Sentencia nº 643 de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Junio de 2018.

Fecha de Resolución:11 de Junio de 2018
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 11 de junio de 2018

Sentencia núm. 643

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, certifica que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha de 11 de junio de 2018, que dice:

D., Patria y Libertad República Dominicana

En nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia, regularmente constituida por los Jueces Miriam Concepción

Germán Brito, P.; A.A.M.S., Fran

Euclides Soto Sánchez e H.R., asistidos del secretario de

estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo

Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 11 de junio de 2018, años

175° de la Independencia y 155° de la Restauración, dicta en audiencia

pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Angelita Eusebia

Mercado Tavarez, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de

identidad y electoral núm. 037-0049514-0, con domicilio en la casa s/n,

sector La Cruz Yásica Arriba, provincia Puerto Plata, imputada y

civilmente demandada, contra la sentencia núm. 627-2016-SSEN-00228, Fecha: 11 de junio de 2018

dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto

Plata el 7 de julio de 2016, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al J.P. en funciones dejar abierta la audiencia para

el debate del recurso de casación y ordenar al alguacil el llamado de las

partes;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído a la secretaria verificar la presencia de las partes, como a

continuación se expresa:

Oído al Licdo. F.S., por sí y por el Licdo. J.S.,

defensores públicos, en la formulación de sus conclusiones en la

audiencia del 4 de octubre de 2017, en representación de la recurrente;

Oído el dictamen de la Licda. A.M.B., Procuradora General

Adjunta al Procurador General de la República;

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por los

Licdos. J.S., defensor público, y A.A., aspirante a

defensora pública, en representación de la recurrente, depositado en la

secretaría de la Corte a-qua el 26 de julio de 2016, mediante el cual

interpone dicho recurso; Fecha: 11 de junio de 2018

Visto la resolución núm. 2071-2017, dictada por esta Segunda Sala de

la Suprema Corte de Justicia el 16 de mayo de 2017, que declaró admisible

en cuanto a la forma, el recurso de casación de que se trata y fijó

audiencia para conocerlo el 21 de agosto de 2017, fecha la cual se

suspendió por razones atendibles, fijándose definitivamente el día 4 de

octubre de 2017, en la cual las partes presentes concluyeron, decidiendo

la Sala diferir el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta

(30) días dispuestos en el Código Procesal Penal, lo cual no se pudo

efectuar por motivos razonables; consecuentemente, produciéndose la

lectura el día indicado en el encabezado de esta sentencia;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de

1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber

deliberado y, visto la Constitución de la República; los Tratados

Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios;

los artículos 70, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 423, 425, 426 y 427 del

Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 de fecha 10 de

febrero de 2015; 311 del Código Penal Dominicano, y las resoluciones Fecha: 11 de junio de 2018

núms. 3869-2006 y 2802-2009, dictadas por la Suprema Corte de Justicia el

21 de diciembre de 2006 y el 25 de septiembre de 2009, respectivamente;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos

que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

  1. que el 5 de agosto de 2015, el Procurador Fiscal del Distrito

    Judicial de Puerto Plata, Dr. J.M.M., presentó formal

    acusación y solicitud de auto de apertura a juicio contra Angelita Eusebia

    Mercado Tavárez, imputándola de violar el artículo 309 del Código Penal

    Dominicano, en perjuicio de A.G.C.;

  2. que el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de

    Puerto Plata, acogió la referida acusación, por lo cual emitió auto de

    apertura a juicio en contra de la imputada, mediante la resolución núm.

    00107/2015 el 1 de octubre de 2015;

  3. que para la celebración del juicio fue apoderado el Tribunal

    Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del

    Distrito Judicial de Puerto Plata, el cual dictó la sentencia núm.

    00035/2016 el 23 de febrero de 2016, cuya parte dispositiva establece:

    “PRIMERO: Declara a la señora E.M.T., culpable de violar las disposiciones contenidas en el Fecha: 11 de junio de 2018

