Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 20 de Mayo de 2015.

Fecha de Resolución:20 de Mayo de 2015
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

de mayo de 2015

Sentencia núm. 71

G.A. De Subero, Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una Sentencia de fecha 20

de mayo de 2015, que dice:

D., Patria y Libertad República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Miriam Concepción Germán

Presidente; E.E.A.C. y F.E.S.S., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 20 de mayo de 2015,

172° de la Independencia y 152° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación incoado por L.R.G., dominicano, mayor de edad, cédula de identidad y electoral núm. 001-0030627-3, de mayo de 2015

domiciliado y residente en la calle S.B. núm. 45-A del sector Los Frailes, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, imputado; Servicios de Recolección Pro Higiene y Salud, C. por A., entidad de comercio con domicilio en la calle D esquina Autopista San Isidro, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, tercero civilmente demandado y Seguros Banreservas,
A., con domicilio social en la Avenida E.J.M. esquina calle 4, Ensanche La Paz, entidad aseguradora, contra la sentencia núm. 170-2014, dictada la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 8 de abril de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído a la Dra. A.T.M., en la lectura de sus conclusiones, en representación de los recurrentes;

Oído al Dr. P.C., en la lectura de sus conclusiones, en representación del L.. J.G.S.V., quien representa a su vez a la parte recurrida;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; de mayo de 2015

Visto el escrito motivado mediante el cual L.R.G., Servicios de Recolección Pro Higiene y Salud, C. por A., y Seguros Banreservas, S. a través de la defensora técnica Dra. A.T.M., interponen recurso de casación, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 29 de abril de

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 23 de enero de 2015, mediante la cual se declaró admisible, en la forma, el ya aludido recurso, fijándose audiencia para el día 9 de marzo de 2015, a fin de debatirlo oralmente, fecha en la cual las partes concluyeron, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30) días dispuestos en el Código Procesal Penal;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes números 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, visto la Constitución de la República, los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos somos signatarios; la normativa cuya violación se invoca, así como los artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 70, 246, 393, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal de mayo de 2015

Penal, modificados por la Ley 10-15 del 10 de febrero de 2015;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en se refieren, son hechos constantes los siguientes: a) que el 21 de abril de 2010, F. adscrita al Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del municipio de Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, L.. S.A.V., presentó acusación contra L.R.G., por el de que el 15 de enero de 2010, mientras éste transitaba en sentido Oestepor la calle P.B., conduciendo el camión Daihatsu, propiedad de Servicios de Recolección Pro Higiene y Salud, C. por A., y asegurado en Seguros Banreservas, S.A., al llegar a la calle A.G. colisionó con la guagua núm. I102394, con el impacto recibió golpes y heridas que le provocaron la muerte A.J.M., hecho constitutivo de infracción a las disposiciones de artículos 49, numeral 1, 61, 65 y 74 de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, acusación ésta que fue acogida totalmente por el Juzgado de para Asuntos Municipales del municipio de Santo Domingo Este, actuando

Juzgado de la Instrucción, el cual emitió auto de apertura a juicio contra el encartado; b) que apoderado para la celebración del juicio el Juzgado de Paz de la da Circunscripción del municipio de Santo Domingo Este emitió sentencia condenatoria, la cual como consecuencia del recurso de apelación de la parte imputada fue anulada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del de mayo de 2015

Departamento Judicial de Santo Domingo, el 6 de junio de 2012, mediante sentencia 282-2012, con el siguiente dispositivo: “PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por L.R.G., Servicios ProHigiene y Salud y Seguros Banreservas S. A, en fecha 12 de octubre del año 2011, contra de la sentencia de fecha 12 de septiembre del año 2011, dictada por el Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción del Municipio Santo Domingo Este, cuyo dispositivo es el siguiente: Falla: ‘Primero: En el aspecto penal: Declara señor L.R.G., dominicano, mayor de edad, portador de la cédula 001-0030627-3, domiciliado en la calle S.B., núm. 45, Los Frailes,

809-890-8152 culpable de violar las disposiciones de los artículos literal d y numeral 1, 50 literal a y c, 65, 71 y 72 de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, modificada por la Ley 114-99, en perjuicio de la señora A.J.M.R. (occisa), en consecuencia se le condene a sufrir la pena de 2 de prisión correccional por el hecho culposo; Segundo: Condena al señor L.R.G. al pago de una multa de RD$2,000.00 Mil Pesos, a favor provecho del Estado Dominicano, en virtud de lo que establece la nueva Ley General de Multas; Tercero: Suspende la licencia de conducir del señor L.R.G., por un periodo de 6 meses; Cuarto: Condena al señor L.R.G. al pago de las costas penales del proceso; en el aspecto civil: Primero: Declara buena y válida en la forma, la constitución en actor civil interpuesta por los señores D.E.M.A., en de mayo de 2015

representación de las menores A.P.M.M. y Ana Daniela

Medina, en su calidad de padre y tutor de las mismas, Y.M.M., E.E.A.M., en contra del imputado L.R.G., por su hecho personal y a la compañía Servicios de Recolección Prohigiene

