Sentencia nº 286 de Suprema Corte de Justicia, del 26 de Marzo de 2018.

Fecha de Resolución:26 de Marzo de 2018
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha de 26 de marzo de 2018, que dice:

D., Patria y Libertad República Dominicana

En nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema

Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Miriam

Concepción Germán Brito, P.; Alejandro Adolfo Moscoso

Segarra, F.E.S.S. e H.R., asistidos del

secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la

ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 26

de marzo de 2018, años 175° de la Independencia y 155° de la

Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la

siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Laura Ynés Sierra

Moya, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de

identidad y electoral núm. 071-0035915-2, domiciliada y residente en

la calle P.N. núm. 11, sector El Rosal de Alma Rosa

Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do y civilmente demandada, contra la sentencia núm. 544-2016-SSEN-00349, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de

Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 29 de

septiembre de 2016, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído a la Jueza Presidenta dejar abierta la audiencia para el

debate del recurso de casación y ordenar al alguacil el llamado de

las partes;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído a L.Y., expresar a la Corte ser dominicana, mayor

de edad, casada, comerciante, portadora de la cédula de identidad y

electoral núm. 071-0035915-2, domiciliada y residente Príncipe

Negro casa núm. 111, El Rosal, Santo Domingo Este, con el número

de teléfono 829-648-241;

Oído a la Licda. L.A. y el Dr. C.S., en

la formulación de sus conclusiones en representación de Laura Ynés

Sierra Moya, parte recurrente;

Oído el dictamen de la Dra. C.B.A., Procuradora

General Adjunta al Procurador General de la República;

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Almánzar del Rosario, en representación de Laura Ynés Sierra

Moya, parte recurrente, depositado en la secretaría de la Corte a-qua

el 27 de octubre de 2016, mediante el cual interpone dicho recurso;

Visto la resolución núm. 2178-2017, dictada por la Segunda Sala

de la Suprema Corte de Justicia el 16 de mayo del 2017, mediante la

cual declaró admisible, en la forma, el up supra aludido recurso,

fijándose audiencia para el día 14 de agosto de 2017, a fin de

debatirlo oralmente, fecha en la cual las partes concluyeron,

decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del fallo dentro del

plazo de los treinta (30) días dispuestos en el Código Procesal Penal,

lo cual no se pudo efectuar por motivos razonables,

consecuentemente produciéndose la lectura el día indicado en el

encabezado de esta sentencia;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms.

156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, después de

haber deliberado y visto, la Constitución de la República, los

Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos

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núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015; la norma cuya violación se

invoca; y las resoluciones 3869-2006 y 2802-2009 dictadas por la

Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006 y el 25 de

septiembre de 2009, respectivamente;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los

documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los

siguientes:

  1. que el 12 de noviembre de 2013, el Ministerio Público, en la

    persona del L.. P.L.C., P.F. de la

    provincia Santo Domingo adscrito al Departamento de Violencias

    Físicas y Homicidios, presentó acusación y solicitud de apertura a

    juicio en contra de la ciudadana L.Y.S.M., por el

    hecho de que: “en fecha 20 de octubre de 2013, siendo aproximadamente

    las 08:30 p. m., momento en que la señora víctima Michelle Carolina

    Gerónimo Cornelio se encontraba en el estacionamiento del edificio donde

    reside, al igual que la acusada L.Y.S.M., quien de forma

    amenazante le expresó a la víctima que quería hablar con ella, por lo que,

    posteriormente le dio una bofetada en el lado derecho de la cara y forcejando

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    Dominicano, el cual tipifica el ilícito penal de golpes y heridas;

    acusación acogida de manera total por el Segundo Juzgado de la

    Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo, el cual emitió

    auto de apertura a juicio contra la encartada;

  2. que apoderado para la celebración del juicio, la Primera Sala

    de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito

    Judicial de Santo Domingo dictó el 23 de septiembre de 2015 la

    sentencia marcada con el núm. 201-2015, cuyo dispositivo se copia

    más adelante;

  3. que por efecto de los recursos de apelación interpuestos por

    la imputada L.Y.S.M. y la víctima Michelle Carolina

    Gerónimo Cornelio contra la referida decisión, intervino la sentencia

    núm. 544-2016-SSEN-00349, ahora impugnada en casación , dictada

    por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del

    Departamento Judicial de Santo Domingo el 29 de septiembre de

    2016, cuya parte dispositiva se describe a continuación:

    “PRIMERO : Rechaza los recursos de apelación interpuestos por: a) los Dres. Arelis Ramírez

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    5) Prestar trabajo de utilidad púbica o interés comunitario en una institución estatal u organización sin fines de lucro, fuera de sus horarios habituales de trabajo remunerado;
    Tercero: Advierte a la procesada que el no cumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas revoca la decisión y la envía al cumplimiento de la pena de manera total en la Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres; Cuarto: Ordena que la presente sentencia sea notificada al Juez de la Ejecución de la Pena de la Provincia Santo Domingo, en atención a lo establecido al artículo 437 y 438 del Código Procesal Penal a los fines de vigilancia y control de la procesada; Quinto:

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    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do casación, los siguientes:

    “Primer Medio: Falta de motivo. Desnaturalización de los hechos. Violación de los artículos 69.8 de la Constitución de la República, artículos 166, 167 y 172 del Código Procesal Penal Dominicano; violación al derecho de ser oído consagrada en el artículo 69.2 de la Constitución de la República Dominicana y artículo 8.1 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos; violación a la garantías fundamentales que conformadas por la tutela judicial efectiva y el debido proceso, por insuficiencia motivacional. A que la Corte a-qua incumplió su deber de motivar debidamente la sentencia recurrida, al omitir las ponderaciones y decisiones de los alegatos vertidos en el recurso de apelación que se numeran a continuación: 1- Al no tomar en cuenta los reparos hechos por la defensa técnica tanto en su escrito de contestación y conclusiones depositadas en fecha 19 de agosto del 2016 como en audiencia oral, pública y contradictoria celebrada; 2- Al obviar de manera total el dictamen del Ministerio Público, quien en el presente proceso es el único acusador por la parte querellante haberse adherido en la totalidad del proceso. La Corte a-qua, no se pronunció en darle una respuesta a todos los alegatos planeados tanto en el recurso de apelación, como el escrito de defensa, así como la exposición del recurso sobre los fundamentos del mismo de forma oral en audiencia,

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do las partes del proceso, que es el órgano acusador, que en este caso es el Ministerio Público. La Corte a-qua, no da ninguna respuesta a estas conclusiones y en el ordinal primero de la sentencia impugnada, solo se limita a rechazar el recurso de apelación interpuesto por L.Y.S., sin que para ello hubiera apoyado su fallo en motivos de hecho y derecho, sin constar que al no dar respuesta a los planteamientos por la Sra. L.S. de E., se violentan principios fundamentales como es el derecho de defensa. En la sentencia de la Corte a-qua se observa que dicha Corte ha fundado sus decisiones en las motivaciones de la sentencia de primer grado; sin embargo, con esas motivaciones dicho T. incurre en la desnaturalización de los hechos, y la mala valoración de los medios de prueba, toda vez que la pieza clave y el punto neural de este proceso que ponderó la Jueza de primer grado y que los Jueces de segundo grado le dieron acrecencia, fue un certificado médico legal que no fue legalmente incorporado al proceso. Ya que específicamente en la página, considerando 2, podemos ver que la Juez actuante pondera un certificado médico legal de fecha 4 de octubre de 2014, y cuando estudiamos la acusación, este certificado médico no estaba ofrecido y no fue acreditado ni admitido en el auto de apertura a juicio (ver página 7 del auto de apertura a juicio núm. 434-2014 del Segundo Juzgado de la Instrucción). Cabe destacar, que este punto expuesto por la recurrente a través de su escrito de

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    “Análisis del recurso interpuesto por la imputada L.Y.S.M. de Estrella. Que con relación al primer motivo planteado por la parte recurrente de alegada violación a las disposiciones concernientes a la valoración de pruebas, del análisis de la sentencia recurrida se evidencia que el Tribunal valoró como la coherencia y precisión de las declaraciones de la víctima testigo que atribuyó la agresión de parte de la recurrente por celos respeto a su pareja, que no solo tomó en cuenta tales declaraciones sino los certificados médicos en los que se hace constar la lesión permanente en el dedo de la víctima, quien tuvo que ser sometida a varias operaciones como resultado del hecho en cuestión; que el hecho de que exista un certificado médico legal provisional y otro definitivo no resulta contradictorio, ni mucho menos afecta la credibilidad de la prueba valorada en su conjunto; que, contrario a lo establecido por el recurrente, el Tribunal a-quo en las páginas 5 y 10, valora y analiza de forma pertinente las declaraciones de la imputada en el sentido que no existe medio probatorio que sirva para sustentar su postura en el proceso, por lo que este motivo carece de fundamentos y debe ser rechazado; que en cuanto al segundo motivo planteado, en cuanto a la falta de