    artículo 311 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan la infracción de golpes y heridas voluntarias, curables en menos de 10 días, en perjuicio de la señora A.G.C., por haber sido probada la acusación más allá de duda razonable, en aplicación del artículo 338 del Código Procesal Penal; SEGUNDO: Condena a la señora E.M.T., a cumplir la pena de seis
    (6) días de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres de la ciudad de Santiago, en virtud de lo dispuesto por el artículo 311 párrafo I del Código Penal Dominicano;
    TERCERO: Suspende condicionalmente de manera total la pena de prisión impuesta, bajo las condiciones que serán establecidas en la estructura considerativa de la presente decisión, advirtiendo a la imputada que en caso de incumplimiento de las condiciones a establecer, podrá ser ordenada la revocación de la suspensión y ordenado el cumplimiento íntegro de la pena de prisión impuesta; CUARTO: E. a la imputada al pago de las costas procesales por figurar la misma asistida en su defensa por un letrado adscrito al sistema de defensa pública, de conformidad con el artículo 246 del Código Procesal Penal; QUINTO: Condena a la señora E.M.T., al pago de una indemnización ascendente a la suma de cincuenta mil pesos dominicanos (RD$50,000.00), a favor de la señora A.G.C., como justa reparación por los daños y perjuicios ocasionados con la comisión del ilícito, conforme lo disponen los artículos 345 del Código Procesal Penal y 1382 del Código Civil; SEXTO: Condena a la señora E.M.T., al pago de las costas civiles del proceso, Fecha: 11 de junio de 2018

    disponiendo su distracción a favor y provecho del abogado concluyente que afirma haberlas avanzado en su totalidad, por aplicación de los artículos 130 y 133 del Código de Procedimiento Civil”;

  4. que no conforme con esta decisión, la víctima y la imputada

    interpusieron sendos recursos de apelación, siendo apoderada la Corte de

    Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, la cual dictó la

    sentencia núm. 627-2016-SSEN-00228, objeto del presente recurso de

    casación, el 7 de julio de 2016, cuya parte dispositiva establece:

    “PRIMERO: Se rechaza, en cuanto al fondo, el recurso de apelación principal, interpuesto por la señora A.G.C., quien tiene como abogado constituido y apoderado al Licdo. G.T.T., y acoge de manera parcial el incidental interpuesto por la señora A.E.M.T., debidamente representada por el Licdo. J.S., defensor público, y por vía de consecuencia, modifica el ordinal quinto, para que diga de la forma y manera siguiente: Quinto: Condena a la señora E.M.T., al pago de una indemnización ascendente a la suma de veinticinco mil pesos (RD$25,000.00) dominicanos, por los daños y perjuicios ocasionados con la comisión del ilícito, conforme lo disponen los artículos 345 del Código Procesal Penal y 1382 del Código Civil; SEGUNDO: Declara libre de costas el proceso en el aspecto penal, y las compensa en el civil”; Fecha: 11 de junio de 2018

    Considerando, que en el desarrollo del único medio, la recurrente

    alega, en síntesis, lo siguiente:

    Único Motivo: Sentencia manifiestamente infundada. A.. 69 de la Constitución, 24 y 426.3 del Código Procesal Penal. Como se evidencia en la sentencia impugnada y en el recurso de apelación hecho por el ahora impugnante A.E.M.T., la Corte a-qua estuvo apoderada de dos motivos en contra de la sentencia dictada en la fase de juicio, a saber: 1.- En el primer motivo expone que el tribunal de juicio no hizo una valoración de la prueba observando las reglas de la sana crítica racional previstas en los Arts. 172 y 333 del Código Procesal Penal; 2.- En el segundo motivo se arguyó ante la Corte que el tribunal de juicio violentó la ley por inobservancia de una norma jurídica, en específico, el principio de presunción de inocencia contenida en los artículos 69.3 de la Constitución, 14 y 25 del Código Procesal Penal. Sin embargo, la Corte aqua no cumplió con la misión dada por el legislador de realizar un examen pormenorizado de cada uno de los motivos presentados y dar respuesta argumentada a cada uno de ellos, sino que únicamente dio respuesta al primer motivo, ignorando el segundo, sobre todo cuando el segundo motivo expuesto trata sobre el principio de presunción de inocencia. La decisión de marras es manifiestamente infundada porque carece de motivos, emitida lejos de lo dispuesto por el Art. 24 del CPP …”;