Salud, C. por A., en su calidad de tercero civilmente demandado, con oponibilidad a la entidad aseguradora Seguros Banreservas, por haber sido interpuesta de conformidad con las disposiciones procesales que rige la materia; Segundo: En cuanto al fondo de dicha constitución en actor civil, acoge en parte las conclusiones de los señores D.E.M.A., en representación las menores A.P.M.M. y A.D.M.M., en calidad de padre y tutor de las mismas, Y.M.M., E.E.A.M.; Tercero: Condena al señor L.R.G. en su calidad de imputado y a la compañía Servicios de Recolección Prohigiene y Salud, por A., en su calidad de tercero civilmente demandado, por ser la propietaria vehículo que conducía el imputado en su calidad de empleado de dicha compañía, al pago de la suma de RD$1,500,000.00 Mil Pesos Dominicanos, en provecho y favor de los señores D.E.M.A., en representación de las menores A.P.M.M. y Ana Daniela

Medina, en su calidad de padre y tutor de las mismas, Y.M.M., E.E.A.M., a ser distribuidos de la siguiente manera: la suma de RD$1,000,000.00 Millón de Pesos en manos del señor D. de mayo de 2015

E.M.A., en su calidad de padre y tutor de las menores A.P.M.M. y A.D.M.M., en provecho de las mismas su calidad de hijas de la occisa A.J.M. y R., a título de indemnización y resarcimiento en reparación de los graves daños y perjuicios morales y materiales sufridos por éstas como consecuencia del accidente de ánsito en el que perdiera la vida su madre; b).- la suma de RD$250,000.00 Mil en provecho y favor de la señora Y.M.M. en su calidad de de la señora A.J.M. y R. (occisa), a titulo de indemnización y resarcimiento en reparación de los graves daños y perjuicios morales y materiales sufridos por ésta como consecuencia del accidente de ánsito en el que perdiera la vida su madre; c).- la suma de RD$250,000.00 Mil en provecho y favor de la señora E.E.A.M., en su calidad de hija de la señora A.J.M. y R. (occisa), a título de indemnización y resarcimiento en reparación de los graves daños y perjuicios morales y materiales sufridos por ésta como consecuencia del accidente de ánsito en el que perdiera la vida su madre; Cuarto: Condena al señor L.R.G., en su calidad de imputado, y a la compañía Servicios de Recolección Prohigiene y Salud C. por A., en su calidad de tercero civilmente demandado, al pago de las costas civiles del procedimiento en provecho y favor

L.. J.G.S.V., abogado constituido en actor civil de los señores D.E.M.A., en representación de las menores de mayo de 2015

A.P.M.M. y A.D.M.M., en su calidad de y tutor de las mismas, Y.M.M., Elfi Estefany Almonte

Medina; Quinto: Declara la sentencia a intervenir le sea común, oponible y ejecutoria a la entidad aseguradora Seguros Banreservas, con todas sus consecuencia legales, por ésta ser la entidad aseguradora la emisora y garante de póliza de seguros núm. 2-2-205-0105571’; SEGUNDO: Anula la sentencia recurrida, ordena la celebración total de un nuevo juicio y en consecuencia envía caso por ante el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del municipio

Domingo Este, a fin de que realice una nueva valoración de las pruebas; TERCERO: Se compensa las costas procesales”; c) que apoderado para la celebración total de un nuevo juicio, el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del municipio de Santo Domingo Este, emitió el 18 de abril de 2013 la sentencia 473/2013, cuyo dispositivo figura en el fallo recurrido; c) que por de los recursos de apelación interpuestos por la parte imputada y de los actores civiles contra la referida decisión, intervino la sentencia núm. 170-2014, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 8 de abril de 2014, que dispuso lo siguiente: “PRIMERO: Admite parcialmente los recursos de apelación interpuestos por:

Dra. A.T.M., actuando en nombre y representación de la entidad aseguradora Seguros Banreservas, S.A. y del señor L.R.G., en fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil trece (2013) y b) por el Licdo. J.G.S. de mayo de 2015

V., actuando en nombre y representación del señor D.E.M.A., representación de sus hijas A.P.M.M. y Ana Daniela Morel

Medina, las señoras Y.M.M. y E.E.A.M., en fecha dieciséis (16) de junio del año dos mil trece (2013), ambos en contra de la sentencia 473/2013 de fecha dieciocho (18) del mes de abril del año dos mil trece (2013), dictada por

Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del municipio de Santo Domingo Este, dispositivo es el siguiente: ‘Aspecto Penal: Primero : Declaramos al señor Leonardo

Romero García, de generales que constan culpable de violar los artículos 49 numeral 1, 50 literales a y c, 6 y 65 de la Ley 241, modificada por la Ley 114-99 sobre Tránsito de Vehículos de Motor, en perjuicio de A.J.M.R. (occisa), en consecuencia se le condena a dos (2) años de prisión correccional, a ser cumplidos en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, ya que quedó demostrado en este juicio su falta penal, imprudencia, torpeza, inadvertencia, negligencia, extraído de las pruebas aportadas la acusación, en fin, se retuvo su responsabilidad penal, fuera de toda duda razonable, acogiendo en parte las conclusiones del ente acusador; Segundo : Ordenamos la suspensión

