Sentencia nº 211 de Suprema Corte de Justicia, del 12 de Marzo de 2018.

Fecha de Resolución:12 de Marzo de 2018
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Sentencia núm. 211

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 12 de Marzo del 2018, que dice así:

D., Patria y Libertad República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia, regularmente constituida por los Jueces Miriam Concepción Germán

Presidente; E.E.A.C., Alejandro Adolfo Moscoso

Segarra y F.E.S.S., asistidos del secretario de estrados, en la

donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G.,

Distrito Nacional, hoy 12 de marzo de 2018, años 175° de la Independencia y 155°

la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la

siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por J.M.D.M.,

dominicano, mayor de edad, no porta cédula de identidad y electoral, domiciliado

residente en el sector Los Cajuilitos núm. 22, al lado del C.L., del

unicipio de Baní, provincia Peravia, República Dominicana, imputado, contra la

sentencia núm. 094-2016-SSEN-00057, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelacion del Departamento Judicial de San Cristóbal el 9 de marzo de 2016, cuyo

dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por el Licdo.

R.R., defensor público, en representación del recurrente, depositado en

secretaría de la Corte a-qua el 11 de abril de 2016, mediante el cual interpone

dicho recurso;

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, del

16 de febrero 2017, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el

recurrente y fijó audiencia para conocerlos el 15 de mayo de 2017;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y

242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, después de haber

deliberado y visto la Constitución Dominicana, los Tratados Internacionales

refrendados por la República Dominicana, sobre Derechos Humanos, así como los

artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 70, 246, 393, 394, 399, 400, Ley 10-15 del 10 de febrero de 2015;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos que en

ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

  1. que con motivo de la acusación presentada el 22 de julio de 2015 por la

    Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Peravia, en contra de José Manuel Díaz

    Medina, por violación a los artículos 265, 266, 379 y 382 del Código Penal

    dominicano, en perjuicio de L.M.R.R., resultó apoderado

    el Tercer Juzgado de la Instrucción del indicado distrito judicial, el cual dictó auto

    de apertura a juicio el 6 de agosto de 2015;

  2. que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Tribunal

    Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito

    Judicial de Peravia, el cual decidió sobre el fondo del asunto mediante sentencia

    núm. 233-2015 el 8 de octubre de 2015, cuyo dispositivo dispone lo siguiente:

    PRIMERO: Declara culpable al ciudadano J.M.D.M. de generales que constan, por haberse presentado pruebas suficientes que el procesado violentó los tipos penales establecidos en los artículos 265, 266, 379 y 382 del Código Penal Dominicano y el artículo 39 párrafo III de la Ley 36, sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas, en perjuicio del señor L.M.R.R., en consecuencia, se condena a diez (10) años de prisión; SEGUNDO: Declara las costas penales eximidas; TERCERO: Fija la lectura íntegra de la presente sentencia para el día c) que con motivo del recurso de apelación incoado por el imputado

    rvino la sentencia ahora impugnada en casación, núm. 094-2016-SSEN-00057,

    dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial

    de San Cristóbal el 9 de marzo de 2016, y su parte dispositiva dispone lo siguiente:

    PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha veintisiete (27) del mes de noviembre del dos mil quince (2015), por el Licdo. R.R., (defensor público), actuando a nombre y representación del ciudadano J.M.D.M., en contra de la sentencia núm. 233-2015, de fecha ocho (08) del mes de octubre del año 2015, dada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior de la presente sentencia; en consecuencia, por efecto de lo establecido en el artículo 422, la indicada sentencia queda confirmada; SEGUNDO: Rechaza en todas sus partes las conclusiones del abogado de la defensa del imputado, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente sentencia; TERCERO: E. al imputado J.M.D.M., al pago de las costas penales del procedimiento de Alzada”;

    Considerando, que el recurrente propone como medio de casación el

    siguiente:

    Único Medio : Sentencia manifiestamente infundada”;

    Considerando, que el indicado medio de casación ha sido sustentado con la

    fundamentación siguiente:

    “La Corte de Apelación de San Cristóbal emite una sentencia dicha Corte específicamente en los considerandos de la página número 6 sólo se limita a realizar una motivación aparente, en el entendido de que el tribunal no vulneró los principios rectores del juicio oral y muy especialmente la inmediación y la oralidad, es decir que no da una motivación clara del por qué rechaza el recurso de apelación en cuanto al fondo. Es necesario explicar a esta honorable Suprema Corte de Justicia que el tribunal de Primera Instancia incumplió como dijimos anteriormente con algunos de los principios rectores del juicio y en la audiencia de fondo no fue presentada para ser sometida a los debates el arma de fuego que supuestamente se le había sustraído a la víctima, pero mucho peor es que tanto el acta de entrega del arma de fuego, que la policía le hace al agraviado así como dicha víctima describen el arma de fuego como una tipo H. calibre 9 mm, más sin embargo, en las actas de flagrante delito se puede observar una marca de pistola completamente diferente y esa marca es la tipo S., a esto le agregamos que en dichas actas no se especifica el calibre de esa arma de fuego y por eso la importancia de presentar el cuerpo del delito en la audiencia para que por la inmediatez, la contradicción y la oralidad se pudiese verificar que estamos frente a la misma arma de fuego, e igual situación ocurrió con el motor, que el mismo es entregado por la policía en el destacamento sin permitir que las partes del proceso tomen conocimiento directo de ese cuerpo del delito a tal punto que ni la matrícula del vehículo fue presentada. En el recurso de apelación decimos que el Primer Tribunal Colegiado parece que había confundido lo que es la oralidad del proceso penal con la escritura del proceso civil, ya que es inconcebible que se le de credibilidad a una acta de entrega del cuerpo del delito sin ni siquiera presentar al policía que redactó la misma lo cual a todas luces y por la vulneración de los principios rectores de los procesos de fondo deja en un estado de indefensión al imputado colocándolo en un estado de desigualdad ante el órgano acusador”;

    Considerando, que la lectura del acto jurisdiccional impugnado pone de principios rectores del juicio como oralidad e inmediación, por ser valorados

    medio probatorio objetos que no fueron presentados ante el plenario, la

    alzada razonó como se describe a continuación:

    “Que esta Corte al observar el único medio invocado por la parte recurrente en el que se alegan la violación a las normas relativas a la oralidad, inmediación, contradicción y publicidad del juicio, no verifica que tales vicios se encuentran presentes en la sentencia, ya que del estudio de la misma se puede colegir que el tribunal a-quo al instruir el proceso le da cumplimiento al principio de oralidad al constatar esta Alzada que todas las partes tuvieron la oportunidad de presentar de forma verbal las pruebas e hicieron sus intervenciones que entendieron pertinente, y el hecho de que se incorporaran por medio de lectura las actas que fueron acreditadas como medio de prueba no significa que se haya violado el principio de oralidad, ya que la defensa del imputado hoy recurrente tuvo la oportunidad de objetar en su oportunidad las pruebas documentales que fueron incorporadas de esa forma y no lo hizo; de igual manera no observa esta Corte la contradicción en que pudo incurrir el tribunal a-quo, ya que el hecho de que en el acta de entrega voluntaria se diga una marca de pistola la cual difiere de la declarada por la víctima, puesto que lo que importa es, que es que el tribunal a-quo, al momento de motivar su decisión no incurra en contradicción, cosa que no sucede en la motivación de la sentencia; sobre la violación a la publicidad, vemos que el juicio cumple con este principio, puesto que la audiencia que conoció del caso objeto del presente recurso se celebró de forma pública; que por lo que procede rechazar el medio impugnado, por no estar presentes los vicios enunciados en dicho medio”;

    Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y el medio planteado por el recurrente:

    Considerando, que lo transcrito precedentemente pone de manifiesto que la correctamente motivada, en el entendido de que verificó que la sentencia

    condenatoria descansaba en una adecuada valoración de toda la prueba

    producida, tanto testimonial como documental, determinándose, al amparo de la

    crítica racional, que la misma resultó suficiente para probar la culpabilidad

    el procesado por el crimen de robo agravado; donde los razonamientos

    externados por la Corte a-qua se corresponden con los lineamientos que rigen el

    correcto pensar y satisfacen las exigencias de motivación pautadas por el Tribunal

    Constitucional Dominicano en su sentencia TC/0009/13, toda vez que en la

    especie, el tribunal de apelación desarrolla sistemáticamente su decisión; expone

    forma concreta y precisa cómo ha valorado la sentencia apelada y su fallo se

    encuentra legitimado, en tanto produce una fundamentación apegada a las

    normas adjetivas, procesales y constitucionales vigentes y aplicables al caso en

    cuestión; de tal manera que esta Sala de la Corte de Casación no avista

    vulneración alguna en perjuicio del recurrente, por lo que procede desestimar el

    medio propuesto y, consecuentemente, el recurso de que se trata.

    Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

    FALLA

    Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por J.M.D.M., contra la sentencia núm. 094-2016-SSEN-00057, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San aparece copiado en parte anterior de la presente decisión;

    Segundo: Compensa las costas en el presente caso, por haber sido el recurrente asistido por un abogado adscrito a la Oficina Nacional de Defensa Pública;

    Tercero: Ordena la notificación de la presente sentencia a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal.

    (Firmados), M.C.G.B..- Esther Elisa Agelán

    Casasnovas.- A.A.M.S..- Fran Euclides Soto

    Sánchez.-

    La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran

    en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él

    expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que

    certifico.

    presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 05 de del 2018, para los fines correspondientes. Exonerada de pagos de impuestos

    internos y sellos de impuestos internos.

    C.A.R.V..

    Secretaria General