Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 1 de Julio de 2015.

Fecha de Resolución: 1 de Julio de 2015
Emisor:Segunda Sala

Fecha: 1 de julio de 2015

Sentencia núm. 104

GRIMILDA A. DE S., SECRETARIA GENERAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, CERTIFICA. QUE EN LOS ARCHIVOS A SU CARGO EXISTE UN EXPEDIENTE QUE CONTIENE UNA SENTENCIA DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2015, QUE DICE:

D., Patria y Libertad República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces M.C.G.B., P.; E.E.A.C., F.E.S.S. e H.R., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 1 de julio de 2015, años 172° de la Independencia y 152° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por P.P.R., dominicana, mayor de edad, comerciante, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 037-0060459-2, domiciliada y residente en la calle 2, núm. 14, del sector Padre Las Casas, Puerto Plata, querellante y actora civil, contra la sentencia núm. 627-2014-00528, dictada por la Corte de Apelación Fecha: 1 de julio de 2015

del Departamento Judicial de Puerto Plata el 14 de octubre de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito motivado suscrito por la Licda. F.B.A., en representación de la recurrente P.P.R., depositado el 28 de octubre de 2014, en la secretaría de la Corte a-qua, fundamentando su recurso de casación;

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 4 de marzo de 2015, admitiendo el recurso de casación interpuesto por la señora P.P.R., fijando audiencia para conocerlo el 20 de abril de 2015;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal (modificados por la Ley 10-15, de fecha Fecha: 1 de julio de 2015

10 de febrero de 2015); la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 76-02, la Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 31 de agosto de 2006 y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes: a) que en fecha 16 de junio de 2014, la Licda. F.B.A., presentó querella con constitución en actor civil, en contra de la señora N.T.H., por presunta violación a la Ley 2859 sobre C.; b) Que regularmente apoderada la Cámara Penal Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia de Distrito Judicial de Puerto Plata dictó en fecha 22 del mes de julio del año 2014, la sentencia núm. 00164/2014; cuyo dispositivo es el siguiente:PRIMERO: Declara a N.T.H., de generales que constan precedentemente, culpable de violación a la Ley de Cheques, en el entendido de haber emitido sin provisión de fondos el cheque núm. 1901 de fecha 04/04/2014, por un monto de RD$48,900.00) Pesos girado a cargo del Banco del Progreso, y a favor de P.P.R., lo que constituye la infracción recogida en el artículo 66 de la Ley 2859, cuya pena viene dada en el artículo 405 del Código Penal Dominicano. En consecuencia condena Nily Fecha: 1 de julio de 2015

T.H., a cumplir seis (6) meses de prisión en el Centro Penitenciario de Corrección y Rehabilitación S.F.; así como al pago de una multa de Cinco Mil Pesos (RD$5,000.00) dominicanos; SEGUNDO: La pena privativa de libertad queda suspendida parcialmente en cuanto a su ejecución, en virtud de los artículos 341 y 41 del Código Procesal Penal, bajo las condiciones que se establecen en la motivación de esta sentencia. Advirtiendo a la imputada que el incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas da lugar a la revocación de la suspensión y al cumplimiento íntegro de la pena impuesta en el Centro Penitenciario de Corrección y Rehabilitación de San Felipe de Puerto Plata; TERCERO: En cuanto al aspecto civil, se declara buena y válida, en cuanto a la forma, la constitución en parte civil hecha por la parte querellante P.P.R., debidamente representado por la Licda. F.B.A.; en cuanto al fondo, condena a N.T.H. al pago inmediato de la suma de Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Pesos Dominicanos, (RD$48,900.00), suma esta que constituye el monto total del cheque núm. 1901, de fecha /4/2014, del Banco del Progreso. Condena a la demandada al pago de la suma de Veinte (RD$20,000.00) Mil Pesos a título de indemnización, por el perjuicio de carácter económico deducido de las vicisitudes afrontadas por la tenedora del referido cheque, al no haber podido ingresar a su patrimonio personal y familiar el importe del referido cheque; CUARTO: Condena a la imputada Nily Fecha: 1 de julio de 2015