6 meses de la licencia de conducir del imputado L.R.G.; Tercero : Condena a J.F.G.V., L.R.G., al pago de las costas penales del proceso; Cuarto ; En virtud de las disposiciones de los artículos 41 y 341 del

Procesal Penal Dominicano, ordenamos la suspensión condicional de la pena privativa de libertad impuesta al imputado L.R.G., consistente en dos años de prisión correccional, quien debe cumplir con las siguientes condiciones: 1- de mayo de 2015

Abstenerse de la conducción de vehículos de motor por el periodo de dos (2) años; 2- abstenerse del uso de bebidas alcohólicas; no salir del país, sin la autorización de la autoridad competente, cuya duración es por el período de 2 años. A. al imputado, que de no cumplir con ello, se revocará dicha suspensión condicional de la pena y el imputado deberá cumplir con la pena impuesta. Aspecto Civil: Quinto : En cuanto a la

, declara buena y válida las querellas con constituciones en actores civiles interpuestas por: a) D.E.M.A., en representación de sus hijas A.P. y D.M.M., así como E.E.A.M. y Y.M.M., en calidad de hijas de la occisa A.J.M.R., contra de L.R.G., por su hecho personal, Servicios de Recolección Prohigiene y Salud, C. por A., y la compañía Seguros Banreservas, S.A., a través de sus abogados, ya que la misma intervino en tiempo hábil y conforme a las disposiciones de los artículos 50 y 118 y siguientes del Código Procesal Penal Dominicano; Sexto : En cuanto al fondo, acogemos en partes las querellas con constituciones en actores civiles interpuestas los señores: a) D.E.M.A., en representación de sus hijas A.P. y D.M.M., así como E.E.A.M. y Y.M.M., en calidad de hijas de la occisa A.J.M.R.; ese tenor: a).- En cuanto al aspecto de la querella con constitución en actor civil interpuesta por D.E.M.A., en representación de sus hijas A.P. y D.M.M., así como E.E.A.M., y Y.M.M., en calidad de hijas de la occisa A.J.M.R., en contra de de mayo de 2015

Servicios de Recoleccion Prohigienes y Salud, C. por A., el tribunal la rechaza, ya que al momento del accidente de tránsito objeto de la presente litis, ésta no era la propietaria del vehículo de motor en cuestión, así como por las razones expuestas en el cuerpo de la presente sentencia; b).- En vista de que el imputado L.R.G., ha comprometido su responsabilidad penal y con ello ha generado un daño a los actores civiles, le condenamos al pagos de una indemnización de Un Millón Doscientos Mil Pesos (RD1,200,000.00), a favor de las hijas de la occisa A.J.M.R., en la que sigue: 1- Ochocientos Mil Pesos (RD$800,000.00), a favor de las menores de A.P. y A.D.M.M., hijas menores de edad de A.J.M.R., representada por su padre D.E.M.A.; 2- Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00) a favor de Y.M.M., en calidad de de la occisa; 3- Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), a favor de E.E.A.M., en calidad de hija de la occisa A.J.M.R.; Séptimo : Declarar común y oponible la presente sentencia a la compañía aseguradora Seguros Banreservas, S.A., ya que es la compañía aseguradora del vehículo de motor envuelto en el accidente de tránsito objeto de la presente litis, hasta el monto de la póliza; Octavo : Condenamos a L.R.G., y a la compañía aseguradora Seguros Banreservas, S.A., al pago de las costas civiles del procedimiento, de forma solidaria, para distraídas a favor y provecho del abogado que representa a las partes querellantes y civiles, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; Noveno : Ordena a la secretaria de este Tribunal remitir la presente sentencia al Juez de la Ejecución de la Penal de mayo de 2015

los fines correspondientes; Décimo : Conforme las disposiciones del artículo 416 del

Procesal Penal Dominicano, la presentes sentencia es susceptible del recurso de apelación, en el plazo de diez (10) días, plazo que empieza a correr a partir de la notificación de dicha sentencia’; SEGUNDO : R. parcialmente el ordinal quinto de la sentencia, en cuanto a la declaratoria de buena y válida en la forma de la acción civil contra el señor L.R.G., por su hecho personal, por no haberse presentado constitución en actor civil en su contra; TERCERO : Revoca el ordinal sexto de la sentencia en cuanto a la declaratoria de validez de la constitución en actor civil en cuanto al fondo, contra el señor L.R.G., por no haberse presentado constitución en su contra; CUARTO : Acoge en cuanto al fondo, las constituciones en actores civiles interpuestas por los señores: a) D.E.M.A., en representación sus hijas A.P. y D.M.M., así como E.E.A.M. y Y.M.M., en calidad de hijas de la occisa A.J.M.R.; contra la razón social Servicios de Recolección Pro Higienes y Salud, S.A., en vista de que ha comprometido su responsabilidad civil y con ello ha generado un daño a los actores civiles, en consecuencia, se le condena al pago de una indemnización ascendente a la suma de Un Millón Setecientos Mil Pesos (RD$1,700,000.00), a favor de las hijas de la

A.J.M.R., en la forma que sigue: 1- Un Millón de Pesos (RD$1,000,000.00) a favor de las menores de edad A.P. y A.D.M.M., representada por su padre D.E.M.A.; y, 2- Setecientos Mil

