Sentencia nº 976 de Suprema Corte de Justicia, del 18 de Octubre de 2017.

Fecha de Resolución:18 de Octubre de 2017
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 18 de octubre de 2017

Sentencia núm. 976

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 18 de octubre del 2017, que dice así:

D., Patria y Libertad República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia, regularmente constituida por los Jueces Miriam Concepción Germán

Brito, P.; E.E.A.C., Alejandro Adolfo Moscoso

Segarra e H.R., asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde

celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito

Nacional, hoy 18 de octubre de 2017, año 174º de la Independencia y 155º de la

Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente

sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Loida Fresolina Mascaró

Sánchez, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y

electoral núm. 010-0022759-3, domiciliada y residente en la calle Gastón F.

Deligne, núm. 36, sector Colonia Española, Azua, República Dominicana;

contra la sentencia núm. 0294-2016-SSEN-00304, dictada por la Cámara Penal Fecha: 18 de octubre de 2017

de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de San Cristóbal el 16 de

noviembre de 2016, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído a la recurrente L.F.M.S., exponer sus

generales;

Oído al Lic. J.J.R.G., por sí y por la Licda. María

Cristina Grullón Lara, en representación de la recurrente Loida Fresolina

Mascaró Sánchez, en sus conclusiones;

Oído a la Licda. M.T.S., en representación de la parte

recurrida, L & R Comercial, S. R.L., en sus conclusiones;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito motivado suscrito por los Licdos. María Cristina Grullón

Lara y J.J.R.G., en representación de la recurrente Loida

Fresolina Mascaró Sánchez, depositado el 3 de enero de 2017, en la secretaría

de la Corte a-qua, mediante el cual interpone su recurso de casación;

Visto el memorial de defensa, respecto del indicado recurso de casación,

suscrito por la Licda. M.T.S.C., en representación de la parte Fecha: 18 de octubre de 2017

recurrida L&R Comercial S.R.L. (querellante y actor civil), depositado el 3 de

febrero de 2017, en la secretaría de la Corte a-qua;

Visto la resolución núm. 1542-2017 emitida por esta Segunda Sala de la

Suprema Corte de Justicia el 5 de abril de 2017, en la cual declaró admisible el

indicado recurso de casación, y fijó audiencia para conocerlo el día 12 de julio

de 2017;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, que crea la Ley Orgánica de la Suprema

Corte de Justicia, modificada por las Leyes núm. 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber

deliberado y, visto los artículos 70, 246, 393, 394, 418, 425, 426 y 427 del Código

Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15 del 10 de febrero de 2015;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que

en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

  1. que el 23 de septiembre de 2015, la Procuraduría Fiscal del Distrito

    Judicial de Azua, presentó formal acusación en contra de la imputada

    L.F.M.S., por presunta violación a los artículos

    379 y 386, párrafo III, del Código Penal Dominicano; Fecha: 18 de octubre de 2017

  2. que el 12 de enero de 2016, el Juzgado de la Instrucción del Distrito

    Judicial de Azua, emitió la resolución núm. 585-2016-SRES-00004,

    mediante la cual admitió de manera parcial la acusación presentada por

    el Ministerio Público, y ordenó auto de apertura a juicio para que la

    imputada L.F.M.S., sea juzgada por presunta

    violación a los artículos 379 y 386-3 del Código Penal Dominicano;

  3. que en virtud de la indicada resolución, resultó apoderado el Tribunal

    Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del

    Distrito Judicial de Azua, el cual dictó sentencia núm. 0955-2016-SSEN-00071, el 8 de junio de 2016, cuyo dispositivo es el siguiente:

    “PRIMERO: Declara a la ciudadana L.F.M.S., de generales anotadas no culpable de violación a los artículos 379 y 386.3 del Código Penal Dominicano, en consecuencia se descarga de toda responsabilidad penal porque los hechos no constituyen un hecho punible; SEGUNDO: Declara con lugar la acción civil admitida en la etapa intermedia, interpuesta por la víctima A.L.R., en contra de la imputada, en consecuencia condena a la imputada demandada L.F.M.S. a pagar a favor del demandante la suma de Doscientos Ochenta Mil Pesos (RD$280,000.00) como restitución del objeto de la causa y Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00), para la reparación del daño que le ha ocasionado; TERCERO: Ordena la cancelación de la Fecha: 18 de octubre de 2017

    garantía económica presentada como medida de coerción por la imputada L.F.M. y la devolución de la misma a su favor; más los intereses generados; ordena además el cese de cualquier medida de coerción que en la actualidad respecto a este proceso afecte a la imputada; CUARTO: Declara las costas penales de oficio y compensa las costas civiles”;

