Sentencia nº 434 de Suprema Corte de Justicia, del 23 de Abril de 2018.

Fecha de Resolución:23 de Abril de 2018
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 23 de abril de 2018

Sentencia núm. 434

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha de 23 de abril de 2018, que dice:

D., Patria y Libertad República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia, regularmente constituida por los Jueces Miriam Concepción

Germán Brito, P.; E.E.A.C., Alejandro

Adolfo Moscoso Segarra, F.E.S.S. e H.R.,

asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias,

en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 23 de

abril de 2018, año 175º de la Independencia y 155º de la Restauración, dicta

en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Digna Minerva Mejía

Moreta, dominicana, mayor de edad, arquitecta, portadora de la cédula de

identidad y electoral núm. 001-0142549-4, domiciliada y residente en la calle

O.P., redidencial P. delP.I., Edif. 10, A.. 402, del sector

Las Praderas, Santo Domingo, Distrito Nacional, imputada, contra la

sentencia penal núm. 97-2016, dictada por la Primera Sala de la Cámara Fecha: 23 de abril de 2018

Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 26 de julio de 2016,

cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen de la Magistrada Procuradora General Adjunta de la

República, L.. A.B.;

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Dr.

S.A.E.M., en representación de la recurrente,

depositado el 17 de agosto de 2016, en la secretaría de la Corte a-qua,

mediante el cual interpone dicho recurso;

Visto el escrito de réplica a dicho recurso, suscrito por los Licdos. Ybo

René Sánchez Díaz y E.R.C.R., en representación de

Electroplanta, S.R.L., depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 19 de

septiembre de 2016;

Visto la resolución núm. 4536-2016, dictada por esta Segunda Sala de la

Suprema Corte de Justicia el 1 de diciembre de 2016, la cual declaró

admisible el referido recurso de casación, y fijó audiencia para conocerlo el

10 de mayo de 2017; Fecha: 23 de abril de 2018

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de

1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber

deliberado, y vistos los artículos 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y

427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, de fecha

10 de febrero de 2015, la Ley núm. 3143 sobre Trabajo Pagado y No

Realizado, y la resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de

Justicia el 21 de diciembre de 2006;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos

que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

  1. que el 22 de octubre de 2015, la razón social Electroplanta, S.R.L.,

    representada por su presidente J.E.J. de la Cruz, interpuso

    formal acusación penal privada con constitución en actor civil, en contra de

    D.M.M.M., imputándola de violar el artículo 1 de la Ley

    núm. 3143, sobre Trabajo Realizado y No Pagado y Trabajo Pagado y No

    Realizado, en perjuicio de Electroplanta, S.R.L.;

  2. que para el conocimiento del fondo del presente proceso fue

    apoderada la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera

    Instancia del Distrito Nacional, la cual dictó la sentencia núm. 046-2016-Fecha: 23 de abril de 2018

    SSEN-00016 el 26 de enero de 2016, cuya parte dispositiva consta en la

    decisión ahora impugnada;

  3. que no conforme con esta decisión, la imputada interpuso formal

    recurso de apelación, siendo apoderada la Primera Sala de la Cámara Penal

    de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual dictó la sentencia

    núm. 97-2016, objeto del presente recurso de casación, el 26 de julio de 2016,

    cuya parte dispositiva establece:

    PRIMERO: Declara con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto en fecha veinticinco (25) del mes de febrero del año dos mil dieciséis (2016), por la imputada D.M.M.M., a través de su representante legal Dr. S.A.E.M., contra la sentencia núm. 046-2016-SSEN-00016, de fecha veintiséis (26) del mes de enero del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cuyo dispositivo es el siguiente: ‘Primero: Declara a la ciudadana D.M.M.M., culpable de la comisión del tipo penal de trabajo pagado y no realizado, en alegada violación a las disposiciones del artículo 1 de la Ley 3143, en perjuicio de la razón social Electroplanta, S.R.L., debidamente representada por el señor J.E.J. de la Cruz, y en consecuencia, se le condena a sufrir la pena de seis (6) meses de prisión, en virtud de los artículos 341 y 41 del Código Procesal Penal, suspende de manera condicional los últimos cuatro (4) meses, sujeta a las siguientes reglas: 1) Residir en un domicilio fijo, en caso de cambiarlo deberá Fecha: 23 de abril de 2018

