Sentencia nº 825 de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Julio de 2018.

Fecha de Resolución:11 de Julio de 2018
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 11 de julio del 2018, que dice así:

D., Patria y Libertad República Dominicana

En nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema

Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Miriam

Concepción Germán Brito, P.; Esther Elisa Agelán

Casasnovas, A.A.M.S. e H.R.,

asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus

audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito

Nacional, hoy 11 de julio de 2018, años 175° de la Independencia y

155° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de

Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por G. de la Cruz

Batista (a) A., dominicano, mayor de edad, no porta cédula,

domiciliado en la calle P., al lado del colmado E.,

residencial Los L.I., Moca, provincia E., República

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Departamento Judicial de San Cristóbal el 19 de septiembre de 2016,

cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído a la Jueza Presidenta dejar abierta la audiencia para el

debate del recurso de casación y ordenar al alguacil el llamado de

las partes;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído a la Licda. A.D.P., por sí y por el Licdo.

M.Á.R.C., defensores públicos, en la formulación

de sus conclusiones, en representación del recurrente;

Oído el dictamen de la Procuradora General Adjunta Interina al

Procurador General de la República, L.. I.H. de

V.;

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito

por el Licdo. M.Á.R.C., defensor público, en

representación del recurrente, depositado en la secretaría de la Corte

a-qua el 8 de noviembre de 2016, mediante el cual interpone dicho

recurso;

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la cual declaró admisible, en la forma, el up supra aludido recurso,

fijando audiencia para el día 3 de julio de 2017, a fin de debatirlo

oralmente, fecha en la cual las partes concluyeron, decidiendo la

Sala diferir el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los

treinta (30) días dispuestos en el Código Procesal Penal, lo cual no se

pudo efectuar por motivos razonables; produciéndose la lectura el

día indicado en el encabezado de esta sentencia;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms.

156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de

haber deliberado y, visto la Constitución de la República; los

Tratados Internacionales, que en materia de derechos humanos

somos signatarios; la norma cuya violación se invoca, así como los

artículos 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del

Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15; y las

resoluciones núms. 3869-2006 y 2802-2009, dictadas por la Suprema

Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006 y el 25 de septiembre de

2009, respectivamente;

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siguientes:

  1. que el 30 de abril de 2015, el Procurador Fiscal Adjunto del

    Distrito Judicial de San Cristóbal, L.. Fernelis A. Rodríguez

    Castillo, presentó acusación y solicitud de apertura a juicio contra el

    ciudadano G. de la Cruz Batista (a) A., por el hecho de

    este supuestamente asociarse ilícitamente con otra persona para

    asaltar y ultimar de herida de arma de fuego, al señor Francis Fidel

    Geraldino Lugo (occiso), momentos en que este último se

    desplazaba en una motocicleta; imputándolo de violar las

    disposiciones de los artículos 265, 266, 379, 382, 383, 385, 295 y 304

    del Código Penal Dominicano; acusación que fue acogida de manera

    total por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de

    San Cristóbal, el cual emitió auto de apertura a juicio contra el

    encartado;

  2. que para la celebración del juicio fue apoderado el Tribunal

    Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del

    Distrito Judicial de San Cristóbal, el cual dictó la sentencia marcada

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    “PRIMERO: Declara a G.C.B. (a) A.E.C., de generales que constan, culpable de los ilícitos de asociación de malhechores, homicidio voluntario seguido de robo agravado y porte ilegal de arma de fuego, en violación a los artículos 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 383 del Código Penal Dominicano y 39 de la Ley 36-65, sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas en la República Dominicana, en perjuicio del hoy occiso F.F.G.L.; en consecuencia, se le condena a cumplir treinta (30) años de reclusión mayor a ser cumplidos en la Cárcel Pública de Azua; SEGUNDO: Declara la absolución del ciudadano J.M.P. (a) N., en virtud de las disposiciones legales contenidas en el artículo 337.5 del Código Procesal Penal, por haber sido solicitado por el Ministerio Público; en consecuencia, se ordena el cese de la medida de coerción impuesta en su contra en etapa preparatoria a propósito de este hecho; rechazando, en consecuencia, la solicitud de condena al Estado Dominicano, al pago de una indemnización a favor del imputado, conforme lo establece en el artículo 255 del Código Procesal Penal, por no tratarse de un proceso de revisión; TERCERO: Rechaza las conclusiones principales del abogado del imputado G.C.B. (a) A.E.C., toda vez que la responsabilidad de su patrocinado quedó plenamente probada en los tipos penales de referencia, en el inciso primero, con pruebas lícitas, suficientes y de cargo, capaces de destruir su presunción de inocencia;

