Sentencia nº 163 de Suprema Corte de Justicia, del 21 de Febrero de 2018.

Fecha de Resolución21 de Febrero de 2018
EmisorSegunda Sala

Fecha: 21 de febrero de 2018

Sentencia núm. 163

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 21 de febrero del 2018, que dice así:

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia, regularmente constituida por los Jueces Fran Euclides Soto

Sánchez, en funciones de P.; A.A.M.S. e

H.R., asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra

sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito

Nacional, hoy 21 de febrero de 2018, años 174° de la Independencia y 155°

de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la

siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Pablo Roberto Ruiz

Lara, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de Fecha: 21 de febrero de 2018

identidad y electoral núm. 003-0079612-5, domiciliado y residente en la

calle A, número 43, sector Los Tumbaos, Matanzas Baní, imputado,

contra la sentencia núm. 0294-2016-SSEN-00233, dictada por la Cámara

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal

el 8 de septiembre de 2016, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al Licdo. F.T.S., por sí y por el Lic. Juan

Aybar, a nombre y representación de P.R.R.L., parte

recurrente;

Oído el dictamen de la Magistrada Procuradora General Adjunta de

la República, L.. A.B.;

Visto el escrito motivado por el Lic. J.A., en representación

del recurrente P.R.R.L., depositado el 12 de octubre de

2016, en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interpone su

recurso de casación;

Visto la resolución núm. 1539-2017, de la Segunda Sala de la

Suprema Corte de Justicia, mediante la cual se declaró admisible, en la

forma, el aludido recurso, fijando audiencia de sustentación para el día 12

de julio de 2017, fecha en la cual las partes concluyeron, decidiendo la Sala Fecha: 21 de febrero de 2018

diferir el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30) días

dispuestos en el Código Procesal Penal; término en el que no pudo

efectuarse, por lo que, se rinde en el día indicado al inicio de esta

sentencia;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de

1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber

deliberado, y visto la Constitución de la República; los tratados

internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios;

los artículos 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código

Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, de fecha 10 de febrero

de 2015; 59, 60, 265, 266, 379, 383 y 386 1-2 del Código Penal Dominicano,

así como al artículo 39, párrafo III de la Ley núm. 36, sobre P. y

Tenencia de Armas y la resolución núm. 3869-2006, dictada por la

Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos

que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes: Fecha: 21 de febrero de 2018

  1. que la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Peravia,

    presentó formal acusación y solicitud de apertura a juicio, en contra de

    M.M.S.P. y P.R.R.L., imputándolos de

    violar los artículos 333 y 334 del Código Penal Dominicano, y 12, 45, 396

    de la Ley 396-03, en perjuicio de una menor de edad;

  2. que para la instrucción preliminar fue apoderado el Juzgado de la

    Instrucción del Distrito Judicial de Peravia, el cual dictó auto de apertura a

    juicio el 14 de agosto de 2014, en contra de los imputados;

  3. que para conocer el fondo del proceso fue apoderado el Tribunal

    Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del

    Distrito Judicial de Peravia, el cual dictó la sentencia núm. 301-04-2016-SEN-00049, el 15 de marzo de 2016, cuyo dispositivo es el siguiente:

    “PRIMERO: Varía la calificación jurídica dada al hecho por el Juez de la Instrucción del artículo 334 del Código Penal Dominicano, y artículo 396 de la Ley 136-03, del Código del Menor, por el artículo 355 del Código Penal Dominicano, y artículo 396 letra c, de la Ley 136-03, del Código del Menor; SEGUNDO: Declara culpable al ciudadano P.R.R.L., por haberse presentado pruebas suficientes que el procesado violentara los artículos 355 del Código Penal y 396 letra C de la Ley 136-03, del Código del Menor, en perjuicio de Fecha: 21 de febrero de 2018

    la menor de edad de iniciales C.R.D.; en consecuencia, se condena a dos (2) años de prisión, más al pago de una multa de Tres Mil Pesos (RD$3,000.00) a favor del Estado Dominicano; TERCERO: Condena al procesado al pago de las costas penales; CUARTO: Dicta sentencia absolutoria a favor de la señora M.M.S.P. por insuficiencia probatoria, no se probó que la procesada violentara el artículo 333 del Código Penal y artículo 396 de la Ley 136-03, del Código del Menor, en perjuicio de la menor de edad de iniciales C.R.D.; en consecuencia, ordena el cese de la medida de coerción de impuesta; QUINTO: Declara las cosas penales eximidas; SEXTO: Se fija lectura íntegra de esta sentencia para el día siete (7) del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), a las 9:00 a.m., vale cita para las partes presentes y representadas”;

