Sentencia nº 905 de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Julio de 2018.

Fecha de Resolución:11 de Julio de 2018
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Sentencia núm. 905

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 11 de julio del 2018, que dice así:

D., Patria y Libertad República Dominicana

En nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces M.C.G.B., P.; H.R. y R.A.B.G., designado por la Suprema Corte de Justicia, mediante auto núm. 12-2018 del 4 de junio de 2018, asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 11 de julio de 2018, años 175° de la Independencia y 155° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por C.E.V.M., dominicano, mayor de edad, no porta cédula, domiciliado y residente en la calle respaldo M.M., callejón Progreso, núm. 10-A, sector Villas Agrícolas, Distrito Nacional, imputado, contra la sentencia núm. 00202/2015, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 31 de agosto de 2015, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído a la Jueza Presidenta dejar abierta la audiencia para el debate del recurso de casación y ordenar al alguacil el llamado de las partes;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al Licdo. F.A., defensor público, en la formulación de sus conclusiones en audiencia del 16 de octubre de 2017, a nombre y en representación del recurrente;

Oído el dictamen de la Procuradora General Adjunta interina al

Procurador General de la República, L.. I.H. de V.;

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por el Licdo. E.J.C., defensor público, en representación del recurrente, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 11 de octubre de 2016, mediante el cual interpone dicho recurso;

Visto la resolución núm. 2170-2017, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 16 de mayo de 2017, que declaró admisible en cuanto a la forma, el recurso de casación interpuesto y fijó audiencia para conocerlo el 30 de agosto de 2017, suspendiéndose a los fines de convocar a la parte recurrida a una próxima audiencia, fijada para el 16 de octubre de 2017, fecha en la cual se difirió el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30) días dispuestos en el Código Procesal Penal, lo cual no se pudo efectuar por motivos razonables; consecuentemente, produciéndose la lectura el día indicado en el encabezado de esta sentencia;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, visto la Constitución de la República; los Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; los artículos 70, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 423, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015; 295, 304, 379 y 382 del Código Penal Dominicano; y las resoluciones núms. 3869-2006 y 2802-2009, dictadas por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006 y el 25 de septiembre de 2009, respectivamente;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes: a) que el 15 de julio de 2013, el Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Duarte, L.. J.A.D.S., presentó formal acusación y solicitud de apertura a juicio contra C.E.V.M., imputándole violación a las disposiciones de los artículos 295, 304, 379 y 382 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de M. de J.C.P. (occiso);

  1. que el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Duarte, acogió la acusación presentada por el Ministerio Público, por lo cual emitió auto de apertura a juicio contra el imputado C.E.V.M., mediante la resolución núm. 00171-2013 del 16 de diciembre de 2013;

  2. que para la celebración del juicio fue apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, el cual dictó la sentencia núm. 117-2014 el 3 de noviembre de 2014, cuya parte dispositiva resulta ser la siguiente:

“PRIMERO: Declara culpable a C.E.V.M. de cometer homicidio voluntario, en perjuicio de M. de J.C.P., hecho previsto y sancionado por las disposiciones de los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano; acogiendo las conclusiones vertidas por el Ministerio Público, a las que se adhirió la parte querellante, rechazando de esta forma las conclusiones de la defensa técnica del imputado, por los motivos expuestos y plasmados en el cuerpo de esta sentencia; SEGUNDO: Condena a C.E.V.M., a veinte (20) años de prisión, para ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle, de esta ciudad de San Francisco de Macorís; TERCERO: Condena a C.E.V.M., al pago de las costas penales del proceso; en cuanto a las civiles, se rechazan; CUARTO: Se advierte al imputado, quien es la parte que la decisión le ha resultado desfavorable, que a partir que reciba la notificación de esta sentencia, tiene un plazo de diez (10) días hábiles para interponer recurso de apelación en caso que quiera hacer uso del derecho a recurrir, en virtud de las disposiciones de los artículos 293, 294, 416, 417 y 418 del Código Procesal Penal”;
d) que no conforme con esta decisión, el imputado C.E.V.M. interpuso recurso de apelación, siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, la cual dictó la sentencia núm. 00202/2015 el 31 de agosto de 2015, cuya parte dispositiva establece:

PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha treinta (30) del mes de marzo del año dos mil quince (2015), por el Licdo. E.J.C. (defensor público), quien actúa a nombre y representación del imputado C.E.V.M., en contra de la sentencia núm. 117/2014 de fecha tres (3) del mes de noviembre del año dos mil catorce (2014), dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte. Queda confirmada la sentencia impugnada;
SEGUNDO: La
lectura de la presente decisión vale notificación para las
partes presentes y manda que la secretaria la comunique.

