Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 25 de Septiembre de 2017.

Fecha de Resolución:25 de Septiembre de 2017
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Sentencia núm. 809

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 25 de septiembre de 2017 que dice así:

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces M.C.G.B., P.; E.E.A.C., F.E.S.S., asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 18 de septiembre de 2017, años 174° de la Independencia y 155° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por P.E.A.M., dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cedula de identidad y electoral núm. 001-1810949-0, domiciliado y residente en la calle Altagracia núm. 35, sector S.C., Distrito Nacional, imputado, actualmente recluido en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, contra la sentencia penal núm. 0067/2016, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 8 de julio de 2016, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído a la Licda. A.D.P., por sí y por el Licdo. F.A., defensores públicos, en la lectura de sus conclusiones en la audiencia del 29 de marzo de 2017, a nombre y representación del recurrente P.E.A.M.T..

Oído el dictamen de la Magistrada Procuradora General Adjunta de la República, L.. A.M.B.;

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Licdo. F.A.P., defensor público, en representación del recurrente P.E.A.M., depositado el 8 de agosto de 2016, en la ecretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional;

Visto el escrito de contestación al recurso de casación precedentemente indicado, articulado por los Dres. Y.R.C. y E.M. de la Rosa, en representación de J.S.C., depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 12 de septiembre 2016;

Visto la resolución núm. 4211-2016, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 19 de diciembre de 2016, la cual declaró admisible el recurso de casación interpuesto por P.E.A.M.T., y fijó audiencia para conocerlo el 29 de marzo de 2017;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núm. 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, visto la Constitución de la República; los Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; la norma cuya violación se invoca, así como los artículos 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15; la Ley núm. 278-04, sobre Implementación del Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 76-02, la Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 31 de agosto de 2006 y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006; Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos a que ella se refiere son hechos constantes los siguientes:

  1. que en fecha 15 de mayo del año 2015, el Licdo. M.E.A.E., Procurador Fiscal del Distrito Nacional, interpuso formal acusación en contra del hoy recurrente, por presunta violación a las disposiciones contenidas en los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, y 2, 3 y 39-III de la Ley 36, sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas;

  2. que en fecha 21 de septiembre del año 2015, el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogió totalmente la acusación que presentara el Ministerio Público por el hecho precedentemente descrito, dictando auto de apertura a Juicio en contra del imputado P.E.A.M.T., por violación a las disposiciones legales contenidas en los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 2, 3 y 39-III de la Ley 36, sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas;

  3. que apoderado el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó la sentencia penal Núm. 249-02-2016-SSEN-26, de fecha 3 de febrero de 2016, cuyo dispositivo dice así: PRIMERO: Declara al imputado P.E.A.M.T., culpable de haber cometido el crimen de homicidio voluntario en perjuicio de J.J.S.G. y porte ilegal de arma de fuego, hechos previstos y sancionados en los artículos 295 y 304 párrafo II del Código Penal, y 2,3 y 39 párrafo III Ley 36 sobre Comercio, P. y tenencia de Armas, al haber sido probada la acusación presentada en su contra, en consecuencia se le condena a cumplir la pena de diez (10) años de reclusión mayor; SEGUNDO: E. al imputado P.E.A.M.T. (a) A. del pago de las costas penales, por haber sido asistido por la Oficina Nacional de Defensa Pública; TERCERO: Ordena el decomiso a favor del Estado dominicano el revólver marca S. &W., calibre 38mm, numeración limada, que figura como cuerpo del delito en el presente proceso; CUARTO: Ordena la notificación de la presente decisión al Juez de Ejecución de la Pena de la Provincia de Santo Domingo, a los fines correspondientes; En el aspecto civil QUINTO: Acoge la constitución en actor civil, formalizada por el señor J.S.C., por intermedio de su abogado constituido y apoderado, por haber sido intentada conforme a los cánones legales vigentes; en cuanto al fondo, condena al imputado P.E.A.M.T. (a) A. al pago de una indemnización ascendente a la suma de quinientos mil pesos (RD$500,000.00), a favor de la victima constituida, como justa reparación por los daños y perjuicios morales y materiales sufridos por ésta a consecuencia de la acción cometida por el imputado; SEXTO: Compensa la costas civiles”;

d) que dicha sentencia fue recurrida en apelación por el imputado P.E.A.M.T., siendo apoderada la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, tribunal que en fecha 8 de julio de 2016, dictó la sentencia penal núm. 0067-2016, cuyo dispositivo dice así:

PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha veintidós (22) del mes de marzo del año dos mil dieciséis (2016), por el Licdo. F.A.P.D.P., quien asiste en sus medios de defensa al imputado P.E.A.M.T., contra la sentencia núm. 249-02-2016-SSEN-26 de fecha tres (03) del mes de febrero del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; SEGUNDO: Confirma la Sentencia Recurrida, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente decisión; TERCERO: Ordena eximir al imputado P.E.A.M.T., del pago de las costas por estar asistido por un abogado de la Defensoría Pública, y compensar las costas civiles del proceso en esta instancia; CUARTO: Ordena la remisión de una copia certificada de la presente decisión al Juez de la Ejecución de la Pena, para los fines correspondientes;”

Considerando, que el recurrente P.E.A.M., por intermedio de su abogado, invoca en su recurso de casación los siguientes motivos:

Primer medio. Sentencia manifiestamente infundada. Art. 426.3 del CPP. La Corte a-qua para rechazar el recurso de apelación interpuesto a favor de nuestro representado advierte que fue examinada el contenido de las declaraciones dadas ante el juicio por el testigo D.S., siendo ponderadas integralmente con el resto de las pruebas a cargo es decir las pruebas documentales, periciales e ilustrativas siguientes, acta de registro de personas de fecha quince 15 del mes de febrero del año 2015, acta de inspección de la escena del crimen núm. 19414 de fecha primero de octubre del año dos mil catorce, acta de levantamiento de cadáveres de fecha primero del mes de octubre del año dos mil catorce, certificación núm. 004933-2014, del mes de abril del año dos mil quince 2015, informe de autopsia, núm. A-133-2014 de fecha 1/10/2014, la fotografía donde se visualiza el arma de fuego revólver Smith & Wesson calibre 38 numeración no legible con 4 cápsulas. Por lo que con la indicada ponderación de estos elementos probatorios hay que insinuar que se realizó una incorrecta valoración de las pruebas antes descritas todo lo cual debió llevar al tribunal a entender que en el caso de la especie no fue probada la acusación en contra de nuestro representado P.E.A.M.T. conforme a lo que fue probado en el juicio de marras. Que si bien la Corte a-qua parte para confirmar la indicada sentencia de la valoración de un testigo presencial como es el caso del joven D.S. quien era quien acompañaba supuestamente al hoy occiso en el momento en que sucede el suceso, si verificamos la indicada sentencia la misma no revela cuáles puntos fueron tomados en cuenta de dicha declaración con la finalidad de determinar un base que nos permita verificar si hubo certeza en la supuesta responsabilidad de nuestro representado P.E.M.T., por lo que poco importa que la Corte establezca que dichas declaraciones fueron ponderadas dentro del contexto en que fue vertida y al grado de conocimiento de este deponente, con lo cual se advierte que deja en un vacío existencial que puede llevar a cualquier juzgador a error conforme a una correcta valoración de las pruebas. Que es penoso que la Corte a-qua solo haya tomado en consideración las pruebas a cargo del Ministerio Público de una manera positiva puesto que inobservó y no ponderó los testimonios ofertados a descargo por la defensa, dentro de los cuales se encontraba uno a cargo del órgano acusador como es el caso del señor S.R.N. quien afirmó que el imputado P.E.A.M. no participó en la muerte de quien en vida se llamó J.J.S.G., siendo corroboradas las indicadas deposiciones por otros testigos a descargo como lo son los señores R.M.B.C., L.C.P. y E.A.N., testigos que estuvieron presentes en el momento de la ocurrencia de los hechos, que fueron investigados por los cuerpos investigativos del Estado y a los cuales la Corte al igual que el tribunal de donde proviene la sentencia no le otorgó credibilidad de una manera ilógica e irracionable en el sentido de que supuestamente estos se encontraban dentro de la sala de audiencias en el momento de la declaración de uno de los testigos, constituyendo esto un argumento vago que al parecer no se entendió que estaba en jugo la posible libertad de una persona. Segundo medio : Inobservancia o errónea aplicación de disposiciones del orden legal, constitucional o contenidos en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. Art. 426 del CPP. Violación al principio de presunción de inocencia. Uno de los puntos plasmados en ocasión del recurso de apelación lo es en lo referente al principio de presunción de inocencia puesto que entendemos que dicho instrumento legal fue inobservado ya que si tomamos en cuenta los elementos probatorios que fueron sometidos a discusión dentro de los cuales se encontraban el acta de registro de persona y la prueba pericial, nos daremos cuenta que a nuestro representado se le ocupó un arma de fuego diferente con la cual se le quitó la vida a la parte agraviada objeto del presente proceso conforme a las pericias realizadas a la indicada arma de fuego, con lo que con esto se puede determinar que los juzgadores solo se preocuparon por establecer la condena del tribunal a-quo sin importarle la existencia de una duda razonable que fue obviada por los jueces de donde proviene la sentencia atacada. A que de la misma manera fue obviado el derecho de defensa con que cuenta todo imputado toda vez que el órgano acusador promovió una teoría de la acusación muy diferente a la que fue reproducida en el juicio;”

