Sentencia nº 287 de Suprema Corte de Justicia, del 26 de Marzo de 2018.
| Número de sentencia | 287 |
| Fecha | 26 Marzo 2018 |
| Número de resolución | 287 |
| Emisor | Segunda Sala Suprema Corte de Justicia |
Sentencia núm. 287
C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha de 26 de marzo de 2018, que dice:
D., Patria y Libertad República Dominicana
En nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte
de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Miriam Concepción
Germán Brito, P.; A.A.M.S., Fran
Euclides Soto Sánchez e H.R., asistidos del secretario de
estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo
Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 26 de marzo de 2018,
años 175° de la Independencia y 155° de la Restauración, dicta en
audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por S.C.,
dominicana, mayor de edad, soltera, quehaceres domésticos, portadora
de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0013623-3, domiciliada y
residente en la calle General A.D. núm. 76-B, La Ureña,
municipio Santo Domingo Este, provincia S.D., imputada y
civilmente demandada, contra la sentencia núm. 544-2016-SSEN-0378,
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Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del
Departamento Judicial de Santo Domingo el 13 de octubre de 2016, cuyo
dispositivo se copia más adelante;
Oído a la Jueza Presidenta dejar abierta la audiencia para el debate
del recurso de casación y ordenar al alguacil el llamado de las partes;
Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído al Dr. A.M., por sí y por el Licdo. Ruddys Antonio
Mejía Tineo, en la formulación de sus conclusiones en representación de
S.C., parte recurrente;
Oído al Licdo. J.A.S.S., en la formulación de sus
conclusiones en representación de Santo G.S., parte
recurrida;
Oído el dictamen de la Licda. I.H. de V.,
Procuradora General Adjunta interina al Procurador General de la
República;
Visto el escrito contentivo de memorial de casación motivado,
suscrito por el Licdo. R.A.M.T., en representación de
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Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do S.C., parte recurrente, depositado el 28 de octubre de 2016, en
la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interpone dicho recurso;
Visto el escrito de contestación al recurso de casación, motivado y
suscrito por el Licdo. J.A.S.S., en representación de
S.G.S., depositado en la secretaría de la Corte a-qua el
11 de noviembre de 2016;
Visto la resolución núm. 1231-2017, dictada por la Segunda Sala de
la Suprema Corte de Justicia el 22 de marzo de 2017, mediante la cual
declaró admisible, en la forma, el up supra aludido recurso, fijándose
audiencia para el día 26 de junio de 2017, a fin de debatirlo oralmente,
fecha en la cual las partes concluyeron, decidiendo la Sala diferir el
pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30) días
dispuestos en el Código Procesal Penal, lo cual no se pudo efectuar por
motivos razonables; consecuentemente, produciéndose dar lectura el día
indicado en el encabezado de esta sentencia;
Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156
de 1997 y 242 de 2011;
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Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber
deliberado y, visto la Constitución de la República, los Tratados
Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios;
la normativa cuya violación se invoca, así como los artículos 70, 246, 393,
394, 399, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427del Código Procesal Penal,
modificado por la Ley 10-15 del diez de febrero de 2015; y las
resoluciones núms. 3869-2006 y 2802-2009 dictadas por la Suprema Corte
de Justicia el 21 de diciembre de 2006 y el 25 de septiembre de 2009,
respectivamente;
Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos
que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:
-
que el 19 de junio de 2012, el Licdo. J.A.S.S.,
actuando a nombre y representación de Santo Guillermo Santana,
interpuso por ante el J.P. de la Cámara Penal del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, formal
querella con constitución en actor civil en contra de S.C., por
el hecho de esta haber invadido y ocupado el inmueble ubicado en la
calle 4ta. núm. 14, sector Los Frailes I, autopista Las Américas, Km. 10,
del municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo,
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madre del señor R.R.C., persona que le había
vendido el referido inmueble al hoy querellante, calificando
jurídicamente la acción delictuosa de infracción a las disposiciones de los
artículos 1, 2 y 3 de la Ley núm. 5869, sobre Violación de Propiedad;
-
que apoderada para el conocimiento del juicio, la Segunda Sala
de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial
de Santo Domingo, dictó el 12 de noviembre de 2012, la sentencia núm.
