Sentencia nº 256 de Suprema Corte de Justicia, del 4 de Octubre de 2017.

Fecha de Resolución: 4 de Octubre de 2017
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 26 de marzo de 2018

Sentencia núm. 256

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 26 de marzo del 2018, que dice así:

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces M.C.G.B., P.; E.E.A.C. y A.A.M.S., asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 26 de marzo de 2018, año 175º de la Independencia y 155º de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por W.O.P.S., dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0257430, domiciliado y residente en la Fecha: 26 de marzo de 2018

calle L.F.T., núm. 406, E.Q., Distrito Nacional, imputado, contra la sentencia núm. 136-TS-2016, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial del Distrito Nacional el 2 de diciembre de 2016, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el Licdo. F.S. por sí y el Licdo. R.V., defensores públicos, quienes actúan a nombre y en representación del recurrente W.O.P.S., en la lectura de sus conclusiones;

Oído el dictamen de la Licda. A.M.B., Procuradora General Adjunta al Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Licdo. R.V.S., defensor público, en representación del recurrente, depositado el 28 de diciembre de 2016 en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interpone dicho recurso;

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el Fecha: 26 de marzo de 2018

recurrente, fijando audiencia para el conocimiento del día 4 de octubre de 2017;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núm. 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y vistos los artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, 70, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-2015 del 10 de febrero de 2015, así como la norma cuya violación se invoca;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

  1. Que en fecha 14 de diciembre de 2015, el Procurador Fiscal del Distrito Nacional, interpuso formal acusación en contra del hoy recurrente por presunta violación a las disposiciones contenidas en los artículos 295, 304 del Código Penal Dominicano y artículos 2, 3 y 39 párrafo III de la Ley 36;

  2. Que en fecha 17 de febrero de 2016, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, emitió auto de apertura a juicio, Fecha: 26 de marzo de 2018

    enviando a juicio a W.O.P.S. por presunta violación a las disposiciones contenidas en los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano y 2, 3, 39 Párrafo III de la Ley 36 sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas;

  3. Que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el cual en fecha 28 de abril de 2016 dictó su sentencia núm. 249-02-2016-SSEN-133, y su dispositivo es el siguiente:

    PRIMERO: Declara al imputado W.J.P.S., de generales que constan, culpable de haber cometido el crimen de homicidio voluntario en perjuicio de R.P. y porte ilegal de arma de fuego, hechos previstos y sancionados en los artículos 295 y 304 párrafo II del Código Penal, y 2, 3 y 39 párrafo III Ley 36 sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas, al haber sido probada la acusación presentada en su contra; en consecuencia, se le condena a cumplir la pena de cinco (5) años de reclusión mayor; SEGUNDO : E. al imputado W.J.P.S. del pago de las costas penales, por haber sido asistido por la Oficina Nacional de Defensa Pública; TERCERO : Ordena el decomiso a favor del Estado dominicano el revólver marca Taurus, calibre 38 mm, serie núm. 1493947, que figura como cuerpo del delito en el presente proceso; CUARTO : Ordena la notificación Fecha: 26 de marzo de 2018

    de la presente decisión al Juez de Ejecución de la Pena de la Provincia de Santo Domingo, a los fines correspondientes. En el aspecto civil: QUINTO: Acoge la constitución en actor civil, formalizada por las señoras A.P.R. y E.M.R. de Pula, por intermedio de su abogado constituido y apoderado, por haber sido intentada conforme a los cánones legales vigentes; en cuanto al fondo, condena al imputado W.J.P.S., al pago de una indemnización ascendente a la suma de Un Millón de Pesos (RD$1,000,000.00), a favor de cada una de las víctimas constituidas, como justa reparación por los daños y perjuicios sufridos por éstas a consecuencia de la acción cometida por el imputado; SEXTO: Condena a W.J.P.S., al pago de las costas civiles del proceso, distraídas a favor del abogado concluyente, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte”;
    d) que con motivo del recurso de alzada, intervino la sentencia núm. 136-TS-2016, ahora impugnada, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 2 de diciembre de 2016, cuyo dispositivo es el siguiente:

    PRIMERO: Rechaza los recursos de apelación interpuestos por: a
    a)

    ) En fecha 6 de junio de 2016, por el Licdo. R.V., defensor público que actúa en nombre y representación del imputado W.J.P.S.; y b) En fecha 7 de junio de 2016, por el Dr. F.D.O.G., en nombre y representación de las Sras. A.P.R. y E.R. viuda de Fecha: 26 de marzo de 2018

