Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 22 de Noviembre de 2017.

Fecha de Resolución22 de Noviembre de 2017
EmisorSegunda Sala

Sentencia núm. 1106

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 22 de noviembre del 2017, que dice así:

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte

de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Miriam Concepción

Germán Brito, P.; E.E.A.C., Fran Euclides

Soto Sánchez, A.M.S. e H.R., asistidos del

secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la

ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 22 de

noviembre de 2017, años 174° de la Independencia y 155° de la

Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la

siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Erasmo Antonio

Nicolás Sarita, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de

identidad y electoral núm. 065-0020820-9, domiciliado y residente en el

Kilómetro 11 ½, casa núm. 12, A.D., sector V.L., cerca

de Carrefour, Distrito Nacional, actualmente recluido en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, imputado, contra la sentencia núm. 00105-TS-2016, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de

Apelación del Nacional el 16 de septiembre de 2016, cuyo dispositivo se

copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen de la Magistrada Procuradora General Adjunta

de la República, Dra. I.H. de Ballejo;

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por la

Licda. I.R.H., defensora pública, en

representación de E.A.N.S., depositado en la

secretaría de la Corte a-qua el 13 de octubre de 2016, mediante el cual

interpone dicho recurso;

Visto la resolución núm. 877-2017, dictada por esta Segunda Sala

de la Suprema Corte de Justicia el 6 de marzo de 2017, la cual declaró

admisible el referido recurso de casación, y fijó audiencia para conocerlo

el 29 de mayo de 2017;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156

de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber

deliberado, y visto la Constitución de la República, los artículos 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 423, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal,

modificado por la Ley núm. 10-15, de fecha 10 de febrero de 2015; 309

literales 1, 2 y 3, del Código Penal Dominicano, y la Resolución núm.

3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre

de 2006;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los

documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

  1. que el 16 de septiembre de 2015, la Procuraduría Fiscal del

    Distrito Nacional presentó formal acusación y solicitud de apertura a

    juicio en contra de E.A.N.S., imputándolo de

    violar los artículos 309 literales 1, 2 y 3, del Código Penal Dominicano,

    en perjuicio de R.R.S.;

  2. que para la instrucción preliminar fue apoderado el Quinto

    Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial, el cual dictó auto de

    apertura a juicio en contra del imputado, mediante la resolución núm.

    061-2015-SPRE-00327, de fecha 12 de noviembre de 2015;

  3. que al ser apoderado el Segundo Tribunal Colegiado de la

    Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional,

    dictó la sentencia núm. 2016-SSEN-00092, el 26 de abril de 2016, cuyo

    dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara al imputado E.A.N.S., de generales que constan en el expediente, culpable del crimen de violencia intrafamiliar, hecho previsto y sancionado en el artículo 309 numerales 2 y 3 literal e) del Código Penal Dominicano, al haber sido probada la acusación presentada en su contra; en consecuencia, se le condena a cumplir la pena de tres (3) años de prisión y al pago de una multa ascendente a la suma de Cinco Mil Pesos (RD$5,000.00), al haber sido probada la acusación presentada en su contra; SEGUNDO: Declara las costas de oficio por estar el imputado asistido de a defensa pública; TERCERO: Ordena la restitución de los objetos distribuidos, consistentes en un televisor y un espejo; CUARTO: Ordena que el cumplimiento de esta pena sea cumplida en el Centro de Corrección de la Cárcel de San Pedro de Macorís”;

  4. que dicha decisión fue recurrida en apelación por el imputado,

    siendo apoderada la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de

    Apelación del Nacional, la cual dictó la sentencia núm. 00105-TS-2016, objeto del presente recurso de casación, el 16 de septiembre de

    2016, cuyo dispositivo expresa lo siguiente:

    PRIMERO : Rechaza el recurso de apelación interpuesto por la Licda. M.M. de P., defensora Pública, actuando a nombre y en representación del imputado E.A.N.S., en fecha treinta (30) del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), contra la sentencia marcada con el numero 2016-SSEN-00092, de fecha veintiséis (26) del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por los motivos expuestos en el cuerpo motivado de la presente decisión; SEGUNDO: Confirma la decisión impugnada por estar estructurada conforme a hecho y derecho; TERCERO: E. al imputado y recurrente E.A.N.S., del pago de las costas del procedimiento producidas en la presente instancia judicial; CUARTO: Ordena la remisión de una copia certificada de la presente decisión al Juez de la Ejecución Penal del Distrito Nacional, para los fines de lugar

    ;

    Considerando, que el recurrente, por intermedio de su defensa técnica,

    alega los siguientes medios de casación:

    Primer Medio : Inobservancia de disposiciones de orden legal, en lo referente a los artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal, por vía de consecuencia error en la determinación de los hechos; Segundo Medio : Sentencia manifiestamente infundada, por inobservancia del artículo 24 del Código Procesal Penal, así como el principio 19 de la Resolución 1920 del año 2003, emitida por la Suprema Corte de Justicia

    ;

    Considerando, que los medios expuestos por el recurrente guardan

    estrecha relación, por lo que se examinarán de manera conjunta;

    Considerando, que el recurrente sostiene en el desarrollo de su

    recurso, en síntesis, lo siguiente: “La Tercera Sala de la Corte de Apelación mediante la sentencia hoy recurrida inobservó las disposiciones contenidas en el artículo 172 del Código Procesal Penal, y por vía de consecuencia no fundamentó de manera correcta la decisión, se limitó a establecer de manera muy escueta ciertos aspectos en cuanto a la valoración de la prueba, ya establecidos por el tribunal de primer grado, es decir, que la Corte a-qua no realizó un análisis, una valoración de los elementos de pruebas; que las declaraciones de la víctima y las del testigo presencial R.A.M.S., quien es hermano de la víctima, resultan contradictorias, ya que este último indicó “que de repente el esposo de ella entró, duró un rato en la habitación y cuando salió cerró las puertas de la casa con pestillo y sin mediar palabras, empezó a estrallar todo lo que había, y luego se fue”; por lo que no hubo tal agresión física como refiere la querellante; que además el Tribunal de primer grado le dio credibilidad a las declaraciones de la testigo W.M.R.M., hija de la víctima, quien indicó que el día del hecho, su madre llegó a la casa de su abuela con la cabeza ensangrentada cuando el certificado médico no contempla dicha lesión; que existe una falta de motivación de la decisión en cuanto a la pena a imponer, es decir, en lo que se refiere al quantum de la pena; que la Corte a-qua incurrió en una falta de motivación toda vez que solo se limitó a contestar de manera genérica los medios sustentados por el recurrente en su recurso de apelación, estableciendo lo ya indicado por el Tribunal de Primer Grado, no estableciendo siquiera su propio parecer”; Considerando, que la Corte a-qua para contestar tal aspecto, dijo lo

    siguiente:

    6. En cuanto a las pruebas testimoniales. Los testigos a cargo informaron sobre el antes y después de la agresión principal, que ocurrió en un momento en que el imputado y la víctima se encontraban en el interior de la casa de ambos, que ocupaban como pareja. Se alega la existencia de contradicciones entre los testigos y los demás elementos de prueba, sin embargo es necesario puntualizar que los testigos ofrecen detalles de lo que percibieron sus sentidos y lo retenido en su memoria al momento del juicio; 7.- Respecto del medio que se analiza, el Colegiado reflexiona otorgando a dichos testimonios entera credibilidad por entenderlos coherentes, firmes e invariables, siendo los mismos avalados por el universo probatorio de naturaleza documental, certificante y pericial, al establecer que: “Como se observa las declaraciones de los testigos R.V.J., R.A.G.S. y W.M.R.M., coinciden entre sí, y el tribunal le otorga credibilidad, amén de que se trata de testigos que no estuvieron presentes al momento de la ocurrencia del hecho del cual estamos apoderados, éstos fueron testigos presenciales de la conducta violenta y agresiva del imputado E.A.N.S., y aunque todos afirmaron que nunca vieron al imputado agredir a la víctima, todos coincidieron en afirmar que veían a la víctima golpeada, que el imputado frecuentemente estaba ebrio y que ambos discutían mucho, por lo que el tribunal considera que el imputado presenta un patrón de conducta violenta y que la señora J.M.G., sí fue víctima de violencia física y psicológica.” (Ver: numeral 18, Pág. 16); 8.- El reclamante por ante esta Alzada, pretende crear duda respecto del contenido de las declaraciones testimoniales, obviando que existe un certificado médico que establece la magnitud de los golpes y una acta de inspección del lugar que establece la destrucción de los enseres del hogar, pruebas certificantes levantadas por autoridad competente que al ser compaginada con el elenco probatorio establece el plano fáctico de los hechos fuera de toda duda de la razón; 9.- En cuanto a la defensa material del imputado. La presentación de elementos de pruebas suficientes para sustentar la acusación destruyeron la presunción de inocencia del encartado, siendo esto corroborado con su defensa material, que contrario a su defensa técnica, reconoce en sus declaraciones que rompió los enseres del hogar. (Ver: primer párrafo, Pág. 21); el recurrente justifica su actitud agresiva contra su pareja consensual, alegando que tomó alcohol sin haber ingerido alimento alguno porque ella no cocinó, obviando que la satisfacción y control de sus necesidades primarias es un deber indelegable de su exclusiva responsabilidad, reflexión extensiva a las consecuencias derivadas de la ingesta inadecuada de bebidas alcohólicas; 10.- En cuanto al daño causado a la víctima. Las circunstancias que envolvieron el caso fueron establecidas con elementos probatorios recogidos e incorporados en tiempo oportuno y acorde con la norma, como son las declaraciones de testigos, el informe médico-forense y pericial y acta de inspección del lugar, siendo la agresión avalada con un certificado médico legal; estableciéndose que el imputado se encontraba en el lugar y tiempo de la ocurrencia en que comete la agresión física. Elenco suficiente para comprobar que el encartado sin lugar a dudas agredió físicamente a su pareja sentimental, configurándose de forma plena los elementos constitutivos del tipo penal de violencia doméstica o intrafamiliar. (Ver: último párrafo, Pág. 20); 11.- El testimonio de la víctima quedó plasmado en la entrevista psicológica llevada a cabo, que documenta la violencia sufrida en la que se constata la sintomatología postraumática usualmente común en personas afectadas por el cuadro de violencia doméstica. (Ver: numeral 20 Pág. 16); 12.- El Colegiado retiene total responsabilidad penal en contra del imputado, otorgándole a la violencia doméstica o intrafamiliar la dimensión correcta frente a la realidad que vivimos en una sociedad que le resta importancia al trato desconsiderado del hombre hacia su pareja o ex-pareja. La violencia ejercida sobre otro ser humano por mínima que sea deja secuelas irreparables, tanto a la víctima, a sus familiares como a la sociedad; 13.- En cuanto la pena impuesta. La motivación dada a la pena impuesta captura y fija claramente la finalidad de las sanciones, donde los entes sociales necesitan recibir las consecuencias de sus actos para poder rehabilitarse, ya que de tener una conciencia real de su incorrecto accionar otro sería el desenlace. (Ver: tercer párrafo, Pág. 21); 14.- El Colegiado descarta la violencia de género prevista en el artículo 309-1 del Código Penal, al tener lugar dicha violencia entre dos personas unidas por vínculo de familiaridad, en la especie, por ser convivientes o cónyuges. (Ver: segundo párrafo, Pág. 20), 15.- De los hechos fijados y retenidos por los sentenciadores, se establece la violencia ejercida con amenaza de muerte y destrucción de bienes, tal como lo prevé el artículo 309 numeral 3, literal e) de la norma penal aplicable en la especie, lo que conlleva sanciones privativas de libertad de cinco a diez años de reclusión mayor. (Ver: último párrafo, Pág. 19; 1er. párrafo, Pág. 20); 16.- Que, al imponerle una sanción de tres años, el Colegiado ha obviado la escala mínima a imponer conforme el fáctico acaecido, quedando sin fundamento el reclamo del recurrente cuando pretende la absolución de los cargos o en su defecto la suspensión condicional de la pena; soslayando que demostrada su responsabilidad penal de forma categórica e irrefutable la sanción impuesta deviene en magnánima e indulgente, la que debe acoger con resignación y sentimiento de gratitud aprovechando dicho lapso de tiempo para reflexionar, corregir y evitar la reproducción de este tipo conductual permeado por la cultura del machismo y el uso de la autoridad de forma irascible. (Ver: Apartado “En cuanto aplicable”, 1er. párrafo, Pág. 21), 17.- Las reflexiones que ha realizado esta Tercera Sala de la Corte, en cuanto a la estructura de la decisión impugnada, permiten apreciar que el Tribunal a-quo ponderó con un espíritu de sana crítica el proceso puesto en sus manos, donde dirimió el mismo bajo los parámetros de la normativa procesal, salvaguardándole a las partes sus derechos de orden legal, procesal y constitucional. 18.- De lo anteriormente analizado, igualmente, la Corte advierte que lo planteado por el recurrente no posee asidero jurídico alguno al considerar que la decisión cuestionada pondera en su conjunto y de forma armónica e integral todas las pruebas aportadas, por lo que su decisión se encuentra ajustada a la sana crítica, la lógica y máxima de experiencia que debe primar al momento de los Juzgadores valorar las pruebas, establecer los hechos y estatuir, protegiendo los principios de presunción de inocencia, valoración adecuada de las pruebas y el debido proceso de ley, lo que conlleva a esta Alzada a confirmar la decisión impugnada en todas sus partes por ser conforme a derecho”;

    Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por la parte recurrente:

    Considerando, que contrario a lo sostenido por el recurrente, la

    sentencia recurrida contiene motivos suficientes y correctos en torno a los

    medios que le presentó el hoy recurrente, los cuales fueron debidamente

    ponderados por la Corte a-qua, al descarta la existencia de una duda

    razonable en torno a la valoración de las pruebas testimonial, en función de

    que el Tribunal a-quo determinó que si bien los testigos a cargo nunca

    presenciaron que el imputado agrediera físicamente a la víctima,

    reconocieron que la veían golpeada, aspecto que fue objeto de análisis y

    ponderación con el conjunto de pruebas examinado por dicho Tribunal,

    específicamente, con el certificado médico, que avala las lesiones que

    presentó la víctima; Considerando, que en ese tenor, la motivación adoptada por la Corte

    a-qua es acorde a la interpretación de la valoración probatoria apegada a

    la sana crítica quedando establecida la responsabilidad penal del

    encartado y que la pena aplicada fue conforme a la violencia física y

    psicológica ejercida por éste; por consiguiente, los vicios denunciados

    carecen de fundamento y de base legal, en razón de que la sentencia

    impugnada se encuentra debidamente motivada y con la misma no se

    advierte algún vicio en el orden legal, constitucional o contenido en los

    pactos internacionales en materia de derechos humanos; en tal sentido,

    procede desestimar los medios planteados;

    Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal

    dispone lo relativo a la potestad que tiene la Suprema Corte de Justicia al

    decidir los recursos sometidos a su consideración, pudiendo tanto

    rechazar como declarar con lugar dichos recursos.

    Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

    FALLA:

    Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por E.A.N.S., contra la sentencia núm. 00105-TS-2016, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Nacional el 16 de septiembre de 2016; cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión;

    Segundo: E. al recurrente del pago de las costas por estar asistido de la Defensa Pública;

    Tercero: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, para los fines correspondientes.

    Firmados.- M.C.G.B..- Esther Elisa Agelán

    Casasnovas.- A.A.M.S..- Fran Euclides Soto

    Sánchez.- H.R..-

    La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

    La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 28 de diciembre de 2017, a solicitud de parte interesada.
    C.A.R.V..

    Secretaria General