197-2012, cuyo dispositivo es el siguiente:
“Aspecto penal: PRIMERO: Se rechazan los incidentes presentados, por improcedentes y mal fundados, así como espurios, ya que fueron mencionados en conclusiones al fondo, no así motivado ni solicitados en el debate del proceso para la contestación de las partes; SEGUNDO: Se declara culpable a la justiciable S.C., dominicana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0013623-3, domiciliada y residente en la calle Marginal núm. 24, sector Los Frailes I, provincia Santo Domingo, culpable de violación de propiedad previsto y sancionado por el artículo 1 de la Ley 5869, condena al pago de una multa de quinientos (RD$500,00) pesos, en aplicación de los artículos 2 de la Ley 5869 y 463 del Código Penal Dominicano que permite aplicar pena o multa, acogiendo
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Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do circunstancias atenuantes por la edad de la imputada, la magnitud del daño, su comportamiento, así como también se condena al pago de las costas penales del proceso. Aspecto civil: TERCERO: En cuanto al aspecto civil, se declara bueno y válido en cuanto a la forma de conformidad con los artículos 83 y siguientes, 118 del Código Procesal Penal respecto de la calidad para accionar y poder de representación que se hizo valer como medio de prueba; en cuanto al fondo, acoge la constitución en actor civil y acusación privada interpuesta por el señor S.G.S., en contra de la imputada Santa Calderón, por ser instrumentada de acuerdo al procedimiento y plazos establecidos en los artículos 84, 85, 118 y siguientes del Código Procesal Penal; en consecuencia, se le condena a pagar una indemnización de ciento cincuenta mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$150,000.00), como justa reparación por los daños causados, así como al pago de las costas civiles del procedimiento; CUARTO: Se ordena el desalojo del inmueble y ejecutoriedad de la sentencia no obstante cualquier recurso, en virtud de lo que establece el párrafo del artículo 1 de la Ley 5869; QUINTO: La presente decisión vale notificación para las partes presentes y representadas en audiencia; SEXTO: Fija la lectura íntegra de la presente sentencia para el día martes, que contaremos a diecinueve (19) del mes de noviembre del dos mil doce (2012), a las nueve (09:00 a. m.) horas de la mañana”;
-
que con motivo del recurso de apelación incoado por la
imputada, intervino la decisión núm. 358-2013, dictada por la Cámara
Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo
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recurso de apelación y anuló la sentencia impugnada, ordenando la
celebración total de un nuevo juicio para una nueva valoración de las
pruebas;
-
que apoderada para la celebración del nuevo juicio, la Primera
Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Santo Domingo, dictó su sentencia núm. 225-2015, el 23 de
octubre de 2015, cuyo dispositivo se encuentra insertado dentro de la
sentencia impugnada;
-
que con motivo del recurso de apelación incoado por la
imputada S.C., intervino la sentencia núm. 544-2016-SSEN-00378, ahora impugnada en casación, dictada por la Sala de la Cámara
Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo
Domingo el 13 de octubre de 2016, y su dispositivo es el siguiente:
“ PRIMERO: Declara con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Licdo. R.A.M.T., en nombre y representación de la señora S.C., en fecha ocho (8) del mes de enero del año dos mil dieciséis (2016), en contra de la sentencia 225-2015 de fecha
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8 civiles del proceso, ordenando su distracción y provecho a favor del abogado de la parte querellante, Licdo. J.A.S.S., quien afirma haber avanzado en su totalidad; Cuarto: En virtud del artículo 1 de la Ley 5869, sobre Violación de Propiedad, ordena el desalojo inmediato de la señora S.C., del inmueble objeto del presente litigio o cualquier otra persona que se encuentre ocupándolo actualmente, medida ejecutoria no obstante cualquier recurso conforme a la Ley 5869; Quinto: Fija la lectura íntegra de la presente decisión para el día viernes que contaremos a treinta (30) del mes de octubre del año los mil quince (2015), a las nueve (09:00 a. m.) horas de la mañana. Vale citación para las partes presentes y representadas”; SEGUNDO: Modifica la sentencia recurrida en sus ordinales 1 y 2, confirmando los demás aspectos de la misma; en consecuencia: TERCERO: Declara a la señora S.C., responsable de la violación al artículo 1 de la Ley 5869, sobre violación de propiedad, en consecuencia se le condena al pago de una multa de quinientos (RD$500.00) pesos; CUARTO: Condena a la señora S.C., al pago de una indemnización ascendente a la suma de ciento cincuenta mil (RD$150,000.00) pesos, a favor y provecho del señor S.G.S., por los daños y perjuicios materiales por él recibido; QUINTO: Condena a la recurrente al pago de las costas del proceso; SEXTO: Ordena a la secretaria de esta Corte la entrega de una copia íntegra de la presente sentencia a cada una de las partes que conforman el presente proceso”;