T.H., al pago de las costas civiles en distracción de la abogada que ha tenido la representación de la parte querellante y acusadora; QUINTO: La presente sentencia es susceptible del recurso de apelación, según las disposiciones del artículo 416 y siguientes del Código Procesal Penal”; c) que dicha decisión fue recurrida en apelación, siendo apoderada la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, la cual dictó la sentencia núm. 627-2014-00528, objeto del presente recurso de casación, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Suspende, de manera total, la pena de seis meses de prisión impuesta a la imputada N.T.H., por la sentencia núm. 00164/2014, de fecha veintidós (22) del mes de julio del año dos mil catorce (2014), dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata; SEGUNDO: Rechaza, en los demás aspectos, el recurso de apelación interpuesto por N.T.H., en contra de la sentencia núm. 00164/2014, de fecha veintidós (22) del mes de julio del año dos mil catorce (2014), dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata y en consecuencia confirma en todas las demás partes la sentencia recurrida, por los motivos expuestos; TERCERO: Exime de costas el procedimiento”;

Considerando, que la recurrente invoca en su recurso de casación, por intermedio de su defensa técnica, lo siguiente: Primer Medio: Sentencia manifiestamente infundada, basada en la inobservancia o errónea aplicación de Fecha: 1 de julio de 2015

disposiciones de orden legal y constitucional. Que la Corte de Apelación a-qua, en el recurso interpuesto por la señora P.P.R., le fue planteado, como medios en los cuales fundó su recurso los siguientes: 1) Ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia y en cuanto a la valoración de la prueba; 2) Violación a la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica; 3) Contradicción e ilogicidad manifiesta en la motivación y en cuanto a la valoración de la prueba. Que como solución pretendida, sobre estos agravios, la señora P.P.R., por medio de su defensora técnica, le propuso a la Corte de Apelación, que en cuanto a la forma fuera declarado bueno y válido y en cuanto al fondo de la sentencia recurrida núm. 00164/2014, sea ratificada, en todas sus partes, por estar apegada a los preceptos legales, y a las normas procesales. Que la Corte de manera antojadiza y sin ninguna garantía suspende de manera total la pena privativa de libertad impuesta a la señora N.T.H., solo porque se trata de una abogada que usando argumentaciones y artimañas infundadas se presenta al escenario de la Corte y dice de manera oral, que se trataba de una deuda contraída con la parte recurrente, sin embargo el cheque es un instrumento de pago, que el emisor debe dar garantía al emitir el mismo de que está provisto de los fondos suficientes para cubrir y solventar el capital del retenedor a cuya persona le emitió el mismo, tal cual se trata el caso. Que el motivo en el cual se fundamenta el presente recurso de casación, señalado con anterioridad, sentencia manifiestamente infundada, basada en la inobservancia o errónea aplicación de disposiciones de una norma jurídica, encuentra su sustento en las mismas razones y Fecha: 1 de julio de 2015

motivaciones desarrolladas por ante la Corte en el recurso de apelación, las cuales pueden ser leídas en el recurso de apelación que anexo se da al presente escrito o memorial de casación. Que la recurrente fundamenta el presente memorial de casación en el medio indicado en razón de que la Corte en su decisión no valoró ni se refirió a las pruebas documentales en el sentido en que le fue planteado por la hoy recurrente en casación, lo cual caracteriza la violación a los preceptos que se refieren a la valoración de la prueba en nuestro ordenamiento procesal penal, al igual que el juez del primer grado la Corte hizo una errónea apreciación de las mismas, en razón de lo cual sometemos a la consideración de ese altísimo tribunal, la instancia en la que consta el recurso de apelación incoado contra la decisión del primer grado, para que se aplique al presente recurso los criterios por nosotros expuesto en el mismo ya que puede decirse con seguridad que ambos tribunales incurrieron en los mismos dislates. Que la falta de motivación que acusa la sentencia recurrida, configura a nuestro entender el medio propuesto en esta casación, pues indudablemente que el mismo se traduce en una violación a la ley, en una violación al derecho de defensa lo cual se traduce en una violación a la Constitución de la República y una discriminación, pues escucharon a la parte recurrente y la parte recurrida no fue oída. Que en otro sentido el juez a quo establece que concluye como solución a las peticiones planteadas, con la absolución de la imputada, por verificarse una duda razonada, fundamentada en la valoración de los medios de pruebas presentados, pues expone no poder concluir en uno u otro sentido. tal razonamiento resulta infundado por dos razones fundamentales, la primera, es por Fecha: 1 de julio de 2015

