Sentencia nº 856 de Suprema Corte de Justicia, del 8 de Noviembre de 2017.

Fecha de Resolución: 8 de Noviembre de 2017
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 11 de julio de 2018

Sentencia núm. 856

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 11 de julio del 2018, que dice así:

D., Patria y Libertad República Dominicana

En nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia, regularmente constituida por los Jueces Miriam Concepción

Germán Brito, P.; E.E.A.C., Alejandro

Adolfo Moscoso Segarra, F.E.S.S. e H.R.,

asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias,

en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 11 de

julio de 2018, años 175° de la Independencia y 155° de la Restauración,

dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por L.F.G.,

dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral

núm. 226-0005324-7, domiciliado y residente en la calle K núm. 62,

municipio de Andrés Boca Chica, provincia Santo Domingo Este, imputado Fecha: 11 de julio de 2018

y civilmente demandado, contra la sentencia núm. 544-201-SSEN-000175,

dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo

Domingo el 10 de mayo de 2016, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído a la Jueza Presidenta dejar abierta la audiencia para el debate del

recurso de casación y ordenar al alguacil el llamado de las partes;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Procurador General Adjunto al Procurador

General de la República, L.. C.C.D.;

Visto el escrito motivado contentivo del memorial de casación suscrito

por el Licdo. A.V., en representación del recurrente,

depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 26 de julio de 2016,

mediante el cual interpone dicho recurso;

Visto la resolución núm. 3444-2017, dictada por esta Segunda Sala de la

Suprema Corte de Justicia el 31 de julio de 2017, que declaró admisible en

cuanto a la forma, el recurso de casación interpuesto por el recurrente y fijó

audiencia para conocerlo el 8 de noviembre de 2017, fecha en la cual se

difirió el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30) días

dispuestos en el Código Procesal Penal, lo cual no se pudo efectuar por

motivos razonables; consecuentemente, produciéndose la lectura el día Fecha: 11 de julio de 2018

indicado en el encabezado de esta sentencia;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de

1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber

deliberado y, visto la Constitución de la República; los Tratados

Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios;

los artículos 70, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 423, 425, 426 y 427 del

Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero

de 2015; 265, 266, 295 y 304-II del Código Penal Dominicano; y 39 y 40 de la

Ley núm. 36, sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas; y las

resoluciones núms. 3869-2006 y 2802-2009, dictadas por la Suprema Corte

de Justicia el 21 de diciembre de 2006 y el 25 de septiembre de 2009,

respectivamente;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que

en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

  1. que el 6 de julio de 2011, el Procurador Fiscal Adjunto, Distrito

    Judicial de Santo Domingo Este, L.. F.A.C.F., presentó

    formal acusación y solicitud de apertura a juicio contra de Lamit Franco

    García, imputándolo de violar los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298 y 304

    del Código Penal Dominicano; 39 y 40 de la Ley núm. 36, sobre Comercio, Fecha: 11 de julio de 2018

    Porte y Tenencia de Armas, en perjuicio de J.J.C.S.

    (occiso);

  2. que el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de la

    Provincia de Santo Domingo, acogió la referida acusación, por lo que

    emitió auto de apertura a juicio contra el imputado, mediante el auto núm.

    45-2012 del 28 de febrero de 2012;

  3. que para la celebración del juicio fue apoderado el Segundo

    Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia

    del Distrito Judicial de Santo Domingo, el cual dictó la sentencia núm. 368-2012 el 17 de octubre de 2012, cuyo dispositivo expresa:

    PRIMERO: Conforme a lo establecido en las disposiciones del artículo 337 numeral 2 del Código Procesal Penal Dominicano, ordena la absolución del procesado C.C.M. y/oM., dominicano, mayor de edad, no porta cédula de identidad y electoral, actualmente recluido en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, de los hechos que se le imputan de asociación de malhechores y asesinado, en perjuicio del hoy occiso J.J.C.S., por no haber presentado el Ministerio Público elementos de pruebas suficientes que le den la certeza al Tribunal, de que el mismo haya cometido los hechos que se le imputan, en consecuencia, se ordena el cese de la medida de coerción que pesa en su contra y su inmediata puesta en libertad, a menos que se encuentre recluido por otra causa, se compensan las costas penales del proceso; SEGUNDO: Declara Fecha: 11 de julio de 2018

    culpable al ciudadano L.F.G., dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral número 226-0005324-7, domiciliado en la calle K núm. 6, A.B.C., provincia Santo Domingo, actualmente recluido en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, de los crímenes de asociación de malhechores y homicidio voluntario, en perjuicio de quien en vida respondía al nombre J.J.C.S., en violación a las disposiciones de los artículos 265, 266, 295 y 304 párrafo II del Código Penal Dominicano y la Ley núm. 36 (modificada por las Leyes 224 del año 1984 y 46 del año 1999); en consecuencia, se le condena a cumplir la pena de veinte (20) años de reclusión mayor en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, así como al pago de las costas penales del proceso; TERCERO: Ordena que la presente decisión sea notificada al Juez de la Ejecución de la Pena, para los fines correspondientes; CUARTO: Admite la querella con constitución en actor civil interpuesta por la señora J.A.S.V., contra el imputado L.F.G., por haber sido interpuesta de conformidad con la ley; en consecuencia, se condena al mismo a pagarles una indemnización de un millón de pesos (RD$1,000,000.00), como justa reparación por los daños morales y materiales ocasionados por el imputado con su hecho personal que constituyó una falta penal y civil, de la cual este Tribunal lo ha encontrado responsable, pasible, de acordar una reparación civil en su favor y provecho; QUINTO: Al tenor de lo establecido en el artículo 11 del Código Penal Dominicano, se ordena la confiscación del arma de fuego, revólver marca Jaguar, calibre 38, núm. 115605, a favor del Estado Dominicano; SEXTO: Fija la lectura íntegra de la presente sentencia para el día veinticuatro del mes de octubre del dos mil doce (2012), a las nueve (9:00 a. m) horas de la Fecha: 11 de julio de 2018

    mañana, vale notificación para las partes presentes y representadas”;

  4. que no conformes con esta decisión, el imputado y los querellantes

    constituidos en actores civiles interpusieron sendos recursos de apelación,

    siendo apoderada la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del

    Departamento Judicial de Santo Domingo, la cual dictó la sentencia núm.

    544-2016-SSEN-000175, objeto del presente recurso de casación, el 10 de

    mayo de 2016, cuya parte dispositiva establece:

    PRIMERO : Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Licdo. A.V., en nombre y representación del señor L.F.G., en fecha diecinueve (19) del mes de noviembre del año dos mil quince (2015), en contra de la sentencia núm. 368-2012, de fecha diecisiete (17) del mes de octubre del año dos mil doce (2012), dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la decisión marcada con el número 368-2012, de fecha diecisiete (17) del mes de octubre del año dos mil doce (2012), dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, por no estar la misma afectada en ninguno de los vicios esgrimidos por la parte recurrente; TERCERO: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento, por haber sucumbido la misma en sus pretensiones; CUARTO: Ordena a la secretaria de esta Corte la entrega de una copia íntegra de la presente sentencia, a cada una de las partes que conforman el presente proceso”; Fecha: 11 de julio de 2018

    Considerando, que el recurrente, por intermedio de su defensa técnica,

    alega los siguientes medios de casación:

    Primer Motivo : Violación de la ley por inobservancia y errónea aplicación una norma jurídica. Que en el juicio a-quo, el acusador público (a lo cual se adhirió la parte querellante), no presentó la prueba balística que sería el sustento por excelencia de una acusación de homicidio con arma de fuego como en el caso de la especie, ya que el acusador público establece que el occiso y los heridos fueron agredidos por el hoy recurrente. Esta aseveración es materialmente infundada en razón de que la fiscalía presentó, entre estas pruebas, un revólver marca Jaguar, calibre 38, núm. 115605, con 4 cápsulas, el cual fue entregado por el señor R.D.F.S., al primer teniente de la
    P. N, B.R.C., tal y como lo menciona la sentencia en la página 7, numeral 5 de las pruebas documentales (acta de entrega). Si unimos estas declaraciones, los heridos que menciona la acusación, así como que solo se entregó un revólver descrito más arriba y que el mismo tenía 4 cápsulas al momento de la entrega, así como se estableció que fueron recogidos más de veinte (20) casquillos de balas en la escena del crimen, es materialmente imposible que el mismo haya sido la persona con un revólver, el cual solo dispone de cinco (5) proyectiles en su masa, existe una duda razonable de que el mismo haya sido el autor de dichos hechos (la duda favorece al reo). Atendiendo: A que la inobservancia en la sentencia recurrida es manifiesto, toda vez que el imputado L.F.G., es señalado por los testigos como uno de los individuos que supuestamente disparó, no quedó claro en el plenario que el arma recuperada al efecto haya sido de la misma que causó la muerte al hoy occiso, así como a los heridos, en
    Fecha: 11 de julio de 2018

    razón de que el Ministerio Público no presentó una prueba balística de esa arma incautada que pudiese ser compatible, tanto con los casquillos encontrados en la escena del crimen, así como el del hoy occiso; Segundo Motivo: La falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, o cuando esta se funde en prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral. Que la sentencia impugnada, el Tribunal da entero crédito a los testigos escuchados al efecto, en la audiencia de fecha 17 del mes de octubre del año 2012, por ante el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo, en cuya audiencia los mismos entran en una contradicción manifiesta, toda vez que uno establece que los hechos ocurrieron a las 8:00 p. m., (el Silandy de O.M., página 7, testigo 1), y otro que establece que fue a las 6:00 p. m.; V.M.A. de los Santos, página 8, testigo 5, y que esta testigo también da una calle diferente donde supuestamente ocurren los hechos y donde se levantó el cadáver, calle Prolongación 27 del municipio Boca Chica, mientras uno dice que fue en la calle C. y otro testigo dice que fue en la calle Los Mormones, lo que se evidencia la contradicción manifiesta en esta prueba testimonial presentada por el acusador público. Atendiendo: Que la Corte de Apelación expresa lo plasmado en la decisión de primer grado fueron dos individuos que dispararon, entre los cuales se encuentra el hoy recurrente, pero no se realizó una prueba balística como es lo propio en estos casos, que es la prueba de mayor transcendencia en casos de homicidio, y se apoyaron en pruebas testimoniales que por demás, son interesadas, a decir de que algunos de los testigos son parientes del hoy occiso. Atendiendo: Que la Corte de Apelación en cuestión, en la página 7 de la sentencia de marras, trata de alivianar la situación del imputado, al decir que Fecha: 11 de julio de 2018

