Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 8 de Agosto de 2016.

Fecha de Resolución: 8 de Agosto de 2016
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

de J.M. y A.A.R.N.F.: 8 de agosto de 2016

Sentencia núm. 851

MERCEDES A. MINERVINO A., SECRETARIA GENERAL INTERINA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, CERTIFICA. QUE EN LOS ARCHIVOS A SU CARGO EXISTE UN EXPEDIENTE QUE CONTIENE UNA SENTENCIA DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2016, QUE DICE:

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces M.C.G.B., P.; E.E.A.C., A.A.M.S. y F.E.S.S., asistidos de la secretaria de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 8 de agosto de 2016, años 173° de la Independencia y 153° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por los Procuradores Generales de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La de J.M. y A.A.R.N.F.: 8 de agosto de 2016

Vega, L.. M. de J.S.M. y A.A.R.N., dominicanos, mayores de edad, portadores de la cédula de identidad y electoral núms. 047-0019572-2 y 001-0085648-3, respectivamente, casados, abogados, domiciliados y residentes en la ciudad de La Vega, en calidad de procuradores, contra la sentencia núm. 028, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 29 de enero de 2015, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen de la Magistrada Procuradora General Adjunta de la República, L.. I.H. de V.;

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por los Procuradores Generales de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, L.. M. de J.S.M. y A.A.R.N., depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 25 de febrero de 2015, mediante el cual interponen dicho recurso de casación; de J.M. y A.A.R.N.F.: 8 de agosto de 2016

Visto la resolución núm. 3875-2015, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 13 de octubre de 2015, la cual declaró admisible el referido recurso de casación, y fijó audiencia para conocerlo el 14 de diciembre de 2015;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, vistos la Constitución Dominicana, los artículos 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, de fecha 10 de febrero de 2015; la Ley núm. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes: de J.M. y A.A.R.N.F.: 8 de agosto de 2016

  1. que la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de M.N. presentó el 23 de septiembre de 2014, formal acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de M.Á.B.A., imputándolo de violar los artículos 4-b, 5-a, 28 y 75 párrafo II, de la Ley núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, en perjuicio del Estado Dominicano;

  2. que para la instrucción preliminar fue apoderado el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de M.N., el cual dictó la resolución núm. 00468-2014, el 10 de octubre de 2014, cuyo dispositivo expresa lo siguiente:

    PRIMERO: Descarta, la acusación fiscal con relación al nombrado M.Á.B.A., acusado de violar los artículos 4-d, 6-a, 75-II de la Ley 50-88, en perjuicio de Estado Dominicano, dictando a su favor el auto de no ha lugar, ordenando su inmediata puesta en libertad y el cese de la persecución penal, desde esta misma sala de audiencias; en merito a que: la acusación establece que el imputado M.Á.B.A. fue arrestado en Maimón, mientras que las actas de arresto flagrante y registro de personas de fecha 17-7-2014 establecen que fue en la ciudad de Bonao; el imputado ha negado los hechos puestos en su contra; el certificado químico forense del INACIF marcado con el núm. SC2-2014-7-28-006449 de de J.M. y A.A.R.N.F.: 8 de agosto de 2016

    fecha 31-7-2014, establece que la sustancia llego envuelta en un pedazo de funda plástica y las que se envío fue una funda de papel; el Certificado de Análisis Químico Forense marcado con el núm. SC2-2014-07-28-006449 de fecha 31-7-2014, debe ser excluido como medio probatorio; con relación al imputado M.Á.B.A. se violentó lo que dispone el artículo 69.10 del debido proceso de ley y la norma procesal; “ las normas del debido proceso se aplicaran a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”; SEGUNDO: Dejamos sin efecto la medida de coerción que existe en contra de M.Á.B.A., ordenado el cese de la persecución penal y la libertad inmediata; TERCERO: Dejamos sin efecto la medida de coerción que existe en contra de M.Á.B.A., ordenando el cese de la persecución penal y la libertad inmediata; TERCERO: Esta resolución sea ejecutoria, no obstante cualquier recurso que se interponga contra la misma, contando el imputado y el Ministerio Público, con un plazo de cinco (5) días para apelar”;

  3. que dicha decisión fue recurrida en apelación por el Ministerio Público, siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, la cual dictó la sentencia núm. 028, objeto del presente recurso de casación, el 29 de enero de 2015, cuyo dispositivo expresa lo siguiente: de J.M. y A.A.R.N.F.: 8 de agosto de 2016