el hecho de que, la valoración de los elementos de pruebas presentados resulta apartada de las exigencias previstas por el legislador en los artículos 172 y siguientes del Código Penal Dominicano, por lo que no puede concluirse como fundada una duda que se fundamenta en una valoración errónea de la prueba; y en segundo lugar por el hecho de que los elementos de prueba presentados no han aportado al plenario dos alternativas posibles de solución respecto de la actuación del imputado, que es a lo que se refiere la doctrina cuando exige que para configurarse la duda razonada esta debe de ser esencial, es decir que no poder concluir en uno u otro sentido. Que la inexactitud e ilogicidad tanto en las motivaciones como en la apreciación de la prueba, acarrea como efecto que la decisión recurrida en su conjunto adolezca de eficacia en cuanto al objetivo primordial de todo proceso, que no es otro que el establecimiento de la verdad”;

Considerando, que la Corte a-qua estableció en su decisión lo siguiente: “En un primer medio la recurrente sostiene que hay: Omisión deformas sustanciales de los actos que ocasionan indefensión, y falta de motivos. A.. 39 y 69.4 de la Constitución, 11, 18, 19, 95.1 y 294.2 Código Penal Dominicano. Art. 15 de la resolución 1920/2003 SCJ. Tal y como se evidencia del relato fáctico hecho por los acusadores, la imputación carece de precisión de cargos por no indicar el lugar en que ocurrieron los hechos narrados, lo que impidió que la imputada ejerciera plenamente su derecho de defensa. Es por ello que, corno se observa en las conclusiones de la defensa (Pág. 2 de la sentencia) y en el legajo de documentos que alberga en el expediente del proceso, fue requerido en el plazo establecido en el Art. 305 del Fecha: 1 de julio de 2015

Código Penal Dominicano la nulidad de la acusación por no señalar el lugar donde ocurrieron los hechos; y dicho pedimento consta en las conclusiones, 4 formales realizadas por la defensa en el juicio. Pese a ello, el Tribunal a-quo rechaza el planteamiento (segundo resulta, Pág. 3) bajo el entendido de que no pudo “verificarse la violación a ningún presupuesto de carácter constitucional en perjuicio de la imputada, puesto que en materia de ley de cheques lo que caracteriza la violación no es el lugar, ni el espacio geográfico donde este emitió o entrego, sino no, si como instrumento de pago al momento de ser presentado a la institución girada carecía o tenía insuficiencia de fondos...” En primer lugar, la postura asumida por el juzgador lesiona el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el Art. 39 de la Constitución y 11 del Código Penal Dominicano, pues el Juez plantea (indirectamente) la existencia de una diferencia entre una acusación bajo el tipo penal de expedición de cheques sin fondos y la acusación bajo otros tipos penales, cuando el ordenamiento jurídico no hace distinción alguna sobre cómo debe formularse una acusación cuando se trata de la Ley 2869. Todo lo contrario, la norma procesal penal señala, sin discusión, que la acusación en los procesos de acción privada debe ser hecha conforme exige la norma procesal penal en los procesos que se rigen por el procedimiento ordinario, ello conforme los (Arts. 19, 95.1, 294 y 359 del Código Penal Dominicano). Por lo tanto, la distinción hecha por el Tribunal a-quo carece de base jurídica y transgrede el principio de igualdad. Al mismo tiempo, el argumento hecho por el Juez a-quo carece de base legal y constitucional, pues es indiscutible que en el proceso Fecha: 1 de julio de 2015