    Pula, en sus calidades querellantes constituidas en accionantes civiles, contra sentencia núm. 249-02-2016-SSEN-133, de fecha veintiocho (28) del mes de de abril del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; SEGUNDO : Confirma en todas sus partes la sentencia recurrida por ser justa y conforme a derecho; TERCERO : Exime a las partes del pago de las costas penales y civiles del procedimiento por no haber prosperado ninguno de los recurrentes en sus pretensiones por ante esta alzada; CUARTO : Ordena a la secretaría de esta Tercera Sala remitir copia de la presente decisión al Juez de la Ejecución de la Pena de la Provincia de Santo Domingo, por estar el condenado W.J.P.S. recluido en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, para los fines de ley; QUINTO : O

    Or
    rd
    de
    en
    na
    a a la

    secretaría del tribunal proceda a la entrega de las copias de
    la sentencia a las partes presentes y convocadas para la
    lectura, conforme lo indica el artículo 335 del Código
    Procesal Penal. La presente decisión por su lectura vale conocimiento y notificación para las partes, las que quedaron convocadas para esta lectura en la audiencia de
    fecha tres (3) días del mes de noviembre del año dos mil
    dieciséis (2016), procediendo la secretaría a la entrega de
    las copias correspondientes a las partes, de conformidad
    con la parte in-fine del artículo 335 del Código Procesal
    Penal y decisión ya señalada de la Suprema Corte de
    Justicia, dictada en fecha trece (13) del mes de enero del año
    dos mil catorce (2014)”;

    Considerando, que el recurrente fue condenado por el Primer Fecha: 26 de marzo de 2018

    Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a una pena de 5 años de reclusión mayor por vulnerar las disposiciones previstas y sancionadas por los artículos 295 y 304 párrafo II del Código Penal, y 2, 3 y 39 párrafo III de la Ley 36 sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas, referentes al homicidio y porte ilegal de armas;

    Considerando, que el colegiado, para justificar la pena impuesta, tomó en consideración que el imputado se dedicaba a una actividad laboral lícita, que el hecho se originó a raíz de una discusión que se salió de control, y que el mismo cometió el hecho en un momento de ira y frustración, entregándose de inmediato a las autoridades; de igual modo, ponderó las condiciones de las cárceles y el daño causado a la víctima;

    Considerando, que la alzada, confirmó dicha decisión, señalando: “la misma resulta justa y proporcional al ilícito cometido y suficientemente fundada, considerando las juzgadoras que una sanción menor resultaría insuficiente para lograr el fin regenerativo y de reinserción social que busca la pena, siendo tales objetivos satisfechos con la indicada cuantía penal dispuesta. En oposición al reclamo de la defensa técnica del imputado, la juezas del fondo tomaron en consideración los parámetros establecidos en el artículo 339 del Fecha: 26 de marzo de 2018

    Código Procesal Penal al momento de imponer la sanción que pesa sobre el imputado, en base a las circunstancias objetivas en que tuvo lugar el homicidio, pues se trató de una disputa por circunstancias objetivas en que tuvo lugar el homicidio, pues se trató de una disputa por cobro de valores entre dos profesionales del derecho que se salió de control, ponderando las juzgadoras la conducta del imputado posterior a la consumación del mismo, siendo un hecho incontrovertible que dicho ciudadano pidió a quienes se apersonaron al lugar que llamaran al Sistema de Emergencias 911 para que ayudaran a la víctima, dirigiéndose luego a un destacamento policial a ponerse a disposición por la acción cometida, lo que evidencia admisión y arrepentimiento; sus características personales y culturales, para lo cual consideró que se trata de un ciudadano sin antecedentes penales, que al momento del evento se dedicaba a una actividad laboral lícita que es la abogacía; el efecto futuro que habrá de tener tanto en su persona y en su familia como en las víctimas y la sociedad en general, así como la realidad social de los establecimientos penitenciarios de la República Dominicana; destacando esta alzada, que la imposición de penas desproporcionales puede afectar negativamente el proceso de reinserción social del condenado”;

    Considerando, que alega el recurrente, que el artículo 339 del Código Procesal Penal contiene un catálogo de condiciones a tomar en Fecha: 26 de marzo de 2018

    cuenta para imponer la pena, pero en el caso de la especie, la alzada no pudo establecer que no cumple con los presupuestos de dicho artículo, más aún cuando ha sido condenado a 5 años, requisito exigido por el artículo 341 para la suspensión condicional de la pena;