    notificarlo al Juez de Ejecución de la Pena; 2) Rendir veinte (20) horas de trabajo comunitario; Segundo: Condena a la señora D.M.M.M. al pago de las costas penales; Tercero: Declara buena y válida en cuanto a la forma la presente querella con constitución en actor civil, interpuesta por la razón social Electroplanta, S.R.L., debidamente representada por el señor J.E.J. de la Cruz, a través de sus abogados constituidos y apoderados especiales L.. E.
    R.C.R. e Y.R.S.D., por haberse hecho en tiempo hábil y conforme a la ley;
    Cuarto: En cuanto al fondo de la referida constitución en actor civil condena a la ciudadana D.M.M.M. a los siguientes montos: 1) La restitución de Cuatrocientos Treinta y Un Mil Pesos (RD$431,000.00), por concepto de valores entregados como avance a los trabajos; 2) Al pago de una indemnización ascendente a la suma de Quinientos Mil Pesos Dominicanos (RD$500,000.00), a favor del querellante y actor civil razón social Electroplanta, S.R.L., debidamente representada por el señor J.E.J. de la Cruz como justa reparación por los daños morales y materiales ocasionados con su hecho personal; Quinto: Condena a la señora D.M.M.M., al pago de las costas civiles del procedimiento; Sexto: Fija la lectura íntegra y motivada de la presente decisión para el día once (11) del mes de febrero del año dos mil dieciséis (2016), a las cuatro horas de la tarde (04:00 P.M.), quedando convocadas las partes presentes y representadas, y a partir de cuya lectura inicia el cómputo de los plazos para fines de apelación’; SEGUNDO: Modifica el ordinal primero de la sentencia impugnada, para que en lo adelante establezca: “PRIMERO: Declara a la ciudadana D.M.M.M., culpable de la comisión del tipo penal de trabajo pagado Fecha: 23 de abril de 2018

    y no realizado, en alegada violación a las disposiciones del artículo 1 de la Ley 3143, en perjuicio de la razón social Electroplanta, S.R.L., debidamente representada por el señor J.E.J. de la Cruz, y en consecuencia se le condena a sufrir la pena de seis (6) meses de prisión, en virtud de los artículos 341 y 41 del Código Procesal Penal, suspendiendo de manera condicional la totalidad de la misma, sujeta a las siguientes reglas: 1.- Residir en un domicilio fijo, en caso de cambiarlo deberá notificarlos al Juez de Ejecución de la Pena; 2.- Rendir veinte (20) horas de trabajo comunitario; advierte a la ciudadana D.M.M.M. que de no cumplir con las reglas impuestas en el período establecido, deberá cumplir de forma íntegra la totalidad de la pena suspendida; TERCERO: Confirma en los demás aspectos la sentencia recurrida; CU ARTO : Exime a la ciudadana D.M.M.M. del pago de las costas del proceso, por las razones antes expuestas; QUINTO: Ordena a la secretaria de esta Primera Sala, realizar las notificaciones correspondientes a las partes, quienes quedaron citadas mediante decisión dada en la audiencia de fecha treinta (30) del mes de junio del año dos mil dos mil dieciséis (2016), y se indica que la presente sentencia está lista para su entrega a las partes comparecientes”;

    Considerando, que la recurrente, por intermedio de su defensa técnica,

    alega los siguientes medios en su recurso de casación:

    Primer Medio: Sentencia manifiestamente infundada; nula de nulidad absoluta por ser violatoria a los artículos 332, 333 y 335 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 de fecha 10 de febrero del año 2015, violación a la seguridad jurídica. Violación a la tutela judicial efectiva. Violación al Fecha: 23 de abril de 2018

    debido proceso de ley. Violación al principio de inmediación; Segundo Medio: Violación al derecho de defensa, falta de motivación, omisión de estatuir; Tercer Medio: Sentencia manifiestamente infundada, falta de motivación; Cuarto Medio: Sentencia manifiestamente infundada, sentencia contradictoria con fallos anteriores de la Suprema Corte de Justicia, omisión de estatuir en cuanto a la denuncia de violación a la ley por inobservancia de los artículos 1 y 5 del Código de Trabajo; 5 y 6 de la Ley núm. 3143 del 11 de diciembre de 1951, G.O. núm. 7363, que sustituye la núm. 344 del 23 de octubre de 1919, G.O. núm. 3059 y del artículo 337, inciso 3, del Código Procesal Penal contenida en el recurso de apelación, violación al principio constitucional de que nadie podrá ser perjudicado, sino conforme a los procedimientos establecidos en las leyes; Quinto Medio: Sentencia manifiestamente infundada, desnaturalización de los hechos y de los documentos de la causa tal y como quedaron fijados en el proceso por ante el tribunal de Primer grado, falta de motivación, omisión de estatuir;

    Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por la parte recurrente:

    Considerando, que la recurrente sostiene en el desarrollo de su primer

    medio, en síntesis, lo siguiente:

    Que los jueces de la Corte a-qua incurrieron en las violaciones citadas en el primer medio, debido a que la sentencia es redactada y firmada inmediatamente después de la deliberación y esta no puede suspenderse salvo que por enfermedad grave de alguno de los jueces; si la sentencia es redactada y firmada Fecha: 23 de abril de 2018

    inmediatamente después de la deliberación, entonces si el magistrado E.J.S.O. participó en la deliberación y en el proceso de votación nada impedía que la firmara, ya que la lectura íntegra es leída por el secretario, por lo que no requiere su presencia; en tal sentido, el disfrute de sus vacaciones no constituye una excusa legal para que su firma no apareciera consignada en la sentencia, lo cual habría constituido una prueba inatacable de su participación en el resultado de la decisión ahora impugnada; por lo cual a la recurrente le fue conculcado su derecho fundamental de conocer el punto de vista y el veredicto de ese juez; que a la luz de los artículos 332 y 333 del Código Procesal Penal, denuncia una grave irregularidad que pone en tela de juicio la presunción de verdad que tiene que revestir toda actuación judicial, compromete la seguridad jurídica; que dicha irregularidad conculca derechos fundamentales de la imputada en cuanto la ha privado de contar con la tutela judicial efectiva y el debido proceso que le asiste, conforme lo consagrado en el artículo 69 de la Constitución

    ;

    Considerando, que en torno al argumento planteado la sentencia

    impugnada establece lo siguiente:

    Que los fundamentos de la presente sentencia cuentan con la adhesión de los jueces integrantes, quienes en mérito de ello la firman, con excepción de la firma del magistrado E.J.S.O., quien participó en la deliberación del presente proceso, sin embargo, al momento de la lectura íntegra de la misma se encontraba en el disfrute de sus vacaciones, esto al tenor de las disposiciones del artículo 334 numeral 6 del Código Procesal Penal

    ; Fecha: 23 de abril de 2018

    Considerando, que de lo anteriormente expuesto, queda evidenciado

    que contrario a lo denunciado por la recurrente, la sentencia impugnada dio

    fiel cumplimiento a las disposiciones de los artículos 332, 333 y 334.6 del

    Código Procesal Penal, en razón de que en fecha 30 de junio de 2016 los

    jueces E.J.S.O., D.J.P.O. y Antonio O.

    Sánchez Mejía procedieron al debate, con la presencia de las partes y sus

    abogados, sobre los argumentos del recurso de apelación presentado por la

    hoy recurrente, por lo que en apego a la complejidad del asunto o prudencia

    procesal decidieron diferir el fallo para el 26 de julio de 2016, por tanto,

    actuaron conforme a las disposiciones del artículo 422 del Código Procesal

    Penal, que le otorga a las Cortes de Apelación un plazo de 20 días laborables

    para fallar el proceso; de lo cual se infiere que la deliberación de los jueces

    en grado de apelación no está sujeta a las pautas trazadas en el artículo 332

    del referido código, situación que les permite deliberar dentro de ese plazo,

    como ocurrió, y no conlleva la vulneración de los derechos fundamentales

    de las partes, debido a que se trata de una decisión de acuerdo pleno, es

    decir, que la misma fue adoptada por unanimidad de votos, tal y como

    consta en el numeral 20 de la página 15; que además, dicha sentencia resulta

    válida porque hace constar la falta de la firma de uno de sus integrantes,

    específicamente, el magistrado E.J.S.O., como lo prevé el Fecha: 23 de abril de 2018

    numeral 6 del artículo 334 supra indicado, ya que luego de las

    deliberaciones y la votación, este se encontraba de vacaciones y su redacción

    no estuvo lista previo a sus vacaciones, lo que no constituye vicio alguno;

    por tanto, el referido alegato carece de fundamento y de base legal; en

    consecuencia, se desestima;