    PRIMERO: Desestima el recurso de apelación por el Licdo. R.F.M.P., Procurador Fiscal del Distrito Judicial de M.N., en contra del auto de no ha lugar núm. 468/2014, dictada en fecha diez (10) del mes de octubre del año dos mil catorce (2014), por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de M.N., por las razones precedentemente expuestas y en consecuencia confirma la citada decisión; SEGUNDO: La lectura en audiencia pública de la presente decisión de manera íntegra, vale notificaciones para todas las partes que quedaron convocadas para este acto procesal, y copia de la misma se encuentra a disposición para su entrega inmediata en la secretaría de esta Corte de Apelación, todo de conformidad con las disposiciones del artículo 335 del Código Procesal Penal”;

    Considerando, que el Ministerio Público recurrente planteó los siguientes medios de casación:

    Primer Medio: Sentencia manifiestamente infundada,
    por errónea aplicación del artículo 212 del Código
    Procesal Penal dominicano, que norman los dictámenes periciales;
    Segundo Medio: Cuando la sentencia de la
    Corte de Apelación sea contradictoria con un fallo anterior
    de ese mismo tribunal o de la Suprema Corte de Justicia

    ; Considerando, que el Ministerio Público invoca en su primer medio, en síntesis, lo siguiente: de J.M. y A.A.R.N.F.: 8 de agosto de 2016

    Que la sentencia impugnada considera que hubo una vulneración del plazo en virtud de que este fue emitido a los 14 días después del levantamiento del acta de registro, por lo que consideramos que hubo una mala aplicación del artículo 212 del Código Procesal Penal, el cual no establece plazo alguno para que el Ministerio Público presente cualquier dictamen pericial, en el caso de la especie el Ministerio Público tenía plazo de tres meses otorgado por el tribunal de atención permanente que conoció como medida de coerción al imputado, por lo que el Ministerio Público del Distrito Judicial de M.N. estaba dentro del plazo razonable establecido por el tribunal y la ley para presentar los actos conclusivos en proceso preparatorio para la audiencia preliminar, no existiendo ninguna vulneración a los derechos del imputado y ni al debido proceso de ley establecido en la Constitución Dominicana; que en torno a la cadena de custodia, es una práctica del Ministerio Público y de la DNCD y los órganos de investigación criminal para preservar la cadena de custodia enviar al INACIF en una funda plástica, lo cual es denominado el embalaje de la supuesta droga para analizar, por lo que la Corte a-qua incurrió en una desnaturalización de los hechos

    ; mientras que en su segundo medio, planteó lo siguiente: “La Corte a-qua al fallar en su sentencia núm. 576, de fecha 18 de diciembre de 2014, sobre el no ha lugar del Juez de la Instrucción del Distrito Judicial de M.N., la Corte estimó que no se violó el plazo razonable para el análisis de la sustancia ocupada porque fue enviada dentro de un plazo de 8 días, por lo que no de J.M. y A.A.R.N.F.: 8 de agosto de 2016

    hubo dilación indebida y aquí acogió el recurso de apelación del Ministerio Público y dictó auto de apertura a juicio, contra el imputado A.S.T., por lo que consideramos que en el presente caso incurrió en contradicción, por la ley no establecer plazo para presentar los dictámenes periciales, los cuales deben presentarse antes de la audiencia preliminar, por que el Ministerio Público tenía tres meses para presentar los actos conclusivos de la acusación, por lo que ese dictamen pericial se presentó el plazo razonable que establece la ley”;

    Considerando, que del análisis y ponderación de la sentencia impugnada se advierte que ciertamente la Corte a-qua para confirmar el auto de no ha lugar se fundamentó en que el plazo de 14 días que transcurrió entre el arresto del imputado y el informe pericial del INACIF constituye una dilación indebida, vulnerante del derecho que tiene todo imputado de que su proceso se conozca en un tiempo razonable, así como en el hecho de que se vulneró la cadena de custodia al tramitar la droga en una envoltura plástica cuando la misma fue hallada en una bolsa de papel;

    Considerando, que el Decreto núm. 288-96, del 3 de agosto de 1996, establece en el artículo 6 del Capítulo I, lo siguiente: de J.M. y A.A.R.N.F.: 8 de agosto de 2016