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por la parte recurrente

Considerando, que en cuanto a lo cuestionado por el recurrente en el primer medio del recurso en el sentido de que, de la ponderación hecha por la Corte a-qua de los elementos de pruebas aportados al juicio para rechazar el recurso de apelación que le fuera interpuesto: “se puede insinuar que se realizó una incorrecta valoración de dichos elementos probatorios, lo cual debió llevar al tribunal a entender que en el caso de la especie no fue probada la acusación”; no obstante verificar esta Alzada que este cuestionamiento constituye una mera insinuación como el mismo lo indica, el examen de la sentencia ahora impugnada permite constatar que los fundamentos tomados en cuenta por la Corte a-qua para rechazar el referido recurso, en modo alguno implican que se haya hecho una incorrecta valoración de las pruebas que fueron sometidas al juicio de primer grado, pues, con dichos fundamentos se demuestra que dicho órgano de justicia estuvo conteste con la citada valoración, ya que en caso contrario la decisión de la Corte a-qua hubiese sido otra;

Considerando, que comprueba además esta Alzada en relación al alegato que se analiza, que el tribunal de primer grado valoró de manera correcta cada uno de los medios probatorios presentados por el órgano acusador, indicando de una manera clara y precisa la manera en que llegó a la conclusión de la existencia de responsabilidad del imputado ahora recurrente y en consecuencia su culpabilidad en los hechos endilgados, por lo que el ejercicio de la valoración probatoria fue realizada de conformidad con las exigencias procesales, lo que dio como resultado pruebas suficientes para fundamentar su decisión, por lo que procede el rechazo del aspecto invocado;

Considerando, que un segundo aspecto invocado por el recurrente en el primer medio del recurso plantea, que la Corte a-quo no revela cuáles puntos fueron tomados en cuenta de la declaración del testigo D.S., con la finalidad de determinar una base que permita verificar si hubo certeza en la responsabilidad del imputado; que contrario a lo alegado, omprueba esta alzada que la Corte a-qua pudo verificar que el referido testigo afirmó que el acusado disparó al hoy fallecido desde una segunda planta, lo cual fue sopesado de manera armónica con el acta de levantamiento de cadáver y el informe de autopsia, prueba certificante con la que materialmente se puede leer su contenido total, que establece dos heridas recibidas por el ahora fenecido: 1) entrada en el cuello y salida en región dorsal (espalda); 2) entrada en muslo izquierdo y salida en muslo derecho. Se describe la trayectoria de uno de los proyectiles de arriba hacia abajo, el cual junto a la otra bala impactó el cuerpo del actual difunto, generándose la muerte, lo que científicamente demuestra que al instante de balear al ciudadano J.J.S.G., el autor se encontraba en una posición desde lo alto;

Considerando, que verifica además esta Alzada que la Corte a-qua estableció que el testigo D.S. esclareció circunstancias que rodearon el hecho, sin advertir vicio alguno en la sentencia recurrida en apelación en relación a este aspecto, pues quedó meridianamente verificado el señalamiento al encartado como autor del deceso de la víctima, por lo que así las cosas, procede el rechazo del argumento planteado;