Advierte que a partir de que les sea entregada una copia
íntegra de la presente decisión, disponen de un plazo de
veinte (20) días hábiles para recurrir en casación por ante la
Suprema Corte de Justicia, vía la secretaría de esta Corte de
Apelación, si no estuviesen conformes, según lo dispuesto en
el artículo 418 del Código Procesal Penal, modificado por la
Ley núm. 10-15 del 6 de febrero de 2015”;

Considerando, que el recurrente en la exposición de su recurso, presenta el siguiente medio impugnativo:

Único Motivo: Sentencia manifiestamente infundada por errónea aplicación de normas jurídicas (artículo 426.3 Código Procesal Penal), errónea aplicación de los artículos 24, 172 y 333 del Código Procesal Penal. En cuanto a la falta de motivación de la sentencia y errónea valoración de las pruebas, lo que condujo a una incorrecta derivación probatoria. El ciudadano C.E.V.M. fue declarado culpable de cometer homicidio voluntario en perjuicio de M. de J.C.P. y fue condenado a cumplir 20 años de reclusión mayor, y al pago de las costas penales del proceso, debido a que los Jueces del tribunal de primer grado y los Jueces de la Corte aplicaron de forma errónea los artículos 24, 172 y 333 del Código Procesal Penal, al motivar de forma insuficiente la sentencia emitida, al valorar de forma errónea las pruebas testimoniales que fueron producidas en el juicio, lo que condujo a una incorrecta derivación probatoria, lo que trajo como consecuencia una condena injusta en contra de nuestro representado. De lo anterior se desprende que los Jueces de la Corte copian la motivación de los Jueces de primer grado cuando estos fijan los hechos, y en esas motivaciones se evidencian las debilidades que tenían las pruebas testimoniales que fueron tomadas como base para condenar al imputado, a saber, el tribunal sentenciador establece que llega a la conclusión de que el imputado es culpable en base a prueba directa y referencial, pero resulta que en este proceso no se presentó ninguna prueba directa, porque el imputado no fue visto por nadie cometer el hecho, y así lo plasman los Jueces de primer grado en el literal b) de las páginas 30 y 31 numeral 12, de las motivaciones que copian los Jueces de la Corte, lo que se aprecia en el párrafo que precede. Lo que evidencia que los Jueces de la Corte incurren en falta de motivación de su decisión, pues se amparan en las motivaciones de los Jueces de primer grado, obviando dar sus propias motivaciones. Los Jueces de la Corte han convertido en costumbre responder de forma conjunta los motivos que se identifican en el recurso de apelación, y en esa contestación conjunta obvian responder varios vicios que se le han presentado e identificado en el recurso de apelación, y se fundamentan en las motivaciones de los Jueces de primer grado para contestar lo que se le ha solicitado, olvidando responder los aspectos identificados como vicios con sus propias motivaciones, lo que hace que su decisión carezca de motivación suficiente en violación al artículo 24 del Código Procesal Penal. Un punto importante es que el hecho fue investigado por dos Ministerios Públicos, la Licda. M.S., quien levantó el cadáver, y el Licdo. M.D.R., quien la acompañó, pero estos funcionarios cometieron errores incorregibles en la investigación de este caso, ya que, procesaron la escena del crimen conjuntamente con la policía científica, y no le hicieron experticia a ninguno de los objetos encontrados en el lugar del hecho, no levantaron huella dactilares, ni palmares, ni plantares, no le hicieron evaluación dactiloscópica al cuerpo del occiso, para determinar si había alguna huella dactilar plasmada en el cuerpo, y luego procesarla para identificar a algún sospechoso en la comisión del crimen investigado, no se hizo autopsia al cadáver para determinar de forma precisa la hora y la manera de la muerte como lo manda la Ley núm. 136, sobre Autopsia. La falta de levantamiento de prueba científica, en un caso donde no hubo testigo ocular del hecho y en donde solo hubo pruebas referenciales e indiciarias, dejó la suerte del imputado a la apreciación subjetiva y especulativa de los Jueces de primer grado y los Jueces de la Corte, lo que condujo a que este fuera condenado con pruebas insuficientes valoradas de forma incorrecta, y con una sentencia motivada de forma insuficiente. En el caso que nos ocupa, el ciudadano C.E.V.M., fue condenado a 20 años de reclusión mayor, por un hecho que le fue endilgado a dos personas y que no fue presenciado por nadie, basándose los Jueces de primer grado y los Jueces de la Corte, en pruebas referenciales e indiciarias que no pueden establecer con certeza fuera de toda duda razonable, que el autor del hecho es el imputado, porque nadie lo vió cometer el hecho, incurriendo los Juzgadores en falta de motivación de su decisión y en errónea valoración de las pruebas producidas en el juicio, lo que lo condujo a una incorrecta derivación probatoria, por lo que no se correspondía condenarlo a 20 años de prisión, ya que es imposible motivar una pena tan grave en las condiciones y
con las pruebas referenciales e indiciarias con que fue condenado el imputado; lo correcto era dictar sentencia absolutoria y no condenarlo como lo hicieron”;

