Sentencia nº 220 de Suprema Corte de Justicia, del 29 de Marzo de 2017.

Fecha de Resolución:29 de Marzo de 2017
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 29 de marzo de 2017

Sentencia núm. 220

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha de 29 de marzo de 2017, que dice:

D., Patria y Libertad República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia, regularmente constituida por los Miriam Concepción Germán

Brito, P.; E.E.A.C., Alejandro Adolfo

Moscoso Segarra, F.E.S.S. e H.R., asistidos

del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la

ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 29 de marzo

de 2017, año 174o de la Independencia y 154o de la Restauración, dicta en

audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Aruin Mercedes Fecha: 29 de marzo de 2017

Cortorreal Rosario, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de

identidad y electoral núm. 001-1561054-5, domiciliada y residente en la

calle T., núm. 5, sector Altos de Arroyo Hondo III, Distrito

Nacional, imputada, contra la sentencia núm. 0030-TS-2016, dictada por la

Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito

Nacional el 1 de abril de 2016, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la

República;

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por los

Licdos. D.H., J.G.G. e Ismael Bolívar

Carrasco, en representación de la recurrente, depositado el 28 de abril de

2016, en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interpone dicho

recurso;

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el

recurrente, fijando audiencia para el conocimiento del mismo el día 09 de

noviembre de 2016; Fecha: 29 de marzo de 2017

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de

1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber

deliberado y, visto la Constitución de la República; los Tratados

Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; la

norma cuya violación se invoca, así como los artículos 70, 246, 393, 394,

399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal,

modificado por la Ley núm. 10-15;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos

que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

  1. que en fecha 5 de marzo de 2015, el Sexto Juzgado de la

    Instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de apertura a juicio en contra

    de Aruin Mercedes Cortorreal Rosario, por presunta violación a las

    disposiciones de los artículos 147, 379 y 386-3 del Código Penal

    Dominicano;

  2. que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el

    Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera

    Instancia del Distrito Nacional, el cual en fecha 26 de agosto de 2015, dictó

    su decisión y su dispositivo es el siguiente: Fecha: 29 de marzo de 2017

    “PRIMERO: Se rechazan las conclusiones presentadas por la defensa por improcedentes e infundadas; SEGUNDO: Se declara a la señora A.M.C., dominicana, mayor de edad, portadora de la Cédula de identidad y electoral núm. 001-1561054-5, domiciliada y residente en la calle Paraguay casi esquina, avenida M.G., edificio E. Apto. 10-2, residencial El Progreso, sector ensanche La Fe, Distrito Nacional, culpable de violar las disposiciones de los artículos 147, 379 y 386 del Código Penal Dominicano, que se tipifican la falsificación en escritura bancaria y de robo asalariado, en perjuicio del señor R.O.M.S., presidente de la empresa Concrete Service Rome, EIRL, en tal virtud se le condena a tres (3) años de reclusión menor aplicando en virtud de las disposiciones del artículo 340 del Código Procesal Penal, el perdón judicial; TERCERO: Se condena a la señora A.M.C. al pago de las costas penales; CUARTO: Se ordena notificar la presente decisión al Juez de la Ejecución de la Pena correspondiente; aspecto civil: QUINTO: Se declara buena y válida en cuanto a la forma la actoria civil interpuesta por el señor R.O.M.S., Presidente de la empresa Concrete Service Rom, EIRL, a través de sus abogados constituidos y apoderados especiales por haberse realizado conforme a las Normas Procesales Penales vigente; SEXTO: En cuanto al fondo se condena a la señora A.M.C., al pago de la suma de Trescientos Mil Pesos (RD$300,000.00), como justa y adecuada indemnización por los daños ocasionados a dicho actor civil; SÉPTIMO: Se ordena a la señora A.M.C., la restitución del importe íntegro del cheque número 000548 de fecha 21 de diciembre del año 2012, expedido por la empresa Concrete Service Rom, Fecha: 29 de marzo de 2017