Considerando, que un tercer y último aspecto argüido por el recurrente en el primer medio del recurso refiere, que es penoso que la Corte a-qua solo haya tomado en consideración las pruebas a cargo del Ministerio Público de una manera positiva puesto que inobservó y no ponderó los testimonios a descargo ofertados por la defensa, dentro de los cuales se encontraba uno a cargo del órgano acusador como es el caso del señor S.R.N. quien afirmó que el imputado P.E.A.M. no participó en la muerte de quien en vida se llamó J.J.S.G., siendo corroboradas las indicadas deposiciones por otros testigos a descargo como lo son los señores R.M.B.C., L.C.P. y E.A.N.;

Considerando, que en cuanto al alegato referido en el párrafo anterior, del análisis de la sentencia recurrida se comprueba que el recurrente no lleva razón en sus alegatos, puesto que la Corte a-qua pudo verificar en relación al testimonio de S.A.R.P., que el tribunal de primera instancia expresó lo siguiente: “Que en cuanto a la prueba testimonial consistente en las declaraciones del señor S.A.R.N., al ser cuestionado por el Ministerio Público y en virtud de las respuestas, entendió que las declaraciones son contrarias a las que realizó ante el Lic. H.M.R., P.F. del Distrito Nacional, esta parte solicitó que sea declarado hostil dicho testigo, por lo que, al ser autorizado por el tribunal, fue contrainterrogado en base a las declaraciones que previamente habían sido vertidas, resultando en consecuencia ser contraria al testimonio vertido ante el plenario…;”

Considerando, que en efecto, la Corte a-qua estableció también, que al leer las declaraciones dadas en el juicio por el referido testigo S.R., las mismas dieron lugar a la confrontación con declaraciones anteriores distintas, vertidas por el deponente sobre detalles del suceso y la participación del imputado como responsable de los disparos que le segó la vida al hoy occiso, las cuales fueron utilizadas por el Ministerio Público mediante interrogatorio y acorde a la metodología aplicable al testigo hostil, conforme a las indicaciones contenidas en la resolución Número 3869 sobre manejo de las pruebas en juicio;

Considerando, que constata además este tribunal de casación que en relación a los demás testigos a descargo, la Corte a-qua estableció que la instancia judicial de primer grado consignó razones lógicas por las que consideró que el testimonio del señor R.M.B.C. no debilitó de modo alguno las pruebas a cargo presentadas por el Ministerio Público; que en lo que respecta a la deponente L.C.P., determinó que ante la afirmación de que no pudo ver las personas que dijo se batieron a tiros, se desprende que no observó quién fue la persona que disparó al hoy occiso, por lo que no contrarresta lo establecido por los otros testigos, de que fuera de toda duda razonable fue el imputado P.E.A.M.T. fue quien le disparó a J.J.S.G., causándole la muerte; y en cuanto al testimonio del señor E.A.N., la Corte a-qua estableció que el tribunal de juicio no le otorgó valor probatorio en virtud de que sus declaraciones le acarrearon dudas, ya que al ser interrogado manifestó entre otras cosas, que en el salón de audiencias no habían más personas de las que encontraban el día del evento, observando las juzgadoras del juicio de fondo, que en ese instante se encontraban los señores L.C.P. y R.M.B.C., testigos también que ya habían prestado sus testimonios;

Considerando, que de lo anteriormente expuesto se desprende contrario a lo alegado por el recurrente, que la Corte a-qua observó y ponderó las declaraciones de los testigos a descargo, conforme fueron valorados por el tribunal de primer grado, y que no se limitó a tomar en cuenta solo las declaraciones de los testigos a cargo, por lo que en ese tenor procede el rechazo del aspecto cuestionado, y con ello el primer medio del recurso;

Considerando, que en el segundo medio del recurso, el recurrente alega que uno de los puntos plasmados ante la Corte de Apelación es el relacionado con el principio de presunción de inocencia, el cual según éste, fue inobservado ya que si toma en cuenta los elementos probatorios que fueron sometidos a discusión dentro de los cuales se destacan, el acta de registro de personas y la prueba pericial, se podrá observar que al recurrente le fue ocupado un arma distinta con la que se le dio muerte al hoy occiso; en relación al tema planteado, esta Alzada ha verificado que si bien es cierto el ahora recurrente planteó ante la Corte a-qua como segundo motivo, el de violación a la ley por inobservancia de disposiciones legales en lo relativo al principio de presunción de inocencia, artículo 14 del Código Procesal Penal, no menos cierto es, que el fundamento utilizado por el reclamante para sustentarlo, en torno a la diferencia del arma de fuego, constituye un cuestionamiento nuevo, dado que el análisis a la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere se evidencia que el impugnante no formuló en las precedentes jurisdicciones ningún pedimento ni manifestación alguna, formal ni implícita, en el sentido ahora argüido, por lo que no puso a la alzada en condiciones de referirse al citado alegato, de ahí su imposibilidad de poder invocarlo por vez primera ante esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación;