    Protocolo de Análisis y Cadena de Custodia 1.- Las drogas y substancias controladas a que se refieren los Arts. 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Substancias Controladas en la República Dominicana y sus modificaciones, y en su caso, las materias primas empleadas en su elaboración, que sean incautadas por las autoridades, será separada de ellas una cantidad técnicamente suficiente, para ser entregada de inmediato al laboratorio de criminalística que corresponda para su experticio. 2.-El laboratorio de criminalística deberá analizar la muestra de la sustancia que se le envía en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas debiendo emitir en ese plazo un protocolo de análisis en el que identificará la sustancia y sus características, se dejará constancia de la cantidad, peso, calidad y clase o tipo de la sustancia a que se refiere la Ley, así como el número asignado al analista, la sección que lo solicita, requerimiento de que oficial, departamento al cual pertenece el solicitante, designación de la(s) persona(s) a la cual se le incautó la sustancia, descripción de la evidencia y resultados. 3.- Cuando circunstancias especiales así lo ameritan, este plazo se podrá ampliar en veinticuatro (24) horas, a solicitud de los oficiales que hubieren incautado las aludidas controladas. Dicho análisis deberá ser realizado a pena de nulidad en presencia del Ministerio Público, quien visará el original y copias del mismo. 4.- Los oficiales investigadores constarán si la sustancia enviada constituye droga o sustancia controlada, y de ser así, remitirán de inmediato, de dicho protocolo de análisis a la Consultoría Jurídica de la Dirección Nacional e Control de J.M. y A.A.R.N.F.: 8 de agosto de 2016

    de Drogas para la confección del expediente y posterior sometimiento a la justicia. 5.- Dicho protocolo de análisis tendrá el valor probatorio de conformidad a las disposiciones establecidas en los Arts. 87 al 90 del Código de Procedimiento Criminal Dominicano. 6.- Realizado el análisis a que se refiere el inciso tercero de este artículo, las drogas y substancias controladas, deberán ser incineradas de conformidad con la Ley 50-88 sobre Drogas y Substancias Controladas en la República Dominicana y sus modificaciones. Del procedimiento administrativo de incineración o destrucción se levantará un acta, copia de la cual deberá hacerse llegar al tribunal competente a más tardar diez (10) días de haberse producido

    ;

    Considerando, que al respecto, esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido en decisiones anteriores (Sentencia núm. 38, del 22 de enero de 2013), que:

    contrario a lo denunciado por el recurrente, es criterio sostenido por esta Sala que si bien es el Decreto núm. 288-99 (Sic) que instituyó el reglamento que debe regir el protocolo y cadena de custodia de las sustancias y materias primas sospechosas de ser estupefacientes, incautadas al tenor de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, en su artículo 6 establece la obligatoriedad de remitirlas al laboratorio de criminalística, para su identificación, y que este debe rendir su dictamen pericial en un plazo de no mayor de 24 horas, prorrogable 24 horas más en casos de J.M. y A.A.R.N.F.: 8 de agosto de 2016

    excepcionales, es no menos cierto que dicho plazo le es impuesto al laboratorio y debe correr a partir de la fecha de recepción de la muestra; Considerando, que en la especie no consta la fecha en que la misma fue recibida por el laboratorio, razón por la cual es imposible determinar si este expidió el resultado de su análisis fuera del plazo mencionado, como se invoca, máxime cuando el artículo 212 del Código Procesal Penal no establece el plazo para los dictámenes periciales, y como la Ley núm. 72-02 (Sic) deroga toda disposición que le sea contraria, el inciso 2 del artículo 6 del decreto relativo al indicado reglamento para ejecución de la Ley 50-88 entra dentro de esas disposiciones, y, puesto que la mala fe no se presume, hay que suponer que el mismo fue rendido de conformidad con el mencionado reglamento

    ;

    Considerando, que en torno a los argumentos expuestos en el primer medio, de violación a la cadena de custodia por haber transcurrido un plazo razonable, esta Suprema Corte de Justicia ha podido determinar que el plazo de catorce (14) días para presentar un informe sobre la droga hallada podría constituir un exceso violatorio a los derechos fundamentales, ya que toda persona privada de su libertad debe ser sometida a la autoridad judicial competente en un plazo de 48 horas y provisto de una causa probable; sin embargo, es preciso indicar que el Código Procesal Penal, en su artículo 212, no de J.M. y A.A.R.N.F.: 8 de agosto de 2016

    condicionó las actuaciones de los peritos a un plazo determinado, situación que chocó inmediatamente con las disposiciones del Reglamento que rige la ley sobre la materia de drogas y sustancias controladas (Decreto núm. 288-96, del 3 de agosto de 1996) quedando derogado implícitamente todas las disposiciones que resultaron ser contrarias en virtud de lo establecido en el párrafo III del artículo 449 de la Ley 76-02, del 19 de julio de 2002, que creó el Código Procesal Penal;

    Considerando, que en ese sentido, el plazo razonable, en el caso de que se trata, es el resultante de una valoración subjetiva que no inhabilita la ponderación de la prueba cuestionada, sino que garantiza el cumplimiento de un proceso acorde a las formalidades legales, respetando los derechos a la libertad y a la seguridad personal; por consiguiente, el ser privado de su libertad, sin causa aparente, lo que demanda es la restitución de tal derecho, situación que puede ser reclamada por la persona detenida a través de otros mecanismos jurídicos que mantienen la vigencia del proceso, lo que da lugar a examinar la prueba resultante de la evaluación científica siempre que sea introducida al caso apegada a las disposiciones del Código Procesal de J.M. y A.A.R.N.F.: 8 de agosto de 2016