(RD$700,000.00) a favor de Y.M.M. y E.E.A. de mayo de 2015

M.; QUINTO : Revoca el ordinal octavo de la sentencia en cuanto a la condena en contra la razón social Seguros Banreservas, S.A.; SEXTO : Confirma las demás de la sentencia; SÉPTIMO : Se compensan las costas del proceso; OCTAVO :

Ordena a la secretaria de ésta Corte la entrega de una copia íntegra de la presente sentencia a las partes”;

Considerando, que los recurrentes L.R.G., Servicios de Recolección Pro Higiene y Salud, C. por A., y Seguros Banreservas, S.A., proponen en su recurso de casación, el medio siguiente: Único Motivo: Ordinal

Cuando la sentencia sea manifiestamente infundada. En cuanto a la inclusión de nuestro asegurado Servicio Pro Higiene y Salud. Que otro punto inobservante que ha incurrido la Corte lo es en lo referente al alcance de las pruebas aportadas y que en el de lo previsto en la resolución núm. 3869-2006 en su artículo 3, letra a, y los artículos 294-5 y 297 del Código Procesal Penal, normas éstas que marcan el ámbito de apoderamiento de las pruebas y la pertinencia de las mismas, puesto que la certificación de Superintendencia de Seguros iba orientada exclusivamente a establecer quién era la aseguradora (aspecto éste que no se niega, porque la fecha de la póliza está enmarcada de la fecha del accidente) pero dicha prueba no iba orientada en fijar la responsabilidad civil de nuestro asegurado. Que ahora bien, si observamos tanto la actoría en el ofrecimiento de sus pruebas como el auto de apertura a juicio podemos observar la oferta probatoria de la certificación de Impuestos Internos iba orientada para determinar, que Servicio Pro Higiene y Salud, era la de mayo de 2015

propietaria del vehículo y civilmente responsable al momento del accidente y en esas condiciones era que el alcance de las pruebas habría que valorarlas y sobre esa base es que persiguió a nuestro asegurado, por lo tanto como la propiedad es posterior a los 5 días accidente, no tenía el control del vehículo al momento del accidente. En cuanto al aumento de la indemnización: la Corte incurre en una franca violación por inobservancia del artículo 404 del Código Procesal Penal, puesto que al aumentar la suma de Un Millón Doscientos a Un Millón Setecientos, no solo afecta un primer recurso de apelación que nuestro asegurado hiciera en el devenir del caso, sino que le agrava tal monto, cuanto ese monto, no fue recurrido por los hoy beneficiados. Que de lo antes expuesto hay que hacer un recuento de lo que ha acontecido en el caso que nos ocupa, cuestión que esta Sala Suprema pueda comprender el alcance lo que queremos significar, y es por tal razón, que una primera decisión el Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción del municipio Santo Domingo Este, dictó la sentencia núm. 1184-2011, del 12 de septiembre de 2011, en cual condenó tanto al imputado como a nuestro asegurado al pago de Un Millón Quinientos Mil Pesos, a favor de los actores civiles, decisión está que sólo fue recurrida por exponentes, no así por los actores civiles que consideraron dicha suma como justa, todo esto a partir de lo que se observa en la decisión núm. 282-2012 del 6 de junio de 2012, por la misma Corte, que dicta la decisión que hoy se recurre y que anuló dicha decisión primaria, con lo cual vos podéis observar y comprobar que solo se dio con lugar el recurso ejercido por nosotros, no por los actores civiles, porque estos últimos no recurrieron. Que una vez apoderado el tribunal de envío este condena únicamente al de mayo de 2015

imputado a Un Millón Doscientos Mil Pesos y esta vez los actores sí recurren, peticionando un aumento; petición esta acogida por la Corte, con lo cual incurren en la errónea aplicación de la literatura del artículo 404 del Código Procesal Penal, en la parte referido artículo que establece que cuando se recurren una decisión y se ordena la celebración de un nuevo juicio, no se puede imponer una pena más grave. En cuanto a la solución de los hechos. Que contrario a lo expuesto por la Corte, ya que sólo se enfoca en parte de nuestro ataque, y a partir de la lectura que se aprecia en literal B del primer considerando de la página 17, nos lleva a establecer y ratificar la ilogicidad, puesto que el tribunal de envío no fija una sustentación que sea capaz de establecer los verdaderos de la causa, en razón que por un lado establece el tribunal que las causas del accidente fueron debido a la imprudencia, negligencia, inobservancia y manejo atolondrado temerario del encartado L.R.G., quien venía conduciendo de manera temeraria (sic), para lo cual debemos refutar tal sustento que homologa la Corte, en el que los causales de faltas previstas en el artículo 49 de la Ley 241, tiene una nomenclatura propia, las cuales no coexisten; por lo tanto nunca una imprudencia se igual a una torpeza ni ésta se asimila con negligencia, ya que son términos que se distinguen por acciones o hechos al momento de conducir un vehículo, de que ahí que por ejemplo un exceso de velocidad nunca se puede relacionar con un manejo atolondrado […] ahora bien, la Corte al solo enfocarse a un aspecto de la sentencia apelada, obvia por ual un aspecto que no ha resultado demostrado y es la veracidad de si ciertamente el vehículo en que viajó la fallecida ciertamente haya sido impactado, por lo que, tal alegato de mayo de 2015