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  3. que por efecto del recurso de apelación interpuesto por el

    imputado recurrente, contra la referida decisión, intervino la

    sentencia núm. 0294-2016-SSEN-00244, ahora impugnada en

    casación, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del

    Departamento Judicial de San Cristóbal el 19 de septiembre de 2016,

    cuyo dispositivo es el siguiente:

    “PRIMERO: Declara con lugar el recurso de
    apelación interpuesto en fecha diecisiete (17) del mes de
    mayo del año dos mil dieciséis (2016) por el Licdo.

    M.Á.R.C., defensor público, actuando
    a nombre y representación del imputado G. de la
    Cruz Batista, en contra de la sentencia núm. 301-03-2016-SSEN-00058, de fecha seis (6) del mes de abril
    del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Tribunal
    Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera
    Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, cuyo
    dispositivo figura copiado en parte anterior de la
    presente sentencia; en consecuencia, por efecto de lo
    establecido en el artículo 422.1, y sobre la base de los
    hechos fijados en la indicada sentencia, dicta
    directamente la sentencia del caso;
    SEGUNDO: Modifica el ordinal primero de la sentencia núm. 301-

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    Considerando, que el recurrente G. de la Cruz Batista (a)

    A., por medio de su abogado, propone contra la sentencia

    impugnada, el siguiente motivo:

    “Único Vicio: Sentencia manifiestamente infundada. (artículo 426.3 del Código Procesal Penal). (…)de lo expresado por la Corte a-qua (lo cual subrayamos), en nada constituye respuestas a lo alegado por la defensa, ya que simplemente se limita a decir que el tribunal de fondo pudo establecer la responsabilidad del imputado como autor principal con los testigos de cargo, motivos estos que constituyen meros enunciados genéricos que

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    Considerando, que para fallar en ese sentido, la Corte a-qua dio

    por establecido, en síntesis, lo siguiente:

    “10) Que sobre otro de los argumentos que contiene el primer motivo, donde el recurrente señala: “…que el imputado G.C.B. (a) A., en todo momento admitió la participación en el hecho, en el sentido de que fue la persona que conducía la motocicleta, y que su acompañante iba en la parte trasera de la misma, y fue este quien realizó los disparos que le provocaron la muerte de F.F.G.L., por lo que no se le pudo retener responsabilidad de porte ilegal de armas, ni tampoco de homicidio voluntario, ni de robo, sino la de cómplice, dado que no tuvo una participación directa en el hecho; tampoco resultan suficientes las pruebas testimoniales vertidas por el testigo C. de J.L., ni la del agente policial que participó en la investigación, por lo que la defensa considera que por el solo testimonio de una de las víctimas resultan suficientes, máxime con las contradicciones que se aprecian, quedan dudas serias sobre la participación en grado de autor del imputado, sino como cómplice”. Que sobre este argumento esta Corte luego observa contrario a lo dicho por la parte recurrente que el Tribunal a-quo

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    (a) A., quien también iba en una motocicleta en compañía de otra persona hasta ahora desconocida, pudiendo reconocer dicho testigo al imputado G.C.B. (a) A., quien tenía una pistola en las manos, con la cual le realizó tres o cuatros disparos, pero él logró escapar, y cuando mira hacia atrás, ve a su primo en el suelo que estaba boca abajo, ahí ve que se le pega, le dispara y le quita una pistola marca Taurus calibre 9mm, serie TGS99991, y cuando salió de donde está escondido, el motor no estaba ahí. Así mismo, de valoración del testimonio del agente actuante oficial de la Policía Nacional, J.A.P.B., el Tribunal a-quo pudo establecer que el mismo, al conocer la información de que habían llevado muerto al hospital de Barsequillo Haina, el raso F.F.G.L., quien falleciera a consecuencia de heridas de arma de fuego, se trasladó al lugar del crimen, recogió las informaciones y evidencias pertinentes, las cuales constan en el acta de inspección levantada al efecto, donde se hace constar que se encontraron tres casquillos 9 milímetros; y en fecha 13 de enero recibió dicho agente una llamada del coronel M. de Las Caobas, donde le informa que había apresado a J.M.P., después de haberle

