Sentencia nº 762 de Suprema Corte de Justicia, del 25 de Junio de 2018.

Fecha de Resolución:25 de Junio de 2018
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 25 de junio de 2018

Sentencia núm. 762

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha de 25 de junio de 2018, que dice:

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces F.E.S.S., en funciones de P.; E.E.A.C., A.A.M.S. e H.R., asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 25 de junio de 2018, años 175° de la Independencia y 155° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia;

Sobre el recurso de casación interpuesto por A.A.L., dominicano, mayor de edad, unión libre, albañil, no porta cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en la calle M.R. núm. 8, sector M.A., municipio M., provincia V., imputado, contra la sentencia núm. 0564-2015, dictada por la Cámara

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Penal de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 30 de octubre de 2015;

Oído a la Jueza Presidenta dejar abierta la audiencia para el debate del recurso de casación y ordenar al alguacil el llamado de las partes;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído a la secretaria verificar la presencia de las partes, como a continuación se expresa:

Oído a la Licda. N.F.R., por sí y por la Licda. R.E.T.R., defensoras públicas, actuando en representación del recurrente;

Oído a la Licda. A.M.B., Procuradora General Adjunta al

Procurador General de la República;

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por la Licda. R.E.T.R., defensora pública, actuando a nombre y representación del recurrente, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 22 de agosto de 2016, en el cual fundamenta su recurso;

Visto la resolución núm. 994-2017, dictada por la Segunda Sala de la

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Suprema Corte de Justicia el 2 de marzo de 2017, mediante la cual declaró admisible, en la forma, el up supra aludido recurso, fijándose audiencia para el día miércoles 7 de junio del año dos mil diecisiete (2017), a fin de debatirlo oralmente, fecha en la cual las partes presentes concluyeron, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30) días dispuestos en el Código Procesal Penal, lo cual no se pudo efectuar por motivos razonables; consecuentemente, produciéndose la lectura el día indicado en el encabezado de esta sentencia;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 del 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, visto la Constitución de la República; los Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; los artículos 70, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 423, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015, y las resoluciones núms. 3869-2006 y 2808-2009, dictadas por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006 y el 25 de septiembre de 2009, respectivamente;

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Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

  1. que el 2 de febrero de 2015, el Procurador Fiscal del Distrito Judicial de V.M., L.. L.R.T., presentó formal acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de A.A.L. (a) M., imputándolos de violar los artículos 4, 5, 6 y 7 párrafo II, de la Ley núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias controladas en la República Dominicana, en perjuicio del Estado Dominicano;

  2. que para la instrucción del proceso fue apoderado el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de V.M., el cual emitió auto de apertura a juicio contra el imputado, mediante la resolución núm. 64/2015 el 10 de marzo de 2015;

  3. que para la celebración del juicio fue apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de V.M., el cual dictó la sentencia núm. 106/2015 el 2 de julio de 2015, cuya parte dispositiva se lee de la siguiente manera:

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    PRIMERO: Declara al ciudadano A.L.G., dominicano, de 34 años de edad, unión libre, albañil, no porta cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en la calle M.R., casa núm. 81, sector M.A., municipio M., provincia V., República dominicana, culpable del delito de tráfico de drogas, en perjuicio del Estado dominicano, hecho previsto y sancionado en los artículos 4 (d), 5 (a), 6 y 75 párrafo II de la Ley 50/88; en consecuencia, se le condena a diez (10) años de prisión a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Hombres Mao, y al pago de una multa de cincuenta mil pesos (RD$50,000.00); SEGUNDO: Se declaran las costas de oficio por estar representado por un defensor público; TERCERO: Ordena la incineración de la sustancia descrita en el certificado de análisis químico forense SC2-2015-01-27-00449, d/f 16/01/2015, emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF); CUARTO: Ordena la notificación de la presente decisión al Consejo Nacional de Control de Drogas, Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y al Juez de la Ejecución de la Pena; QUINTO: Fija la lectura íntegra de la presente sentencia para el día veintitrés (23) de julio del año dos mil quince (2015), a las nueve (9:00) horas de la mañana, valiendo citación para las partes presentes“;

  4. que no conforme con esta decisión, el imputado A.A.L. interpuso recurso de apelación, siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, la

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    cual dictó la sentencia penal núm. 0564-2015, objeto del presente recurso

    de casación, el 30 de octubre de 2015, cuya parte dispositiva establece:

    PRIMERO: Ratifica la regularidad en cuanto a la forma del
    recurso de apelación interpuesto siendo las 4:26 horas de la
    tarde, el día 24 del mes de Agosto del año 2015, por el imputado A.A.L.G., por intermedio de
    la licenciada R.E.T.R., defensora
    publica, en contra de la sentencia núm. 106-2015, de fecha 2
    del mes de julio del año 2015, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde;
    SEGUNDO: En
    cuanto al fondo, desestima el recurso, quedando confirmada la sentencia apelada;
    TERCERO: Exime el pago de las costas generadas por los recursos”;

    Considerando, que el recurrente, por intermedio de su defensa técnica, arguye como único medio de casación:

    Primer Motivo: Sentencia manifiestamente infundada: En cuanto a la motivación de la decisión, en lo que respecta a la valoración de las pruebas de cargo por sostener criterios contradictorios con sus propias consideraciones y en cuanto a la valoración de los medios planteados por el imputado en el recurso de apelación (artículo 426-3 del Código Procesal Penal). …la Corte a-qua, desde la página 4 hasta la página 6 se limita a transcribir parte del primer motivo expuesto por el imputado en su recurso, relativo a la desnaturalización de los hechos y violación a la sana crítica racional por parte del

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    tribunal de primer grado, fundamentado por la defensa en razón de que el Tribunal descontextualiza las declaraciones de los testigos a cargo J.D.E.V. y J.A.G.F., y desnaturalización en la valoración de la prueba a descargo Y.S., al no ponderar la declaración de manera íntegra conforme lo exige el mandato constitucional, sino de forma parcial solamente aquellas partes de la declaración que le servían al tribunal de sentencia para dictar una sentencia condenatoria, obviando aquella parte de las declaraciones que evidenciaban las serias contradicciones en las que incurren los testigos, sobre este particular esbozado por el imputado en su recurso, la Corte aqua no se refiere… Que se hace más evidente el vicio alegado, pues la Corte a-qua como para justificar su falta de motivación en relación a los fundamentos concretos del recurrente, expone en el numeral 3 y siguientes de la página 9 de la sentencia impugnada, un criterio de ella misma que se refiere a la credibilidad dada por el tribunal de sentencia a las pruebas testimoniales, en razón al principio de inmediación; es decir, si el testigo declaró tranquilo, si fue pausado, si mostró seguridad, lo cual explica la Corte es un asunto que escapa al control del recurso. Estas consideraciones de la Corte a-qua son contrarias a lo expuesto por el recurrente en sus motivos, pues en ningún momento nos referimos a esos aspectos que señala la Corte son propios de la inmediación, sino que concretamente establecemos en nuestro recurso que el Tribunal utiliza solo una parte de la declaración del testigo, y que descontextualiza la misma al no valorarla de manera integral, ponderando las evidentes contradicciones que se observan a simple vista en las mismas transcripciones que

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    hace el tribunal de primer grado en su sentencia condenatoria; es decir, que no nos estamos refiriendo al ejercicio valorativo de las pruebas que hace el juez por aplicación del principio de inmediación, sino que, a lo que nos referimos en nuestro recurso es que el tribunal de primer grado de, manera arbitraria, pasa por alto las graves contradicciones de estos y selecciona solo una parte de sus declaraciones obviando aquella que podrían dar al traste con la credibilidad de los mismos, lo que constituye una acción inadmisible para un órgano jurisdiccional. De la misma forma, las consideraciones de la Corte a-qua resultan contradictorias con sus propios argumentos, pues mientas en la página 9 numeral 4 hace alusión a que no puede referirse a las contradicciones por la autonomía en materia de inmediación del tribunal de instancia: “…esta Corte ha dicho en reiteradas sentencias que el juez es libre para apreciar las pruebas que le son presentadas en el juicio, así como también goza de plena libertad en la valoración de las mismas, siempre que lo haga de acuerdo con la lógica y las reglas de la experiencia; que lo relativo a la apreciación de la prueba de parte del juez de juicio no es revisable por la vía de la apelación, es decir, no es revisable lo que depende de la inmediación, por consiguiente se desestima la queja.” Es decir, la Corte a-qua utiliza las mismas manifestaciones del tribunal de primer grado, aún cuando ha dicho previamente que no puede referirse por que estos aspectos, por ser propios de la inmediación, y por escapar al recurso, todo lo cual evidencia la falta de coherencia de la decisión impugnada, pues contradice su propia postura y con todos se adhiere a lo expuesto por el tribunal de instancia incluso transcribiendo el

