Sentencia nº 850 de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Julio de 2018.

Fecha de Resolución:11 de Julio de 2018
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Sentencia núm. 850

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 11 de julio del 2018, que dice así:

D., Patria y Libertad República Dominicana

En nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces M.C.G.B., P.; A.A.M.S. y F.E.S.S., asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy de julio de 2018, años 175° de la Independencia y 155° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por M.A.A.D., dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0487026-0, domiciliado y residente en la calle 2 núm. 146, ensanche Libertad, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, imputado, contra la sentencia núm. 359-2016-SSEN-0313, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 7 de septiembre de 2016, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al J.P. en Funciones dejar abierta la audiencia para el debate del recurso de casación y ordenar al alguacil el llamado de las partes;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al Licdo. C.B., por sí y por la Licda. O.R.A., defensores públicos, en la formulación de sus conclusiones en la audiencia del de octubre de 2017, a nombre y en representación del recurrente;

Oído el dictamen de la Procuradora General Adjunta al Procurador General de la República, L.. A.M.B.;

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por la Licda. O.R.A., defensora pública, en representación del recurrente, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 20 de febrero de 2017, mediante el cual interpone dicho recurso;

Visto la resolución núm. 2657-2017, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 23 de junio de 2017, que declaró admisible en cuanto a la forma, el recurso de casación interpuesto por el recurrente y fijó audiencia para conocerlo el 6 de septiembre de 2017, fecha en que se suspendió la audiencia por mandato del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, a raíz paso por el país del huracán I.; posteriormente, mediante auto núm. 26-2017 el 15 de septiembre de 2017 se fija una próxima audiencia para el 11 de octubre de 2017, fecha en que se difirió el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30) días dispuestos en el Código Procesal Penal, lo cual no pudo efectuar por motivos razonables; consecuentemente, produciéndose la lectura el día indicado en el encabezado de esta sentencia;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, visto la Constitución de la República; los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos somos signatarios; los artículos 70, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 423, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, de fecha 10 de febrero de 2015; artículos 4 literal d, 5 literal a, 8 categoría II, acápite II, código 9041, 9 literal d, 34, 35 literal

58 literales a y c, 75 párrafo II y 85 literales d y j de la Ley núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana; artículos 39, párrafo IV de la Ley núm. 36, sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas, y las resoluciones núms. 3869-2006 y 2802-2009, dictadas por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006 y el 25 de septiembre de 2009, respectivamente;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

  1. que el 16 de mayo de 2013, el Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, L.. R.A.D., presentó formal acusación y solicitud apertura a juicio contra M.A.A.D., imputándolo de violar los artículos 4 literal d, 5 literal a, 8 categoría II, acápite II, código 9041, 9 literal d, 34, 35 literal d, 58 literales a y c, 75 párrafo II y 85 literales d y j de la núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana; artículos 1, párrafo II, y 2 de la Ley núm. 36, sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas, en perjuicio del Estado Dominicano;

  2. que para la instrucción del proceso fue apoderado el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de Santiago, el cual admitió la acusación presentada por el órgano acusador y emitió auto de apertura a juicio en contra imputado, mediante la resolución núm. 260-2013 el 1 de julio de 2013;

  3. que para la celebración del juicio fue apoderado el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, el cual dictó la sentencia núm. 607-2015 el 30 de noviembre de 2015, cuyo dispositivo expresa:

PRIMERO: Declara al ciudadano M.A.A.D., dominicano, 29 años de edad, soltero, ocupación estudiante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 031-048726-0, domiciliado y residente en la calle 2, casa núm. 146, del sector Ensanche Libertad, provincia Santiago, culpable de violar las disposiciones consagradas en los artículos 4 letra d, 5 letra a, 8 categoría II, acápite II, código 9041, 9 letra d, 34 y 35 letras d y f, 75 párrafo II y 85 letras d y j de la Ley núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, en la categoría de traficante, y artículo 39 párrafo IV de la Ley núm. 36, sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas, en perjuicio del Estado Dominicano; SEGUNDO: Condena al ciudadano M.A.A.D., a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres de esta ciudad de Santiago, la pena de cinco (5) años de prisión; TERCERO: Condena al ciudadano M.A.A.D., al pago de una multa por el monto de cincuenta mil pesos (RD$50,000.00); CUARTO: Declara las costas de oficio por el imputado estar asistido de una defensora pública; QUINTO: Ordena la incineración de la sustancia descrita en la certificación de análisis químico forense núm. SC2-2012-12-25-008402, de fecha 28-12-2012, emitido por Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF); SEXTO: Ordena la confiscación de las pruebas materiales consistentes en: Una pistola marca Llama, calibre 45 m. m., serie núm. 732406, con su cargador y 5 cápsulas calibre 45 m. m., y la suma de tres mil trescientos pesos (RD$3,300.00), en efectivo en distintas denominaciones, depositados mediante recibo de depósito núm. 167079849, de fecha 21-9-2015 al número de cuenta 200-01-240-246249-7, a nombre de la Procuraduría General de la República Dominicana; SÉPTIMO: Ordena remitir copia de la presente decisión a la Dirección Nacional de Control de Drogas y al Consejo Nacional de Drogas, para los fines de ley correspondientes”;
d) que no conforme con esta decisión, el imputado interpuso recurso de apelación, siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, la cual dictó la sentencia núm. 359-2016-SSEN-0313, objeto del presente recurso de casación, el 7 de septiembre de 2016, cuya parte dispositiva establece:

PRIMERO: Desestima en el fondo el recurso de apelación interpuesto por el imputado M.A.A.D., dominicano, 29 años de edad, soltero, ocupación estudiante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0487026-0, domiciliado y residente en la calle 2, casa núm. 146 del sector ensanche Libertad, provincia S. de los Caballeros, por intermedio de la licenciada O.R.A., defensora pública,
en contra de la sentencia núm. 607-2015, de fecha 30 de noviembre
del año 2015, dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la
Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Santiago;
SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la sentencia impugnada; TERCERO: Exime el pago de las costas”; Considerando, que el recurrente, por intermedio de su defensa técnica, alega un único medio de casación:

Único Medio: Sentencia manifiestamente infundada (Art. 426.3 del CPP). Vicio: Violación a Ley por errónea aplicación de una norma jurídica (artículos 139, 175, 176, 338 y 341 del Código Procesal Penal). El recurrente planteó en su recurso de casación, que el tribunal de juicio aplicó de manera errónea el artículo 338 del Código Procesal Penal, toda vez que los elementos de pruebas eran insuficientes para destruir la presunción de inocencia del recurrente, ya que se trataban de dos actas de registro de persona y de vehículo, y que ambas actas no cumplían con lo establecido por los artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal, en lo concerniente a la causa probable (sospecha razonable), para que requisaran al recurrente; y que además, no se le hace la advertencia previa a la requisa, cuestión esta exigida por dichos artículos para que las actas puedan ser incorporadas por su lectura al proceso, ya que en el caso de la especie, el oficial actuante que levantó dichas actas no compareció al juicio; también reclamábamos en el recurso de apelación, que las actas instrumentadas no establecían de manera clara y precisa el lugar de donde llevó a cabo la requisa, violentando el 139 de la norma procesal penal. Tribunal de alzada, no lleva razón el a-qua al justificar el hecho de que el oficial actuante haya realizado la requisa sin establecer sospecha razonable, bajo la excusa de que toda diligencia penal se inicia con una sospecha, pero es que no estamos ante una diligencia penal, estamos ante un individuo que transitaba libremente por la calle y al cual se le violentó el derecho al libre tránsito, sin cumplir con el mandato de ley; en cuanto a que el oficial actuante debe de tener una causa probable para requisar a las personas que transitan, es decir, antes de requisar una persona debe de tener un perfil sospechoso, pues de lo contrario se revisaría a todo el mundo de manera melaganaria solo porque al oficial actuante se le antoje, como sucedió en el caso de la especie. Esta parte el a-qua ni siquiera contestó, pero como podrá observar esta honorable corte de alzada, las actas que fueron tomadas como base para dictar sentencia condenatoria, no establecen el lugar de dónde se realizó la requisa, y donde este artículo te habla que si omite, como pasó en el caso de la especie, una de las formalidades (tiempo, lugar, fecha, etc.), el acto acarrea en nulidad cuando no se pueda suplir esta falta con otra
prueba, lo que no pasó en este caso, ya que el oficial actuante no compareció para establecer de manera específica dónde se realizó la ya
referida requisa. Es por todo lo dicho, que establecemos que el a-qua
aplicó de manera errónea los artículos anteriormente citados, pues las
pruebas aportadas por el Ministerio Público en esta naturaleza, no
daban al traste con una sentencia condenatoria, pues en su condición
no establecían con certeza la responsabilidad del recurrente (Art. 338
del Código Procesal Penal); pues quedaron muchas dudas en cuanto
a la realización de los registros infundados realizados por el oficial actuante que nunca llegó al juicio a suplir las irregularidades contentivas en los registros y los cuales hemos planteado con anterioridad. Tribunal de alzada, si puede observar lo que contempla
el artículo 341 del Código Procesal Penal, sus requisitos, que la
condena sea igual o inferior a 5 años y que el imputado no haya sido condenado penalmente con anterioridad, lo que se deduce que para el
juez negar la suspensión condicional de la pena no se requiere una
simple certificación realizada por el órgano acusador, en donde ni
siquiera se establece que el recurrente haya sido condenado anteriormente por sentencia firme, por lo que aún el impetrante estar revestido de su presunción de inocencia, artículo 69.3 de la Constitución. De todo lo dicho, se desprende de manera clara y
precisa que el Tribunal a-quo, al igual que el tribunal de primer
grado aplicó de manera errónea el referido artículo, ya que no es suficiente un reporte de investigación criminal, pues se necesitaba
una certificación o una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que estableciera que el encartado fue condenado mediante una decisión definitiva como te lo exige el artículo 341 del Código Procesal Penal
; Considerando, que según se extrae del fallo impugnado, la Corte a-qua para justificar la decisión, expresó lo siguiente: a) En cuanto detención por causa razonable:
“Cuando un agente policía en la vía pública decide registrar a una persona, lo normal es que concurra simplemente una sospecha que sea necesario comprobar, que en el caso del imputado, M.A.A., lo constituyó el hecho de haberle notado, el equipo policial que realizaba el operativo, un perfil sospechoso y por lo que el agente decidió registrarlo luego de hacerle la advertencia de lugar, y no se puede pedir más para que la sospecha quede razonablemente fundamentada, sin que esta actuación policial constituya una violación al derecho a la presunción de inocencia del imputado, pues siendo este un derecho fundamental, hay que recordar que no es ilimitado, que tiene límites y en el caso de que se trata, el límite ha venido dispuesto por la norma procesal penal, es decir por la ley, específicamente por el artículo 175 del Código Procesal Penal, que faculta al Ministerio Público y a la policía a realizar registros de personas, lugares o cosas, cuando razonablemente existan motivos que permitan suponer la existencia de elementos de pruebas útiles para la investigación del sospechoso, y no de la regla en que debe consistir taxativamente esta sospecha, basta que el agente le resulte razonable entender que esa persona exhibe una actitud o comportamiento que lo llevan a realizar dicho registro, y eso es suficiente, y no es ilegal el registro (J.N.F., Fundamentos de Derecho Procesal Penal, Pág. 27 y 28, editorial B de F. Montevideo, Buenos Aires). En el caso en concreto, el acto inicial, la sospecha que determinó que el agente policial registrara al imputado, dio resultados positivos, pues al registrar al sospechoso M.A.A.D., le fue ocupada la cantidad de veintidós (22) porciones de un polvo blanco de origen desconocido, la cual por su forma y naturaleza se presumió que es cocaína con un peso aproximado de seis punto cinco (6.5) gramos; y que después de ser analizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), resultó ser: veintidós (22) porciones de cocaína clorhidratada, con un peso seis punto veinticinco (6.25) gramos, así como la ocupación de una (1) pistola, marca Llama, calibre 45mm, serie núm. 7A32406, con su cargador y cinco cápsulas para la misma, sin ningún tipo de documentación; siendo estos los motivos por los que fue detenido y posteriormente traducido a la acción de la justicia; es decir, que el imputado fue arrestado porque le ocuparon la droga y el arma descrita precedentemente, previo registro justificado en la sospecha que inspiró su registro a los agentes policiales; resultando entonces condenado en el tribunal de juicio a cinco (5) años de prisión y al pago de cincuenta mil pesos de multa, por violación a la Ley núm. 50-88, sobre Drogas, sentencia que es la que hoy resulta apelada por el imputado (idem), de modo y manera que el apelante no lleva razón en este otro reclamo contenido en su recurso” (ver primer y segundo párrafos, página 11 de la decisión de la Corte);
b) En cuanto a las actas introducidas sin la presencia del militar actuante: “En conclusión, salta a la vista que ponderados en su conjunto
todos los elementos probatorios discutidos en el juicio, es incuestionable que los mismos resultaron más que suficientes, fuera
de toda duda razonable, para que se pronunciara en contra del imputado M.A.A.D., sentencia condenatoria
en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 338 del Código Procesal Penal, por las razones de hecho y de derecho precedentemente señaladas y debidamente ponderadas a todo lo
largo del cuerpo de la decisión impugnada, quedando por vía de consecuencia, destruida por el órgano acusador la presunción de inocencia con que estaba revestido el imputado. De modo y manera
que sobre el reclamo de la defensa, en el sentido de que el a-quo basó
su condena en actas que fueron incorporadas al juicio sin la presencia del agente que las levantó para sostenerla en el juicio, la
Corte debe decir que ha sido criterio constante por parte de este
Tribunal (fundamento sentencia 1120/2010 del 1 de noviembre; fundamento 2, sentencia 0122/2011 del 28 de marzo) considerar que no existe ningún problema técnico por el hecho de que las actas de registros de personas y de vehículos se incorporen al juicio por su lectura sin que resulte indispensable, desde el punto de vista técnico, que un testigo idóneo deponga en el juicio. El acta redactada por la policía y que recoge las incidencias de un registro personal o de un arresto en flagrancia, es una de las excepciones a la oralidad, y por tanto, una de las pruebas escritas que puede ser incorporadas al juicio por su lectura, a diferencia de lo que ocurre con los documentos; o sea, la prueba documental, que no puede ser incorporada sin un testigo idóneo, pues la norma distingue entre pruebas documentales y las actas que el código prevé, dentro de estas últimas se encuentran las actas de registro, lo que se desprende de la simple lectura del artículo 312 (1) del Código Procesal Penal. Y si bien el artículo 19 de la resolución 3869, producida por la Suprema Corte de Justicia, se desglosa que la prueba documental solo puede ser incorporada al juicio mediante un testigo idóneo, esa norma se refiere a los documentos que figuran en el artículo 312 del Código Procesal Penal, pero no a las actas a que se refiere el ordinal 1 del 312, toda vez que esas actas (que pueden ser incorporadas al juicio por su lectura), como lo son las actas del caso en concreto, se encuentra regulada por el artículo 176 del Código Procesal Penal, como lo está también el acta de allanamiento a que se refiere el artículo 183 del Código Procesal Penal, las cuales no requieren ser incorporadas al juicio por testigos, porque el Código Procesal Penal las regula expresamente en su normativa y no pone esa condición. Esa regla del 183 es muy clara en cuanto a que no es imperativo, para incorporar al juicio el acta, que se haga a través de un testigo, igual a como ocurre con el acta del caso en concreto; por lo que el motivo analizado debe ser desestimado“ (ver segundo y tercer párrafos, página 9; primero, segundo y cuarto párrafos, página 10 de la decisión de la Corte);
c) En cuanto a la pena y a la aplicación del artículo 341 del Código Procesal Penal:

Sobre la queja en cuestión, se desprende de la sentencia misma que en la página 14 de 16, numeral 27, que el a-quo para rechazar el pedimento sobre la suspensión condicional de la pena solicitada por la defensa a favor del imputado, dijo lo siguiente: “ que no se encuentran reunidos los requisitos exigidos por el Código Procesal Penal, y por ende procede a rechazar el pedimento”; y la Corte se suma a la decisión del a-quo de no otorgar la suspensión condicional de la pena al imputado; pero muy específicamente por las siguientes razones: Porque todo aquel que trafica con drogas tiene un último fin que la misma sea consumida por las personas, con lo cual le ocasionan un gravísimo daño a la sociedad, ya que el problema de la drogadicción afecta el núcleo esencial de toda sociedad que es la familia, y todo aquel que sea declarado culpable de este ilícito debe ser sancionado de conformidad con la ley; y si bien a la Corte no se le ha probado que el imputado haya sido condenado anteriormente por algún delito o crimen penal, lo cierto es que en el expediente aparece un reporte de investigación criminal en la que constan los diversos sometimientos que por violación a la Ley núm. 50-88 ha enfrentado el imputado; y tomando en cuenta que la aplicación de esta figura jurídica es facultativa para el juez y no obligatoria, la Corte ha decidido que no va a suspenderle la pena a M.A.A.D., quien fue declarado culpable por el ilícito de violación a la ley de drogas y sustancias controladas, con lo cual él concretamente, le ocasiona un grave daño a la familia dominicana, y por ende, a la sociedad, como se ha dicho” (ver numeral 7 párrafo, página 12 decisión de la Corte); Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y el medio planteado por el recurrente:

Considerando, que analizando las reclamaciones del recurso cronológicamente con respecto al fáctico, la primera queja proviene sobre la sospecha razonable, causa probable y perfil sospechoso que pudo presentar el imputado para que fuera detenido inicialmente por el operativo realizado por la DNCD, que pudiese justificar la posterior detención del imputado;

Considerando, que la Corte a-qua exhibe un manejo amplio sobre el aspecto jurídico procesal enunciado por el reclamante, tal como se encuentra transcrito con anterioridad a las reflexiones de esta alzada, donde da detalles hecho en sí, y jurídicamente valida la actuación de los militares actuantes, toda vez que al revisar la decisión del Tribunal a-quo, se percata de que el imputado es detenido en un vehículo de motor sin placa, a alta velocidad, frente a estas infracciones simples, pero que se aleja de un ciudadano que se maneja correctamente en la sociedad, levanta sospecha que da al trasto con el decomiso de sustancias controladas y un arma de fuego, que son posteriormente incautadas;

Considerando, que la sospecha razonable que existió en ese momento fue establecida en las actas levantadas al efecto de la detención del imputado para el cacheo; Considerando, que retomando las reclamaciones, en un segundo aspecto, es denunciado que las actas no cumplen con lo preestablecido en el artículo 176

Código Procesal Penal, lo que al ser revisado por esta alzada, advierte que existe constancia en el acta levantada, se realizó la advertencia de exhibir objetos o sustancias que puedan estar reñidas con la ley, tal como lo exige la normativa procesal, así como consta detalladamente la dirección exacta donde se realiza la detención y cacheo del imputado; razón por lo que lo argüido debe ser desestimado, al alejarse a todas luces estas afirmaciones, de la realidad procesal del caso;

Considerando, que el recurrente hace un ataque directo a la ausencia del militar actuante que levanta las actas de registros, instrumentadas tanto al imputado como al vehículo en el que se desplazaba, ofrecido en calidad de testigo idóneo, reclamando la correcta aplicación del artículo 312 del Código Procesal Penal; lo que al ser evaluado, se advierte que es un punto de puro derecho, toda vez que, el Código Procesal Penal regula los registros de personas, estableciendo en su artículo 176: “Registro de personas. Antes de proceder al registro personal, el funcionario actuante, debe advertir a la persona sobre la sospecha que entre sus ropas o pertenencias oculta un objeto relacionado con el hecho punible, invitándole a exhibirlo. Los registros de personas se practican separadamente, respetando el pudor y dignidad de las personas, y en su caso, por una de su mismo sexo. registro de personas se hace constar en acta levantada al efecto, que debe incluir el cumplimiento de la advertencia previa sobre el objeto buscado, la firma del registrado, y se rehúsa a hacerlo, se hace mención de esta circunstancia. En estas condiciones, el puede ser incorporada al juicio por su lectura”; mientras rige en el 312 del