C., que según se extrae del fallo impugnado, la Corte aqua para justificar la decisión expresó, lo siguiente:

La Corte en el examen de manera bien ponderada del presente recurso de apelación y de la sentencia impugnada, se procede a contestar los dos motivos esgrimidos por el recurrente de manera conjunta, por la similitud que guardan uno del otro, en los cuales se alega fundamentalmente errónea valoración de la prueba e insuficiencia de motivación de la decisión; sin embargo, se precisa que para el tribunal de primer grado declarar culpable al imputado C.E.V.M., por ocasionarle la muerte a consecuencia de varios golpes a quien en vida respondía al nombre de M. de J.C.P. (a) C., en violación a las disposiciones de los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, valoró de manera adecuada las pruebas debatidas en el juicio, principalmente las declaraciones de R.E.C.S.… Siguiendo el examen de la decisión impugnada, como se deja ver en las declaraciones principales de los dos testigos R.E.C.S. y R.A.R., estos vieron al imputado junto a un morenito en el lugar donde se produjo el hecho punible; en tanto, con las declaraciones de los demás testigos que depusieron en el juicio, señalados más arriba, y con las demás pruebas valoradas por el Tribunal, a juicio de esta Corte, esos testimonios fueron bastantes para que el Tribunal decidiera en la forma que lo hizo…

(ver numerales 7 y 8, páginas 12 y 13 de la decisión de la
Corte a-qua);

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada
y el medio planteado por la parte recurrente
: Considerando, que el reclamante en un único medio impugnativo presenta varios aspectos a tratar, que resultan ser en primer orden, denuncias sobre una errónea aplicación de los artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal, punteando en cuanto a la valoración de las pruebas, específicamente las testimoniales de carácter referencial y la carencia de pruebas especializadas para estos tipos de casos. En un segundo plano, arguye falta de motivación de la decisión impugnada;

Considerando, que sobre el primer aspecto se puede denotar varios ataques sobre los testigos referenciales; no obstante, la Corte a-qua valoró el contenido de los mismos y apreció las consideraciones realizadas por el tribunal del juicio;

Considerando, que en cuanto a los testigos referenciales, a su vez resultan ser testigos directos, no del hecho, pero sí directos respecto de las circunstancias que afirmaban conocer, resultan ser de primera mano, toda vez que ofrecen informaciones en cuanto a la ubicación antes o después del imputado frente al hecho antijurídico acontecido, dentro de las peculiaridades de la zona, una propiedad privada y rural, lo que se refuerza con los demás elementos de prueba;

Considerando, que los testigos referenciales, ajustado a lo establecido jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia, que razona que:

Considerando, que el medio de prueba tomado por la Corte a-qua para sustentar su sentencia de condenación, lo constituyó el testimonio de tipo referencial ofrecido por dos personas que bajo la fe del juramento declararon que en presencia de ellos, la víctima reconoció entre varias fotografías, la de su agresor, figura que corresponde a la persona del imputado; que ha sido juzgado que cuando un testigo sostiene que alguien expresó en su presencia algún dato o informe que conoció directamente mediante cualquiera de sus sentidos, esa testificación constituye un elemento con fuerza probatoria, toda vez que es el reflejo o repetición del real conociendo de alguien que presenció el hecho o la imagen de que se trate; sobre todo, si ese testimonio referencial es concordante con otras circunstancias del caso y si no es contradicho por otro medio de prueba con mayor poder de persuasión; por lo que el mismo es un elemento probatorio válido, pues la ley no excluye su eficacia; que, en la especie, los jueces del fondo entendieron dicho testimonio confiable, y su credibilidad no puede ser censurada en casación, pues no se ha incurrido en desnaturalización, en razón de que las declaraciones vertidas en el plenario han sido interpretadas en su verdadero sentido y alcance; por consiguiente, la Corte aqua ha obrado correctamente, por lo que procede rechazar los medios propuestos