    Considerando, que la recurrente alega en el desarrollo de su segundo

    medio, en síntesis, lo siguiente:

    Que la Corte a-qua violó el derecho de defensa de la imputada al rechazarle la incorporación de la prueba anexa al recurso de apelación; que de esta haber reconocido el derecho de defensa de la imputada a que fuera valorada la copia del acto de alguacil que ella propuso desde el inicio del recurso de apelación como medio de prueba en apoyo a su defensa y no la que se encontraba en el expediente; que haber permitido la incorporación de la misma y haber revisado los defectos del indicado acto, habría concluido en que el juez del primer grado se constituyó en una retranca procesal en perjuicio del derecho de defensa de la imputada al rechazar la solicitud de esta de que le sean restablecido o repuesto los plazos consagrados en el artículo 305 del Código Procesal Penal; que la Corte a-qua negó a la imputada el derecho que le correspondía a emplear el medio prueba propuesto a fin de que apreciara de forma palmaria, primero que el referido acto de alguacil, carece de fecha precisa, con lo cual la imputada no podía establecer de manera clara como computar el plazo para establecer el derecho de defensa que le asistía; y segundo, dicho acto fue notificado a una persona Fecha: 23 de abril de 2018

    totalmente ajena a la imputada, es decir, al guardián del edificio; sin embargo, la Corte a-qua no dedujo las consecuencias legales de ese hecho, tal y como se le propuso en virtud del artículo 147 del Código Procesal Penal; tampoco valoró que dicha actuación procesal le fue entregada a la imputada tiempo después de ser notificada al guardián del edificio; la Corte a-qua adoptó los mismos errores del Tribunal a-quo, denunciados por la imputada en su recurso de apelación; tal como se encuentra consagrado en el artículo 69.10 de la Constitución, la Corte aqua violentó los derechos fundamentales de la imputada

    ;

    Considerando, que la Corte a-qua para fallar dicho aspecto, dijo lo

    Que esta Corte indica que el acto de alguacil no deviene en nulo, debido a que el mismo contiene los datos precisos para su ejecución, razón que no da a lugar para que el mismo esté viciado, puesto que la alegada fecha no resulta imprecisa, pues de su lectura se aprecia las fechas señaladas; …que asimismo el recurrente invocó que el Juez a-quo violentó los derechos fundamentales de la exponente al realizar la solicitud de la imputada de que sean restablecidos o repuestos los plazos consagrados en el artículo 305 del Código Procesal Penal, basada la solicitud en los ostensibles defectos de la indicada actuación; que tal y como establecimos en la contestación del primer motivo, no se le ha vulnerado los derechos fundamentales a la imputada-recurrente, no corresponde restablecer los plazos del artículo 305 del Código Procesal Penal, debido a que la oportunidad procesal fue concebida conforme a la norma y la misma no fue ejercida, por lo que corresponde rechazar el cuarto motivo, por carecer de fundamento

    ;

    siguiente: Fecha: 23 de abril de 2018

    Considerando, que en lo que respecta al alegato de que el acto de

    alguacil debió ser declarado nulo y que se le debió reponer el plazo para

    presentar los incidentes, tanto la Corte a-qua como el tribunal de primer

    grado ponderaron el aspecto constitucional y determinaron la validez del

    acto de alguacil de la convocatoria a juicio, por lo cual se determinó que el

    incidente fue presentado fuera del plazo de cinco (5) días que contempla la

    norma; por tanto, al mantener la Corte a-qua el rechazo de la solicitud de

    reposición no se vulneró el derecho de defensa de la recurrente ya que con el

    referido plazo el legislador pretende que las partes presenten en igualdad de

    condición los medios de pruebas que pretenden hacer valer; además de que

    al descartar la existencia de violación a derechos fundamentales, el artículo

    305 del Código Procesal Penal, indica que la decisión resultante de dicho

    incidente no es susceptible de apelación, lo que equivale a decir, que mucho

    menos tal decisión sería susceptible de casación; por lo que procede

    desestimar el vicio denunciado;

    Considerando, que la recurrente en el desarrollo de su tercer medio,

    alega, en síntesis, lo siguiente:

    Que la Corte a-qua se limitó a hacer consideraciones vagas e insuficientes que no contribuyen a lo que se espera de una eficiente y sana administración de justicia; obvió dar respuesta a las impugnaciones contenidas en el segundo medio; Fecha: 23 de abril de 2018

    sustrayéndose a su obligación constitucional de valorar y dar respuestas motivadas, suficientes y necesarias a los señalamientos que contra la decisión impugnada planteó la exponente en el segundo medio del recurso de apelación que justificó su apoderamiento