  4. que con motivo del recurso de alzada interpuesto por Loida Fresolina

    Mascaró Sánchez contra la referida sentencia, intervino la decisión

    ahora impugnada núm. 0294-2016-SSEN-00304, dictada por la Sala de la

    Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial San

    Cristóbal el 16 de noviembre de 2016 y su dispositivo es el siguiente:

    “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha veintisiete (27) del mes de julio del año dos mil dieciséis (2016), por los Licdos. M.C.G. y J.J.R.G., actuando a nombre y representación de la imputada L.F.M.S., en contra de la sentencia núm. 0955-2016-SSEN-00071, de fecha ocho (8) del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Azua, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior de la presente sentencia, en consecuencia la sentencia recurrida queda confirmada; SEGUNDO: Condena a la imputada recurrente L.F.M.S., al pago de las costas penales del procedimiento de alzada, en virtud del artículo 246 del Código Procesal Penal, Fecha: 18 de octubre de 2017

    por haber sucumbido en su recurso de apelación; TERCERO: La lectura y posterior entrega de la presente sentencia vale notificación para las partes”;

    Considerando, que la recurrente L.F.M.S., por

    medio de sus abogados, propone contra la sentencia impugnada los siguientes

    medios:

    “a) Primer Motivo: Errónea interpretación y aplicación de una norma jurídica. La Corte incurre en una incorrecta aplicación de la ley, en cuanto a la acción civil intentada por la empresa L&R Comercial, puesto que como presunta persona jurídica, no demostró su calidad al no depositar el certificado de registro mercantil, lo cual es público y obligatorio conforme a la ley, así como los demás documentos que demuestren su existencia como tal, y por ende calidad jurídica para accionar en justicia, conforme lo prevén las disposiciones de la Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales y la Ley 3-02 sobre Registro Mercantil. La Corte a-qua ante la presentación del vicio que padece la acción civil intentada por la empresa L&R Comercial contra la imputada, estableció en el párrafo 3.8 de la página 14 de la sentencia hoy recurrida, que no existe duda de la calidad del señor A.L.R., para demandar como presidente en nombre de la empresa L&R Comercial, en el sentido de que la imputada laboraba para la entidad de que se trata y bajo las ordenes de A.L.R., en su condición de presidente, por tanto en su condición de asalariada y para cuya contratación no fue exigible la presentación de los documentos que le acreditan como Fecha: 18 de octubre de 2017

    sociedad comercial, lo que asumió tal y como lo sostuvo la jurisdicción de primer grado, que dicho sea de paso el argumento con el cual el tribunal de primera instancia legitimó la aludida acción civil del querellante fue que la calidad de empresa resulta un hecho notorio, y por ende la no necesidad de que la misma proveyera la documentación societaria correspondiente, según prevé el artículo 171 del Código Procesal Penal. Nada menos que una aberrante interpretación de la norma jurídica. Sostenemos que detrás de la ponderación de la Corte a-qua existe una irregularidad inaceptable sobre la acreditación de la calidad de una empresa jurídica al momento de ejercer la acción civil, máxime cuando tal anomalía se planteó en cada una de las etapas e instancias correspondientes del proceso, lo que evidencia un pleno desconocimiento e inobservancia de lo que la norma exige en ese aspecto por parte de los tribunales a-quo que conocieron del proceso. De conformidad con la denominación social con la cual se identifica la empresa L&R Comercial, según se verifica en la portada de su escrito de acusación penal pública a instancia privada con constitución en actor civil de fecha 3 de marzo de 2015, refiere ser una sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.), por tanto conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 479-08, se reputan comerciales todas las sociedades que se constituyan en alguna de las formas reconocidas en el artículo 3, de dicha norma. Es importante destacar que según lo previsto en el artículo 5 de la citada ley, las sociedades comerciales gozarán de plena personalidad jurídica, a partir de su matriculación en el registro mercantil. La creación de una sociedad de responsabilidad limitada, tiene como característica el surgimiento de una Fecha: 18 de octubre de 2017

    nueva persona jurídica distinta a sus socios, pues esta obtiene derechos y obligaciones distintas permitiendo proteger a los socios de las obligaciones a las que se comprometa con dicha sociedad mercantil. En el caso de la especie, no fue el señor A.L.R., quien ejerció la acción civil accesoria, según se evidencia en el cuerpo de la citada querella y constitución en actor civil, sino que fue L&R Comercial, en su calidad de presunta víctima, y por ende le correspondía probar su calidad de sociedad comercial constituida correctamente conforme la Ley 479-08, como requisito esencial para ejercitar la acción en justicia. El tribunal a-quo se equivocó al confirmar las argumentaciones realizadas por el tribunal de primer grado, puesto que en el dispositivo de dicha decisión se dispone el pago de sumas de dinero a favor del señor A.L.R., quien no ostenta la calidad de querellante, sino de representante de L&R Comercial. Tanto la Corte como el tribunal de primer grado, deliberadamente mal aplicaron la ley y el derecho admitiendo la actoría civil presentada por una empresa cuya calidad no ha sido probada, concordando en perjuicio de la imputada la restitución de valores y el pago de una indemnización que no le corresponde responder; b) Segundo Motivo: Incorrecta interpretación y aplicación de la ley respecto a la falta civil retenida a la imputada. La sentencia objeto del presente recurso confirma de la misma manera (errónea), en que lo hizo el tribunal de primer grado la conjugación de los elementos constitutivos de la responsabilidad civil endilgada a la imputada según los hechos juzgados, sin embargo la problemática se suscita ante la inexistencia entre la correlación lógica de la descripción de los elementos que configuran la responsabilidad civil Fecha: 18 de octubre de 2017