    EIRL, en manos de su presidente el señor R.O.M.S.; OCTAVO: Se condena a la señora A.M.C. al pago de las costas civiles, distrayéndolas a favor y provecho de los abogados del actor civil, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad a los abogados de la parte querellante; NOVENO: Se fija la lectura íntegra de la presente sentencia para el día nueve (9) del mes de septiembre del año dos mil quince (2015), a las doce (12:00), horas del mediodía, quedando convocadas las partes presentes, fecha a partir de la cual comienza a correr el plazo que tienen las partes que no estén conformes con la presente decisión para interponer formal recurso de apelación en contra de la misma”;

  3. que con motivo del recurso de alzada intervino la sentencia ahora

    impugnada, núm. 0030-TS-2016, dictada por la Tercera Sala de la Cámara

    Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 1 de abril de 2016,

    y su dispositivo es el siguiente:

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    O: Rechaza los recursos de apelación interpuestos por: a) En fecha 5/10/2015, por los Licdos. D.H., J.G.G. e I.B.C., actuando a nombre y representación de la imputada Aurin Mercedes Cortorreal Rosario; b) En fecha 9/10/2015, por los Dres. N.S.R. y M. De Aza, actuando a nombre y en representación de la parte querellante y actor civil señor R.O.M.S., en su calidad de presidente de la Empresa Concrete Service Rome, E.I.R.L., y c) En fecha 22/10/2015, por la Licda. P.P.V.P., Fecha: 29 de marzo de 2017

    Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, actuando en nombre y representación de la Titular, todos contra la sentencia núm. 259-2015, de fecha veintiséis (26) del mes de agosto del año dos mil quince (2015), dictada por el Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; S
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    O: Confirma en todas sus partes la sentencia recurrida por ser justa y conforme a derecho; T

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    O:

    E. del pago de las costas por no haber prosperado ninguno de los recurrentes en sus pretensiones por ante esta Alzada: a) La imputada-recurrente Aurin Mercedes Cortorreal Rosario; y b) El querellante y recurrente R.O.M.S.; y en cuanto al Ministerio Público, en cumplimiento de lo establecido en su artículo 247 del Código Procesal Penal; C

    CU

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    O:

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    de
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    a a la secretaría del tribunal proceder a la entrega

    de las copias de la sentencia a las partes presentes y convocadas para la lectura, conforme lo indica el artículo 335 del Código Procesal Penal”;

    Considerando, que la recurrente propone como medio de casación,

    en síntesis, lo siguiente:

    Primer Medio: Sentencia manifiestamente infundada. Violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil. Que los juzgadores de la Corte a-qua, en la parte superior de la página núm. 6, señalan: “La parte recurrente, la imputada Aurin Mercedes Cortorreal Mercedes, por intermedio de su abogado representante, L.. N.S. y M. de Aza, invocan en su escrito como medios recursivos, lo siguiente…”. En el párrafo descrito Fecha: 29 de marzo de 2017

    más arriba, los jueces de la Corte a-qua, parece que no leyeron ni analizaron el recurso de la imputada (depositado en fecha 5 de octubre del año 2015), cometiendo un error imperdonable, al colocar como los defensores de ella, los nombres de los abogados L.. N.S. y M. de Aza, ya que estos letrados representan al querellante, aquí existe una contaminación, una mutilación de su defensa, ya que al no señalar ni copiar los verdaderos nombres de sus letrados, puede ocasionar indefensiones, y no ponderar correctamente sus medios, ya que son partes contrarias, y si por error le dan el mismo trato, puede perjudicar a la que se le omitió los nombres de sus defensores; y el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, que es supletorio en esta materia, señala la forma en que las sentencias deben de contener todo lo que haya ocurrido de manera real durante el litigio, no pueden tener errores ni confusiones; Segundo Medio : Calificación errónea de la norma jurídica; falta de motivación y ponderación de los fundamentos de derecho. Que los juzgadores de la Corte no leyeron ni analizaron el contenido de los medios desarrollados, ya que esta expuso en su primer medio, que no pudo tener ni contar con una adecuada ni minina defensa. Que los tipos penales, es decir, la calificación jurídica del hecho no aplica en su caso; en cuanto a la falsificación, debieron los jueces hacer una mejor ponderación y análisis. Insistimos que el querellante no tenia calidad para sostener este ilícito, ya que él ni su compañía sufrieron agravios por suplantar el nombre del señor J.M. de los Santos; que la imputada no trató de falsificar los rasgos caligráficos del tenedor del cheque, sino que escribió su nombre, y éste debió ser el querellante, Fecha: 29 de marzo de 2017