    ;

    Considerando, que del análisis y ponderación del medio alegado, así

    como de lo expuesto por la Corte a-qua al momento de examinar el segundo

    medio propuesto por la recurrente, resulta obvio que la misma brindó

    motivos suficientes en cuanto a la falta de notificación del auto de

    conversión de la acción pública en privada, por tratarse de un asunto que

    requería de instancia privada y no existía un interés público gravemente

    comprometido; observando en ese sentido, que dicha vulneración no le

    violentó su derecho de defensa ni constituyó un obstáculo procesal para que

    esta se defendiera de la imputación presentada por la parte querellante; por

    tanto, procede rechazar el medio propuesto;

    Considerando, que en su cuarto medio, la recurrente plantea, en

    síntesis lo siguiente:

    “Esta Suprema Corte de Justicia en innúmeras decisiones ha ratificado el criterio de que la evidencia ofrecida en copia fotostática no da fe de su contenido, salvo que el dato a probar, sea corroborado por otro medio de prueba, que la Suprema Corte de Justicia ha dado por establecido la valoración de los elementos probatorios, los criterios que los jueces deben observar Fecha: 23 de abril de 2018

    para emitir una sentencia condenatoria; que cuando el hecho no es de naturaleza penal tiene que absolver al imputado; que el artículo 211 del Código de Trabajo no es aplicable al caso; sin embargo, en los párrafos 8, 9 y 10 de la decisión impugnada, la Corte a-qua ha contrariado las sólidas directrices jurisprudencias indicadas, al otorgar valor probatorio a la copia fotostática del contrato de trabajo de jardinería PH Javier y M., adhiriéndose a la errada decisión del juez de primer grado, obviando valorar los demás hechos de la causa como lo propuso la recurrente; que los querellantes y testigos establecen que los trabajos fueron interrumpidos por razones ajenas a la imputada y emanadas de los propios querellantes, que no existe informe técnico que indique en qué fase quedaron los trabajos al momento de dicha interrupción; que la copia fotostática en que se basa la decisión contradice totalmente los demás elementos de prueba, principalmente las propias declaraciones del representante de la empresa querellante y actora civil, en donde fue establecido la naturaleza y el verdadero alcance de los trabajos para los que fue contratada la exponente, tal como fue establecido en la fase de juicio; que la Corte a-qua desconoce los requisitos para referirse a una sentencia condenatoria, al obviar referirse al señalamiento puntual; que la Corte a-qua incurrió en el mismo error del juez de primer grado al negarse a valorar, como se le pidió, el hecho de que no existió nunca una puesta en mora tendente a intimar a la imputada a concluir los trabajos; al actuar en desconocimiento del indicado requerimiento legal, la Corte a-qua vulneró el derecho fundamental de la exponente y su decisión los incurrió en los demás vicios denunciados”;

    Considerando, que la Corte a-qua para fallar en la forma en que lo hizo

    dio por establecido lo siguiente: Fecha: 23 de abril de 2018

    Que ha quedado establecido la relación de trabajo existente, conforme el contrato de trabajo celebrado en fecha veintiocho
    (28) de mayo del año dos mil catorce (2014), entre la arquitecta D.M.M.M. y la razón social Electroplanta S.
    R.L. debido a la contratación de los servicios profesionales de la imputada, para realizar trabajos de jardinería en la Construcción de la obra B.P. de J. y PH de M., siendo el pago pactado entre las partes, la suma de RD$742,717.97, de los cuales se le ha dado un avance de un total de cuatrocientos treinta y un mil pesos (RD$431,000.00), y por falta de ejecución por parte de la arquitecta D.M.M.M., la razón social E.S.R.L., interpuso formal querella con constitución en actor civil en fecha dieciocho (18) del mes de mayo del año dos mil quince (2015), de donde se desprende la configuración del ilícito penal endilgado a la imputada, enmarcado en el artículo 1 de la Ley 3143 sobre Trabajo Pagado y no Realizado, que indica: “Toda persona que con motivo de una profesión, arte u oficio, reciba dinero efectivo u otra compensación, ya sea como anticipo o pago total del trabajo que se le obligó a ejecutar, o como materiales para el mismo, y no cumpla su obligación en el tiempo convenido o en el que sea necesario para ejecutarlo, será castigado como autor de fraude y se le aplicarán las penas establecidas en el artículo 401 del Código Penal, según la cuantía, sin perjuicio de la devolución de las sumas, efectos o materiales avanzados y de las indemnizaciones que procedan”; lo que ha ocurrido en la especie, ya que el caso en cuestión evidentemente no se origina por un contrato de naturaleza civil, sino de un contrato de trabajo, del cual por su incumplimiento se configuran los elementos constitutivos de la infracción de trabajo pagado y no realizado, tal y como lo ha establecido el
    Fecha: 23 de abril de 2018