    Considerando, que señala el recurrente que los 5 años impuestos, son incongruentes con la función resocializadora de la pena, máxime cuando en el recinto penitenciario donde se encuentra es difícil subsistir, no sólo por las carencias de alimentación, higiene y segregación por tipo penal, sino por las continuas reyertas que proliferan; solicita que se pondere que sobrepasa los 50 años de edad, de los cuales ha dedicado 30 al ejercicio del derecho, pudiendo aplicar en su favor, la figura de la suspensión condicional de la pena, de la legítima defensa o de la excusa legal de la provocación;

    Considerando, que solicitó el recurrente in voce por ante esta Sala de Casación que se acojan circunstancias atenuantes y sea suspendida condicionalmente la pena;

    Considerando, que esta Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia ha fijado el criterio constante de que el quantum de la pena se aloja dentro de los elementos reservados a la soberanía del juez de la Fecha: 26 de marzo de 2018

    inmediación, no constituyendo un aspecto revisable per se, en casación, salvo que esta resulte desproporcional a un sinnúmero de variables particulares de cada caso, relativas a los hechos, al daño recibido por la víctima y la sociedad; a la situación personal y circunstancias propias del infractor, que figuren en las decisiones de grado inferior;

    Considerando, que la soberanía del juez de la inmediación, al momento de imponer la pena se encuentra limitada obviamente por la legalidad, esto es, que la pena esté prevista por la ley y se encuentre dentro del rango establecido por el legislador; pero también lo limita la proporcionalidad, con la que se pretende que el juzgador sancione en su justa medida, sin incurrrir en excesos en la aplicación del derecho, sopesando cuidadosamente la finalidad perseguida por la norma, y los efectos que la sanción decidida generen;

    Considerando, que esta Sala de Casación ha establecido como condiciones generales que deben estar presentes para que sea acogida la excusa legal de la provocación: “1) Que el ataque haya consistido necesariamente en violencias físicas; 2) Que estas violencias hayan sido ejercidas contra seres humanos; 3)-Que las violencias sean graves, en términos de lesiones corporales severas o de apreciables daños psicológicos de los que se deriven considerables secuelas de naturaleza moral; 4) Que la acción Fecha: 26 de marzo de 2018

    provocadora y el crimen o el delito que es su consecuencia sean bastante próximos, que no haya transcurrido entre ellos un tiempo suficiente para permitir la reflexión y meditación serena neutralizar los sentimientos de ira y de venganza”. (SCJ 20 de agosto 1998, B. J 1053 v. I, p. 151-155);

    Considerando, que el artículo 329 del Código Penal Dominicano, señala: “Se reputa necesidad actual de legítima defensa, los casos siguientes: 1o. cuando se comete homicidio o se infieren heridas, o se den golpes rechazando de noche el escalamiento o rompimiento de casas, paredes o cercas, o la fractura de puertas o entradas de lugares habitados, sus viviendas o dependencias; 2o. cuando el hecho se ejecuta en defensa de agresión de los autores del robo o pillaje cometidos con violencia”;

    Considerando, que del relato fáctico instaurado por los juzgadores, no se evidencia ninguna circunstancia configuradora de excusa legal de la provocación ni de legítima defensa;

    Considerando, que con relación al quantum y la suspensión condicional, esta Sala de Casación coincide completamente con el criterio señalado por la Corte a qua, que al igual que el colegiado, realizaron una ponderación muy detallada y completa de todos los aspectos que quedaron demostrados en el juicio, con repercusión en la Fecha: 26 de marzo de 2018

    pena, resultando proporcional el quantum respecto de las circunstancias en que se produjo el hecho, como de las particularidades del imputado, rebajando al máximo la misma; por otro lado, la finalidad resocializadora de la pena no es absoluta, siendo la prisión la sanción reservada para los casos más graves; en la especie, no podemos dar la espalda al hecho de que se trata de un homicidio voluntario, una de las violaciones a la ley que atentan contra el máximo bien jurídicamente protegido por la Constitución y las leyes, como es la vida; en ese sentido, no hay nada que reprochar a las instancias inferiores, puesto que todos los puntos relevantes fueron debidamente justipreciados recibiendo una sanción justa y proporcional.

    Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

    FALLA:

    Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por W.O.P.S., contra la sentencia núm. 136-TS-2016, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 2 de diciembre de 2016, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de la presente decisión; Fecha: 26 de marzo de 2018

    Segundo: E. al recurrente del pago de costas por haber sido representado por defensor público; Tercero: Ordena a la secretaría general de esta Suprema Corte de Justicia notificar a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial del Distrito Nacional, la presente decisión.

    (Firmado) M.C.G.B..- E.E.A.C..- A.A.M.S..-

    La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

    La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 2 de julio del 2018, para los fines correspondientes. Exonerada de pagos de impuestos internos y sellos de impuestos internos.

    C.A.R.V..

    Secretaria General