    Considerando, que la Corte a-qua para fallar como lo hizo,

    expresó lo siguiente: Fecha: 11 de junio de 2018

    “Por otra parte, en cuanto al recurso incidental de la señora E.M.T. (Angelita), solicita que se anule la sentencia impugnada porque en la misma se cometió una transgresión de los artículos 172 y 33 del Código Procesal Penal, al Tribunal a-quo brindar valor probatorio, de manera parcial, a las declaraciones de la víctima estableciendo que no narró los mismos en la forma en que narra la acusación, dictó condena condenatoria inobservando el artículo 69.3 de la Constitución en la República al igual que los artículos 14, 25 y 338 del Código Procesal Penal, los cuales estatuyen la presunción de inocencia. Con respecto a las violaciones alegadas por esta parte, cabe destacar que de manera clara y detallada el tribunal de primer grado para fallar de manera y forma en que lo hizo, acogió de los hechos argüidos, como punto controvertido del proceso, lo referente a la responsabilidad penal de la imputada, expresando como sucede en este caso, que su defensa alegó que hay ilogicidades en el testimonio de la víctima y que el mismo no se corrobora con ningún medio probatorio, y que en la especie y a los fines de decidir el punto controvertido, es necesario establecer que ciertamente en lo que se refiere a las agravantes de premeditación, alevosía, tentativa de homicidio y daños psicológicos a menores de edad, existen iligicidades en el testimonio de la víctima que no han sido demostradas con ningún otro medio probatorio; sin embargo, no puede el Tribunal desconocer en este caso la existencia de la reyerta que se produjo entre la imputada y la víctima, puesto que no es un punto controvertido que ambas se agredieron mutuamente siendo en parte la iniciadora la parte imputada. Puesto que al ser Fecha: 11 de junio de 2018

    un punto controvertido en este caso la responsabilidad de la señora E.M.T., cabe destacar que tal como expresan las juzgadoras de primer grado, independientemente de que una parte de los hechos esgrimidos por la víctima detallados en la acusación y los relatos por la misma en sus declaraciones, no hayan quedado probados por algún medio de prueba, no significa que la responsabilidad de la imputada no se haya probado, ya que como ha verificado este Tribunal en las declaraciones de los testigos a descargo propuesto por la defensa técnica de la imputada, queda evidenciado que aunque el origen de la riña fue el mal olor de una pocilga propiedad de la víctima A.G.C., y la indiferencia de estos a retirarla del lugar o buscar una medida de evitar de alguna manera la molestia que les causa a la vivienda de la imputada, y del hecho de la misma víctima provocar vociferándole palabras a la imputada, porque buscó la forma de que eliminaran la pocilga, ciertamente la imputada le preguntó qué le pasaba con ella y a la misma no sentirse bien, con las palabras, esperó que A. (víctima) se bajara de su vehículo y la agredió, surgiendo una riña entre ambas mujeres; de todas formas el Tribunal a-quo, al examinar y acoger el resultado del certificado médico de fecha 7/6/2015, emitido por el Dr. S.J.S.H., médico legista forense del municipio de Puerto Plata, el cual comprueba verdaderamente los daños que se les causaron a la señora A.G.C., curaron en seis (6) días, tomó como medida variar la calificación jurídica, tomando la que resulta ser justa y aplicable en este caso, establecidas en las disposiciones del artículo 311 párrafo I del Código Procesal Fecha: 11 de junio de 2018

    Penal, no así la solicitada tanto por el órgano acusador como por la querellante constituida en actora civil, condenándola a cumplir la pena de 6 días de prisión en el Centro de Corrección Rafey Mujeres de la ciudad de Santiago, suspendiéndole condicionalmente de manera total bajo las condiciones establecidas en los artículos 41 y 341 del Código Procesal Penal, y en el aspecto civil condenó a la imputada a pagar una indemnización ascendente a la suma de cincuenta mil pesos (RD$50,000.00) dominicanos, a favor de la víctima, como justa reparación de los daños ocasionados a la misma; no obstante, esta alzada tomando en cuenta el tiempo en que curaron los mismos, y los gastos que realizó la víctima aportados por esta, los cuales fueron los siguientes: uno de fecha 27 de agosto de 2015, por un valor de cien pesos (RD100.00), por concepto de diferencia de la consulta por infiltración, y otro de fecha 10 de junio de 2015, por un valor de mil trescientos pesos dominicanos (RD$1,300.00), ha procedido como se establece más arriba, a modificar la sentencia impugnada en este aspecto por considerarla desproporcional con los daños y perjuicios que se le ocasionaron a la señora A.G.C.”;

    Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y el medio planteado por la recurrente:

    Considerando, que tras la lectura de lo esbozado por la recurrente en

    su único motivo, se precisa que la misma cuestiona que la decisión

    impugnada se encuentra infundada, al no brindar respuesta sobre uno de Fecha: 11 de junio de 2018

    los medios invocados por ante la Corte a-qua, el cual refería violación al

    principio de presunción de inocencia;

    Considerando, que el primer motivo esbozado por ante la Corte aqua por la impugnante, presentaba como queja directa la falta de

    motivación de las pruebas en base a la sana crítica, y que en razón de esa

    errónea valoración se violentaba lo que es el principio de presunción de

    inocencia;