ha sido demostrado de manera eficaz a los fines de dar una relación vinculante con los de la causa, ya que por un lado, la afirmación de que fuera impactado y que por la

posición en que quedara dicho vehículo hay que colegir que lo convertiría en inútil por un tiempo, ya que dicha testigo expresa que al ser impactada la guagua, la misma se una pared, para lo cual habría que recrear esa afirmación por medios idóneos que

permitan demostrársele al tribunal que tales declaraciones se corresponde con la verdad por lo tanto no se llevó al plenario ni siquiera una fotografía de la forma como quedó dicha guagua; y todo esto tira por la borda las invocaciones para darle valor probatorio lo señalado por la magistrada de envío en el considerando de la página 15”;

Considerando, que en ese sentido, los recurrentes reprochan que la decisión la Corte a-qua resulta manifiestamente infundada en tres vertientes, en un primer aspecto, en torno a la inclusión de la entidad Servicios de Recolección Pro Higiene y Salud, C. por A., como tercera civilmente demandada, cuando la propiedad del vehículo fue adquirida cinco días después del accidente; en un segundo aspecto, en cuanto al aumento de la indemnización, ya que entienden se perjudicó con el ejercicio de su propio recurso, en infracción a las disposiciones del artículo 404 del Código Procesal Penal; y por último, un tercer aspecto, acerca de la solución de los hechos, ya que se retuvo como falta el exceso de velocidad, pero no se determinó qué tipo de conducta causó el accidente;

Considerando, que en cuanto a lo alegado en el primer aspecto, el de mayo de 2015

examen de la sentencia recurrida permite verificar que al acoger la impugnación formulada por los actores civiles, la Corte a-qua sobre este extremo, expresó:a) el recurrente, el señor D.E.M.A., expresa en su recurso de apelación por intermedio de su abogado constituido, en síntesis los siguientes motivos: la decisión declara oponible a la compañía Seguros Banreservas, S.A., la sentencia dictada, incluso la condena al pago de las costas, sin embargo, no condena a Recolección

-Higiene y Salud, S.A., como comitente del conductor L.R.G., inobserva por tanto la Ley 146-02, sobre Seguros y F. en su artículo 123. Que el tribunal a-quo inobserva y vulnera el principio de eficacia jurídica porque la certificación la Superintendencia de Seguros, que le sirve de fundamento probatorio para declarar oponible la decisión a Seguros Banreservas, S.A., la omite para establecer la relación de comitente preposé existente entre Servicios de Recolección Pro-Higiene y Salud, S.A., y el imputado L.R.G., lo que constituye una incongruencia. Que la sentencia incongruente porque reconoce su valor probatorio, y no establece sobre ese fundamento probatorio la relación de comitente-preposé, por cuanto se trata de un aspecto subsanable y aplicando el principio de permanencia de las lesiones jurídicas, esta Corte debe subsanar la omisión, y sobre la base de esta comprobación (certificado de la Superintendencia de Seguros) dictar su propia sentencia […]; b) Que en el primer medio del recurso el recurrente alega en resumen que la decisión apelada es incongruente en razón de que declara oponible a la compañía Seguros Banreservas, S.A., la sentencia dictada, incluso la condena al pago de las costas, sin embargo, no condena a Recolección Pro-Higiene y Salud, de mayo de 2015

A. como comitente del conductor L.R.G., en ese sentido el tribunal ainobserva y vulnera el principio de eficacia jurídica porque la certificación de la

Superintendencia de Seguros, que le sirve de fundamento probatorio para declarar oponible decisión a Seguros Banreservas, S.A., la omite para establecer la relación de comitente

preposé existente entre Servicios de Recolección Pro-Higiene y Salud, S.A. y el imputado L.R.G., la sentencia es incongruente porque reconoce su valor probatorio, y no establece sobre ese fundamento probatorio la relación de comitentepreposé, por cuanto se trata de un aspecto subsanable; c) Que del análisis de la sentencia recurrida, y de las demás piezas que obran en el proceso, este tribunal de apelación pudo comprobar que el recurrente, señor D.E.M.A., mediante escrito se constituyó en actor civil y querellante contra el señor L.R.G., por su hecho personal, y contra la razón social Servicio Pro Higiene y Salud, S.A., y de la razón

Seguros Banreservas, constitución ésta que fue admitida mediante la resolución número 08-2011 de fecha 29 de marzo de 2011; d) Que de la lectura de la sentencia recurrida este tribunal advierte que el juzgado a quo para sostener su sentencia de exclusión en calidad de tercero civilmente demandado de la razón social Servicio Pro Higiene y Salud, S.A., sostuvo el criterio de que ésta no era la propietaria del vehículo provocador del siniestro, en razón de que la certificación emitida por la Dirección de Impuestos Internos examinada por el juzgado a-quo, señalaba que lo era otra persona; pero, puede observarse en la sentencia que el mismo juzgado examinó y valoró la certificación número 1418 de fecha 8 de abril de 2010, expedida por la Superintendencia de de mayo de 2015