Considerando, que no obstante lo anterior, comprueba esta Alzada que el principio de presunción de inocencia fue debidamente observado por el tribunal de primer grado y por la Corte a-qua, pues ésta pudo constatar que el tribunal de juicio obró correctamente al entender que el estado o presunción de inocencia que le asiste al imputado fue justamente destruido en torno a la imputación formulada y decidiendo como en efecto lo hizo con apego a la tutela judicial y el debido proceso de ley, criterio con el que esta Alzada está conteste, por lo que no lleva razón el recurrente en el sentido de lo alegado y procede su rechazo;

Considerando, que un segundo y último aspecto del segundo medio alega el recurrente, que fue obviado además el derecho de defensa con que cuenta todo imputado, toda vez que el órgano acusador promovió una teoría de la acusación muy diferente a la que fue reproducida en el juicio; en relación a este planteamiento el examen de la decisión ahora recurrida permite comprobar que la Corte a-qua al contestar dicho planteamiento, señaló que contrario a lo alegado por el recurrente, la teoría de la acusación sostuvo como móvil del homicidio, el intento de sustracción de un motor por parte de la víctima y que es la teoría de defensa del encartado que planteó un intercambio de disparos entre los ocupantes del vehículo en el que se desplazaba el occiso y ocupantes de dos motores y otro automóvil que coincidieron en la escena del crimen, arguyendo sin motivo un enfrentamiento a tiros en el que perdió la vida el ahora extinto, no siendo esto demostrado;

Considerando, que se comprueba además que la Corte a-qua señaló en este sentido, que aun cuando no se haya establecido claramente el móvil del hecho criminoso como pretendió argüir la defensa, esto no impide la posibilidad de determinación de la responsabilidad penal a través de las pruebas presentadas, tal y como aconteció con el encartado, acorde a las comprobaciones de hecho ya fijadas por la sentencia recurrida; por lo que en este sentido se rechaza el último argumento cuestionado, y con ello el segundo medio del recurso;

Considerando, que del análisis integral de la sentencia impugnada, se aprecia que la Corte a-qua procedió de forma correcta en la interpretación y aplicación del derecho, dando respuesta a los medios planteados y tutelando cada uno de los derechos que le acuerda la Constitución y las leyes de la República a las partes envueltas en la presente litis; por tanto, procede el rechazo del presente recurso, debido a que no se evidencia en el cuerpo de la sentencia impugnada los vicios denunciados por el impugnante;

Considerando, que en ese sentido, la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, en atención a lo pautado por el artículo 427.1 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15 del 10 de febrero del 2015, procede a rechazar el recurso de casación, confirmando la decisión recurrida;

Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispone: “Imposición. Toda decisión que pone fin a la persecución penal, la archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente para eximirla total o parcialmente”; que procede eximir al recurrente del pago de las costas del procedimiento por estar asistido el imputado por un abogado de la defensoría pública;

Considerando, que los artículos 437 y 438 del Código Procesal Penal, modificados por la Ley núm. 10-15, y la Resolución marcada con el núm. 296-2005 del 6 de abril de 2005, contentiva del Reglamento del Juez de la Ejecución de la Pena para el Código Procesal Penal emitida por esta Suprema Corte de Justicia, mandan a que copia de la presente decisión debe ser remitida, por la secretaría de esta alzada, al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial correspondiente, para los fines de ley;

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por P.E.A.M.T., contra la sentencia penal núm. 0067-2016, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 8 de julio de 2016, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de la presente decisión; Segundo: E. al recurrente del pago de costas del proceso;

Tercero: Ordena a la secretaría general de esta Suprema Corte de Justicia notificar a las partes la presente decisión;

Cuarto: Ordena a la secretaría general de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión al Juez de la Ejecución del Departamento Judicial correspondiente.;

(Firmados) M.C.G.B.-E.E.A.C.-F.E.S.S.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

AYM/Gob/are