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    mismo parecer y no se ocupa la Corte a-qua de darle contestación a lo solicitado por el recurrente, en relación a la falta de ponderación integral de la declaraciones de los testigos, y a la descontextualización de la misma en la que incurre el tribunal de primer grado. (…) la Corte penal procede rechazar las conclusiones presentadas por la defensa técnica del imputado A.A.L. sin explicar las razones por las cuales entiende su improcedencia y falta de fundamento… Afirmar la Corte a-qua que el tribunal de primer grado, por la explicación precedentemente transcrita, cumplió con el voto de la motivación, constituye una profunda manifestación de arbitrariedad en contra del recurrente, pues esta consideración en modo alguno explica el porqué las conclusiones de la defensa resultaron para el tribunal improcedentes, mal fundadas y carentes de base legal, lo que hace la Corte es justificar al tribunal de primer grado y no es esa la función de los jueces, quienes tienen el deber constitucional de tutelar todos y cada uno de los derechos fundamentales de las partes en un proceso de naturaleza penal, como una garantía de legitimidad de sus decisiones. (…) que resulta de mayor trascendencia la violación en la que incurre el Tribunal, pues tiene el a-quo una obligación constitucional de motivar sus decisiones al cohibir a una persona de su derecho a la libertad, a la luz del artículo 40.1 de la Constitución, que consagra: “nadie podrá ser reducido a prisión ni cohibido en su libertad sin orden motivada y escrita de funcionario judicial competente, salvo el caso de flagrante delito”. Asimismo, le asiste al Tribunal una obligación expresa de realizar una justificación en hecho y en derecho de sus decisiones, así lo establece la norma

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    contenida en el artículo 24 del Código Procesal Penal… El incumplimiento de esta garantía es motivo de impugnación de la decisión, conforme lo previsto en este código, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar. Es entonces como se da a entender de que la Corte de Apelación, incurre en dictar un fallo infundado, bajo un fundamento que no permite tutelar los derechos fundamentales del ciudadano, como lo es recurrir la sentencia por la misma no explicar el fundamento del recurso impuesto ya que el imputado fundamenta su recurso sobre tres aspectos que no fueron fundamentado correctamente (en hecho y derecho) por la Corte; Segundo Motivo: Sentencia manifiestamente infundada. Ante la inobservancia del debido proceso en cuanto al principio de concentración en lo que respecta a la composición del tribunal y los requisitos formales para la emisión de la sentencia. Se incurre en el vicio enunciado al carecer la sentencia núm. 0584/2015 dictada por la Corte de Apelación de los requisitos formales de la sentencia tomando como fundamento lo siguiente: Resulta que en la audiencia de fecha 30 de octubre del 2015, fue conocido del fondo del recurso interpuesto en contra de la sentencia núm. 106-2015 dictada en primera instancia por el Tribunal Colegiado de Valverde, en esta ocasión el tribunal de alzada (corte penal) estuvo integrada por los magistrados M. delC.S.F., W.F.M.T. y Y.A.M.R. (véase párrafo 3 página 1 en cuanto a la composición del tribunal), que con motivo al conocimiento de la audiencia fue reservado el fallo sobre el fondo del reclamo de impugnación para el día 27/11/2015… Resulta que al momento de la deliberación y votación sobre el

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    fondo de la impugnación solicitada con motivo del presente caso, el tribunal (corte penal) estuvo compuesto de manera diferente al momento del conocimiento de la audiencia, con dos (2) jueces distintos, es decir que para el momento de la deliberación y votación el Tribunal estuvo compuesto por los magistrados W.F.M.T., F.G. de F. y Brunilda Castillo de G. (véase párrafo II página 1 de la sentencia en cuanto a la votación y deliberación). En este aspecto, ha incurrido el tribunal de alzada en una franca violación a la norma, constituyéndose de esta forma en una sentencia carente de fundamento por no respetar el debido proceso en lo que respecta al principio de concentración del proceso penal que ordena que la celebración del juicio, aplicando en esta etapa la celebración de la impugnación de la sentencia en primer grado es necesario conocer el reclamo invocado, la opinión de la contraparte, la valoración de las piezas objeto de pruebas para la impugnación, la deliberación y votación de los jueces, y la sentencia del tribunal en una misma audiencia, es decir, de manera continua en un solo día. Y es que conocer el fondo de una audiencia compuesta por unos jueces, reservar el fallo y luego continuar con la etapa de deliberación, votación y decisión con otros jueces diferentes a los cuales tomaron conocimiento del fondo de la impugnación, representada, constituye una violación al debido proceso en lo que respecta a las reglas que conlleva el juicio, ya que jueces que no escucharon los planteamientos solicitados tenga a su cargo la decisión de un proceso. (…) se verifica que la presente sentencia solo ha sido firmada por 2 de los jueces que participaron en el conocimiento de la audiencia, no así la firma de la Mag. M. del Carmen