Seguros, la cual dio cuenta que el vehículo que provoca el siniestro al momento del accidente estaba asegurado en la entidad Seguros Banreservas y cuyo beneficiario lo era la social Servicio Pro Higiene y Salud, S.A.; e) Que evidentemente como alega el recurrente el juzgado a-quo interpretó inadecuadamente el artículo 123 de la ley 146 de sobre Seguros y Fianza, en el sentido de que la víctima constituida en actor civil reclamar el pago de las indemnizaciones, tanto a quien funja como propietario en la matrícula o contra quien figure como beneficiario de la póliza de seguro que ampara al vehículo que provoca el siniestro; que en la especie, lo era la razón social Servicio Pro Higiene y Salud, S.A., por lo que el medio tiene sustento y debe de ser admitido”;

Considerando, que de lo anteriormente transcrito, contrario a lo esbozado los hoy recurrentes, la inclusión de Servicios de Recolección Pro Higiene y
C. por A., es el resultado de la ajustada revalorización jurídica de los hechos fijados por el tribunal de juicio, en el sentido de que beneficiario de la de seguros al momento del accidente era la referida razón social, por lo conforme a las presunciones legales del artículo 124 de la Ley 146-02, sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, los actores civiles podían demandar al suscriptor o asegurado de la póliza o al propietario del vehículo asegurado, como comitente del conductor y civilmente responsable de los daños causados por ese vehículo; cabe considerar, por otra parte, que el argumento de reclamantes de que la certificación del Superintendencia de Seguros no iba de mayo de 2015

orientada a establecer la responsabilidad civil sino quien era la aseguradora, de sustento, dado la inmutabilidad de los hechos fijados por el tribunal de

origen, los que la alzada mantuvo sin desnaturalizar o alterar, en los que -como se ha dicho- amparó su actuación; por consiguiente, procede desestimar lo planteado en el aspecto analizado del medio propuesto;

Considerando, que en cuanto a lo invocado en el segundo aspecto del medio planteado, en que los recurrentes aducen inobservancia del artículo 404 del Código Procesal Penal, puesto que la alzada al aumentar la indemnización de la suma de Un Millón Doscientos a Un Millón Setecientos, les agrava su situación, en cuanto al primer monto Un Millón Quinientos, que no fue recurrido por los hoy beneficiados, la Corte a-qua sobre el particular, expuso: “a) Que el recurrente alega en el segundo medio de su recurso que la sentencia está afectada del vicio de violación a los principios de racionalidad y proporcionalidad en el monto indemnizatorio de Un Millón oscientos Mil Pesos dominicanos (RD$1,200,000.00) para indemnizar los daños morales vez que demandan el esposo, hijas mayores y menores de edad y la suma indemnizatoria resulta manifiestamente desproporcional a la magnitud del menoscabo sufrido; Que del examen de la sentencia recurrida este tribunal advierte de la lectura de la sentencia que el juzgado a-quo para fallar en cuanto al monto indemnizatorio señaló que indemnizaciones impuestas se correspondían con los daños recibidos, y esta Corte considera que si bien en ocasión del accidente falleció la señora A.J.M. de mayo de 2015

R., no pueden pretender las víctimas reclamante constituir este hecho en una fuente de enriquecimiento ilimitado, se debe de tomar en cuenta que aun tratándose de un involuntario el daño provocado por la muerte de esa persona es insuperable por lo entiende la Corte que las mismas son desproporcionales al daño provocado y por lo el medio debe de acogerse; b) Que de las anteriores motivaciones esta Corte estima procedente admitir parcialmente los recursos de apelación interpuestos por: 1) Seguros Banreservas, S.A. y el señor L.R.G., 2) D.E.M.A., por encontrase en la sentencia parte de los vicios alegados por los recurrentes, procediendo en consecuencia dictar propia sentencia y confirmar las demás partes de la misma”;

Considerando, que es preciso señalar, para la mejor comprensión del caso y por el interés procesal que reviste este punto, que en este proceso se han celebrado juicios; el primero, ante el Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción del municipio de Santo Domingo Este, que declaró a L.R.G., culpable de violar los artículos 49, letra d, numeral 1, 50 literales A y C, 61, 65, 71 y 72 de la Ley 241, condenándolo a dos años de prisión correccional, al pago de Dos il Pesos de multa, la suspensión de la licencia de conducir por un periodo de meses, y a éste y Servicios de Recolección Pro Higiene y Salud, C. por A., al de una indemnización por el monto de Un Millón Quinientos Mil Pesos (RD$1,500,000.00), a favor de las hijas de la occisa A.J.M.R., de mayo de 2015

decisión que fue recurrida en apelación exclusivamente por L.R.G., Servicios de Recolección Pro Higiene y Salud, C. por A., y Seguros Banreservas, S.A., a raíz de cuyo recurso la Sala de la Cámara Penal de la Corte

Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo anuló la sentencia impugnada, y ordenó la celebración de un nuevo juicio, resultando apoderado el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del municipio de Santo Domingo en este segundo juicio, el tribunal condenó a L.R.G. por infracción de los artículos 49 numeral 1, 50 literales a y c, 61 y 65 de la Ley 241, modificada por la Ley 114-99 sobre Tránsito de Vehículos de Motor, a dos años de prisión correccional que suspendió condicionalmente, a la suspensión de la licencia de conducir por un periodo de seis meses y fijó como indemnización la suma de Un Millón Doscientos Mil Pesos (RD$1,200,000.00), a favor de las hijas de occisa A.J.M.R.; que posteriormente, recurrida en apelación esta nueva decisión por ambas partes, la Sala de la Cámara Penal de la de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo menoscabó la situación del tercero civilmente demandado, al aumentar la indemnización de Un Millón Doscientos Mil Pesos (RD$1,200,000.00) a Un Millón Setecientos Mil Pesos (RD$1,700,000.00) superior a la anteriormente determinada en el primer de juicio

Un Millón Quinientos Mil Pesos (RD$1,500,000.00), lo que constituye una agravante y perjuicio contra los recurrentes primigenios L.R.G., de mayo de 2015

Servicios de Recolección Pro Higiene y Salud, C. por A., Seguros Banreservas, S.
A., a raíz de su propio recurso;

Considerando, en efecto, conforme nuestra Constitución en su apartado 69, persona tiene derecho a obtener tutela judicial efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, con respeto del debido proceso, estableciendo entre garantías mínimas que el tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la persona condenada recurra la sentencia, recogiendo en nuestro ordenamiento jurídico la prohibición de la reformatio in peius;

Considerando, que de forma expresa dispone el artículo 404 del Código Procesal Penal, que cuando la decisión sólo es impugnada por el imputado o su defensor, no puede ser modificada en su perjuicio; si se ordena la celebración de un nuevo juicio, no puede imponérsele una pena más grave;

Considerando, que en efecto, la Corte a-qua al modificar la sentencia objeto del nuevo juicio, que condenó a la parte imputada al pago de una indemnización

Un Millón Doscientos Mil Pesos (RD$1,200,000.00), obvió que la decisión dictada por el tribunal de juicio anterior fue recurrida exclusivamente por la parte imputada; en consecuencia, la alzada no podía perjudicarlos con su propio recurso, incurriendo por tanto en una violación al debido proceso, además del constitucional anteriormente citado; por lo que, procede casar de mayo de 2015

supresión y sin envío el excedente en la condena civil pronunciada, al no quedar nada por juzgar;

Considerando, que en este sentido, por economía procesal, en virtud de lo dispuesto por el artículo 427.2.a del Código Procesal Penal, esta Segunda Sala de

Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, procederá a propia sentencia en este aspecto sobre la base de las comprobaciones de ya fijadas por la sentencia recurrida, en consecuencia, condena a Servicios

Recolección Pro Higiene y Salud, C. por A., al pago de la suma de Un Millón Quinientos Mil Pesos (RD$1,500,000.00), a favor de las hijas de la occisa Ana

Medina Rodríguez, en la forma que sigue: 1- Un Millón de Pesos (RD$1,000,000.00), a favor de las menores de edad A.P. y Ana Daniela

Medina, representadas por su padre D.E.M.A.; y 2- Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00), a favor de Y.M.M. y E.E.A.M., como justa reparación a los daños morales y materiales ocasionados a raíz de la muerte de su madre, A.J.M.R.; acogiendo de esta manera sus alegatos;

Considerando, que en cuanto al tercer aspecto del medio argüido por los recurrentes, la Corte a-qua para acoger parcialmente las impugnaciones ante ellas formuladas, sostuvo: “[…] Que en el primer motivo de su recurso los recurrentes alegan de mayo de 2015

resumen que la sentencia recurrida está afectada de los vicios de falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, o cuando esta se funde en prueba obtenida ilegalmente incorporada por violación a los principios del juicio oral. Que el tribunal de envío ha incurrido en una postura errada al establecer que la velocidad es lo influye en la ocurrencia del accidente sin hacer otras combinaciones, que pudieran degenerar en las causales del artículo 49 de la Ley 241. Que a partir de la lectura que se en el literal b) del primer considerando de la página 17 que es donde radica la solución errada dada por el tribunal de envío está acompañada de una falta de motivación que conlleva la anulación total al no establecer de manera puntual la falta que se endilga al recurrente L.R.. Que por un lado establece el tribunal que las causas del accidente fueron debido a la imprudencia, negligencia, inobservancia y manejo atolondrado temerario del encartado L.R.G., quien venía conduciendo de manera temeraria, para lo cual debemos refutar tal sustento, en el sentido que las causales de faltas previstas en el artículo 49 de la Ley 241, tienen una nomenclatura propia las cuales no coexisten, por lo tanto nunca una imprudencia se asimila igual a una torpeza ni esta se con negligencia, ya que son términos que distinguen por acciones o hechos al momento de conducir un vehículo, de ahí que por ejemplo un exceso de velocidad nunca se relacionar con un manejo atolondrado. Que la magistrado intuye a partir de la valoración de las pruebas testimoniales los siguientes aspectos: 1) que aun cuando los testigos no vieron el instante del impacto, estos pudieron ver el resto de lo acontecido; 2) circunstancias en que quedaron las víctimas y la ausencia del imputado en cuanto a de mayo de 2015