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    Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por la parte recurrente:

    Considerando, que al examinar los motivos de casación

    primero y segundo alegados por la recurrente Laura Ynés Sierra

    Moya, esta Segunda Sala entiende prudente analizarlos de manera

    conjunta, toda vez que los mismos versan sobre aspectos similares,

    en el sentido de que según la recurrente, la Corte a-qua no dio

    respuesta a todos los alegatos planteados en el recurso de apelación,

    como tampoco refiere sobre las conclusiones del Ministerio Público,

    agregando además, que hubo una desnaturalización de los hechos,

    ya que fue confirmada una decisión que valoró un certificado

    médico que no fue incorporado legalmente al proceso;

    Considerando, que del análisis y examen de la decisión

    impugnada, frente a lo alegado por la recurrente en los referidos

    motivos propuestos, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de

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    razones suficientes, para confirmar la decisión de juicio;

    Considerando, que contrario a lo alegado por la recurrente en el

    primer aspecto de los medios propuestos, la Corte a-qua dio

    respuesta a todas y cada una de las conclusiones arribadas ante

    dicha dependencia, como también a los argumentos planteados en el

    recurso de apelación incoado por la recurrente, verificando dicha

    alzada que las pruebas sometidas al juicio fueron valoradas en su

    justa medida, además, puede observarse en la decisión impugnada

    cuando la Corte a-qua refiere: “…que pese a que las conclusiones del

    Ministerio Público se encaminan a la imposición de una pena inferior, la

    Corte entiende que la decisión de marras fue justa y proporcional a los

    hechos acaecidos y a la participación efectiva de la recurrente”, posición

    esta que desmerita lo alegado por la recurrente conforme a los no

    pronunciamientos por parte de la alzada sobre las conclusiones del

    Ministerio Público;

    Considerando, que como segundo aspecto de dichos medios, la

    recurrente refiere que la Corte a-qua desnaturalizó los hechos, toda

    vez que confirmó una decisión donde se valoró el certificado médico

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    Considerando, que el estudio de la sentencia objetada y el

    cotejo de los alegatos formulados en su impugnación, revela que los

    hechos y circunstancias procesales que le sirven de apoyo al agravio

    expuesto precedentemente, no fue planteado en el recurso de

    apelación, ni oralizado ante los jueces de la alzada, sólo

    puntualizado en el escrito de contestación al recurso de apelación

    incoado por la víctima, a propósito de que estos pudieran sopesar la

    pertinencia o no de los mismos y estatuir en consecuencia;

    Considerando, que del estudio de la decisión impugnada se

    evidencia que la Corte a-qua, al decidir como lo hizo, tuvo a bien

    ofrecer una clara y precisa indicación de su fundamentación,

    dejando plenamente señalado la improcedencia de lo argüido ante

    esta, sin incurrir en desnaturalización de los hechos denunciados, al

    no advertir contradicción alguna en la ponderación de lo declarado

    por la víctima en el proceso en relación a la ocurrencia del evento;

    no obstante, tal como lo reclama la recurrente, fue valorado ante la

    sede de juicio, un certificado médico legal de fecha 4 de octubre de

    2014, el cual no fue ofertado como medio de pruebas; que sobre este

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do contenido del mismo versa sobre un punto, que por ser de puro

    derecho, puede ser suplido por esta Corte de Casación;

    Considerando, que nuestra normativa procesal penal, en su

    artículo 405, al tratar el aspecto relativo a la rectificación, precisa que

    los errores de derecho en la fundamentación de la decisión

    impugnada que no influyan en la parte dispositiva no la anulan,

    pero son corregidos del mismo modo que los errores materiales en

    la denominación o el cómputo de las penas. Que en igual sentido se

    ha pronunciado esta Alzada al juzgar que la sentencia constituye

    una unidad lógico-jurídica, de modo que cualquier error, omisión e

    insuficiencia pueden ser suplidos si constan en otra parte del fallo, o

    si de manera razonada se observa que se trata de un simple error

    que puede determinarse con una interpretación armoniosa de los

    motivos consignados, como en la especie; caso contrario sería el de

    un defecto insalvable por carecer de justificación;

