 del Código Procesal Penal,

    3-Violación a la formulación precisa de cargo. La oficialidad de haberse pedido la

    prescripción del recurso de Producto Familia, S.A., y su inadmisibilidad más el respeto

    debido proceso. -Plantea el recurrente que la parte querellante Productos Familia, S.

    A, se querella contra Boé Dominicana, pretendiendo confundir a la fiscalía, ya que dicha

    empresa nunca fue representada por ninguno de sus gerentes, ni consta que dicha

    empresa ni sus representantes dieran poder para contratar abogado ni estar presente

    como establece la ley”;

    Considerando, que del análisis de la sentencia impugnada se vislumbra

    los recurrentes invocaron ante la Corte a-qua los siguientes medios: “1-

    Violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica, falta de

    valoración de las pruebas por vía de consecuencia violación al artículo 172 del código

    procesal penal y fallo contradictorio con la Suprema Corte de Justicia; 2- Violación al

    artículo 205 del Código Procesal Penal, respecto a la calidad habilitante del perito; 3-

    Violación al artículo 220 del Código Procesal Penal y por vía de consecuencia, violación Fecha: 1 de agosto de 2016

    debido proceso (art. 69 de la constitución); 4- Violación al artículo 24 del Código

    Procesal Penal y vicios respecto a la indemnización y su razonabilidad”. Que el citado

    argumento no fue planteado por los recurrentes en su escrito de apelación, por lo

    que procede su rechazo al ser planteado por primera vez en casación;

    Considerando, que también los recurrentes atacan la admisibilidad del

    recurso de apelación interpuesto por Productos Familia, S.A., “alegando que no

    fue presentado cuando le fue notificada la sentencia de primer grado, por lo que el mismo

    debió ser declarado inadmisible, en razón de que tenía conocimiento de la misma desde el

    de febrero del año 2014. Siendo dicho planteamiento formulado ante la Corte,

    estableciendo los recurrente en tal sentido la falta de calidad de los querellantes y

    violación al derecho de defensa en razón de que dicho recurso no le fue notificado a los

    imputados para su conocimiento y réplica”; aspecto que fue analizado y contestado

    en otra parte de la presente sentencia;

    Considerando, en cuanto a la admisibilidad del recurso, cabe destacar que

    mismo no constituye un medio de casación, en razón de que no ataca la

    sentencia de la Corte sino una resolución administrativa dictada por ésta, siendo

    misma una etapa precluida del proceso, por lo que en su momento, los

    recurrentes debieron impugnarla mediante el recurso de oposición a los fines de

    el tribunal que la dictó observara las supuestas irregularidades y de ser

    ciertas se retractara de lo fallado; Fecha: 1 de agosto de 2016

    Considerando, que otro punto que alegan los recurrentes bajo el epígrafe

    que el tribunal de juicio (primera instancia y parcialmente la Corte) incurrieron en el

    vicio de violación a la garantía de la formulación precisa de cargos y al derecho de

    defensa, en violación de la ley por inobservancia y errónea aplicación de los artículos 6,

    40.3, 69.4 y 73 de la Constitución, 6 y 7.7 de la Ley Orgánica del Tribunal

    Constitucional y de los procedimientos Constitucionales, 19, 95.1, 294.2 del Código

    Procesal Penal y quebrantamiento u omisión de las formas sustanciales de los actos que

    ocasionan indefensión, basados en que los querellantes calificaron la acusación sin una

    formulación precisa de cargo, no establecen la falta de los imputados, que el tribunal

    sustentó su pretensiones sobre algo que no fue establecido en la acusación in voce en el

    tribunal, que la acusación no especifica el día, la hora ni el mes en que supuestamente

    ocurrieron los hechos, impidiendo dicha omisión presentar coartada como lo indica la

    resolución 3869-2006, por lo que procede la nulidad de la acusación, y por esta razón la

    sentencia es casable con envío, por haberse demostrado que la misma no fue contestada en

    la Corte de apelación, falta que alega el recurrente en diferentes puntos de su recurso;

    Considerando, que el aspecto invocado es rechazable por varios motivos,

    primero en razón de que no se refiere omisiones o violaciones de la sentencia

    impugnada, segundo; que el mismo no fue planteado en el recurso de apelación

    interpuestos por los hoy recurrentes, y tercero; porque dicho pedimento esta

    dirijo a impugnar la acusación, y no fue planteado en ninguna de las etapas del Fecha: 1 de agosto de 2016

    proceso, por lo que mal podrían presentarlo por primera vez en casación;

    Considerando, que alegan también los recurrentes, “violación de la ley por

    inobservancia y errónea aplicación de los artículos 40, 14, 69.3 y 74.4 de la Constitución,