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    S.H., y no estableciendo en cuerpo de la sentencia las razones por las cuales dicha magistrada no
    formó parte de la motivación de la sentencia y las razones de
    por qué no ha sido firmada por la misma… En todo proceso
    penal ha de tomarse en cuenta todos los requisitos tanto de
    forma como de fondo para un buen ejercicio de la sana administración de justicia, y respecto del debido proceso. Es
    preciso establecer que las formalidades procesales son el medio
    de protección de determinados valores y garantías, y están expresamente dictadas en la ley y la Constitución. De modo
    que donde no hay forma definida, los actos de documentación
    y trámite deben realizarse con el mínimo de formalidades. Por
    lo anterior, la sentencia emitida por la Corte de Apelación
    lesiona las garantías judiciales que garantizan las reglas del
    debido proceso para el procesado y para que este sea juzgado
    por tres juzgadores, que con su firma dan la aceptación de los
    motivos expuestos en la sentencia”;

    Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada
    y los medios planteados por el recurrente
    : Considerando, que al examinar el memorial de casación que ocupa nuestra atención, hemos verificado que el recurrente dirige su crítica a la sentencia impugnada, refiriéndose que la Corte a-qua desde la página 4 hasta la página 6 se limita a transcribir parte del primer motivo expuesto por el imputado en el recurso de apelación, en cuanto a la desnaturalización de los hechos y violación a la sana crítica racional por

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    parte del tribunal de primer grado en razón de que el tribunal descontextualiza las declaraciones de los testigos a cargo J.D.E.V. y J.A.G.F. y desnaturalización en la valoración de la prueba a descargo Y.S.; al no ponderar la declaración de manera íntegra conforme lo exige el mandato constitucional, sino de forma parcial solamente aquellas partes de la declaración que le servían al tribunal de fondo para dictar una sentencia condenatoria, obviando aquella parte de las declaraciones que evidenciaban las serias contradicciones en las que incurren los testigos; que sobre el particular la Corte a-qua no se refiere, dado que solo se limita en establecer que en lo relativo a los testimonios de los señores J.D.E.V. y J.A.G.F. y Y.S., fueron claras, coherentes y precisas, no observando el tribunal ninguna contradicción con el acta de arresto; que en esas atenciones, la Corte omite establecer su propia consideración sobre el reclamo presentado por el imputado respecto de que se descontextualizan la declaraciones de los testigos, y que solo se toma una parte de las declaraciones de estos, lo que evidentemente constituye, a criterio de quien recurre, en una falta de motivación;

    13 Fecha: 25 de junio de 2018

    Considerando, de acuerdo a la documentación que conforma la glosa procesal, hemos advertido que los aspectos descritos no fueron impugnados a través de su recurso de apelación, sino otros totalmente distintos, como lo fue:”que el Tribunal da por ciertas las declaraciones anteriores por ser coherentes y corroborarse con las demás pruebas documentales, pero deja a un lado las pruebas aportadas por el imputado el testimonio de Y.S., para establecer su inocencia, donde el tribunal ni siquiera valoró como prueba, violentando así la justa valoración conjunta y armónica de la prueba”; que tales argumentos fueron contestados por la Corte a-qua, quien estableció lo siguiente: “(…) no lleva razón en su queja la parte recurrente al alegar que el a-quo no valoró el testimonio de Y.S., porque en su análisis a dicha prueba testimonial, contrario a la alegado, manifiesta que esas declaraciones ofrecidas por la testigo fueron claras, coherentes y precisas, no observando el tribunal ninguna contradicción con el acta de arresto, muy por el contrario, la testigo se mostró muy segura al hacerlo; además, dichas declaraciones se corroboran con el contenido del acta de arresto y requisa, y confirma lo declarado por los demás testigos sobre las actuaciones, por lo que el Tribunal les otorga valor probatorio como creíble y veraz, deduciendo de dicha valoración la existencia de responsabilidad penal del imputado, y probando, en consecuencia, su culpabilidad”; quedando evidenciado el presente medio