mismo canon legal, sobre las excepciones a la oralidad: “Excepciones a la oralidad. Pueden ser incorporados al juicio por medio de la lectura:1) Los informes, las pruebas documentales y las actas que este código expresamente prevé; 2) Las actas de los anticipos de prueba, sin perjuicio de que las partes soliciten al tribunal la comparecencia personal del testigo, cuando sea posible”;

C., que esta Suprema Corte de Justicia ha sido constante al establecer que estos tipos de actas a que se refiere el 312.1 de la norma procesal, resultan ser excepciones a la oralidad, y por tanto, como pruebas escritas que pueden ser incorporadas al juicio, distingue entre pruebas documentales y las actas que esa misma normativa estipula, pronunciándose al tenor siguiente: Considerando, que dentro de este orden de ideas, si bien por disposiciones sobre el manejo de pruebas, se pauta que la prueba documental puede ser incorporada al juicio mediante un testigo idóneo, siempre que sea viable, esa regla se refiere a los documentos figuran en el numeral 2 del artículo 312 del Código Procesal Penal, no así a las actas a que se alude el apartado 1 del señalado artículo, toda vez que estas pueden ser integradas al juicio por su lectura, sin la necesidad de autenticación por un testigo, como el caso del acta de arresto por infracción flagrante regulada por el artículo 176 del Código Procesal Penal, puesto que la norma procesal penal que las rige, expresamente no dispone tal condición; pudiendo la defensa, como al efecto hizo, desacreditarla, por los medios que considerara pertinentes, sin que se vulnerara con esta actuación el ejercicio sus prerrogativas; por consiguiente, procede rechazar este medio y el recurso que se examina, supliendo la omisión de la Corte a-qua, por tratarse de razones puramente jurídicas

(ver B.J. 1239, 10 de febrero 2014, Pág. 918). Agregando, que contrario como aduce el recurrente, las referidas actas y la forma de la detención del imputado no posee ningún vicio de orden procesal o constitucional que necesite vislumbrado con la escucha del testigo idóneo – militar actuante - en el esente proceso;

Considerando, que el referido aspecto ha sido detalladamente analizado por esta S., quedando evidenciado que la decisión y motivación brindada por

Corte a-qua resulta correcta, al determinar que el imputado se encontraba infringiendo las normas legales preestablecidas en cuanto al control de sustancias controladas; destacando que los Juzgadores, en ambas instancias, realizaron la debida revisión a las garantías procesales del imputado al momento de su detención, donde los agentes actuantes dentro de sus funciones, observaron una actitud sospechosa procediendo a realizar el chequeo, ocupándole la cantidad y sustancias controladas que constan en el certificado instrumentado por el INACIF, determinándose, gracias al fardo probatorio el cuadro fáctico, no habiendo cabida a la aplicación del artículo 338 del Código Procesal Penal al ser destruida su presunción de inocencia fuera de toda duda razonable; siendo de lugar rechazar el referido medio impugnativo;

Considerando, en cuanto al último aspecto argüido, atinente a la pena y la aplicación del artículo 341 del Código Procesal Penal, esta Sala de la Suprema Corte de Justicia ha sido constante y coherente al establecer que en cuanto al criterio para la determinación del quántum y el margen a tomar en consideración por el juzgadores al momento de imponer la sanción, ha establecido que: “Considerando, que si bien es cierto el artículo 339 del Código Procesal Penal establece una serie de criterios a ser tomados en cuenta por los jueces al momento de imponer la pena, no es menos cierto que dicha sanción debe estar comprendida dentro de la escala de pena legalmente establecida, esto es, que la misma no podría ser inferior al mínimo de la pena señalada” (sentencia Segunda Sala, SCJ, 23 septiembre 2013);