    25, 172 y 333 del Código Procesal Penal fundada en faltas procesales,

    contradicciones, omisiones e ilogicidad en la motivación de la sentencia, alegando que la

    sentencia de primer grado para condenar a los imputados y la corte para rechazar el

    recurso de apelación se sustentó en las declaraciones ofrecidas por los imputados, que ante

    ese proceder la acusación se vuelca no en el sistema adversarial ni en las pruebas, sino en

    confesión y bajo una mala interpretación a la sana crítica, así como que el informe

    pericial fue introducido de inobservado las normas”;

    Considerando, que cabe destacar que el referido medio tampoco fue

    planteado por los recurrentes en su escrito de apelación, por lo que mal podría el

    tribunal de segundo grado avocarse a estatuir sobre aspectos no le fueron

    invocados y menos es esta Segunda Sala de la Suprema; no obstante somos del

    criterio que siempre que a los imputados les sean advertidos y leídos sus

    derechos, las declaraciones sean dadas de forma voluntaria sin coacción alguna

    con la asistencia de de un defensor las mismas son validas y pueden ser

    utilizadas para los fines procesales; que en lo que respecta al informe pericial,

    recurrentes impugnaron ante la Corte a-qua, la calidad habilitante del perito

    que su informe se introdujo violentando las normas, siendo rechazado por la Fecha: 1 de agosto de 2016

    Corte a-qua, por carecer de fundamento el aspecto invocado, y entendemos que

    recurrente no sustentó en su momento procesal las supuestas irregularidades

    que alega, conforme lo establece el artículo 305 del Código Procesal Penal;

    Considerando, que alega el recurrente “falta de motivación de la sentencia, el

    genérico para sustentar una sentencia carente de fundamento que establezca la

    improcedencia del recurso de apelación en sí, violación al artículo 8.1 de la Convención

    Americana y el artículos 24, 25, 26 y 172, del Código Procesal Penal, como el artículo 19

    la resolución 3869-2006; fundamentado en la incorrecta valoración conjunta y

    armónica de los medios de prueba por ante el tribunal de juicio y por la incorrecta

    derivación de los hechos fijados como probados, que la corte no aporta ningún

    razonamiento lógico que permita comprender porque el tribunal de juicio no incurrió en

    vicio denunciado, sino que recurre a formula genérica que en nada sustituye su deber

    motivar y responder todos y cada uno de los medios planteados en el recurso de

    apelación, dejando a los recurrentes sin respuesta en si se cumplió con las exigencias

    necesarias para sustentar una sentencia de 6 meses de prisión suspendibles totalmente, y

    al pago de una indemnización de RD$ 800,000.00 Pesos”;

    Considerando, que en cuanto a los aspectos invocados la Corte a-qua

    estableció lo siguiente:

    “Que en lo que respecta al primer motivo de apelación invocado por la recurrente, esta Corte pudo comprobar, por la lectura de Fecha: 1 de agosto de 2016

    la sentencia recurrida, que el tribunal a-quo describe como medios de pruebas examinados en juicio: Prueba documentales del actor civil: 1. Certificación de signo distintivo, de fecha 20/04/2011, emitida por el Ministerio de Industria y Comercio, (copia); 2. Acto número 164-2001, de fecha 23/03/2011, (original); 3. Certificación de Registro Mercantil, marcado con el número 36026SD, a nombre de Boé Dominicana (copia); 4. Acta de allanamiento de fecha 21/11/2011, a nombre del imputado S.H.T.B. (copia); 5. Una tarjeta de presentación, a nombre de Á.R.P.H.; 7. Factura marcada con el número 003676, de fecha 01/06/2012; 8. Informe pericial, de fecha 15/09/2011; 9. Varias impresiones a color. Documento procesal del actor civil: 1. Querella, de fecha 07/06/2012; 2. Orden de Allanamiento y autorización judicial, de fecha 11/11/2011; 3. Examen de confundibilidad de marcas. Evidencia Física del actor civil: 1. Un paquete caja de toalla sanitaria, marca Amiga; 2. Una Caja de toalla sanitaria, marca Amiga. Pruebas documentales de la defensa. Varias impresiones a color de toallas sanitaria. Sin que la barra de la defensa objetara la prueba presentada en copia, y las mismas no fueron cuestionadas en juicio y los hechos en ella establecidas constituyen hechos no controvertidos por las partes, al proceder a su valoración el tribunal a-quo interpretó y aplicó correctamente las disposiciones del artículo 172 del Código Procesal Penal. Sigue estableciendo la Corte a-qua. Que el artículo 24 del Código Procesal Penal, expresa: “Motivación de las decisiones. Los jueces están obligados a motivar en hecho y derecho sus decisiones, mediante una clara y precisa indicación de la fundamentación. La simple relación de los documentos del procedimiento o la mención de los requerimientos de las partes o de fórmulas genéricas no reemplaza en ningún caso a la Fecha: 1 de agosto de 2016