(ver sentencia núm. 59 del 27 de junio de 2007, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia);

Considerando, sobre la valoración de las pruebas, específicamente de los testigos del juicio, esta S. ha sostenido en innumerables fallos que el valor que otorgue el juez a los testimonios rendidos en el juicio, escapa al control del recurso; que el tribunal de alzada no puede censurar al juez de primer grado la credibilidad otorgada a las declaraciones de testigos, por depender este asunto de la inmediación, es decir, solo el juez de juicio puede valorar si el testigo declaró tranquilo o nervioso, si fue pausado o impreciso, si mostró seguridad o no, y por ello es que se sostiene que ese punto es un asunto que escapa al control del recurso, en razón de que no es posible que un tribunal de alzada revise la credibilidad dada por el juez de juicio a un testimonio que la corte ni vio ni escuchó, a no ser que se produzca una desnaturalización de los testimonios rendidos, lo que no ocurrió en la especie; por tanto, el medio alegado carece de fundamento, en consecuencia, procede desestimarlo;

Considerando que la Corte a-qua al evaluar la subsunción realizada por el Tribunal a-quo, sobre las pruebas testimoniales atacadas, todas ellas directas en cuanto a su contenido, las que plasmó y valoró de manera íntegra en su decisión, al encontrarse corroboradas entre sí, siendo justipreciado positivamente por la alzada apelativa, y al mismo tiempo con los demás elementos de pruebas. Que, el imputado fue sindicalizado por varios vecinos del extenso terreno, compuesto por varias fincas, como la persona que acompañado de otro joven no identificado, se introdujeron a la finca –propiedad privada- que le fue cedida al occiso para trabajarla, siendo este cuestionado por los lugareños sobre su paso dentro del lugar sin justificación valedera y siendo extraño a la zona, antes y después del deceso violento de M. de J.C.P., que avalado con otros elementos de prueba de carácter certificante, ha quedado retenida la responsabilidad penal del justiciable, fuera de toda duda razonable;

Considerando, que al proceder esta Segunda Sala al análisis de la sentencia impugnada, ha constatado que, contrario a los alegatos esgrimidos por el recurrente en su único medio, la Corte a-qua, además de adoptar los motivos esbozados por el tribunal de primer grado, que eran correctos, estableció también sus propios motivos, indicando que luego de examinar la decisión del Tribunal a-quo, constató una adecuada valoración por parte de esta instancia a lo manifestado por los testigos, con lo cual quedó determinada la participación y responsabilidad del imputado en el referido homicidio; C., que se ha de destacar la naturaleza del hecho delictivo, el cual se distingue como un hecho de sangre violento que se realiza en la clandestinidad, tal como fue establecido por lógica y máxima de experiencia por el tribunal de juicio;

Considerando, en otro ángulo de la reclamación, resulta ser la ausencia de las pruebas de naturaleza pericial, como análisis dactilares y de la autopsia, aspectos que le fueron presentados a la Corte a-qua en ámbito del recurso de apelación que la apoderaba, el cual no tomó en cuenta dentro de su decisión, concatenándose con la denuncia de falta de fundamento o motivación de la decisión impugnada;

Considerando, que esta Sala Casacional ha podido constatar que el último aspecto planteado por el recurrente, a pesar de haberse invocado a la Corte, no fue respondido; sin embargo, es una falta que no acarrea nulidad alguna, en razón de que fue un aspecto recogido y decidido por el tribunal de juicio. Que, de lo ya establecido por los elementos de pruebas valoradas y el fáctico establecido por el Tribunal a-quo, puede ser enmendado en esta etapa casacional;

Considerando, que del examen y ponderación de la sentencia recurrida hemos verificado que uno de los reclamos invocados por ante la alzada a través del recurso de apelación, y de acuerdo a la documentación que conforma la glosa procesal y el cuerpo de la decisión de juicio, con respecto a las pruebas periciales, se determina que las mismas estuvieron presentes y abundantes a la medida de las posibilidades y peculiaridades de la zona rural donde acontece el hecho perseguido, que por ende es donde se conoce el proceso judicialmente;