penal que nos rige la acusación debe cumplir con requisitos indispensables que permitan ejercer plenamente el derecho de defensa de un ciudadano sobre el que pese una acusación, a la luz de los Arts. 69.4 del texto constitucional y 18 del Código Penal Dominicano; uno de esos requisitos es la indicación clara del lugar donde ocurrió el hecho imputado. Este requisito es indispensable en todos los procesos judiciales, pues la obligación de indicar dónde ocurrieron los hechos nace de la necesidad de proteger el derecho de defensa; y es por ello que el Art. 19 del Código Penal Dominicano manda al acusador a presentar un relato preciso, precisión que según el Art. 95.1 del Código Penal Dominicano debe señalar el lugar de los hechos; de la misma manera la resolución 1920-2003 dictada por la SCJ dispone que el acto acusatorio debe formularse “... dejando claro la fecha, hora y lugar de su ocurrencia”. Por lo que y contrario a lo esgrimido por el Tribunal a-quo, la acusación presentada merece su nulidad. Así se desprende de la jurisprudencia sentada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata en la sentencia núm. 627-2006-0131 dictada el 5 de mayo de 2006. El medio que se examina va a ser rechazado, pues si bien es cierto que esta corte comparte el criterio de la recurrente, en el sentido de que la indicación del lugar en que ocurrió el hecho también debe indicarse cuando se trata de violación a la ley de cheques, no menos cierto es que la omisión del lugar se suple con las pruebas presentadas y sometidas al debate, tales como el protesto del cheque y el pagaré notaria depositado por la propia apelante, que establecen que el lugar del hecho fue la ciudad de Puerto Plata, pues el pagaré notarial dice que la Fecha: 1 de julio de 2015

deuda contraída por la recurrente, la que ella misma reconoce, fue contraída en esta ciudad de Puerto Plata. Además, la recurrente no ha expuesto a la corte que la omisión del lugar del hecho en la acusación le impidiera ejercer el derecho de defensa, o que le generara alguna indefensión de cualquier naturaleza. En un segundo medio la recurrente sostiene que la decisión impugnada viola la ley por errónea aplicación de una norma jurídica. A.. 7 del CF y 66 de la Ley 2859 . El tribunal de juicio ha emitido condena basado en que se concretiza el tipo penal de emisión de cheques sin provisión de fondos (Arts. 66 de la Ley 2859 y 405 del Código Penal); tipo penal que para concretizarse es necesario que el cheque haya sido dado con la intención de pago y ese pago no haya sido cobrado a consecuencia de la falta de los fondos en la cuenta bancaria, sumado a la intención de la imputada de no pagar. En la especie no es así, pues quedó probado que la imputada tiene una deuda con la acusadora de RD$48,900.00 (el mismo monto del cheque), basada en un acto notarial que fue presentado al Tribunal a-quo y a consecuencia de esa deuda la imputada hizo un pago parcial de RD$5,433.00 (ver recibo depositado por la defensa como prueba en el juicio), tal y como fue acordado al momento de concretizarse la deuda. Además se probó que la acusadora realizó acto intimatorio y proceso verbal de embargo a la imputada (ver actos depositados por la defensa) en procura de cobrarse los RD$48,900.00 adeudados. Ello implica que el cheque en cuestión no ha sido entregado con la finalidad de que la acusadora cobre los fondos contenidos en el cheque, sino más bien como una garantía del pago de la deuda contraída con la Fecha: 1 de julio de 2015

acusadora, tal y como lo dijo y fue probado por la imputada y corroborado por la acusadora cuando dijo que comparecía al tribunal a cobrarse la deuda. De ahí que, si el cheque no ha sido utilizado como instrumento de pago, tampoco se concretiza la mala fe de la imputada en entregar un cheque sin fondos, requisito indispensable para sancionar, pues sin intención, no hay tipo penal. Ello ya ha sido juzgado por la jurisprudencia nacional, cuando indica claramente que: “al quedar establecido que entre el librador del cheque y su librado existe un acuerdo en base al cual se realizaron pagos parciales, corresponde a la jurisdicción civil dirimir el conflicto surgido entre las partes a consecuencia de ese acuerdo; toda vez que aún no se haya realizado un pago total de la deuda, el asunto deja de ser un delito penal para constituirse en una deuda de carácter civil entre las partes”. Nótese que según la jurisprudencia citada, cuando se realiza un acuerdo de pago entre las partes y se realizan pagos parciales, no existe el tipo penal de emisión de cheques sin provisión de fondos, sino más bien una deuda que debe ser juzgada por la jurisdicción civil; cuestión que debió fallarse en la especie, sin embargo no fue así. Conforme el principio de legalidad, para existir un tipo penal es indispensable que la conducta ejecutada por el sujeto activo se encuentre tipificada en la legislación penal, lo que no ocurre en la especie porque la conducta de la imputada es deberle a la víctima, sobre la cual ninguna disposición de carácter penal le castiga; sino más bien prohibido por el Art 40.10 de la Constitución Dominicana. El medio que se examina va a ser rechazado, pues las pruebas documentales sometidas al debate por la recurrente, lo que demuestran es que ella Fecha: 1 de julio de 2015