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    Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y el medio planteado por el recurrente:

    Considerando, que el alegato del recurrente planteado en su

    único motivo, versa de manera específica sobre la valoración de los

    medios de pruebas y el quántum de la pena, refiriendo que hubo

    inobservancia por parte de la alzada, sobre tales aspectos;

    Considerando, que contrario a lo planteado, al examinar la

    decisión de la Corte en ese sentido, se puede observar que esta luego

    de hacer un análisis al fallo del tribunal de primer grado, dio

    respuesta a sus reclamos; que para ello examinó no solo las

    declaraciones de los testigos sino los hechos comprobados en dicha

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    Considerando, que la Corte a-qua determinó, a través de su

    correcto razonamiento, que los elementos de pruebas, sopesados y

    valorados en su justa medida por el Tribunal a-quo, fueron

    recogidos con la observancia de lo que establece la ley, y que

    además, a través de dicho examen probatorio, esencialmente las

    declaraciones del testigo a cargo C. de J.L., comprobó

    fuera de toda duda razonable, que el hoy recurrente G. de la

    Cruz (a) A., fue la persona que ultimó al ciudadano Francis

    Fidel Geraldino Lugo (occiso), tal como lo razonó la alzada; de ahí,

    que el quántum de la sanción penal aplicada está debidamente

    justificada conforme una verdadera fundamentación jurídica, legal y

    legítima, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones del artículo

    339 del Código Procesal Penal;

    Considerando, que a criterio de esta Segunda Sala, la prueba es

    el medio regulado por la ley para descubrir y establecer con certeza

    la verdad de un hecho controvertido, la cual es llevada a cabo en los

    procesos judiciales con la finalidad de proporcionar al juez o al

    tribunal el convencimiento necesario para tomar una decisión acerca

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    hechos punibles y sus circunstancias pueden ser acreditados

    mediante cualquier medio de prueba permitido, salvo prohibición

    expresa, por medio del cual las partes pueden aportar todo cuanto

    entiendan necesario, como ha sucedido en el presente caso, donde

    las declaraciones del testigo C. de J.L., como bien

    expone la alzada, fueron puntuales para con lo cuestionado; en tal

    sentido, el alegato externando por el recurrente carece de asidero

    jurídico, por lo que se rechaza;

    Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal

    dispone lo relativo a la potestad que tiene la Suprema Corte de

    Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideración,

    pudiendo tanto rechazar como declarar con lugar dichos recursos;

    Considerando, que en ese sentido, al no verificarse los vicios

    invocados en el medio objeto de examen y su correspondiente

    desestimación, procede el rechazo del recurso de casación de que se

    trata y la confirmación en todas sus partes de la decisión recurrida,

    de conformidad con las disposiciones del numeral 1 del aludido

    artículo 427 del Código Procesal Penal;

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    archiva, o resuelve alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas

    procesales. Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el

    tribunal halle razones suficientes para eximirla total o parcialmente”; en la

    especie, procede eximir al imputado del pago de las costas

    generadas del proceso, toda vez que el mismo se encuentra siendo

    asistido por el Servicio Nacional de Defensa Pública, toda vez que el

    artículo 28.8 de la Ley núm. 277-04, que crea el Servicio Nacional de

    la Defensoría Pública, establece como uno de los derechos de los

    defensores en el ejercicio de sus funciones el de “no ser condenados en

    costas en las causas en que intervengan”, de donde deriva la

    imposibilidad de que se pueda establecer condena en costas en el

    caso que nos ocupa.

    Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de

    Justicia,

    FALLA:

    Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por G. de la Cruz Batista (a) A., contra la sentencia núm. 0294-2016-SSEN-00244, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San

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    Segundo: Exime al recurrente del pago de las costas generadas por estar asistido de la defensa pública;

    Tercero: Ordena a la Secretaría General de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal, para los fines correspondientes.

    (Firmados) M.C.G.B.-E.E.A.C.-AlejandroA.M.S.-H.R..

    La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

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