socorrer a las víctimas y 3) la alta velocidad a que iba el imputado; para lo cual la ilogicidad se manifiesta en tales consideraciones por cuanto es ilógico que unos testigos que vieron el impacto del mismo puedan establecer que la alta velocidad en que iba el imputado fuera lo determinante para la ocurrencia del accidente […] Que del examen de la sentencia recurrida ésta Corte, pudo apreciar que en el enunciado especifico señalado por los recurrentes, el tribunal a quo estableció lo siguiente: ...Si bien hay dos testigos, hay uno referencial y el otro que percibió de manera directa los hechos, que estas pruebas armonizan entre sí y demuestran la alta velocidad a que venía el camión Daihatsu…que en la especie, tal y como ha quedado expuesto precedentemente, ha quedado demostrado que el imputado fue el autor de estos hechos, dado la alta velocidad que conducía el camión marca Daihatsu, y que por ende fue quien ocasionó el accidente con su accionar, y que producto de ello pereció la señora A.J.M.. Más adelante señala el tribunal a quo que las del accidente fueron debido a la imprudencia, negligencia, inobservancia y manejo atolondrado y temerario del encartado… quien venía conduciendo de manera temeraria, no respetando ni tomando las precauciones necesarias cuando se trataba de una intersección, cual motivo a que se estrellara. En ese sentido la Corte estima que el tribunal a quo no incurrió en ningún tipo de ilogicidad en calificar los hechos de acuerdo a los adjetivos tipos señalados en el artículo 49 de la Ley 241 del 1967, en razón de que el manejo a una velocidad fuera de la prudencialmente señalada por la norma contempla evidentemente que se conduce de forma temeraria, imprudente, negligente y atolondrada, en razón de que son adjetivos que suelen conjugarse en una misma acción que es la de conducir fuera de lo de mayo de 2015

preceptuado en la norma; en cuanto a la especie las apreciaciones del tribunal a quo, considera esta Corte que fueron correctas en razón de que apreció los hechos partiendo de pruebas que le aportaron, que si bien uno de los testigos no vio el impacto el otro lo percibió directamente, y si bien no padeció lesión alguna, nada quiere decir en razón de que se encontraba justo en el lugar de impacto, asunto que sí ocurrió con la víctima que fallecida que fue expulsada del vehículo siniestrado a causa del impacto, infringiéndole lesiones que le provocaron la muerte, por lo que es evidente que el medio de fundamento y debe de ser desestimado; […] Que en cuanto al segundo punto en referente al aspecto de la determinación de la falta penal de parte del conductor recurrente, ésta Corte lo respondió ampliamente en el análisis del primer medio del recurso este presentó, considerando que las motivaciones del tribunal a quo con respecto a la determinación de la falta penal fueron correctas por lo tanto carece de necesidad y pertinencia entrar de nuevo en ese análisis, constituyéndose en una repetición del medio anterior”;

Considerando, que de lo expresado precedentemente, opuesto a la interpretación dada por los reclamantes, la Corte a-qua ofreció una adecuada fundamentación que justifica plenamente la decisión adoptada, determinando que el juzgado a-quo no incurrió en ilogicidad al apreciar ni calificar jurídicamente los hechos sometidos a su escrutinio; con cuyo razonamiento, a criterio de esta Corte

Casación, no se incurre en el vicio denunciado, quedando únicamente de de mayo de 2015

relieve la inconformidad de los recurrentes; por lo que procede desestimar lo argüido;

Considerando, que cuando una sentencia es casada por la inobservancia de procesales cuyo cumplimiento esté a cargo de los jueces, las costas pueden

ser compensadas.

Por tales motivos, Primero: Declara parcialmente con lugar el recurso de casación incoado por L.R.G., Servicios de Recolección Pro Higiene y Salud, C. por A., y Seguros Banreservas, S.A., contra la sentencia 170-dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 8 de abril de 2014, cuyo dispositivo se en parte anterior del presente fallo; Segundo: Casa el ordinal Cuarto de la decisión ahora impugnada, sólo respecto a la cuantía resarcitoria; Tercero: Dicta directamente la sentencia del caso, y en consecuencia, condena a Servicios de Recolección Pro Higiene y Salud, C. por A., al pago de la suma de Un Millón Quinientos Mil Pesos (RD$1,500,000.00), a favor de las hijas de la occisa Ana

Medina Rodríguez, en la forma que sigue: 1- Un Millón de Pesos (RD$1,000,000.00), a favor de las menores de edad A.P. y Ana Daniela

Medina, representadas por su padre D.E.M.A.; y 2- Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00), a favor de Y.M.M. y E. de mayo de 2015

E.A.M.; Cuarto: Rechaza los demás aspectos del recurso de ción; Quinto: Compensa las costas; Sexto: Ordena que la presente decisión notificada a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento

Judicial de Santo Domingo para los fines que correspondan.

(FIRMADOS).-M.C.G.B..- E.E.A.C..- F.E.S.S..-

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

G.A.S. General

Dlcg/Jccr/Ag.-