    porque fue quien sufrió el agravio y la Corte en la página no. 10 lo dejó a un lado, olvidando que su misión es llegar a la verdad. En cuanto a la falsificación como tal ¿Quién fue que sufrió el agravio el señor J.M. de los Santos o el señor R.O.M.S.? Aquí la Corte debió contestar y solucionar este aspecto y no dejarlo huérfano; un tercero no puede querellarse por ese hecho, quien tiene que hacerlo es el perjudicado, y desde el punto de vista de los fundamentos del derecho, la imputada no falseó la firma, no trató de imitarla, sino que escribió el nombre sin otras complicaciones. Que en la página no. 10 de su infeliz y pésima decisión, se quedan dando vuelta a unos testimonios estrabistas, imprecisos, referenciales, que si los analizamos con las ofertas probatorias aportadas por el órgano acusador y por la parte querellante, no pueden sostener ni probar el ilícito penal del robo, ya que no están presentes los elementos constitutivos. Ha recibido una condena injusta, bajo una acusación que no se corresponde con las circunstancias y los hechos; ninguno de los testimonios aportados durante el conocimiento del primer grado y los que los jueces de la Corte hicieron suyos, los testigos de ninguna de las partes acusan de robo a la imputada, no la han señalado y tampoco se ha aclarado que la imputada le entregó el dinero al señor R.O.M.S., esto ha quedado en el aire; hecho ni afirmado ni negado por el querellante, ni los jueces profundizaron en ese aspecto; esos testimonios encajan en el abuso de confianza, y los juzgadores omitieron ponderar esos meritos y se quedaron en simple conjeturas, olvidando que su sagrada misión es llegar a la verdad, analizando cada medio de prueba y comparándolo con los hechos, y éstos también tiene el Fecha: 29 de marzo de 2017

    encargo de darle un hecho a la calificación jurídica que conlleva el mismo. Tercer medio : Desnaturalización y falta de ponderación. En el considerando no. 14, los jueces de la Corte al rechazar los tres recursos, lo hacen de una manera conjunta, olvidando que a cada uno había que darle su solución individual, ya que el recurso de la imputada es contra todo el corpus de la sentencia y los del querellante y del ministerio público eran parciales. El recurso de la imputada sufrió mutilaciones, y no fue ponderado ni valorado en su conjunto, solamente se limitaron a argumentar los testimonios y olvidaron analizar la calificación jurídica. Al confirmar la sentencia del primer grado, cometieron el mismo error; si aplican los fundamentos del derecho penal, esta calificación por la cual fue condenada no resiste un análisis, estos resultan inexistentes; con esto no pretendemos soslayar o evadir la responsabilidad de la imputada, como erróneamente lo hecho la juez disidente, que ha dicho que la imputada ha solicitado su descargo; falso, lo que hemos solicitado es que sea juzgada por los ilícitos penales que correspondan, porque las pruebas aportadas caen dentro de la geografía del abuso de confianza si se realiza una verdadera reconstrucción de los hechos. En cuanto a que la recurrente, en su acción recursoria se refirió al proceso laboral que había incoado, lo hizo para edificar que esta demanda se hizo primero que la querella penal y que esas mismas pruebas la llevaron al tribunal laboral; al tratarse de la falta de unos valores que ella ha dicho que se lo entregó al querellante, se le pudo buscar una salida, una conciliación, ya que ella tiene ganada una sentencia laboral por dimisión justificada por un monto de Tres Millones Doscientos Mil Pesos (RD$3,200,000.00). Podía restituirlo, Fecha: 29 de marzo de 2017