    el tribunal de primer grado no retuvo la falta de las disposiciones del artículo 309 del Código Penal Dominicano, claro que no debió hacerlo en razón de no hubo más de una denuncia que luego se convirtió en querella, por lógica jurídica no podía haber otra calificación que la que se le dio; la simple exposición de estas consideraciones en contra del recurrente le causa un agravio; Tercer Motivo: El quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos, que ocasionen indefensión. Atendido: Que la Corte de Apelación da como un hecho cierto y no controvertido que el tribunal de primer grado dio una justa valoración a las pruebas tanto testimonial como documental, y que el mismo dio una aplicación diáfana, clara y certera, que el mismo dio una valoración objetiva de las pruebas; esto es lo absurdo, en razón de que las pruebas aportadas al efecto (testimoniales) entran en franca contradicción, tal y como lo recoge la sentencia de primer grado y las pruebas (documentales), las cuales solo establecen que se recogió un herido, pero no establecen quién fue la persona que realizó el disparo mortal. De aquí se desprende que el tribunal de primer grado, a la hora de valorar los medios de pruebas testimoniales, tenía un marcado interés, toda vez que las declaraciones de los testigos entraron en franca contradicción el día de la vista y esto no fue tomado en cuenta por los Juzgadores a-quo, lo que da a entender que el imputado entró revestido, al Tribunal, de una presunción de culpabilidad y no de inocencia como establece la norma; que es a la parte acusadora que le toca demostrar de manera clara y precisa la acusación en contra del imputado hoy recurrente L.F.G., ya que el mismo llega revestido con el principio de inocencia, y con las pruebas presentadas al efecto no era posible que el mismo sea condenado a una pena de veinte (20) años de reclusión mayor. Atendido: A que por estas Fecha: 11 de julio de 2018

    razones, la sentencia evacuada por el Tribunal a-quo debe ser anulada por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente instancia, y en razón que la misma es abusiva, arbitraria, infundada e ilegal, toda vez que la prueba testimonial, así como la prueba material, no son suficientes para sustentar dicha condena

    ;

    Considerando, que según se extrae del fallo impugnado, la Corte aqua para justificar la decisión, expresó lo siguiente:

    “Que con relación a las declaraciones dadas por los referidos testigos, el Tribunal a-quo señaló que las mismas le merecieron crédito al Tribunal, por: “ser coherentes, precisas, concordantes y más que suficientes para dejar establecido que fue el procesado L.F.G., quien participó de manera activa en el hecho, en el cual perdió la vida J.J.C.S., pues todos estos testigos presenciales del hecho coinciden e indicar que el mismo ocurre porque este imputado se apersonó al lugar, conjuntamente con otra persona que le apodan T., según indican en sus declaraciones, en busca de una persona con la cual había tenido problemas de bandas barriales, y al no encontrar a este allí, emprende a tiros, tanto él como su acompañante, logrando herir de esta forma al menor de edad hoy fallecido, así también, a las dos personas que resultaron lesionadas, dentro de las cuales también se encontraba una menor de edad”. Que asimismo, establece el Tribunal a-quo que dichos testimonios no resultan interesados, dan una versión lógica y real de los hechos acontecidos, siendo los mismos coherentes tanto en la forma, en la identificación de los autores y el móvil del mismo. Que del estudio del acta de audiencia y la sentencia de marras, el Tribunal verificó que los testigos que Fecha: 11 de julio de 2018

    depusieron ante el Tribunal a-quo fueron los señores Elsilandy de O.M., H.D., H.S.M., B.R.C., V.M.A. de los Santos y E.W. de los Santos, los cuales fueron asentados en el acta de audiencia, y que estos, conforme la página 4 del acta de audiencia, fueron aislados del salón de audiencia, ordenando el Tribunal al custodio, extraerlos y que los mismos esperen a ser llamados. Que asimismo, no se verifica en el acta de audiencia ni en la sentencia, ninguna situación asentada que diera al traste con que algunos de los testigos ofertados por las partes haya permanecido en el salón de audiencias en la instrucción del proceso, desacatando la orden dada por el Tribunal; amén de que conforme a la normativa procesal penal, la permanencia de algún testigo en el salón de audiencias, en la forma en como lo ha descrito el recurrente, no da al traste ipso facto con la nulidad de la sentencia, sino, esta situación será valorada por los Jueces del juicio a los fines de determinar el valor que darán al testimonio que se encuentre rodeado de dichas circunstancias. Que del examen de la sentencia atacada, la Corte no constata la situación que plantea el recurrente, todo lo contrario, el Tribunal le indicó los derechos al justiciable y le estableció que el mismo era inocente hasta que las pruebas, legalmente obtenidas, demostraran lo contrario, lo que al efecto hizo el Tribunal, lo que se verifica no solo en la forma de valoración de las pruebas documentales y testimoniales, sino en la explicación diáfana, clara y certera que ha hecho dicho Tribunal en el caso en concreto, valorando con objetividad las pruebas, lo que produjo una sentencia de descargo respecto del co-imputado C.C.M.. Que esta objetividad se percibe también en el hecho de que el Tribunal, luego de ponderar de manera conjunta los elementos Fecha: 11 de julio de 2018