    tribunal de primer grado, por lo que procede rechazar el presente motivo por no configurarse el aludido agravio

    ;

    Considerando, que de lo anteriormente expuesto resulta evidente que

    la sentencia impugnada contiene motivos suficientes y realiza la valoración

    de qué tipo de figura jurídica se presentó en la especie, descartando la

    existencia de un contrato civil, por lo que dicha decisión no es contraria a las

    disposiciones emitidas por esta Suprema Corte de Justicia; que además, en lo

    que respecta a la valoración del documento en fotocopia, la sentencia

    recurrida no resulta violatoria a las normas establecidas ni a los criterios

    jurisprudenciales en función que el contenido del contrato de trabajo fue

    corroborado por cada una de las partes;

    Considerando, que en el desarrollo de su quinto y último medio, la

    recurrente alega, en síntesis, lo siguiente:

    Al contestar el cuarto motivo del recurso de apelación interpuesto por la exponente, la Corte a-qua incurre en los vicios denunciados en cabeza del presente motivo, ello se sustenta en lo siguiente: 1) la decisión impugnada es completamente infundada, en cuanto la Corte a-qua tergiversa completamente los hechos y el proceso en sentido general desde que señala al señor J.E.J. de la Cruz con la calidad de víctima/querellante y actor civil (ver páginas 1 y 13 párrafo 13 de la decisión impugnada); 2) que la decisión impugnada es completamente infundada y pesa sobre la Fecha: 23 de abril de 2018

    imputada recurrente mayores agravios por el trato descuidado que la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha otorgado al caso ocurrente, realizando una errónea adhesión al fallo dado por el juez de primer grado, en cuando fija exorbitantes e injustificables sumas de dinero para cubrir indemnizaciones por daños morales, atribuyéndole cualidades humanas a una razón jurídica denominada Electroplanta, S.R.L.; 3) la Corte incurre en el vicio de falta de motivación y contradicción de motivos cuando en el numeral 14, en lo referente al punto puesto a su consideración relativo a que el juez de primer grado incurrió en el vicio de falsa determinación de los hechos y falta en la valoración de las pruebas, al indicar que se configura en contra de la imputada D.M.M.M., el delito de trabajo pagado y no realizado; que el incumplimiento contractual sea producto de una intención fraudulenta, la cual se comprueba mediante los constantes recordatorios al deudor y esta responde de forma vaga e insustancial, remitiendo a las páginas 45, 46, 47, 48, 49 y 50 de la sentencia de primer grado, con lo cual deja su decisión sin motivación y, por tanto, ninguna base legal; 4) la Corte a-qua desnaturaliza los hechos cuando indica en el numeral 15 de la decisión impugnada un asunto que no consta en el apartado del indicado recurso de apelación; 5) la decisión incurre en este apartado en el vicio de omisión de estatuir, en cuanto obvia referirse a los puntos planteados por la recurrente; 6) que la Corte a-qua incurre en una falsa motivación; desnaturaliza los hechos cuando indica en el numeral 16 de la decisión impugnada indica falsamente que advierte que la imputada ha reconocido los hechos, sin indicar de dónde ha sacado dicha información; 7) la Corte a-qua incurre en una contradicción entre los motivos y el fallo, toda vez que rechaza todos los Fecha: 23 de abril de 2018

    motivos expuestos por la imputada recurrente y al final declara con lugar parcialmente el recurso de apelación, subyaciendo las mismas condenas, tanto penales como civiles, asunto que aún no se logra entender; 8) por su parte el artículo 5 de dicho código dispone que no están regidos por él, salvo disposición expresa que los incluya: los profesionales liberales que ejerzan su profesión en forma independiente

    ;