Considerando, que de igual forma esta Sala de la Corte de Casación se ha referido en otras oportunidades al carácter de las disposiciones del artículo 339 del Código Procesal Penal, en el sentido de que dicha disposición no constituye imperativo para los jueces a la hora de fijar la sanción, como tampoco lo constituye la aplicación de la suspensión condicional de la pena dispuesto en el artículo 341 del mismo código, y a la cual hace alusión el recurrente; Considerando, que el juez está atado a decidir sobre las solicitudes de las partes, sin embargo, la norma le faculta para tomar excepcionalmente decisiones de manera oficiosa y facultativa, como es el caso de la suspensión condicional de la pena --Art. 341 del Código Procesal Penal--. Que variar la modalidad de la pena de forma tan favorable al imputado es una herramienta que ha otorgado el legislador procesal para los infractores primarios, a los fines de que tengan la oportunidad de reincorporarse al seno social y familiar, con un mínimo de requisitos a cumplir para satisfacer el mandato del laudo condenatorio, situación que dentro de las facultades de los Juzgadores, decidieron no favorecer al imputado, no por considerar que era reincidente en hechos delictivos, sino que mantenía un caso abierto por otro proceso de esa misma naturaleza, evaluando correctamente que la sanción proporcional y que cumplía con la finalidad de la pena es la retención de su persona en un centro corrección carcelaria, por el tiempo impuesto, aspecto que correctamente motivaron los Juzgadores, tal como lo hace constar en la decisión impugnada, lo que lleva a rechazar el medio propuesto;

Considerando, que a juicio de esta S., la Corte a-qua ejerció adecuadamente el control vertical respecto de lo resuelto en el tribunal de primer grado, al valorar y estimar, plasmando adecuadamente sus motivaciones en dicho acto jurisdiccional; Considerando, que los razonamientos externados por la Corte a-qua se corresponden con los lineamientos que rigen el correcto pensar, y satisfacen las exigencias de motivación pautadas por el Tribunal Constitucional Dominicano su sentencia TC/0009/13, dado que en la especie, el tribunal de apelación desarrolla sistemáticamente su decisión; expone de forma concreta y precisa cómo ha valorado la sentencia apelada, y su fallo se encuentra legitimado en una fundamentación ajustada a las normas adjetivas, procesales y constitucionales vigentes y aplicables al caso en cuestión; de tal manera que, esta Sala de la Corte de Casación no avista vulneración alguna en perjuicio del recurrente, procediendo en tal sentido a desestimar el recurso de que se trata;

Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal dispone lo relativo a la potestad que tiene la Suprema Corte de Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideración, pudiendo tanto rechazar como declarar con lugar dichos recursos;

Considerando, que en ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en atención a lo pautado por el artículo 427.1 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015, procede rechazar el recurso de casación de que se trata, confirmando la decisión recurrida; Considerando, que por disposición del artículo 246 del Código Procesal Penal, toda decisión que pone fin a la persecución penal, la archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales, las que son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente para eximirlas total o parcialmente; por lo que, procede dispensarlas en virtud de las disposiciones de la Ley núm. 277-03, que instituye el Servicio Nacional de Defensa Pública, la que contiene el no pago de las costas penales cuando interviene en la asistencia de algún imputado;

Considerando, que los artículos 437 y 438 del Código Procesal Penal, modificados por la Ley núm. 10-15, y la resolución marcada con el núm. 296-2005 del 6 de abril de 2005, contentiva del Reglamento del Juez de la Ejecución la Pena para el Código Procesal Penal emitida por esta Suprema Corte de Justicia, mandan que copia de la presente decisión debe ser remitida, por la secretaría de esta alzada, al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial correspondiente, para los fines de ley.

Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

FALLA

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por M.A.A.D., contra la sentencia núm. 359-2016-SSEN-0313, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 7 de septiembre de 2016; en consecuencia, confirma la decisión impugnada;

Segundo: E. al recurrente M.A.A.D., del pago de las costas por estar asistido de la defensa pública; Tercero: Ordena a la Secretaria General de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santiago, para los fines correspondientes.

(Firmados) M.C.G.B.-A.A.M.S.-FranE.S.S..

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.