    pero jamás lo planteamos como una cuestión prejudicial y los derechos del trabajador, entiéndase todas las acciones que busque en procura de obtener lo que realmente corresponde, están dentro de los derechos fundamentales y debió el ministerio público y el juez de primer grado analizar ese aspecto. La sentencia contiene errores, ya que se ha condenado a una señora de nombre A. y la recurrente se llama A., que es un nombre distinto, esto conlleva confusión que puede generar trastornos y problemas a una persona que lleve el nombre de Aurin”;

    Considerando, que para fallar en ese sentido, la Corte a-qua dio por

    establecido, en síntesis, lo siguiente:

    “…Que en cuanto al primer alegato de los medios recursivos de la parte imputada, denuncia la existencia de contradicción, ya que el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional no observó en las declaraciones del querellante, señor R.O.M.S., que falseó en su totalidad su versión de los hechos. Al análisis del medio invocado se verifica que el tribunal de primer grado, estableció: “…cerramos la empresa porque después de una auditoria nos dimos cuenta que era más factible cerrar la empresa y no continuar porque ya estábamos prácticamente en quiebra, resulta que hicimos una auditoria porque específicamente hubo un cheque donde se me informó nuestra contable W.M.M.B., me informa que hubo uno de nuestros suplidores de combustible no recibió un cheque habíamos hecho cuando ella estaba conciliando y que ese cheque ella se lo había entregado a A.M.C., quien era la gerente, de mi empresa, ella está aquí ahora sentada, sus funciones eran gerencial todo lo que tenía que ver con ventas, Fecha: 29 de marzo de 2017

    administración, contabilidad, yo era presidente de la empresa, cuando W.M.M.B. esta con el suplidor conciliando con el suplidor le dice que ese cheque nunca lo recibió entonces W.M.M.B., me lo comenta a mí, el suplidor es J.M. de los Santos, era el suplidor de combustible, cuando me dicen eso, yo le pregunto a W.M.M.B. que pasó ahí porque ese cheque hacia tiempo se había hecho, esta raro, no entendía esa parte, casi un año después fue eso, en ese momento me dice W.M.M.B. que le entregó el cheque a A.M.C., le digo mira que paso me dice W. que te entregó ese cheque a ti, me dice ella (Aurin) a mí con W. a mi lado que ella le entregó ese cheque a J.M. de los Santos, después tome la decisión de hacer una auditoria, porque entre en sospecha de que algo raro estaba pasando porque me había comunicado personalmente con el suplidor y me dijo a mí que no le había llegado el dinero, la auditoria la hicimos a finales del año 2013, la hizo un auditor externo llamado R.M., la auditoria reflejó que el cheque fue endosado a nombre de J.M. de los Santos se hizo un estudio en el INACIF donde ese endose lo falsificó la señora A.M.C. y como segundo endose se le entregó a otra persona que trabajaba en la empresa, era J.C.M., él estaba a cargo de limpiar el patio, yo no tengo idea de porque lo endosó, la auditoria reflejó que ella le entregó el cheque a él para que él lo cambiara y él le entregó el dinero a ella, J.C.M. le entregó el dinero a Aurin Mercedes Cortorreal, no sabemos qué pasó con el dinero, no llegó al destinatario: ella (Aurin) tenía trabajando aproximadamente desde el 2006…” que prosigue el tribunal aquo luego de la escucha del testimonio a dar valor en el siguiente tenor: “declaraciones estas a las que el tribunal le otorga Fecha: 29 de marzo de 2017