    Considerando, que en este último medio, la recurrente cuestiona, en

    sentido general, la valoración de los elementos probatorios; sin embargo,

    contrario a lo sostenido por la recurrente, la Corte a-qua observó que los

    mismos fueron debidamente ponderados por el Tribunal a-quo, y en los

    numerales 12, 13 y 14 de la sentencia impugnada desarrolla la validez de los

    testimonios ofertados por las víctimas/querellantes y la credibilidad de

    estos en función de la soberanía de que gozan los jueces al momento de

    percibir la misma, determinando que en la especie, los testimonios ofertados

    no fueron desnaturalizados; por lo que en su conjunto, la Corte a-qua

    ponderó que las pruebas fueron debidamente valoradas y que no hubo una

    falsa determinación en los hechos, lo que dio lugar a destruir la presunción

    de inocencia de que gozaba la imputada, tras observar que esta recibió un

    avance de RD$431,000.00 para realizar unos trabajos de jardinería con lo cual

    no cumplió; por lo que no se advierte el vicio denunciado en torno a estos Fecha: 23 de abril de 2018

    aspectos, ya que la sentencia contiene motivos suficientes y correctos que

    permiten establecer que la misma ha sido dada conforme a la ley;

    Considerando, que en cuanto al alegato de la condena por daños

    morales, procede acoger el mismo, en razón de que la sentencia hoy

    impugnada al momento de confirmar tal aspecto, no establece ningún

    argumento; por lo que esta Alzada procede a dictar directamente la solución

    del caso y por economía procesal, suple la motivación de lugar;

    Considerando, que esta Suprema Corte de Justicia ha establecido en

    innúmeras ocasiones que los daños morales consisten en el desmedro

    sufrido en los valores extrapatrimoniales, como puede ser el sentimiento que

    afecta sensiblemente a un ser humano, debido al sufrimiento que

    experimente éste como consecuencia de un atentado que tiene por fin

    menoscabar su buena fama, su honor o la debida consideración que merece

    de los demás;

    Considerando, que como consecuencia de dicha definición, el daño

    moral y su propia existencia solo tiene sentido en el ser humano; sin

    embargo, del concepto mismo del daño moral se infiere que es el infringido

    a la dignidad, a la estima moral y por tanto, aun cuando esto se traduce

    frecuentemente como un daño al patrimonio, no por ello, el daño moral Fecha: 23 de abril de 2018

    resultaría inexistente para las personas jurídicas, toda vez que son pasibles

    de recibir un daño moral al perder el prestigio profesional o el buen nombre;

    situaciones que no son aplicables al caso de la especie, pues no se ha

    probado lesión alguna a estos derechos de la personalidad;

    Considerando, que en tal sentido, suprimir la indemnización por

    concepto de daños morales no variaría el monto fijado como reparación civil

    material, pues el mismo fue concebido como un conjunto, producto de la

    afectación del patrimonio lesionado de la razón social querellante y el

    tiempo transcurrido; por lo que en este sentido confirma la indemnización

    de Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00), por concepto de daños

    patrimoniales o materiales;

    Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal dispone

    lo relativo a la potestad que tiene la Suprema Corte de Justicia al decidir los

    recursos sometidos a su consideración, pudiendo tanto rechazar como

    declarar con lugar dichos recursos.

    Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

    FALLA: Fecha: 23 de abril de 2018

    Primero: Admite como interviniente a Electroplanta, S. R.
    L., representada por su presidente J.E.J. de la Cruz, en el recurso de casación interpuesto por D.M.M.M., contra la sentencia penal núm. 97-2016, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 26 de julio de 2016, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión;

    Segundo: Declara parcialmente con lugar el presente recurso de casación; en consecuencia, acoge únicamente el planteamiento de que no opera la indemnización por daños morales a favor de la razón social Electroplanta, S.
    R.L.; por ende, rechaza los demás alegatos contenidos en el recurso;

    Tercero: Suprime la aplicación de indemnización por los daños morales concedidos en el ordinal Cuarto de la sentencia marcada con el núm. 046-2016-SSEN-00016, dictada por la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el 26 de enero de 2016;

    Cuarto: Compensa las costas;

    Quinto: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al Juez de Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, para los fines correspondientes. Fecha: 23 de abril de 2018

    (Firmados).-M.C.G.B..- E.E.A.C..- A.A.M.S..- F.E.S.S..- H.R..-

    La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.