Considerando, que en ese mismo tenor, las pruebas periciales consistieron en el levantamiento de cadáver, certificado médico legal instrumentado por el médico legista que realiza el levantamiento y posteriormente practica las evaluaciones de rigor, determinando las causas forenses de la muerte, siendo ofrecido el mismo como perito competente para avalar lo certificado; conclusiones médicas que constan en el acta de defunción emitida por el Oficial del Estado Civil;

Considerando, que de lo descrito precedentemente, se comprueba que este vicio invocado por el recurrente fue abarcado por las pruebas periciales que sustentan la acusación, utilizada posteriormente por los jueces de juicio, para sustentar su decisión condenatoria;

Considerando, que efectivamente, existen pruebas científicas actualizadas y especializadas, no obstante, son válidas las pruebas científicas utilizadas en tiempos anteriores, con la finalidad de determinar la causa del deceso, por lo que el argumento enarbolado por el recurrente resulta improductivo para sostener su acción recursiva en el aspecto señalado, dado que existen pruebas periciales hábiles de su contenido, que avalados a los otros elementos que lo atan al proceso, fortalecen la decisión condenatoria, como es el señalamiento de los testigos referenciales, reforzados por el elenco probatorio que lo coloca indudablemente en el tiempo, modo y lugar del fáctico acaecido;

Considerando, que en consonancia con lo denunciado por el reclamante, resulta reprochable la actuación de la Corte a-qua de no pronunciarse específicamente sobre este cuestionamiento formalmente realizado, faltando a su obligación de emitir decisión en cuanto a todo lo planteado por las partes, como garantía del acceso de los ciudadanos a una administración de justicia oportuna, justa, transparente y razonable; así como a la prevención de la arbitrariedad en la toma de decisiones, las cuales deben contener una motivación suficiente, de manera tal, que le permita a esta jurisdicción casacional determinar si se realizó una correcta aplicación de la ley y el derecho, lo que ha ocurrido en la especie; situación que ocasionó un perjuicio al recurrente, debido a que la acción de la alzada no satisface el requerimiento de una tutela judicial efectiva, que de esta forma se revela que la Corte a-qua, al no ponderar de manera adecuada y conforme al debido proceso este punto cuestionado en el recurso de apelación, ha incurrido en el vicio invocado; el cual esta alzada casacional ha procedido a subsanar, sin necesidad de dar lugar a las demás reclamaciones, por no poseer asidero jurídico, por lo que procede rechazar el recurso de casación;

Considerando, que en tal sentido, luego de las motivaciones suplidas, la decisión impugnada permanece intacta en sus demás aspectos, sin variar la fundamentación confirmada por la Corte a-qua, por ser considerada correcta y apegada a la buena aplicación del derecho;

Considerando, que el artículo 427 del código Procesal Penal relativo al procedimiento y decisión de los recursos de casación, dispone que la Suprema Corte de Justicia puede rechazar el recurso en cuyo caso la decisión recurrida queda confirmada, o declarar con lugar el recurso en cuyo caso dicta directamente la sentencia sobre la base de las comprobaciones de hecho ya fijadas por la sentencia recurrida;

Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispone: “Imposición. Toda decisión que pone fin a la persecución penal, la archiva, o resuelve alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el Tribunal halle razones suficientes para eximirla total o parcialmente”; por lo que, procede eximirlas en virtud de las disposiciones de la Ley núm. 277-03, que instituye el Servicio Nacional de la Defensa Pública, la que contiene el no pago de las costas penales cuando interviene en la asistencia de algún imputado;

Considerando, que los artículos 437 y 438 del Código Procesal Penal, modificados por la Ley núm. 10-15, y la resolución marcada con el núm. 296-2005 del 6 de abril de 2005, contentiva del Reglamento del Juez de la Ejecución de la Pena para el Código Procesal Penal emitida por esta Suprema Corte de Justicia, mandan que copia de la presente decisión debe ser remitida, por la secretaría de esta alzada, al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial correspondiente, para los fines de ley.

Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

FALLA

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por C.E.V.M., contra la sentencia núm. 00202/2015, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 31 de agosto de 2015, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión; en consecuencia, confirma la decisión impugnada, por las razones expuestas en el cuerpo de la presente decisión; Segundo: E. al recurrente del pago de las costas por estar asistido de la defensa pública; Tercero: Ordena a la Secretaria General de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, para los fines correspondientes.

(Firmados) M.C.G.B.-H.R.-Rafael
A.B.G..

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.