contrajo una deuda con la querellante, previo a la expedición del cheque, ya que el pagaré y el recibo de abono se redactaron en el año 2013, mientras que el cheque se libró en el año 2014. En ese orden, según el pagaré indicado, la ahora recurrente contrajo una deuda de RD$48,900.00, la que vencía el día 4 de abril del año 2014 y ese mismo día, es decir, el 4 de abril del año 2014, la recurrente libró un cheque a favor de la recurrida por la suma de RD$48,900.00, o sea, por el total de monto adeudado, por lo que hay que entender que la recurrente libró el cheque para pagar la deuda que previamente había contraído y en esa circunstancia el cheque librado debía tener fondos, sin importar que el mismo se emitiera para pagar una deuda. En un tercer medio la recurrente sostiene que la sentencia dictada por el tribunal a quo viola la ley, por la inobservancia de una norma jurídica. A.. 172 y 333 Código Penal Dominicano . El tribunal de juicio ha emitido una decisión condenatoria haciendo una valoración de las pruebas alejado de las reglas de la sana crítica establecida en el Art. 172 y 333 del Código Penal Dominicano y de la ley, pues la defensa depositó tres (3) pruebas documentales en fotocopia y el juzgador determinó su exclusión porque fueron depositados en fotocopias y no guardar relación con el caso que se juzga (Pág. 9 de la sentencia). Argumento que carece de base legal, ya que la norma procesal penal no manda a excluir la prueba en copia ni impide valorarla; del mismo modo la doctrina más socorrida en el asunto señala que las copias tienen valor siempre y cuando guarden relación con los hechos, no presenten alteraciones visibles y no sean contradichas con su original; circunstancias que no fueron ponderadas por el Fecha: 1 de julio de 2015

juzgador al excluir las pruebas presentadas por la defensa. Por demás, no lleva la razón el Juez a-quo cuando señala que las pruebas presentadas no guardan relación con la causa juzgada, pues las documentaciones: aportadas por la defensa tan constancia inequívoca de la existencia de un pagaré por RD$48,900.00 (deuda entre la imputada y la acusadora), sobre la cual la imputada realizó pago parcial de dicha deuda tal y como lo dijo la querellante en sus declaraciones. Por lo tanto, esas fotocopias presentadas por la defensa han sido corroboradas no sólo por la imputada en sus manifestaciones voluntarias, sino también por la querellante y actora civil, quien reconoció la existencia de una deuda con la imputada mediante pagaré notarial, sobre la cual se hizo un pago parcial (ver original del recibo aportado por la defensa). En tales condiciones es evidente que las pruebas que desfilaron por el tribunal a-quo fueron valoradas bajo el sistema de prueba tasada, donde la norma indica el valor que debe tener cada prueba y no en aplicación del sistema de la sana crítica racional estipuladas en los artículos 172 y 333 del Código Penal Dominicano, según los cuales la prueba se valora de manera armónica, es decir, en su conjunto, para llegar a una conclusión lógica. El medio de que se trata va a ser rechazado, pues si bien es cierto que el tribunal a quo debió valorar las pruebas presentadas por la defensa técnica de la imputada, basado en el principio de libertad probatoria, no menos cierto resulta que ya esta corte valoró esas pruebas, en el motivo que antecede a este y dijo que las mismas prueban la existencia de una deuda contraída previo a la expedición del cheque, por lo que el error cometido por el tribunal a quo ha quedado subsanado con la Fecha: 1 de julio de 2015