    credibilidad en razón de que fueron ofrecidas de forma espontanea las mismas fueron precisas y coherentes, estableciendo que la justiciable fue la persona que ordenó la confección del cheque para alegadamente pagar una factura de venta de intercambio de hormigón por gasoil, y que aprovechándose de su estatus de gerente general de la empresa firmó el cheque y ordenó al mensajero cambiarlo y entregarle el dinero en efectivo a ella, que se corroboran con las declaraciones de la señora W.M.M.B. y las del mensajero señor J.C.P.M., y con otras pruebas aportadas por el acusador; por tanto la acreditamos como prueba a cargo en contra de la justiciable A.M.C.. 5.- Que al análisis del medio invocado por la parte recurrente sobre la existencia de un falso testimonio, de la lectura del párrafo anterior esta Tercer Sala de la Corte Penal, ha podido constatar que los jueces de Primer Grado, procedieron a ponderar el testimonio de la parte querellante R.O.M.S., dándole al mismo un valor positivo de precisión y coherencia, por lo cual fue acogido para justificar su decisión, entendiendo los juzgadores que sus declaraciones están en consonancia con lo ocurrido y que le otorga credibilidad, así lo manifiestan en el numeral 6 de la página 12 de su decisión; apreciación que comparte esta alzada, por lo que rechaza lo argüido por la recurrente en esta aspecto; 6.- Que lo referente a la valoración de los elementos de prueba puestos a la consideración del tribunal a-quo fue conforme a su soberanía de apreciación que le otorga el principio inmediación del juicio de fondo, “El principio de inmediación exige la relación directa del juez con las partes y los elementos de prueba que él debe valorar para formar su convicción. Cuando existe un intermediario, como ocurre en el proceso escrito, la convicción del juez se forma bajo influjos de comunicación preparada por un Fecha: 29 de marzo de 2017

    tercero, lo que puede traducirse en aumento del margen de error en el entendimiento. La inmediación, sin embargo, no es un principio exclusivo del proceso oral, es susceptible de ser combinada en cualquier tipo de proceso, sea escrito, oral o mixto. Se patentiza toda vez que el juez arguye su conocimiento a través de la observación directa, y en algunas veces participante, de los hechos aunque les sean presentados por escrito. Aunque reviste una caracterizada importancia en el sistema oral”; 7.- En ese sentido, los jueces de fondo son soberanos al momento de apreciar las pruebas, en el uso de su sana crítica racional, salvo el caso de desnaturalización de los hechos, lo cual no se verifica en la especia juzgada, debiendo el a-quo dejar establecido los elementos que dieron lugar a su análisis y valoración para que así la alzada logre en caso de dicha sentencia ser puesta bajo su control verificar si la ley ha sido bien o mal aplicada. Por todo lo cual se procede al rechazo del presente medio en el entendido de que el tribunal juzgador ha actuado conforme a la norma; 8.- En cuanto al segundo medio del recurso, invoca la parte recurrente, el quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos, que ocasionan indefensión, por haber ocurrido en todas las etapas del proceso hasta llegar al juicio, ya que existe un proceso laboral entre las partes el cual no se debatió en audiencia -Art. 712 del Código Laboral- manteniendo así a la imputada en un estado de indefensión; 9.- Que en este aspecto esta Sala a la inspección de los motivos que dan lugar a los hechos juzgados verifica que el asunto sometido por ante esta instancia es totalmente incomparable con la demanda laboral a la cual se refiere la recurrente en su escrito, toda vez que como este mismo ha alegado su demanda laboral proviene en busca del pago de las prestaciones correspondientes que alega la parte querellante le ha dejado de pagar, aspecto este que no logra ser parte de las Fecha: 29 de marzo de 2017