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9 Considerando, que la recurrente S.C., por medio de su
abogado, propone contra la sentencia impugnada, los siguientes medios:
“ Primer Medio: Ordinal 2 del artículo 426 del Código Procesal Penal. Cuando la sentencia es manifiestamente infundada. “Cuando la sentencia de la corte de apelación sea contradictoria con un fallo anterior de ese mismo tribunal o de la Suprema Corte de Justicia”. Con una simple mirada u ojeada podemos constatar y comprobar que entre ambas decisiones existe una diferencia del cielo a la tierra, ya que una anula la decisión y en la otra la revoca en parte de justificar lo que al final se hizo, son decisiones diametralmente opuestas hasta contradictorias y que no se entiende como pueden estar ocurriendo decisiones así. A que en todas las instancias en que hemos participado, hemos pedido como medio de defensa que sea escuchado como testigo a cargo de la defensa el Licdo. V.S.R., que a la sazón era F. del municipio de Santo Domingo Este, provincia S.D., y fue quien fue a la residencia de R.R.C., acompañado de otros individuos y prácticamente obligándole a que este firmara el acto de venta que a la postre sustentó toda esta vagabundería judicial, ¿Porqué nunca se escuchó?, no sabemos, pero a lo mejor era para evitar que este admitiría en el plenario todos los abusos cometidos por el hoy querellante y su testaferro. A que otra violación temeraria de nuestro derecho de defensa y al debido proceso, lo constituye el hecho deleznable e injustificado, y el cual, lo es que mediante acto núm. 1,307-2016, de fecha 22/10/2016, del protocolo del ministerial J.A.M. de Oca
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Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do Santiago, el querellante principal y actual recurrido el nombrado S.G.S., advirtiéndole a la recurrente de que disponía de un plazo de diez (10) días para interponer formal recurso de casación, cuando lo real y legal lo sería veinte (20), cuando la actual recurrente leyó esto, tuvo que ser asistida por su médico de cabecera, ya que pensó que el plazo para proceder había finiquitado. Que el numeral 9 del artículo 69 de la Constitución de la República es bastante claro al señalar lo siguiente: “Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley”, el tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando solo la persona condenada recurra la sentencia. A que por conclusiones formales solicitamos a la Corte a-qua la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo del artículo 148 del Código Procesal Penal del año 2002, que es de tres (3) años. Que de forma medalaganaria, arbitraria e injustificable, en el primer párrafo de la página núm. 6 de la sentencia hoy recurrida en casación, los Jueces que componen la Corte llegan a determinar, no se sabe con qué método, que la señora S.C. retardó el conocimiento del proceso por un tiempo de 2 años, 11 meses y 23 días; cuando la ley obliga o manda, a pena de nulidad, que todo imputado sea asistido por un defensor que conozca mínimamente de procedimientos, es a esos fines, porque en esa calidad es que un defensor ve o palpa que el juez está abusando o actuando parcialmente a favor de una parte, y si no hace nada, estaría actuando en complicidad con dicha parte y estaría traicionando la confianza depositada a su favor de su cliente. Todos sabemos las grandes precariedades de cómo se desenvuelve el despacho penal de la
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Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por el recurrente:
Considerando, que por la solución que se le dará al caso solo
analizaremos el último aspecto del primer motivo de casación, invocado
por la recurrente S.C., en el que argumenta que la Corte a-qua
al dictar la decisión hoy impugnada estuvo presidida por el mismo juez
que compuso la Corte que anuló el primer juicio celebrado y que ordenó
una nueva valoración de las pruebas, con lo cual vulnera, a su juicio, lo
establecido en nuestra Carta Magna en su artículo 69, numeral 10;
Considerando, que del examen a las piezas que componen el
presente proceso, esta Segunda Sala ha podido observar, que tal y como
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Departamento Judicial de Santo Domingo dictó la sentencia núm. 358-2013 el 24 de julio de 2013 estando integrada para la ocasión por los
magistrados M. delS.P.G., R.V.E. y Víctor
Mejía Lebrón; decisión que declara con lugar el recurso de apelación,