    motivación. El incumplimiento de esta garantía es motivo de impugnación de la decisión, conforme lo previsto en este código, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar”. Que contrario a lo expresado por el recurrente, la sentencia recurrida establece en su página 28 que los hechos cometidos por los imputados Boé Dominicana, S.R.L, J.Á.R.R. y S.H.T.B., causaron daños materiales a los demandantes en responsabilidad, indicando que la evaluación de los daños está abandonada a la soberanía de los jueces teniendo como límites la proporcionalidad de las sumas indemnizatorias con los daños sufridos, según consta en la página 29 de la sentencia impugnada, por lo que procede rechazar el motivo de apelación examinado. Establece además la Corte: Que el artículo 333 del Código Procesal Penal, manifiesta: “Normas para la deliberación y la votación . Los jueces que conforman el tribunal aprecian, de un modo integral cada uno de los elementos de prueba producidos en el juicio, conforme las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, de modo que las conclusiones a que lleguen sean el fruto racional de las pruebas en las que se apoyan y sus fundamentos sean de fácil comprensión. Las decisiones se adoptan por mayoría de votos. Los jueces pueden fundar separadamente sus conclusiones o en forma conjunta cuando existe acuerdo pleno. Los votos disidentes o salvados deben fundamentarse y hacerse constar en la decisión”. Que el tribunal a quo reconstruyó los hechos y determinó que los mismos constituyen los ilícitos puestos a cargo de los imputados, que de igual manera el tribunal expresa en su sentencia que pudo comprobar la participación de los coimputados en la calidad de autores de los hechos fuera de toda duda razonable, por lo que al deliberar, proceder a la votación y concluir que en el caso concreto Fecha: 1 de agosto de 2016

    procedía, en base a la prueba examinada, dictar sentencia condenatoria, actuó de conformidad con la ley”;

    Considerando que por lo precedentemente descrito y contrario a lo argüido

    los recurrentes esta alzada no vislumbra violación alguna a la ley, toda vez

    la corte a-qua expone motivos suficiente para rechazar el medio argüido y

    confirmar la sentencia impugnada;

    Considerando, que por último alega el recurrente que “las pruebas fueron

    obtenidas ilegalmente y/o no válidas (417.2 y 3), contradicción en las pruebas como su

    ponderación de carácter de prueba ilegalmente obtenida y mal valoradas en su conjunto,

    credibilidad, objetividad y desconocimientos de las mismas, sustentado que tanto el

    tribunal de fondo como la Corte debieron tomar en cuenta el hecho de el Ministerio

    Público ni acreditó sus documentos procesales ni los corroboró en su supuesto fáctico de

    las siluetas usadas por más de una persona, lo cual no fue probado mas allá de toda duda

    razonable”. Que a prima facies procede rechazar el presente argumento, en razón

    que según se aprecia en los hechos descritos precedentemente, en la fase

    inicial del proceso, los querellantes solicitaron la conversión de la acción pública

    en acción privada, la cual fue acogida por el Ministerio Publico, por lo que carece

    asidero jurídico que los recurrentes reclamen en casación el incumplimiento

    aspectos procesales a un sujeto procesal que dejo de ser parte activa en el

    presente proceso; Fecha: 1 de agosto de 2016

    Considerando, que al no encontrarse los vicios invocados, procede

    rechazar el recurso de casación interpuesto, de conformidad con las

    disposiciones del artículo 427.1 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley

    núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015;

    Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispone:

    “Imposición. Toda decisión que pone fin a la persecución penal, la archive, o resuelva

    alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. Las costas son

    impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente para eximirla

    total o parcialmente”; por lo que procede condenar a los recurrente al pago de las

    costas del procedimiento, dado que ha sucumbido en sus pretensiones,

    distrayendo las mismas a favor y provecho del Dr. P.T.L. y los

    Licdos. J.L.S. y A.R.H., quienes afirma

    estarlas avanzando en su mayor parte.

    Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

    FALLA:

    Primero: Admite como interviniente a Productos Familia,
    S. A, en el recurso de casación interpuesto por S.H.T.B., J.Á.R.R. y Boé Dominicana, S.R.L., contra la sentencia núm. 480-2014, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 30 de septiembre de 2014, cuyo dispositivo fue copiado Fecha: 1 de agosto de 2016

    en parte anterior del presente fallo;

    Segundo: Rechaza el recurso referido casación, consecuentemente, confirma la decisión recurrida, por los motivos expuestos;

    Tercero: Condena a los recurrentes al pago de las costas del procedimiento, distrayendo las mismas en favor y provecho del Dr. P.T.L. y los Licdos. J.L.S. y A.R.H., quienes afirman estarlas avanzando en su mayor parte;

    Cuarto: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al Juez de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santo Domingo.

    (FIRMADOS).- M.C.G.B..- E.E.A.C..- A.A.M.S..- F.E.S.S..-

    La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en

    encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados,

    y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

    YZ/MHL/iuq/Are.- Mercedes A. Minervino A. Secretaria General Interina