    Penal; por lo cual es necesario una nueva evaluación del certificado de análisis químico forense, toda vez que el plazo vulnerado no acarrea la nulidad del documento por no estar contemplado de manera expresa por la ley ni constituir, per sé, la inalterabilidad del hallazgo; en consecuencia, acoge dicho medio;

    Considerando, que en torno al argumento de violación a la cadena de custodia, expuesto en ambos medios, del análisis y ponderación de las piezas del proceso, se advierte que no se ha cuestionado la sustancia ocupada, la cantidad presentada, ni mucho menos el tipo de envoltura que cubría la sustancia al momento del hallazgo, sino más bien el envase en que aquellas fueron halladas y luego desplazadas al Instituto Nacional de Ciencias Forense (INACIF) de la Regional Norte, situación que debe ser debatida como la forma de recolección y preservación de las evidencias, a través de lo cual se observa el lugar donde se encontró la evidencia, si hubo muestra de campo antes de embalarla, la recaudación de la evidencia, su colocación en bolsa-recipiente usada por la agencia investigativa, si fue sellada o no, la identificación de donde se halló, fecha, hora, lugar, descripción del narcótico, etc., con el fin de garantizar que ha sido lo de J.M. y A.A.R.N.F.: 8 de agosto de 2016

    ocupado o encontrado a determinada persona, nombre de la persona de quien se incautó el narcótico, el nombre(s) de los Agentes quien embalaron esa evidencia, su peso, así como cualquier otra referencia que sirva para la identificación de la sustancia ocupada, la cual llevaran al depósito de evidencias que se haya creado para tales fines, siendo trasladada posteriormente al laboratorio para ser examinada pericialmente;

    Considerando, que en la especie, el acta de registro de personas recoge algunas de las referencias que dieron lugar a identificar la sustancia ocupada, donde sólo se ha criticado que en dicha acta se hizo constar que se trató de una funda de papel color blanco mientras que la que fue suministrada al INACIF llegó en un pedazo de funda plástica color blanco, lo cual no genera una duda razonable tendente a presumir su adulteración; por lo que tal aspecto no constituye una violación a la cadena de custodia; en ese tenor, procede acoger dicho alegato;

    Considerando, que por otro lado, en su segundo medio, el recurrente presentó por ante esta Suprema Corte de Justicia, la sentencia 576 del 29 de enero de 2015, emitida por la Corte a-qua, en la de J.M. y A.A.R.N.F.: 8 de agosto de 2016

    cual se dio por establecido que el plazo de ocho (8) días no constituía un plazo irrazonable; sin embargo, en torno a su alegato de contradicción con un fallo de ella misma, resulta carente de base legal, pues no se trataba de una situación donde el plazo sea igual al cuestionado en el presente caso; por lo que procede desestimar dicho argumento;

    Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal dispone lo relativo a la potestad que tiene la Suprema Corte de Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideración, pudiendo tanto rechazar como declarar con lugar dichos recursos.

    Considerando, que en el inciso 2.b del referido artículo, le confiere la potestad de ordenar la celebración total o parcial de un nuevo juicio enviando el expediente ante el mismo tribunal de primera instancia que dictó la decisión, cuando sea necesario la valoración de pruebas que requieran inmediación, de donde se infiere que ese envío al tribunal de primera instancia está sujeto a esa condición; sin embargo, si en el caso que le compete no existe la necesidad de hacer una valoración probatoria que requiera inmediación, nada impide que la Suprema Corte de Justicia envíe el asunto ante la corte de donde de J.M. y A.A.R.N.F.: 8 de agosto de 2016

    proceda la decisión siempre y cuando no esté en la situación antes señalada;

    Considerando, que en la especie, se requiere de la valoración directa de las pruebas aportadas, por lo que el proceso debe volver a la fase de la instrucción a fin de determinar si las pruebas dan lugar o no a la apertura de un juicio de fondo.

    Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

    FALLA

    Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por los Procuradores Generales de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, L.. M. de J.S.M. y A.A.R.N., contra la sentencia núm. 028, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 29 de enero de 2015, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión;

    Segundo: Anula dicha sentencia y ordena el envío del presente proceso por ante el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de M.N., de J.M. y A.A.R.N.F.: 8 de agosto de 2016

    pero con la designación de un juez distinto para un nuevo conocimiento del caso;

    Tercero: Compensa las costas;

    Cuarto: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes.

    (FIRMADOS).- M.C.G.B..- E.E.A.C. .- A.A.M.S..- F.E.S.S..-

    La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.


    Mercedes A. Minervino A.

    Secretaria General Interina.

    Fb /Rb/ag.