    probatorios, le extrae la calificación jurídica de asesinato al recurrente, solo reteniendo asociación de malhechores para cometer homicidio. Y asimismo, señala el Tribunal que aún verificándose que en la especie debió retenerse golpes y heridas, conforme las disposiciones contenidas en el artículo 309, por las heridas inferidas y diversas víctimas, varias de ellas menores de edad, el Tribunal no retuvo dicha calificación, a los fines de no agravar su situación, en el espectro del debido ejercicio al derecho de defensa; por lo que esta Corte tiene a bien rechazar dicho medio, por no existir el mismo en la sentencia impugnada” (ver numerales 7, 12 y 14, párrafos, Págs. 5, 6 y 7 de la decisión de la Corte);

    Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por el recurrente:

    Considerando, que el recurso de casación interpuesto recae

    directamente en cuanto a la valoración de las pruebas, con dos puntos a

    evaluar, que resultan ser la ausencia de las pruebas periciales de balística y

    las pruebas de naturaleza testimonial, con la finalidad de la determinación

    correcta de los hechos, aduciendo falta de motivación de la sentencia;

    Considerando, que el primer medio esbozado, plantea el recurrente

    que no se realizó el peritaje pertinente al arma de fuego utilizada para dar

    muerte al hoy occiso, con la finalidad de poder demostrar si fue la misma

    arma de fuego que entregó el padre del joven; agregando que el arma

    entregada tenía en su cargador cuatro balas y en la escena del crimen Fecha: 11 de julio de 2018

    fueron recuperados 20 casquillos; que la determinación de los hechos fue

    sustentada en pruebas testimoniales y certificantes, sin una prueba pericial;

    Considerando, que el presente proceso es presentado mediante una

    acusación que se sustenta en varios elementos de pruebas de carácter

    testimonial, documental y certificante, indudablemente se encuentra

    ausente de pruebas de naturaleza pericial; no obstante, en la audiencia del

    juicio los testigos resultan coherentes al señalar al imputado como la

    persona que realizó el disparo que le segó la vida al menor de edad José

    Juan Caminero Sosa;

    Considerando, que el artículo 170 del Código Procesal Penal,

    dispone de manera textual, lo siguiente: “los hechos punibles y sus

    circunstancias pueden ser acreditados mediante cualquier medio de prueba

    permitido, salvo prohibición expresa”;

    Considerando, que del texto antes indicado inferimos que en materia

    penal se puede emplear cualquier medio probatorio, de los autorizados en

    el estatuto procedimental, para acreditar los hechos y circunstancias

    referentes al objeto de la investigación y juzgamiento, teniendo como

    límite, respetar la legalidad en su producción e incorporación al proceso,

    en aras de garantizar la vigencia de los derechos esenciales de las partes Fecha: 11 de julio de 2018

    envueltas en la controversia y así satisfacer los atributos de la prueba

    acreditada en términos de su relevancia;

    Considerando, que es criterio constante de esta Segunda Sala de la

    Suprema Corte de Justicia, que en términos de función jurisdiccional de

    los tribunales, la valoración de los elementos probatorios no es una

    arbitraria o caprichosa actividad sometida al libre arbitrio del juzgador,

    etapa superada del proceso inquisitivo, sino que se trata de una tarea que

    se realiza mediante una discrecionalidad racional, jurídicamente

    vinculada a las pruebas que hayan sido sometidas al proceso en forma

    legítima y que se hayan presentado regularmente en el juicio oral, público

    y contradictorio, mediante razonamientos lógicos y objetivos, tal como

    ocurrió en la especie; por lo que procede rechazar el medio propuesto;