    Considerando, que si bien es cierto, que en la sentencia de juicio

    impugnada ante la Corte a-qua, se hace mención del certificado

    médico legal de fecha 4 de octubre de 2014, el cual no consta en la

    batería probatoria ofertada, no menos cierto es que se puede

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    mencionado, ambos contienen las mismas descripciones de las

    lesiones sufridas por la víctima, el grado de dichas lesiones, como

    también las conclusiones a las que arribó el médico legista actuante;

    situación esta que evidencia que estamos ante el mismo certificado

    médico legal, el cual advierte un simple error de escritura referente

    a la fecha, esencialmente en el mes, al momento de ser transcrito por

    el tribunal de juicio;

    Considerando, que no obstante presentarse el referido error en

    el certificado médico legal sometido a valoración, dicho certificado

    fue sopesado de manera meridiana por el tribunal de juicio,

    conforme a las declaraciones de la víctima, aspecto este que fue

    tomando en cuenta por la Corte a-qua; en tal sentido, dicha alzada

    examinó y respondió los motivos de apelación formulados en el

    escrito de apelación, de tal manera, que por igual quedaron

    resueltos los reclamos de esta apelante, sin que se desnaturalizaran

    los hechos; por consiguiente, procede rechazar estos medios,

    supliendo la omisión de la Corte a-qua, por tratarse de razones

    puramente jurídicas;

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    reglas procesales por parte de la Corte a qua, esencialmente, en lo

    concerniente al principio de correlación entre acusación y sentencia;

    Considerando, que contrario a la aducida violación al principio

    de correlación entre acusación y sentencia, al referir la recurrente

    que la Corte a-qua no tomó en consideración las conclusiones

    vertidas por el Ministerio Público y la parte querellante conforme a

    la pena impuesta, la alzada ciertamente valoró los razonamientos

    jurídicos enarbolados por el tribunal de juicio al momento de tomar

    como punto de partida el principio de legalidad, y como tal,

    considerar que la pena impuesta está dentro de los parámetros

    legales establecido por la ley, como también advertir que la condena

    al pago de la indemnización se realizó sobre la base de las lesiones

    sufridas por la víctima;

    Considerando, que ha sido juzgado por esta Segunda Sala que

    el principio de congruencia, como también se le conoce, se inscribe

    dentro de aquellas garantías que deben observarse a fin de

    resguardar el debido proceso, y es que a partir de la formulación de

    la acusación se delimita la esfera en la que el imputado deberá

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    fruto de lo comprobado en el juicio y de las rogaciones ante él

    producidas;

    Considerando, que es preciso delimitar como excepción a esta

    regla, la facultad del juez de aplicar una pena superior a la

    solicitada, cuando de manera injustificada y desproporcional al

    daño que ha acarreado la infracción penal, se solicita una pena

    ilegal, es decir, inferior a la prevista por el legislador, como en la

    especie se advierte, sin embargo, la Corte a-qua razonó sobre el

    particular, por lo que nada hay que reprocharle a este aspecto de la

    decisión impugnada, la cual fue motivada conforme a la norma

    procesal, y ello no deviene en mala práctica del derecho como alega

    la recurrente; en consecuencia, se desestima el referido medio por

    carecer de asidero jurídico;

    Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal

    dispone lo relativo a la potestad que tiene la Suprema Corte de

    Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideración,

    pudiendo tanto rechazar como declarar con lugar dichos recursos;

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    partes de la decisión recurrida, de conformidad con las

    disposiciones del numeral 1 del aludido artículo 427 del Código

    Procesal Penal;

    Considerando, que por disposición del artículo 246 del Código

    Procesal Penal, toda decisión que pone fin a la persecución penal, la

    archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre

    las costas procesales, las que son impuestas a la parte vencida, salvo

    que el tribunal halle razón suficiente para eximirla total o

    parcialmente, por lo que en la especie, se condena a la imputada

    recurrente al pago las costas generadas;

    Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de

    Justicia,

    FALLA:

    Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por L.Y.S.M., contra la sentencia núm. 544-2016-SSEN-00349, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta sentencia; en consecuencia, confirma dicha decisión;

    Segundo: Condena a la recurrente al pago de las costas generadas del proceso;

    Tercero: Ordena a la Secretaria General de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santo Domingo, para los fines correspondientes.

    (Firmados).-M.C.G.B..–A.A.M.S..- F.E.S.S..- H.R..-

    La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

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