    dispuesta en el artículo 1383 del Código Civil, y la argumentación dada por el tribunal a-quo, incurriendo en el vicio de la incorrecta interpretación y aplicación de la ley. En ese sentido, debemos recordar que el carácter accesorio de la acción civil, que nace por la comisión de un hecho cuya naturaleza pertenece al derecho penal, solo puede ser ejercido mientras se encuentre pendiente su ejecución, por lo que, es evidente que en el caso objeto del presente recurso, a sabiendas de la no culpabilidad de la recurrente por no existir los elementos constitutivos de la responsabilidad penal, resulta ilógico y violatorio del principio de legalidad cualquier retención de responsabilidad civil. Que en el caso de la especie, otro de los inconvenientes que presenta la sentencia a-qua al confirmar en su totalidad la decisión emitida por el tribunal de primer grado, es el alcance que se le dio al elemento de “falta”, ya que de conformidad con las pruebas propuestas por la defensa, debidamente acreditadas en la etapa preparatoria del proceso, se pudo establecer durante el juicio que la imputada actuó bajo mandato (comitencia) verbal producido por el representante de la empresa L&R Comercial, señor A.L.R., de ahí que la distracción del dinero fue perpetrado por un tercero. Este último elemento resulta una causa eximente, la cual parte del supuesto inicial, según el cual, el causante directo del daño es un tercero (desconocido), ajeno a las partes intervinientes en el juicio de responsabilidad. Que a raíz de la errónea conjugación y por ende la improcedencia del elemento de falta en el caso que nos ocupa, evidentemente que con respecto al tercer elemento de vínculo de causalidad, el mismo acarrea un efecto de inexistencia similar al de los demás”; Fecha: 18 de octubre de 2017

    Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por la parte recurrente:

    Considerando, que la recurrente L.F.M.S., en el

    primer vicio invocado en su memorial de agravios, critica la respuesta de la

    Corte a-qua respecto del cuestionamiento que hiciera a través de su recurso de

    apelación a la calidad de la parte querellante, constituida en actor civil,

    afirmando que la alzada incurrió en una incorrecta aplicación de la ley; del

    examen y ponderación de la sentencia recurrida esta S. constató que

    ciertamente una de las críticas dirigidas en contra de la sentencia emitida por

    el tribunal de primer grado se relacionó a la calidad de la parte querellante y

    actora civil, donde la reclamante estableció que al tratarse de una entidad

    comercial, debió aportar la documentación necesaria (registro mercantil) con

    la que se verificara que la misma se encontraba jurídicamente constituida de

    acuerdo a las leyes que rigen la materia, para así poder accionar en contra de

    la hoy recurrente;

    Considerando, que el indicado reclamo fue resuelto conforme al derecho

    y debidamente justificado por la alzada, conforme se evidencia en la página 14

    de la sentencia recurrida, en el considerando marcado con el número 3.8,

    cuando establece:

    “Que con relación al alegato de la recurrente, sobre la Fecha: 18 de octubre de 2017

    calidad del señor A.L.R., para demandar como presidente, en nombre de la empresa L&R Comercial, así como para recibir la restitución de los fondos entregados de forma irregular por la encartada y la reparación por el daño ocasionado, procede establecer, que no existe duda en el sentido de que la imputada laboraba para la entidad de que se trata y bajo las órdenes del señor L.R., en su condición de presidente, y a decir de la justiciable en declaraciones ofrecidas en la audiencia preliminar, dueño de la referida sucursal, que la misma era asalariada de este y para cuya contratación no fue exigible la presentación de los documentos que la acreditan como una sociedad comercial, lo cual se asume tal y como lo sostiene la jurisdicción de primer grado, de ahí que resulta oportuno señalar, que las actuaciones del señor A.L.R., han sido en nombre de la entidad comercial a la que representa, no a título personal, por lo que esta alzada aprecia que el mismo se encuentra en calidad para recibir la restitución del daño y la indemnización en nombre de la empresa L&R Comercial, motivos por los cuales no se aprecian presentes los motivos en que se sostiene el presente recurso de apelación”;