    Considerando, que el segundo medio argüido por el recurrente

    descansa en ataques a las pruebas testimoniales a cargo, al entender que

    son contradictorias en cuanto a la hora y sobre el lugar –nombre de la calle-

    de la ocurrencia de los hechos;

    Considerando, que la Corte a-qua al evaluar la subsunción realizada

    por el Tribunal a-quo, sobre las pruebas testimoniales a cargo hoy atacadas,

    señaladas como contradictorias, justipreció positivamente las declaraciones Fecha: 11 de julio de 2018

    que al ser avaladas con los demás medios de pruebas certificantes,

    señalaban al justiciable, fuera de toda duda razonable, como el autor de los

    hechos endilgados, acompañado de otra persona que se ha distraído del

    actual proceso, manteniendo el estado de prófugo;

    Considerando, que sobre la valoración de las pruebas, específicamente

    de los testigos del juicio, la Segunda Sala ha fijado criterio en innumerables

    sentencias, que el valor que otorgue el juez a los testimonios rendidos en el

    juicio escapa al control del recurso, que el tribunal de alzada no puede

    censurar al juez de primer grado la credibilidad dada a las declaraciones de

    testigos, por depender este asunto de la inmediación; es decir, solo el juez

    de juicio puede valorar si el testigo declaró tranquilo o nervioso, si fue

    pausado o impreciso, si mostró seguridad o no, y por ello es que se sostiene

    que ese punto es un asunto que escapa al control del recurso, en razón de

    que no es posible que un tribunal de alzada revise la fiabilidad otorgada

    por el juez de juicio a un testimonio que la Corte ni vio ni escuchó, a no ser

    que se produzca una desnaturalización de los testimonios rendidos, lo que

    no ocurrió en la especie; por lo que procede desestimar el medio propuesto;

    Considerando, que nuestro Tribunal Constitucional mantiene

    precedente al respecto, donde actualizadamente continúa estatuyendo,

    que: “En relación con la imputación de que la decisión de la Segunda Sala de la Fecha: 11 de julio de 2018

    Suprema Corte de Justicia omite una verificación y apreciación correcta de las

    pruebas testimoniales declaradas ante un Notario Público y siete testigos”, resulta

    improcedente, pues la naturaleza del recurso de casación no admite que la Suprema

    Corte de Justicia se involucre en apreciación de los hechos propios del proceso sobre

    cuya legalidad y constitucionalidad reclaman su intervención. Si el órgano

    jurisdiccional superior del Poder Judicial se involucrara en la apreciación y

    valoración de las pruebas presentadas por las partes durante el juicio de fondo,

    incurriría en una violación de las normas en las cuales fundamenta sus decisiones

    y desnaturalizaría la función de control que está llamado a ejercer sobre las

    decisiones de los tribunales inferiores respecto a la correcta aplicación de las

    disposiciones legales y constitucionales que le son sometidas;” (ver sentencia

    constitucional núm. TC-027-18, de fecha 13/03/2018);

    Considerando, que en relación a lo argüido por el recurrente, en cuanto

    a la errónea determinación de los hechos, destacamos que dentro del poder

    soberano de los jueces del fondo, se incluye la comprobación de la

    existencia de los hechos de la acusación, la apreciación de las pruebas, las

    circunstancias de la causa y las situaciones de donde puedan inferir el

    grado de culpabilidad del imputado; que la Suprema Corte de Justicia, en

    funciones de Corte de Casación, tiene solo el deber de verificar la

    apreciación legal de esos hechos y comprobar si los hechos determinados Fecha: 11 de julio de 2018

    por los jueces como constantes, reúnen los elementos necesarios para que

    se encuentre caracterizado el ilícito por cuya comisión han impuesto una

    pena, aseveración que ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, al

    ratificar la característica de recurso extraordinario que posee esta Sala (ver

    literales d, e y f, Págs. 17 y 18, sentencia TC/0102/2014, Tribunal

    Constitucional); por lo que, el medio planteado y analizado carece de

    sustento y debe ser desestimado;

