Sentencia nº 54 de Suprema Corte de Justicia, del 31 de Enero de 2018.

Fecha de Resolución:31 de Enero de 2018
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 31 de enero de 2018

Sentencia núm. 54

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 31 de enero del 2018, que dice así:

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte

de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Miriam Concepción

Germán Brito, P.; E.E.A.C., Fran

Euclides Soto Sánchez e H.R., asistidos del secretario de

estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de

Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 31 de enero de

2018, años 174° de la Independencia y 155° de la Restauración, dicta en

audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por L.V.,

dominicano, mayor de edad, no porta cédula de identidad y electoral,

domiciliado y residente en la calle Respaldo 9, núm.12, sector La

Ciénaga, Distrito Nacional, imputado, contra la sentencia núm. 0082-TS-2017, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de Corte de Fecha: 31 de enero de 2018

Apelación del Distrito Nacional el 30 de de junio de 2017, cuyo

dispositivo se copia más adelante;

Oído al aguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al Licdo. C.B., por sí y por la Licda. G.M.,

defensores públicos, actuando en representación del recurrente Luigi

Vásquez, en sus conclusiones;

Oído al Licdo. A.M.C.V., Procuradora General

Adjunto al Procurador General de la República, en su dictamen.

Visto el escrito motivado mediante el cual L.V.,

interpone formal recurso de casación, depositado el 25 de julio de 2017

en la secretaría de la Corte a-qua.

Vista la resolución 3705-2017 del 15 de septiembre del 2017,

dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que declaró

admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente, y fijó

audiencia para el 4 de diciembre del 2017;

Vista la Ley núm. 25-91 de 1991, modificada por las Leyes núms. Fecha: 31 de enero de 2018

156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber

deliberado y, visto la Constitución de la República; los Tratados

Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios;

la norma cuya violación se invoca, así como los artículos 70, 246, 393,

394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal,

modificado por la Ley núm. 10-15, la Ley núm. 278-04, sobre

Implementación del Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 76-02, la

resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el

31 de agosto de 2006 y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la

Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos

a que ella se refiere son hechos constantes los siguientes:

  1. el 10 de junio de 2016, en horas tempranas de la mañana, al

    acusado J.L.R.V., haciendo uso de un arma blanca

    despojó a la señora L.I.C. de B., del celular marca

    Sony Experia, M4 Aqua, color blanco, cover blanco, con los bordes

    negros, imei No, 356579075847536, el cual fue reconocido por esta como Fecha: 31 de enero de 2018

    el que le fuera despojado mediante robo con arma, ocupando al

    imputado al momento de ser requisado durante su detención en la

    avenida 27 de Febrero esquina M.. Que en ese mismo orden, al

    imputado L.V., al momento de ser requisado se le ocupó el

    arma de fuego marca W. núm. 13A01907, la cual portaba de manera

    ilegal; acusación que fue acogida por el Tercer Juzgado de la Instrucción

    del Distrito Nacional, el cual dictó auto de apertura a juicio en contra de

    los imputados J.L.R.V. y L.V., por

    violación a los artículos 379, 386-2 del Código Penal Dominicano y 2, 3 y

    39-III, 50 y 56 de le Ley 36, sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas,

    en perjuicio de L.I.C. de B., en fecha 15 de

    septiembre de 2016;

  2. que apoderado el Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara

    Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó la

    sentencia núm. 941-2017-SSEN-00079 el 16 de marzo de 2017, cuyo

    dispositivo es el siguiente:

    PRIMERO: Se declara al imputado J.L.R.V., de generales que constan, culpable de haber violado las disposiciones de los artículos 379 y 386, párrafo III del Código Penal Dominicano; 50 y 56 de la Ley 36 Fecha: 31 de enero de 2018

    sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas, en consecuencia, se le condena a cumplir la pena de cinco (5) años de reclusión mayor; SEGUNDO: En cuanto al imputado L.V., se declara culpable de haber violado las disposiciones de los artículos 2, 3 y 39-III de la Ley 36, sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas, en consecuencia, se le condena a cumplir la pena de tres (03) años de reclusión menor; TERCERO: Declara el presente proceso exento del pago de costas en virtud de las conclusiones de las partes; CUARTO: Ordena que la presente decisión sea notificada al Juez de Ejecución de la Pena, para los fines correspondientes”;

  3. que dicha sentencia fue recurrida en apelación por el

    imputado L.V., siendo apoderada la Tercera Sala de la

    Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual

    dictó la sentencia núm. 0082-TS-2017, del 30 de junio de 2017, cuyo

    dispositivo establece 1o siguiente:

    PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por la Licda. G.M., defensora pública, actuando a nombre y en representación del imputado L.V., en fecha diecinueve (19) del mes de abril del año dos mil diecisiete (2017), en contra de la Sentencia marcada con el número 941-2017-SSEN-00079, de fecha dieciséis (16) del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por los Fecha: 31 de enero de 2018

    motivos expuestos en el cuerpo motivado de la presente decisión; SEGUNDO: Confirma la indicada decisión por reposar en una correcta valoración de los hechos y mejor aplicación del derecho; TERCERO : E. al imputado y recurrente L.V., del pago de las costas del procedimiento causadas en la presente instancia judicial; CUARTO: Ordena la remisión de una copia certificada de la presente decisión al Juez de Ejecución Penal de la provincia de Santo Domingo, para los fines de lugar”;

    Considerando, que el recurrente L.V., por intermedio de

    su abogado, invoca en su recurso de casación el siguiente medio:

    Sentencia manifiestamente infundada (426.3). Error en la determinación de los hechos. En el presente caso la defensa del encartado desde la fase de juicio y en el debate público, oral y contradictorio llevado a cabo, solicitó la aplicación de la suspensión de la pena. En base a la imputación por violación a la Ley 36, sobre Comercio, P. y tenencia de Armas de Fuego R.P, consistente 2 años de prisión menor, para cumplir un año en prisión y el resto suspendido (1 año). Por entender que la actuación reprochable del procesado, no causó un daño que requiere de parte del Estado, una reprimenda como la que le ha sido establecida. Ya que bajo esta imputación, relación al tipo penal de la violación a los artículos 379 y 386-2 no se pudo probar la misma. Siendo este ciudadano un infractor primario, joven, el tribunal en su accionar ha olvidado, no obstante la defensora solicitárselo, que existe la figura jurídica de la suspensión condicional de la pena, dispuesto por el Fecha: 31 de enero de 2018

    legislador, en el Código Procesal Penal, que permite atenuación, por lo menos el modo de cumplimiento de la sanción. Estos razonamientos que se hace más arriba le fue planteado a la Corte a-qua, sin embargo, la Corte a-qua responde de manera negativa a nuestra solicitud, aduciendo la justeza de la sentencia de primer grado, negando que la sentencia del tribunal colegiado haya sido rendida en violación a la determinación de los hechos, con relación a la pena impuesta del encartado, produciendo así la Corte una sentencia manifiestamente infundada que violenta la garantías constitucionales. La Corte de apelación confirma la decisión del tribunal, confirmando así la condena del imputado, no obstante, evidenciarse una errónea valoración de la determinación de los hechos. En este tenor, la Corte aqua cae en una sentencia manifiestamente infundada al responder con los mismos alegatos que el tribunal de juicio. Al ser confirmada por la Corte de Apelación la decisión del primer grado, sobre la base de que tal razonamiento del tribunal de primer grado es evidente que la sentencia de la Corte a-qua deviene en una sentencia que debe ser modificada, el modo de cumplimiento de pena. Que el artículo 341 permite que el tribunal suspenda condicionalmente la pena cuando esta no supera los 5 años y el imputado no tiene condena penal precedente. El tribunal hizo una errónea aplicación del artículo 339 del Código Procesal penal, el cual exige entre otras cosas, que se realice una ponderación de la gravedad del daño causado a la víctima. A que el tribunal a-quo solo basó su sentencia a la hora de motivar la misma, como se puede constatar en la página 5 a 8, a que independientemente de la responsabilidad que retiene en contra del imputado, no deja Fecha: 31 de enero de 2018

    analizar las condiciones individuales del mismo, entendiendo que es un hombre joven e infractor primario; sin embargo, razona que debe ser sancionado a los fines de que reciba las consecuencias de sus actos para que pueda rehabilitarse y resocializarse, al tomar real conciencia de su mal accionar y persuadirlo de que persistir en la rebeldía a las reglas y a las buenas costumbres lo alejaría de convivir en la comunidad libremente. Y queremos llevarle al ánimo de los jueces razonar, si bien es cierto las condiciones de las cárceles es un tema que escapa del control de los jueces, no mensos cierto es de que si los jueces tienen control de aplicar pena cuando se le retiene falta a un procesado, que se ajusten a las condiciones del ciudadano y de la falta retenida, dado que las cárceles no mejoran la conducta de las personas, por lo contrario son ente reformador. Por lo que esta sentencia deviene en falta de motivación de la pena impuesta. Ajustada a la realidad de la misma sociedad en la que estamos”;

    Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada el medio planteado por la parte recurrente y sus diferentes tópicos:

    Considerando, que en síntesis en su recurso de casación el

    recurrente arguye sentencia manifiestamente infundada, por ser rendida

    en violación a la determinación de los hechos, con relación a la pena

    impuesta. Que el artículo 341 permite que el tribunal suspenda

    condicionalmente la pena, cuando no supera los 5 años y el imputado no

    tiene condena penal precedente. Que el tribunal hizo una errónea Fecha: 31 de enero de 2018

    aplicación del artículo 339 del Código Procesal Penal, el cual exige entre

    otras cosas, que se realice una ponderación de la gravedad del daño

    causado a la víctima, que la Corte a la hora de imponer la pena incurre

    en falta de motivación, ya que no toma en cuenta la sociedad en la que

    nos encontramos;

    Considerando, que los puntos argüidos por el recurrente en su

    medio, ante esta alzada, fueron formulados a la Corte a-qua,

    estableciendo lo siguiente:

    “Los fundamentos del recurso que ocupan a esta Tercera Sala de la Corte, se circunscriben: a) Valoración de las pruebas; b) La pena impuesta; c) Motivación de la sentencia. 6.- En cuanto a la valoración de las pruebas. En los procesos del tipo penal de arma de fuego, hay dos elementos necesarios a comprobar, a saber, que el imputado ciertamente porta un arma de fuego y que éste no posea el permiso de la institución correspondiente. Observados los elementos a evaluar, podemos advertir que el imputado portaba un arma de fuego, resultando como elementos de prueba el acta de registro donde se verifica la inspección, así como los dos testigos idóneos (militares actuantes) y como prueba material el arma de fuego. (Ver: numeral 10, Págs. 9 y 10). 7.- El segundo imputado J.L.R.V., condenado por robo agravado, calificación ésta endilgada al co-imputado y recurrente L.V. por el Ministerio Fecha: 31 de enero de 2018

    Público inicialmente, no obstante el Colegiado entendió que solo era pasible de una condena por porte ilegal de arma de fuego, aunque en el cuadro imputador sustentado por los elementos de pruebas -militares actuantes lo colocan dentro de la trama del robo. 8.- Las pruebas presentadas y debatidas en el juicio indudablemente arrojan el porte ilegal del arma de fuego, reteniendo la falta penal al recurrente fuera de toda duda razonable, dando al traste con su presunción de inocencia; hecho que no puede ser tomado como un caso aislado y decidido con ligereza, restándole importancia a lo que resulta ser una persona armada que ha inobservado las previsiones de ley para el porte, creando un estado de peligrosidad innecesaria al no regirse acorde a las normas que establece una correcta vida en sociedad. 9.- En cuanto a la pena impuesta. Al análisis de la decisión se advierte que los elementos de prueba indudablemente demuestran el hecho endilgado, tomando en consideración las peculiaridades del ilícito, reteniendo en contra del imputado la falta correspondiente a las acciones que mediante los medios probatorios le fueron endosadas, como portador de una arma de fuego ilegal, imponiéndole una sanción dentro del rango establecido por la norma. 10.- El Colegiado independientemente de la responsabilidad que retiene en contra del imputado no deja de analizar las condiciones individuales del mismo, entendiende que es un hombre joven e infractor primario; sin embargo, razona que debe ser sancionado a los fines de que reciba las consecuencias de sus actos para que pueda rehabilitarse y resocializarse, al tomar real conciencia de su mal accionar y persuadirlo que de persistir en la rebeldía a las reglas y a las buenas costumbres lo alejaría de convivir en la comunidad Fecha: 31 de enero de 2018

    libremente. 11.- Es de conocimiento general el deteriorado estado de las cárceles dominicanas, situación que escapa del control de esta jurisdicción, sin embargo, en la actualidad estamos viviendo en una sociedad donde existe un irrespeto total por las leyes, en razón del grado de impunidad que percibe la colectividad, por lo que la decisión del Colegiado es correcta al sancionar el hecho con una sanción restrictiva de libertad y tomando en cuenta la situación carcelaria, impone un quantum sancionador proporcional al hecho y a las circunstancias individuales del recurrente. (Ver: numeral 28, Pág. 13) 12.- En cuanto a la motivación de la decisión. Las circunstancias que envolvieron el presente caso fueron establecidas con elementos probatorios recogidos e incorporados en tiempo oportuno y acorde con la norma, como son las declaraciones de los testigos presenciales, los informes periciales y certificantes. Elenco suficiente para probar y comprobar que el imputado sin lugar a dudas portaba ilegalmente un arma de fuego, excluyendo para su beneficio el hecho delictivo sobre el atraco. La presentación de las declaraciones de los militares actuantes, le permitió al Colegiado realizar los cotejos de lugar para efectuar una motivación basada en una correcta valoración probatoria, por consiguiente al motivar e imponer la sanción lo hizo ajustado dentro del marco del artículo 339 del Código Procesal Penal, siendo indulgente al aplicar la sanción, tomando en cuenta el cuadro imputador del caso. 13.- Los Juzgadores a-quos realizaron la debida valoración del elenco probatorio aportado, siendo incorporadas pruebas documentales a través de testigos instrumentales, y presenciales que depusieron durante el desarrollo del juicio oral, público y contradictorio; las que Fecha: 31 de enero de 2018