    Considerando, que de lo descrito precedentemente se comprueba que la

    Corte a-qua verificó la inexistencia del vicio argüido, sin incurrir en la

    inobservancia a la que ha hecho referencia la recurrente; por lo que no hay

    nada que reprochar a la alzada al darle aquiescencia a lo dispuesto por el

    tribunal de primer grado, ya que se trata de una decisión debidamente

    justificada, sobre base legal, especialmente en lo que tiene que ver con el Fecha: 18 de octubre de 2017

    aspecto cuestionado, siendo oportuno resaltar, que la impugnación a la

    calidad de actor civil promovida en contra de la empresa L&R Comercial fue

    respondida y rechazada por todas las instancias judiciales por las que ha

    atravesado este proceso, advirtiendo este órgano jurisdiccional, actuando en

    su labor de casación, que la calidad de querellante y actor civil de la referida

    entidad fue admitida por el juez de la instrucción mediante auto de apertura a

    juicio núm. 585-2016-SRES-00004, de fecha 12 de enero de 2016, tras constatar

    que su constitución fue realizada con observancia de las disposiciones legales

    contenidas en los artículos 118 y siguientes del Código Procesal Penal; siendo

    además dicho reclamo debidamente ponderado por los juzgadores en su

    momento, quienes hicieron referencia a lo dispuesto en el artículo 122 del

    Código Procesal Penal, al verificar, como habíamos dicho, que la indicada

    oposición había sido discutida en la etapa intermedia, lo que fue verificado

    por los jueces del tribunal de segundo grado; postura con la que esta Corte de

    Casación se encuentra conteste;

    Considerando, que la recurrente en su segundo y último medio arguye

    que la Corte a-qua ha incurrido en una errónea interpretación de la norma,

    específicamente en lo que tiene que ver con la configuración de los elementos

    constitutivos de la responsabilidad civil, aspecto que fue cuestionado a través

    del recurso de apelación del que estuvo apoderada; del examen y ponderación Fecha: 18 de octubre de 2017

    de la sentencia recurrida esta Sala verificó y constató que la alzada para

    rechazar el referido vicio lo fundamentó en lo siguiente:

  5. La correcta actuación por parte de los juzgadores al establecer la no

    responsabilidad de la encartada respecto del tipo penal que se le imputa,

    al no haberse probado la existencia del elemento intencional del delito;

  6. La constatación de la falta cometida por la imputada, en su calidad de

    contable administrativa de dicha empresa, al hacer entrega de la suma

    de RD$280,000.00 Pesos a una persona desconocida, supuestamente por

    orden recibida vía telefónica del presidente de la empresa, Abel

    Lachapel Ruiz, lo que le ha causado un daño a la parte querellante

    constituida en actor civil, el cual debe ser reparado por la persona que lo

    ha cometido,

  7. La alzada verificó la legalidad de lo dispuesto por los jueces del tribunal

    de sentencia, al condenar civilmente a la recurrente a la restitución de la

    indicada suma, así como a la reparación del daño causado con su

    accionar, conforme lo establece la parte in fine del artículo 53 del Código

    Procesal Penal;

    Considerando, que de lo anteriormente transcrito se evidencia, que las

    quejas esbozadas por la recurrente en su memorial de agravios contra la Fecha: 18 de octubre de 2017

    decisión impugnada resultan infundadas, al constatar esta Sala que el tribunal

    de alzada, al confirmar la sentencia dictada por el tribunal de primer grado,

    realizó una correcta aplicación de la ley, en cumplimiento a lo establecido en la

    normativa procesal vigente; razones por las cuales procede desestimar el

    medio invocado y en consecuencia rechazar el recurso analizado, de

    conformidad con lo establecido en el artículo 427.1 del Código Procesal Penal.

    Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

    FALLA:

    Primero: Admite como interviniente a L&R Comercial, S.R.L., en el recurso de casación interpuesto por L.F.M.S., contra la sentencia núm. 0294-2016-SSEN-00304, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de San Cristóbal el 16 de noviembre de 2016, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión;

    Segundo: Rechaza el indicado recurso, en consecuencia confirma en todas sus partes la decisión impugnada;

    Tercero: Condena a la recurrente al pago de las costas del procedimiento, ordenando la distracción de las civiles a favor y provecho de la Licda. M.T. Fecha: 18 de octubre de 2017

    S., quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte;

    Cuarto: Ordena a la secretaria de la Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes del proceso.

    Firmados.- M.C.G.B..- Esther Elisa Agelán

    Casasnovas.- A.A.M.S..- H.R..-

    La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

    La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 05 de diciembre de 2017, a solicitud de parte interesada.

    C.A.R.V..

    Secretaria General