    atribuciones de esta jurisdicción represiva en la cual la parte querellante persigue sanciones de índole penal por los hechos tipificados como falsedad y robo siendo asalariado -arts. 147, 379 y 386 del Código Penal-. En tal sentido, y en el uso de las facultades otorgadas por el legislador a los jueces en materia penal la cual es limitada a los asuntos que le sean apoderado y sobre la materia, no se verifica la cuestión prejudicial que puede influir en el caso que nos ocupa por ser los mismos asuntos distintos y de distinto carácter de especialización del derecho. Por lo cual mal podría haber actuado el tribunal de instancia si hubiese procedido a referirse al asunto o suspender la causa a expensa de la solución de un hecho que no cambiaría o influenciaría en el curso de los hechos juzgados. Además, lo anterior adquiere mayor certeza cuando la doctrina y la jurisprudencia han corroborado, lo que se acepta como un corolario, “que lo penal mantiene en estado cualquier otro reclamo judicial”, lo que no ocurre en caso contrario, como así lo pretende la recurrente, que su accionar ante el fuero laboral detenga el juicio penal ya en curso y a nivel de esta segunda instancia; 10.- En cuanto al tercer y último medio alegado por la imputada recurrente A.M.C., en cuanto a la existencia de contradicción en la parte dispositiva del fallo, en lo referente a la devolución del monto del cheque, que los jueces ordenan restituirlo al querellante o actor civil, cuando lo correcto que sea a nombre del tenedor del cheque o beneficiario del mismo señor J.M. de los Santos. Que siendo el cheque un documento utilizado por la Compañía Concrete Service Rom, E., como instrumento de pago para honrar sus deudas con suplidores y demás, este como librador a través de su representante A.M.C., expidió el cheque núm. 000548, al cual esta no le dio el fin de lugar, sino que lo utilizó en Fecha: 29 de marzo de 2017

    su beneficio personal; lo cual conforme expone los hechos el tribual a-quo, quedo demostrado que: “...la justiciable en su calidad de Gerente general ordenó a la señora W.M.M.B., hace un cheque a nombre del señor J.M. de los Santos, por valor de Quinientos Seis Mil Quinientos Pesos (RD$506,500.00), el cual fue endosado por esta, y a su vez envió al mensajero de la empresa señor J.C.P.M., a realizar el cambio de dicho cheque, no realizando esta, el pago para el cual se ordenó la realización del mismo, distrayendo la justiciable el dinero en su provecho, razón por la cual, la presunción de inocencia del que es garante la imputada, ha quedado destruida por la acusación del ministerio público, quedando probado fuera de toda duda razonable y de manera fehaciente e inequívoca, por lo que en consecuencia, procede rechazar en todas sus partes las conclusiones presentadas por la defensa y declarar culpable a la imputada A.M.C., de cometer los ilícitos de falsificación de firma en documento bancario, así como de robo asalariado, hechos tipificados en los artículos 147, 379 y 386-3 del Código Penal Dominicano; quedando destruida de forma fehaciente la presunción de inocencia que revestía a dicha imputada”. (V. numeral 20 de la página 24 de la sentencia recurrida). Que da fuerza a dicha subsunción realizada por el a-quo los medios de pruebas valorados de manera conjunta como lo son: a) Comunicación de fecha 12/2/2014, emitido por Ramdmolina & asociado, contadores Públicos Autorizados, la cual concluyo con el asunto de “Hallazgo de Inconsistencia”; b) Oficio de fecha 18/3/2014, remitido por el Banco Múltiple León, S.A., a la sociedad comercial Concrete Service Rom, EIRL, mediante el cual remite el cheque número 548, por un monto RD$506,500.00, a nombre de J.M. de los Santos, de fecha 21/12/2012 y que Fecha: 29 de marzo de 2017