    14 Fecha: 25 de junio de 2018

    respecto de que se descontextualizan la declaraciones de los testigos, y que solo se toma una parte de las declaraciones de estos, se trata de nuevos argumentos que no fueron ventilados en el tribunal de alzada;

    Considerando, que en ese sentido, es menester destacar que de acuerdo a lo preceptuado en la normativa procesal penal, el recurrente debe establecer con claridad los vicios de los cuales, a su entender, adolece la sentencia emitida por la Corte a-qua, enunciar la norma violada y la solución pretendida, crítica que debe estar relacionada directamente con los medios que haya invocado en el recurso de apelación, y sobre los cuales se circunscribió el examen realizado por el tribunal de alzada, lo que no ha ocurrido en la especie;

    Considerando, que de lo anteriormente transcrito, se evidencia que las quejas esbozadas por el recurrente como un primer vicio de su memorial de agravios contra la decisión impugnada, resultan ser argumentos nuevos, y por tanto, no fueron ponderados por los Jueces del tribunal de alzada, lo que nos imposibilita realizar el examen correspondiente a los fines de verificar si hizo o no una correcta aplicación de la ley, razones por las cuales procede su rechazamiento;

    Considerando, que como un segundo cuestionamiento dentro del

    15 Fecha: 25 de junio de 2018

    primer medio impugnativo, es planteado por el recurrente que las consideraciones dadas por la Corte en la página 9, numeral 4, resultan ser contradictorias con sus propios argumentos, esto sobre la base de que el tribunal a-quo hace alusión a que no puede referirse a las contradicciones por la autonomía en materia de inmediación del tribunal de instancia, estableciendo en ese sentido que: “…esta Corte ha dicho en reiteradas sentencias que el juez es libre para apreciar las pruebas que le son presentadas en el juicio, así como también goza de plena libertad en la valoración de las mismas, siempre que lo haga de acuerdo con la lógica y las reglas de la experiencia; que lo relativo a la apreciación de la prueba de parte del juez de juicio, no es revisable por la vía de la apelación, es decir, no es revisable lo que depende de la inmediación, por consiguiente, se desestima la queja.” Es decir, que la Corte aqua utiliza las mismas manifestaciones del tribunal de primer grado, aún cuando ha dicho previamente que no puede referirse por que estos aspectos son propios de la inmediación, y por escapar al recurso, todo lo cual evidencia la falta de coherencia de la decisión impugnada, pues contradice su propia postura y con todos se adhiere a lo expuesto por el tribunal de instancia, incluso transcribiendo el mismo parecer, y no se ocupa la Corte a-qua de darle contestación a lo solicitado por el recurrente, en relación a la falta de ponderación integral de la

    16 Fecha: 25 de junio de 2018

    declaraciones de los testigos, y a la descontextualización de la misma en la que incurre el tribunal de primer grado;

    Considerando, que del análisis del recurso de apelación del cual estuvo apoderado la Corte a-qua, se desprende en primer orden, que el impugnante no establece en ningunos de sus medios impugnativos contradicciones en las manifestaciones de los testigos a cargo; y en segundo orden, de lo expuesto por la Corte a-qua respecto de la valoración de la prueba y el principio de inmediación, no incurre en contradicción alguna, dando en tal sentido, un razonamiento lógico y a acertado respecto de los puntos cuestionados, por lo que se rechaza el vicio propuesto;

    Considerando, que continúa argumentado la defensa técnica del imputado, que en su escrito recursivo le planteó a la Corte a-qua violación al principio indubio pro reo, dejando dicho tribunal, respecto del vicio en cuestión, un vacío abismal, que las consideraciones dadas por el tribunal no establece de manera coherente y clara que la condena dictada en contra del imputado se trató de un hecho que se subsume en el delito de tráfico de sustancias controladas;