anula la sentencia impugnada, y por tanto, ordena la celebración total de
un nuevo juicio para una nueva valoración de las pruebas;
Considerando, que agotados los procedimientos que sucedieron
dicha decisión, la Primera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, celebró el
nuevo juicio encomendado y dictó la sentencia cuyo dispositivo ha sido
transcrito precedentemente, la cual fue recurrida en apelación por la
ahora recurrente en casación, y en consecuencia, intervino el fallo
impugnado, dictado por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de
Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, constituida por
los jueces M. delS.P.G., D.G.H. y Marcia
Raquel Polanco de Sena;
Considerando, conviene precisar que el Tribunal Constitucional en
sentencia TC/0483/15 del 6 de noviembre de 2015, aborda la necesidad
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11.7 Conforme a lo antes señalado, tanto el constitucionalista a través de la
Carta Magna, la ley, las convenciones y tratados internacionales que reconocen
las garantías de los derechos fundamentales, ha dejado claramente establecido la
necesidad de un juez competente, independiente e imparcial a la hora de conocer
una litis y deliberar su fallo en las instancias judiciales ordinarias; y con ello, al
ser desconocida la necesidad de la imparcialidad del juez en un proceso
jurisdiccional se está vulnerando la garantía fundamental de la tutela judicial
efectiva del debido proceso, establecido en el artículo 69.2 de la Constitución
Dominicana, y por consiguiente, la correcta administración de justicia en un
Estado de derecho. (…) 11.10 Conforme a todo lo antes expuesto, no ha quedado
lugar a dudas de que para la justicia constitucional, el derecho a la exigencia de
la imparcialidad del juez es considerada como parte esencial de un debido proceso
en el cual se reconozca dicha garantía fundamental para la aplicación de una
correcta administración de justicia en un Estado de derecho
;
Considerando, que la actuación del Magistrado Manuel del S.
Pérez García, como J. de la Corte de Apelación, en el mismo caso,
vicia la sentencia hoy recurrida, dictada por la Corte a-qua, puesto que
en virtud al párrafo del artículo 423 del Código Procesal Penal,
modificado por la Ley núm. 10-15, del 10 de febrero de 2015, el presente
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pero debía estar compuesto por jueces distintos; por consiguiente, al no
hacerlo, resultó afectado el debido proceso de ley;
Considerando, que en virtud a lo antes expuesto, se observa que en
el presente proceso consta una decisión viciada, por haber sido dictada
por una Corte de Apelación irregularmente constituida, y por tanto,
procede acoger el medio examinado de conformidad con las
disposiciones del citado artículo, sin necesidad de analizar los demás
medios invocados;
Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal
dispone lo relativo a la potestad que tiene la Suprema Corte de Justicia al
decidir los recursos sometidos a su consideración, pudiendo tanto
rechazar como declarar con lugar dichos recursos;
Considerando, que en el inciso 2.b del referido artículo, le confiere
la potestad de ordenar la celebración total o parcial de un nuevo juicio
enviando el expediente ante el mismo tribunal de primera instancia que
dictó la decisión, cuando sea necesario la valoración de pruebas que
requieran inmediación, de donde se infiere que ese envío al tribunal de
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que le compete no existe la necesidad de hacer una valoración probatoria
que requiera inmediación, nada impide que la Suprema Corte de Justicia
envíe el asunto ante el mismo tribunal o corte de donde proceda la
decision, siempre y cuando no esté en la situación antes señalada;
Considerando, que cuando una sentencia es casada por la
inobservancia de reglas procesales cuyo cumplimiento esté a cargo de los
jueces, las costas deben ser compensadas.
Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,
FALLA:
Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por S.C., contra la sentencia núm. 544-2016-SSEN-0378, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 13 de octubre de 2016, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; en consecuencia, casa dicha sentencia;
Segundo: Ordena el envío del presente proceso por ante la misma Corte de Apelación, la cual deberá ser conformada por jueces distintos, para una nueva valoración de los méritos del recurso de apelación;
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Cuarto: Ordena a la secretaria de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes.
(Firmados).-M.C.G.B..–A.A.M.S..- F.E.S.S..- H.R..-
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.
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