    Considerando, que sobre la falta de motivos denunciado en el tercer

    medio argüido, ha sido evaluado el contexto motivacional de la decisión

    impugnada, quedando evidenciado que la decisión y justificación jurídica

    brindada por la Corte a-qua resulta correcta, al determinar que los

    testimonios directos y presenciales exhibidos en el juicio contradictorio,

    fueron acreditados positivamente por el Tribunal a-quo, determinándose

    gracias al amplio y variado fardo probatorio, el cuadro fáctico presentado

    en la imputación del acusador público, que permitió establecer la correcta

    calificación jurídica y posterior sanción; siendo de lugar rechazar el

    referido medio impugnativo;

    Considerando, que a juicio de esta S., la Corte a-qua ejerció

    adecuadamente el control vertical, respecto de lo resuelto en el tribunal de

    primer grado, al valorar y estimar el laudo frente a lo denunciado por el Fecha: 11 de julio de 2018

    recurrente, plasmando adecuadamente sus motivaciones en dicho acto

    jurisdiccional;

    Considerando, que los razonamientos externados por la Corte a-qua se

    corresponden con los lineamientos que rigen el correcto pensar, y

    satisfacen las exigencias de motivación pautadas por el Tribunal

    Constitucional Dominicano en su sentencia TC/0009/13, dado que en la

    especie, el tribunal de apelación desarrolla sistemáticamente su decisión;

    expone de forma concreta y precisa cómo ha valorado la sentencia apelada,

    y su fallo se encuentra legitimado en una fundamentación ajustada a las

    normas adjetivas, procesales y constitucionales vigentes y aplicables al caso

    en cuestión; de tal manera que esta Sala de la Corte de Casación no avista

    vulneración alguna en perjuicio del recurrente; procediendo, en tal sentido,

    a desestimar el recurso de que se trata;

    Considerando, que en ese tenor, la Segunda Sala Penal de la Suprema

    Corte de Justicia, en atención a lo pautado por el artículo 427.1 del Código

    Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015,

    procede a rechazar el recurso de casación de que se trata, confirmando la

    decisión recurrida;

    Considerando, que por disposición del artículo 246 del Código Procesal

    Penal, toda decisión que pone fin a la persecución penal, la archive, o Fecha: 11 de julio de 2018

    resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas

    procesales, las que son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal

    halle razón suficiente para eximirlas total o parcialmente; por lo que

    procede condenar al imputado al pago de las costas penales del proceso,

    por resultar vencido en sus pretensiones;

    Considerando, que los artículos 437 y 438 del Código Procesal Penal,

    modificados por la Ley núm. 10-15, y la resolución marcada con el núm.

    296-2005 del 6 de abril de 2005, contentiva del Reglamento del Juez de la

    Ejecución de la Pena para el Código Procesal Penal emitida por esta

    Suprema Corte de Justicia, mandan que copia de la presente decisión debe

    ser remitida, por la secretaría de esta alzada, al Juez de la Ejecución de la

    Pena del Departamento Judicial correspondiente, para los fines de ley.

    Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

    FALLA

    Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por L.F.G., contra la sentencia núm. 544-2016-SSEN-000175, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 10 de mayo de 2016; en consecuencia, confirma la decisión impugnada; Fecha: 11 de julio de 2018

    Segundo: Condena al recurrente L.F.G., al pago de las costas causadas en la presente alzada;

    Tercero: Ordena a la Secretaria General de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santo Domingo, para los fines correspondientes.

    (Firmados) M.C.G.B..- E.E.A.C..- A.A.M.S..- F.E.S.S..- H.R..

    La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.