    demuestra la devolución del cheque ya pagado-; c) Auditoria Operacional del año 2012-2013, de fecha 19 /5/2014; d) Prueba Pericial del INACIF núm. D-0319-2014, de fecha 11/9/2014, al cheque núm. 00548, del Banco León de fecha 21/12/2012, el objetivo de la experticia fue determinar autenticidad o falsedad, dando como resultado: que el examen pericial estableció que la firma manuscrita “J.M. De Los Santos” que aparece plasma como primer endoso en el cheque marcado como evidencia (a), no se corresponde la firma y rasgos caligráfico de J.M. De Los Santos González; e) Informe del INACIF núm. D-0484-2014, de fecha 15/10/2014, descripción de la evidencia el cheque núm. 000548, del Banco León, emitido a nombre de J.M. de los Santos por un monto de RD$506,500.00, endosado supuestamente por A.M.C.R., con el nombre manuscrito “J.M. de los Santos” (cheque dubitado). Como evidencia (B).- varias muestras caligráficas de referencia tomadas libre y voluntariamente en el INACIF a la señora A.M.C.R., en fecha 01/10/2014; dando como resultado: que el examen pericial determinó que la firma manuscrita “J.M. de los Santos” que aparece plasmado como primer endoso del cheque marcado como evidencia (a), se corresponde con los rasgos caligráficos de Aurin Mercedes Cortorreal Rosario. Elementos estos a los cuales el tribunal de primer grado dio valor probatorio para sustentar la responsabilidad penal de la imputada y establecer si existió un daño en contra de la parte querellante. Que así las cosas se verifica que en la especie la parte perjudicada por la emisión del cheque y cobró del mismo en la persona de la imputada quien no hizo llegar los montos de lugar a la parte que debió y utilizó de su función como empleada para la emisión del cheque, dineros que provinieron de las aras de la compañía Concrete Service Rom, Fecha: 29 de marzo de 2017

    EIRL, representada por el hoy querellante R.O.M.. Por lo cual procede el rechazo del medio analizado”;

    Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por la parte recurrente:

    Considerando, que aduce la recurrente en el primer medio de su

    acción, que la sentencia impugnada es manifiestamente infundada, toda

    vez que la Corte a-qua incurre en violación a las disposiciones del artículo

    141 del Código de Procedimiento Civil al señalar en la página núm. 6 que

    la imputada se encontraba representada por los abogados que representan

    al querellante; que al no señalar los verdaderos nombres de sus letrados

    pudo ocasionar indefensiones y la no ponderación correcta de sus medios;

    Considerando, que la lectura de la sentencia impugnada permite

    constatar que ciertamente tal y como manifiesta la recurrente, esa alzada

    establece que la imputada se encuentra representada por los Licdos.

    N.S. y M. de Aza, abogados que representan a la parte

    querellante; que se evidencia que se trata de un error material de

    transcripción que no altera la decisión, toda vez que en el cuerpo de la

    sentencia consta el nombre del representante legal de la justiciable; que

    contrario a lo esgrimido, este error en nada afectó la ponderación de los

    medios esgrimidos por la recurrente, ya que la Corte se refirió a los Fecha: 29 de marzo de 2017

    mismos, no existiendo vulneración al derecho de defensa de la encartada,

    por lo que el medio propuesto se desestima por carecer de sustento;

    Considerando, que esta Sala procederá al análisis en conjunto del

    segundo y tercer medio de casación, ya que los alegatos esgrimidos

    guardan relación entre sí; que manifiesta la recurrente que la Corte a-qua

    incurrió en falta de motivación, toda vez que, solo se limitó a argumentar

    sobre los testimonios y olvidó al planteamiento de que la calificación

    jurídica del hecho no aplica en su caso, pues el querellante no tenía calidad

    para sostener este ilícito, pues él ni su compañía sufrieron agravios por

    suplantar el nombre del señor J.M. de los Santos; que la imputada

    no trató de falsificar los rasgos caligráficos del tenedor del cheque, sino

    que escribió su nombre, sin otras complicaciones; y por que las ofertas

    probatorias aportadas por el órgano acusador y por la parte querellante,

    no sostienen ni prueban el ilícito penal de robo, puesto que no están

    presentes sus elementos constitutivos;

    Considerando, en cuanto al vicio esgrimido, esta Corte de Casación

    al proceder al análisis y ponderación de la sentencia impugnada, pudo

    constatar que esa alzada no se refirió a este planteamiento, pero como

    dicha omisión no acarrea la nulidad de la decisión, esta Sala procederá a

    suplir la falta de estatuir en que incurrió el tribunal de segundo grado; Fecha: 29 de marzo de 2017