  4. que dicha decisión fue recurrida en apelación por Pablo Roberto

    Ruiz Lara, imputado, siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte de

    Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, la cual dictó la

    sentencia núm. 0294-2016-SSEN-00233, objeto del presente recurso de

    casación, el 8 de septiembre de 2016, cuyo dispositivo expresa lo siguiente:

    “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha tres (3) del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), por el Licdo. C.J.M., abogado actuando en nombre y representación del imputado P.R.R.L., contra la sentencia núm. 301-04-2016-SEN-00049, de fecha quince (15) del mes de marzo del año Fecha: 21 de febrero de 2018

    dos mil dieciséis (2016), dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior de la presente sentencia; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la sentencia recurrida, respecto del imputado P.R.R.L., que entre otras cosas lo declaró culpable de violar los artículos 355 del Código Penal y 396-C de la Ley 136-03, sobre el Código de Protección de los Derechos fundamentales de Niños, Niñas y Adolecentes, en perjuicio de la menor de edad de iniciales
    C.R.D. y le condeno a dos (2) años de prisión, más al pago de una multa de Tres Mil Pesos (RD$3,000.00) a favor del Estado Dominicano; y al pago de las costas penales;
    TERCERO: Condena al imputado recurrente P.R.R.L., al pago de las costas penales del procedimiento de alzada, en virtud del artículo 246 del Código Procesal Penal, por haber sucumbido en sus pretensiones en esta instancia; CUARTO: la lectura y posterior entrega de la presente sentencia vale notificación para las partes; QUINTO: Ordena la notificación de la presente sentencia al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal, para los fines legales correspondiente”;

    Considerando, que el recurrente P.R.R.L., por

    intermedio de su abogado planteó el siguiente medio:

    Primer Medio: Errónea aplicación de orden constitucional, violación al derecho de defensa, fundamento del medio esgrimido. Que la Corte en su sentencia no Fecha: 21 de febrero de 2018

    respondió los medios por separado, sino que utilizó una formula genérica para dar respuesta ameritada por el recurrente denunciante; Segundo Medio: Violación al debido proceso de ley, fundamento del medio esgrimido. Que en este caso no se observó el debido proceso, ni con relación a las exigencias de la acusación, no se observó que el Juzgado de la Instrucción emitió el auto número 199-2014 de fecha 147/8/2014, el cual dictó auto de apertura a juicio contra los señores M.M.S.P. y P.R.R.L., a la primera la acusa de violar el artículo 334 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 y los artículos 12, 45 y 396 de la Ley 136-03 y contra del segundo es decir P.R.R.L., acusado de violar la disposiciones del artículo 333 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 el artículo 396 de la Ley 136-03. Que el tribunal de primer grado en su parte dispositiva invirtió las calificaciones jurídicas dadas por el Juez de la instrucción del auto de apertura a juicio lo que hace nula la sentencia de primer grado, en virtud de que la calificación que el Juez de Instrucción le dio a P.R.R.L., 333 del Código Penal y 396 de la Ley 136-3 y en cuanto a la señora M.M.S.P., el Juez de la Instrucción la calificó de violar el artículo 334, no de 333 del Código Penal, como erróneamente dice el tribunal de primer grado y que la Corte cuando se hizo referencia a la violación de la Constitución y al debido proceso, debió observar y subsanar una situación que ahora hace constitucionalmente ambas decisiones. Que por otro lado constituye una violación al debido proceso, que el tribunal de primer grado y paso de forma inadvertida que agrego el literal, es decir, el Fecha: 21 de febrero de 2018

    imputado llegó por violación al artículo 396 del Código del Menor Ley 136-03, y el tribunal no advirtió al imputado respecto de la aplicación de la acusación no de la variación, puesto que agrego un ordinal, de un artículo que tiene 3, violenta el debido proceso de ley; Tercer Medio : Sentencia manifiestamente infundada. A que tanto la sentencia de primer grado como la de la Corte carecen de motivación para sustentar la acusación. Que se produjo una sentencia condenatoria por sustracción de menores, siendo según el criterio jurisprudencial desde 1997, fecha en que la Ley 24-97, modifico el Código Penal, que el elemento constitutivo de la infracción de sustracción de menores de edad, es el desplazamiento, que cuando el recurrente refiere la errónea aplicación de una norma jurídica”;