    17 Fecha: 25 de junio de 2018

    Considerando, que sobre el particular, la Corte a-qua estableció lo siguiente: “(…) contrario a lo alegado, el tribunal de juicio dejó claramente establecido en su decisión que “…las pruebas documentales, periciales y testimoniales, discutidas de modo oral y contradictorio, son estrechamente vinculantes al objeto de los hechos juzgados y revisten utilidad para el descubrimiento de la verdad….”; y que esa apreciación conjunta y armónica deja por establecido la configuración “del delito de tráfico de drogas previsto y sancionado en el artículo 75 párrafo II de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana.”, por tanto ni de los hechos discutidos, ni de las pruebas aportadas se deduce la existencia de la duda en la acusación presentada por el órgano acusador…”;

    Considerando, que contrario a lo cuestionado por el recurrente, de lo expuesto precedentemente se evidencia que el tribunal mediante una apreciación conjunta y armónica de los medios de pruebas que componen el presente proceso, los cuales fueron ponderados en su oportunidad por el tribunal de juicio, dio por establecido la configuración del delito de tráfico de sustancias controladas, ofreciendo una motivación acorde al derecho; en ese sentido, se rechaza el medio propuesto;

    Considerando, que en el segundo medio recursivo se establece

    18 Fecha: 25 de junio de 2018

    violación al principio de concentración del juicio, en cuanto a la composición del tribunal y los requisitos formales para la emisión de la sentencia, a criterio del recurrente, al momento de la deliberación y votación de la sentencia impugnada, el tribunal estuvo compuesto por jueces distintos a los que conocieron del recurso, evidenciándose tales afirmaciones en la página 1 párrafo II de la sentencia dictada por la Corte a-qua; que así mismo, dicha decisión no fue firmada por la magistrada M. delC.S.F.;

    Considerando, que de un análisis minucioso a la sentencia objetada, se advierte que si bien es cierto que el 30 de octubre del 2015, a los fines de conocer el recurso de apelación incoado por la parte imputada hoy recurrente, dicho tribunal estuvo compuesto por los magistrados M. delC.S.F. de Cabrera, W.F.M.T. y Y.A.M.R., sin embargo, en la página 1 párrafo II de dicha sentencia se establece que la decisión fue motivada por el magistrado W.F.M.T., haciendo constar que a dicha motivación se adhirieron los magistrados F.G. de F. y Brunilda Castillo de G., jueces distintos a los que conocieron el fondo del asunto; no es menos cierto que evidentemente se trata de un

    19 Fecha: 25 de junio de 2018

    error material, toda vez que tanto en el encabezado de la decisión así como en la parte infine aparecen los magistrados M. delC.S.F. de Cabrera, W.F.M.T. y Y.A.M.R. firmando la sentencia de que se trata, lo que se traduce bajo un razonamiento lógico que se trató de un error material; por otro lado, es importante establecer el hecho de que la decisión no contenga la firma de una de las magistradas que dictaron la sentencia impugnada, no acarrea nulidad de la sentencia toda vez que en virtud al artículo 334 del Código Procesal Penalla sentencia debe contener la firma de los jueces pero si uno de los miembros del tribunal no puede suscribir la sentencia por impedimento ulterior a la deliberación y votación, ello se hace constar en el escrito y la sentencia vale sin esa firma”; por lo que en esas atenciones, se rechaza el medio;

    Considerando, que en ese sentido, al no verificarse los vicios invocados en los medios objeto de examen y su correspondiente desestimación, procede el rechazo del recurso de casación de que se trata y la confirmación en todas sus partes de la decisión recurrida, de conformidad con las disposiciones del numeral 1 del artículo 427 del Código Procesal Penal;

    20 Fecha: 25 de junio de 2018

    Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal dispone lo relativo a la potestad que tiene la Suprema Corte de Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideración, pudiendo tanto rechazar como declarar con lugar dichos recursos;

    Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispone: “Imposición. Toda decisión que pone fin a la persecución penal, la archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente para eximirla total o parcialmente”; que en el presente caso, por estar el imputado asistido de una defensora pública, procede eximirlo del pago de las costas.

    Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, FALLA:

    Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por A.A.L., contra la sentencia núm. 0564-2015, dictada por la Cámara Penal de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 30 de octubre de 2015, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta sentencia; en consecuencia, confirma dicha decisión;

    21 Fecha: 25 de junio de 2018

    Segundo: Exime a la parte recurrente del pago de las costas;

    Tercero: Ordena a la Secretaria General de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santiago, para los fines correspondientes.

    (Firmados) F.E.S.S..- E.E.A.C..– H.R..

    La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

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