    Considerando, que una lectura a la decisión emanada por los

    juzgadores de fondo, le permitió a esta Segunda Sala verificar que

    contrario al alegato esgrimido por la recurrente, en la especie, fueron

    debidamente ponderados los hechos y sus circunstancias para la

    configuración de los elementos constitutivos de la infracción, en virtud de

    la contundencia de las pruebas aportadas por el acusador público y la

    parte querellante, que sirvieron para despejar fuera de toda duda

    razonable, la participación de la justiciable en el ilícito penal atribuido y

    que resultaron suficientes para destruir la presunción de inocencia que le

    asistía a la hoy recurrente en casación; pues quedó establecido que la

    imputada ordenó hacer un cheque a nombre de una persona, lo endosó y

    envió al mensajero de la empresa donde laboraban a cambiar el cheque,

    distrayendo el dinero en su provecho, pues no llegó al destinatario;

    quedando configurados en consecuencia los elementos constitutivos del

    robo asalariado, a saber: a) el elemento material, consistente en la

    sustracción de un bien ajeno; b) que la sustracción sea fraudulenta,

    establecida en el caso de la especie porque no hubo consentimiento alguno

    por parte de la compañía de autorizar la entrega de lo sustraído; c) la

    intención, que se traduce en la voluntad de cometer la acción ilícita; y d) el Fecha: 29 de marzo de 2017

    elemento legal, pues el hecho se encuentra tipificado en los artículos 379 y

    386-3 del Código Penal Dominicano;

    Considerando, que respecto a lo anteriormente esgrimido, es

    pertinente acotar, que los jueces del fondo tienen poder soberano para la

    comprobación de la existencia de los hechos de la prevención, la

    apreciación de las pruebas, de las circunstancias de la causa y de las

    situaciones de donde puedan inferir el grado de culpabilidad de los

    procesados, por lo cual, salvo cuando incurran en el vicio de

    desnaturalización, que no es el caso, dicha apreciación escapa al poder de

    censura de la Corte de Casación. Por demás, sobre el valor dado a

    declaraciones rendidas por los testigos y a las pruebas documentales

    aportadas, cada vez que el juez de juicio las pondere conforme a la sana

    crítica y máximas de experiencia, puede basar su decisión en las mismas,

    sin que esto constituya un motivo de anulación de la sentencia, tal y como

    sucedió en el caso de la especie, motivo por el cual el medio propuesto

    carece de sustento y procede ser desestimado;

    Considerando, que por último expresa la recurrente que se ha

    condenado a una persona de nombre A. y la recurrente se llama A.,

    que es un nombre distinto, lo que conlleva a confusión que puede generar

    trastornos y problemas a una persona que lleve el nombre de Aurin; Fecha: 29 de marzo de 2017

    Considerando, que en torno a la crítica realizada, esta alzada del

    análisis de la glosa procesal, ha constatado que en las diferentes etapas e

    instancias del proceso, en las decisiones y resoluciones que conforman el

    expediente, existe un error en la transcripción del nombre de la procesada,

    que no ha generado confusión porque la encartada ha quedado

    debidamente identificada, durante el desarrollo del proceso, pues la

    misma ha comparecido a las diferentes audiencias que se han celebrado;

    pudiendo la misma en cualquier fase de este caso, tal y como lo ha

    planteado ante esta S., haber hecho la solicitud de que se subsanara el

    error de tipo material, que era susceptible de ser corregido en cualquier

    momento; que esta alzada al verificar que dicho error no ha alterado el

    desarrollo del proceso desde su inicio hasta la fecha de hoy ni ha

    vulnerado derechos de la imputada, y como ya lo habíamos advertido,

    hemos procedido en esta decisión a referirnos con el nombre correcto de la

    encartada.

    Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

    FALLA:

    Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por A.M.C.R., contra la sentencia núm. 0030-TS-2016, dictada por la Tercera Sala de la Fecha: 29 de marzo de 2017

    Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 1 de abril de 2016, en consecuencia confirma la decisión recurrida, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo;

    Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas procesales;

    Tercero: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional.

    (Firmados).-M.C.G.B..- E.E.A.C..- A.A.M.S..- F.E.S.S..- H.R..-

    La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran

    su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él

    expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que

    certifico.