valoración de las pruebas excluidas y esa valoración arrojó que la imputada probó la existencia de una deuda previa al cheque y que la misma efectuó abono a la deuda, no al cheque. En un cuarto medio la recurrente sostiene que el Tribunal a-quo hizo una errónea aplicación de los arts. 339 del Código Penal Dominicano y 463 CP . La presentación de este motivo no implica una renuncia de las pretensiones perseguidas en los anteriores motivos que sustentan el presente recurso.” Al momento de determinar la cuantía de la multa impuesta a la imputada, el tribunal acoge circunstancias atenuantes a favor de la imputada e impone una multa de RD$2,500.00. Sobre ello no viene la queja, sino más bien porque esas circunstancias atenuantes no se reflejaron en el monto de la pena privativa de libertad impuesta, pues impuso el mínimo estipulado por el Art. 66 de la Ley 2859 sobre Cheques, lo que significa que la atenuante no se aplicó en la pena privativa de libertad. La actuación ejecutada por el Tribunal a-quo constituye una errónea aplicación de las disposiciones contenidas en el Art. 463 del Código Penal, específicamente su numeral 6to., el cual dispone que cuando la norma penal pronuncie las penas de prisión y multa (tal es el caso del Art. 66 de la Ley 2869), los tribunales están en condiciones de reducir el tiempo de la prisión a menos de 6 días. Ello quiere decir que, como el tribunal acogió circunstancias atenuantes a favor de la imputada, resulta razonable y acorde al derecho que ello no solo se aplique en la multa, sino también a los 6 meses de prisión establecidos en el Art. 66 de la Ley 2859 sobre Cheques e imponer una sanción más benigna a la imputada que no implique una privación de libertad o en su defecto la Fecha: 1 de julio de 2015

suspensión total de la pena y no parcial como lo hizo el Juez. Esto también deviene en una aplicación irracional de los criterios para la determinación de la pena previstos en el Art. 339 del Código Penal Dominicano y de los requisitos previstos en el Art. 341 del Código Penal Dominicano, pues estamos frente a una persona que por primera vez se encuentra sometida a un proceso judicial, se le ha imputado la comisión de un tipo penal de carácter meramente económico que no afecta la integridad física de ninguna persona, el monto involucrado no ha producido daños irreparables a la víctima, no se altera la paz social a consecuencia del hecho porque se trata de asuntos económicos entre las partes. El medio que se examina va a ser acogido por la corte, pues tratándose la imputada de una profesional del derecho y habiendo el tribunal a quo acogido circunstancias atenuantes en su favor, debió de haberla condenado solo a una multa y al menos haber suspendido de manera total la pena, en base a los criterios que establece el artículo 339 del Código Procesal Penal, por lo que procede suspender totalmente la pena privativa de libertad impuesta a la imputada”;

Considerando, que tal y como se advierte el considerando arriba indicado la Corte a-qua hace una correcta fundamentación descriptiva, estableciendo de forma clara, precisa y debidamente fundamentada, las razones por las cuales confirma la decisión de primer grado, en cuanto la relación fáctica que realiza el tribunal de juicio y en cuanto a los aspectos tocantes a la valoración probatoria; no advirtiendo esta alzada un manejo arbitrario, ya que los jueces de segundo Fecha: 1 de julio de 2015

grado verificaron a profundidad la valoración probatoria, antes de emitir su decisión, dando motivos precisos y pertinentes, lo que le ha permitido a esta sala, como Corte de Casación comprobar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley;

Considerando, que en cuanto al aspecto tocante por la parte recurrente en lo relativo a la suspensión de la totalidad de la pena impuesta a la imputada, esta alzada pudo observar en la sentencia recurrida, una motivación insuficiente por parte de la Corte a-qua, al momento de suspender la totalidad de la misma, entendiendo esta alzada procedente, suplir de puro derecho la motivación correspondiente;