    ponderadas de forma individual y conjunta mediante sistema valorativo ajustado a las herramientas que ofrece la normativa procesal, le permitió que fuesen fijados los hechos, se les diera su fisonomía jurídica y se impusiera la sanción prevista en la ley en una magnánima proporción y modalidad. 14.- La decisión impugnada carece de los vicios invocados por el recurrente, relativo a la errónea valoración de las pruebas y violación al principio de proporcionalidad de la pena, pues se sustenta en elementos probatorios que constituyen una versión lógica sobre lo acaecido, fuera de todo tipo de tergiversación de las circunstancias, plasmándolo así en todo su cuerpo, donde de una manera lógica y armónica se reconstruye el cuadro fáctico del ilícito, lo que permitió retenerle responsabilidad penal más allá de toda duda de la mente racional. 15-De lo anteriormente analizado, igualmente, la Corte advierte que lo planteado por el recurrente no posee asidero jurídico alguno, al considerar que la decisión cuestionada pondera en su conjunto y de forma armónica e integral las pruebas aportadas, por lo que su decisión se encuentra ajustada a la sana crítica, la lógica y máxima de experiencia que debe primar al momento del juzgador valorar las pruebas, establecer los hechos y estatuir, protegiendo los principios nodales del debido proceso de ley; lo que conlleva a esta Alzada a confirmar la decisión impugnada en todas sus partes por ser conforme a derecho”;

    Considerando, que acorde a los postulados modernos del derecho

    penal, la pena se justifica en un doble propósito, esto es, su capacidad

    para reprimir (retribución) y prevenir (protección) al mismo tiempo, por Fecha: 31 de enero de 2018

    lo tanto ésta, además de ser justa, regeneradora, aleccionadora, tiene que

    ser útil para alcanzar sus fines; que ante el grado de lesividad de la

    conducta retenida al imputado, por haber transgredido la norma que

    prohíbe el porte y tenencia de armas sin la debida licencia o permiso en

    la República Dominicana, consideramos que fue correcto el proceder de

    la Corte A-qua de rechazar el recurso del imputado y mantener la pena

    impuesta por el tribunal de juicio de tres (3) años de reclusión, ya que

    los jueces, además, de valorar las características del imputado también

    deben tomar en cuenta el daño a la víctima, y que en el caso de la

    especie por tratarse de porte y tenencia ilegal de arma, no afecta a una

    persona en particular sino al Estado Dominicano, en ese sentido la pena

    impuesta se ajustada a los principios de legalidad, utilidad y

    razonabilidad en relación al grado de culpabilidad y la relevancia del

    hecho cometido, ya que la misma le permitirá en lo adelante al

    encartado reflexionar sobre su accionar y reencauzar su conducta de

    forma positiva, evitando incurrir en este tipo de acciones, así como

    cumplir y respetar las leyes;

    Considerando, que en ese mismo tenor la sanción no solo servirá a

    la sociedad como resarcimiento y oportunidad para el imputado rehacer

    su vida, bajo otros parámetros conductuales, sino que además de ser un Fecha: 31 de enero de 2018

    mecanismo punitivo del Estado a modo intimidatorio, es un método

    disuasivo, reformador, educativo y de reinserción social, que en ese

    tenor esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, entiende que la

    pena impuesta es justa y no existen meritos en el recurso para acoger las

    pretensiones del recurrente, en tal sentido procede rechazar el medio

    argüido;

    Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal

    dispone: "Imposición. Toda decisión que pone fin a la persecución penal,

    la archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las

    costas procesales. Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que

    el tribunal halle razón suficiente para eximirlas total o parcialmente";

    que procede compensar la costas del proceso, por estar asistido el

    imputado por abogados de la Defensa Pública.

    Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

    FALLA:

    Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto
    por L.V., contra la sentencia núm. 0082-TS-2017, dictada por la Tercera Sala de la Fecha: 31 de enero de 2018

    Cámara Pernal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 30 de junio de 2017, cuyo dispositivo fue copiado en parte anterior del presente fallo;

    Segundo: Confirma la sentencia impugnada;

    Tercero: Se compensan las costas;

    Cuarto: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional.

    (Firmados) Miriam Concepción Germán Brito-Esther Elisa Agelán

    Casasnovas- Fran Euclides Soto Sánchez- Hirohito Reyes

    La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

    La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 08 de junio de 2018, a solicitud de parte interesada, exonerada de pagos de recibos y sellos de impuestos internos.

    C.A.R.V..

    Secretaria General