    Considerando, que ante los planteamientos anteriores la Corte a-qua

    realizó un examen íntegro de lo objetado por la recurrente, dejando

    establecido de manera motivada las razones que le permitieron

    considerar las valoraciones de las pruebas pertinentes y ajustadas al

    escrutinio de la sana crítica, es decir, a las reglas de la lógica, los

    conocimientos científicos y las máximas de experiencia y que, por vía de

    consecuencia, constituyeron el medio por el cual se corroboraron aspectos

    sustanciales de la acusación, y así dar por probada la misma,

    estableciendo de manera puntual que la sentencia de condena fue el

    resultado, en mayor parte, de la valoración de los testimonios y pruebas

    documentales a descargo presentados por la parte imputada, basado en

    su credibilidad y valorado de forma integral y conjunta; Fecha: 11 de junio de 2018

    Considerando, que en efecto, el principio de la "presunción de

    inocencia", denominado también "principio de inocencia" o "derecho a la

    presunción de inocencia" se fundamenta en realidad, en un "estado

    jurídico de inocencia", puesto que al ser un "estado" va más allá de la

    mera presunción, toda vez que es consustancial con el ser humano, y por

    consiguiente, no debe ser entendido este, solo como una conjetura o

    sospecha, sino como hecho que el derecho tiene por cierto sin necesidad

    de que sea probado; que ese "estado" no se destruye ni con el

    procesamiento ni con la acusación, sino con la decisión definitiva sobre la

    responsabilidad penal de quien se acusa y en cuanto a los hechos de la

    imputación; que este principio o derecho fundamental del que goza toda

    persona a quien se le imputa la comisión de una infracción, permanece

    hasta el momento en que se dicta en su contra una sentencia definitiva e

    irrevocable que haya adquirido la autoridad de la cosa juzgada;

    Considerando, que ante tal posición, y siendo la presunción de

    inocencia una consecuencia directa del resultado que arroja la correcta

    valoración de los medios de pruebas, carece de fundamento lo que ha

    planteado la reclamante; Fecha: 11 de junio de 2018

    Considerando, que de lo anteriormente expuesto, queda evidenciado

    que la motivación brindada por la Corte a-qua resulta correcta, ya que

    examinó debidamente el recurso interpuesto y observó que el Tribunal aquo valoró de manera correcta los medios de pruebas y, contrario a lo

    esbozado por la recurrente, no se ha violentado el principio de

    presunción de inocencia; de este modo, solventó la obligación de motivar,

    que prevé el apartado 24 del Código Procesal Penal, acorde al criterio

    jurisprudencial de esta Sede Casacional concerniente a la motivación; de

    ahí que deba rechazarse el reparo orientado en ese sentido, por carecer de

    pertinencia, y rechazar el recurso que sustenta;

    Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal dispone

    lo relativo a la potestad que tiene la Suprema Corte de Justicia al decidir

    los recursos sometidos a su consideración, pudiendo tanto rechazar como

    declarar con lugar dichos recursos;

    Considerando, que en ese sentido, al no verificarse los vicios

    invocados en el medio objeto de examen y su correspondiente

    desestimación, procede el rechazo del recurso de casación de que se trata

    y la confirmación en todas sus partes de la decisión recurrida, de Fecha: 11 de junio de 2018

    conformidad con las disposiciones del numeral 1 del artículo 427 del

    Código Procesal Penal;

    Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispone:

    “Imposición. Toda decisión que pone fin a la persecución penal, la archive, o

    resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. Las

    costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón

    suficiente para eximirla total o parcialmente”; que procede eximir a la

    recurrente del pago de las costas del procedimiento por estar asistida la

    imputada por abogados de la defensa pública.

    Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

    FALLA:

    Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por A.E.M.T., contra la sentencia núm. 627-2016-SSEN-00228, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 7 de julio de 2016, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta sentencia; en consecuencia, confirma dicha decisión;

    Segundo: Exime a la recurrente del pago de las costas por estar asistida de la defensa pública;

    Tercero: Ordena a la Secretaria General de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Fecha: 11 de junio de 2018

    Judicial de Puerto Plata, para los fines correspondientes.

    (Firmados).- M.C.G.B..- A.A.M.S..- F.E.S.S..- H.R..-

    La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que

    figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año

    en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria

    General, que certifico.

    La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional,

    hoy 16 de Julio de 2018, para los fines correspondientes. Exonerada de

    pagos de impuestos y sellos de impuestos internos.

    C.A.R.V. Secretaria General