    Considerando, que la Corte a-qua para fallar en la forma en que lo

    hizo dio por establecido lo siguiente:

    “Que en relación a los cuatro medios planteados los cuales se reúnen para su contestación por su vinculación, ya que todos se fundamentan en que la menor no fue interrogada en la Camara de Gessel, violándole el derecho de defensa del imputado; del estudio de la decisión impugnada y de los documentos que en ella se hacen mención se comprueba que ciertamente la menor fue interrogada por el Juez del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Peravia, atendiendo a la comisión rogatoria núm. 122/2013, de fecha 12/12/2013 y en virtud de la resolución 3687, de fecha 20/12/2007, de la Suprema Corte de Justicia, el artículo 282 párrafo de la Ley 136-03, vigentes al momento de recoger dicho elemento de prueba, las Fecha: 21 de febrero de 2018

    cuales establecían con claridad el procedimiento a seguir para interrogara un menor víctima o testigo de un hecho que violente dicha ley penal. Que el elemento de prueba consistente en el interrogatorio practicado a la menor fue levantado por un juez competente como lo fue el Juez de Niños, Niñas y Adolescente del Distrito Judicial de Peravia, previa comisión rogatoria por parte del Juez Penal Ordinario, que en fecha (10) del mes de diciembre del año dos mil trece (2013) fue notificado de manera personal el Licdo. J.B.N., en calidad de abogado defensor de los imputados P.R.R.L., M. y W., para que formulara las preguntas para la realización de la entrevista; pero no aporto pregunta; cumpliendo con el procedimiento estableció en la oportunidad a esos fines; que levantada asila prueba puede ser presentada en juicio y valorada por los jueces, que fue lo que hicieron los jueces del tribunal aquo, ya que dicho elemento de prueba fue recogido conforme al procedimiento establecido. Que es importante destacar que la Camara de Gessel del Departamento Judicial de San Cristóbal fue puesta en funcionamiento el 17 de marzo de 2014 y las entrevistas iniciaron en el mes de junio de 2014; lo que indica que para la época en que sucedió el hecho y fue realizado el interrogatorio (27/12/2013), la misma no se encontraba laborando, por lo que el interrogatorio practicado a la menor no podía ser llevado a cabo en dicha cámara. Que el hecho por el cual fue sometido a la acción de la justicia el señor P.R.R.L. ocurrió en fecha 8 de noviembre de 2013, cuando el imputado sedujo y sustrajo a la menor de su casa y se la llevo a vivir a la casa de un tal chaval, haciéndola pasar como pareja de este último y la imputada M.M.S.P., era su cómplice, quien además la prostituía y permitía que el imputado se viera en su casa ubicada en la comunidad del Fecha: 21 de febrero de 2018

    Cruce de A.H., frente al play, con la víctima menor de edad, y además se beneficiaba de esa relación económicamente. Que el imputado era el maestro de la víctima en el liceo público del cruce de A.H. y siendo su maestro la sedujo y sostuvo una relación que en principio era de novios, este posteriormente la sustrajo y se la llevó a vivir a casa de un tal W.. Que la menor víctima fue entrevistada por el Juez de Niños, Niñas y Adolescentes y en la misma esa señaló al imputado como la persona que la había seducido y convivido con ella maritalmente. Que del estudio de la sentencia se advierte que los jueces a través de la valoración de los elementos de pruebas aportados por el órgano acusador comprobaron que real y efectivamente la menor fue seducida y sustraída de la autoridad de los padres en violación a las disposiciones del artículo 355 del Código Penal, y 396 letra c, de la Ley 136-03 sobre Código de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes; lo que comprueba que los jueces valoraron de forma correcta y conforme al método científico de la sana crítica los elementos de pruebas aportados que le permitieron establecer y comprobar el acontecimiento histórico por el que está siendo enjuiciado el imputado P.R.R.L.”;

    Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por la parte recurrente:

    Considerando, que en el recurrente en el primer medio invoca,

    errónea aplicación de orden constitucional, violación al derecho de

    defensa, fundamento del medio esgrimido. Que la Corte en su sentencia Fecha: 21 de febrero de 2018

    no respondió los medios por separado, sino que utilizó una formula

    genérica para dar respuesta ameritada por el recurrente denunciante;

    Considerando, que el recurrente en su segundo medio, sustenta

    violación al debido proceso de ley, fundamento del medio esgrimido. Que

    en este caso no se observó el debido proceso, ni con relación a las

    exigencias de la acusación, no se observó que el Juzgado de la Instrucción

    emitió el auto número 199-2014 de fecha 147/8/2014, el cual dictó auto de

    apertura a juicio contra los señores M.M.S.P. y Pablo

    Roberto Ruiz Lara, a la primera la acusa de violar el artículo 334 del

    Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 y los artículos

    12,45 y 396 de la Ley 136-03 y contra del segundo es decir Pablo Roberto

    Ruiz Lara, acusado de violar la disposiciones del artículo 333 del Código

    Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 el artículo 396 de la Ley

    136-03. Que el tribunal de primer grado en su parte dispositiva invirtió las

    calificaciones jurídicas dadas por el Juez de la instrucción del auto de

    apertura a juicio lo que hace nula la sentencia de primer grado, en virtud

    de que la calificación que el Juez de Instrucción le dio a Pablo Roberto

    Ruiz Lara, 333 del Código Penal y 396 de la Ley 136-3 y en cuanto a la

    señora M.M.S.P., el Juez de la Instrucción la calificó Fecha: 21 de febrero de 2018

    de violar el artículo 334, no de 333 del Código Penal como erróneamente

    dice el tribunal de primer grado y que la Corte cuando se hizo referencia a

    la violación de la Constitución y al debido proceso, debió observar y

    subsanar una situación que ahora hace constitucionalmente ambas

    decisiones. Que por otro lado constituye una violación al debido proceso,

    que el tribunal de primer grado y paso de forma inadvertida que agrego

    el literal, es decir, el imputado llego por violación al artículo 396 del

    Código del Menor Ley 136-03, y el tribunal no advirtió al imputado

    respecto de la aplicación de la acusación no de la variación, puesto que

    agrego un ordinal, de un artículo que tiene 3, violenta el debido proceso

    de ley;

    Considerando, que en el tercer medio invoca el recurrente, sentencia

    manifiestamente infundada. A que tanto la sentencia de primer grado

    como la de la Corte carecen de motivación para sustentar la acusación.

    Que se produjo una sentencia condenatoria por sustracción de menores,

    siendo según el criterio jurisprudencial desde 1997, fecha en que la Ley

    24-97, modifico el Código Penal, que el elemento constitutivo de la

    infracción de sustracción de menores de edad, es el desplazamiento, que

    cuando el recurrente refiere la errónea aplicación de una norma jurídica; Fecha: 21 de febrero de 2018

    Considerando, que una vez examinado el contenido de los tres

    medios del presente recurso de casación, constata esta alzada que los

    fundamentos utilizados por el reclamante para sustentarlos, constituyen

    medios nuevos, dado que el análisis a la sentencia impugnada y los

    documentos a que ella se refiere, se evidencia que el impugnante no

    formuló en las precedentes jurisdicciones ningún pedimento ni

    manifestación alguna, formal ni implícita, en el sentido ahora argüido, por

    lo que no puso a la alzada en condiciones de referirse al citado alegato, de

    ahí su imposibilidad de poder invocarlo por vez primera ante esta

    Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de

    Casación.

    Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

    FALLA:

    Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por P.R.R.L., contra la sentencia núm. 0294-2016-SSEN-00233, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 8 de septiembre de 2016, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión;

    Segundo: Confirma la decisión impugnada; Fecha: 21 de febrero de 2018

    Tercero: Condena al recurrente al pago de las costas procesales;

    Cuarto: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal.

    (Firmado) F.E.S.S..- A.A.M.S..- H.R..-

    La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que

    figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año

    en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria

    General, que certifico.

    La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 3 de julio del 2018, para los fines correspondientes. Exonerada de pagos de impuestos internos y sellos de impuestos internos.

    C.A.R.V..

    Secretaria General