Considerando, que el artículo 24 del Código Procesal Penal establece: “Motivación de las Decisiones. Los jueces están obligados a motivar en hecho y derecho sus decisiones, mediante una clara y precisa indicación de la fundamentación. La simple relación de los documentos del procedimiento o la mención de los requerimientos de las partes o de fórmulas genéricas no reemplaza en ningún caso a la motivación. El incumplimiento de esta garantía es motivo de impugnación de la decisión, conforme lo previsto en este código, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar”;

Considerando, que el artículo 339 del Código Procesal Penal, establece lo siguiente: “Al momento de fijar la pena, el tribunal toma en consideración, los Fecha: 1 de julio de 2015

siguientes elementos: 1) El grado de participación del imputado en la realización de la infracción, sus móviles y su conducta posterior al hecho; 2) Las características personales del imputado, su educación, su situación económica y familiar, sus oportunidades laborales y de superación personal; 3) Las pautas culturales del grupo al que pertenece el imputado; 4) El contexto social y cultural donde se cometió la infracción; 5) El efecto futuro de la condena en relación al imputado y a sus familiares, y sus posibilidades reales de reinserción social; 5) El estado de las cárceles y las condiciones reales de cumplimiento de la pena; 7) La gravedad del daño causado en la víctima, su familia o la sociedad en general”;

Considerando, que la Corte a-qua, declara con lugar el cuarto medio del recurso de apelación interpuesto por la imputada, y modifica en cuanto a la pena impuesta, estableciendo lo siguiente: “El medio que se examina va a ser acogido por la corte, pues tratándose la imputada de una profesional del derecho y habiendo el tribunal a quo acogido circunstancias atenuantes en su favor, debió de haberla condenado solo a una multa y al menos haber suspendido de manera total la pena, en base a los criterios que establece el artículo 339 del Código Procesal Penal, por lo que procede suspender totalmente la pena privativa de libertad impuesta a la imputada”;

Considerando, que el tribunal de primer grado, al momento de imponer la sanción a la imputada, estableció en su decisión lo siguiente: “ Que Fecha: 1 de julio de 2015

este tribunal en aplicación de los principios de razonabilidad y legalidad, y al amparo de las previsiones contenidas en el artículo 341 del Código Procesal Penal, y en función de que la imputada es abogada y ha establecido las vicisitudes económicas que está padeciendo, procede suspender de manera parcial la pena privativa de libertad impuesta, es decir, que los primeros tres meses serán cumplidos en el Centro de de Corrección y Rehabilitación Rafey-Mujeres, Santiago; y los restantes tres meses queda sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones, contenidas en el artículo 41 del Código Procesal Penal; 1. Residir en un lugar determinado o someterse a la vigilancia que señale el Juez de la Ejecución de la Pena; 2. Abstenerse de viajar al extranjero mientras esté vigente el tiempo de la condena; 3. Prestar trabajo de interés comunitario en una institución estatal u organización sin fines de lucro, fuera de sus horarios habituales de trabajo remunerado; advirtiéndole a la imputada que en caso de violación a las reglas fijadas, puede dar lugar a la revocación de la suspensión, lo que obliga al cumplimiento íntegro de la condena pronunciada”;

Considerando, que, en el caso de la especie, no solo se trata de una profesional del derecho, sino que tomando en consideración las condiciones personales de la justiciable, que es la primera vez que se ve involucrada en hechos de esta naturaleza, donde no sólo ha reconocido el hecho, sino que le pidió disculpas por ante el plenario a la querellante hoy recurrente, que explicó su situación económica, su estado de salud y su intención de pagar; Fecha: 1 de julio de 2015

Corte, y suspender la totalidad de la pena impuesta a la imputada, bajo la misma condiciones establecidas por el tribunal de juicio;

Considerando, que al decidir como lo hizo, la Corte, hizo una correcta aplicación del derecho, con apego a las normas y al debido proceso; por lo que procede rechazar el recurso de casación interpuesto;

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por P.P.R., contra la sentencia núm. 627-2014-00528, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 14 de octubre de 2014, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Confirma la sentencia recurrida; Tercero: Compensa las costas; Quinto: Ordena a la secretaria la notificación de la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución del Departamento Judicial de Puerto Plata.

(FIRMADOS).- M.C.G.B..- E.E.A.C..- F.E.S.S..- H.R..-

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.