Sentencia nº 839 de Suprema Corte de Justicia, del 12 de Julio de 2017.
| Fecha | 12 Julio 2017 |
| Número de resolución | 839 |
| Número de sentencia | 839 |
| Emisor | Segunda Sala Suprema Corte de Justicia |
C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 11 de julio del 2018, que dice así:
D., Patria y Libertad República Dominicana
En nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia, regularmente constituida por los Miriam
Concepción Germán Brito, P.; Esther Elisa Agelán
Casasnovas, A.A.M.S., Fran Euclides
Soto Sánchez e H.R., asistidos del secretario de estrados,
en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo
Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 11 de julio de 2018,
años 175° de la Independencia y 155° de la Restauración, dicta en
audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Henry Almánzar
Delgado, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de
identidad y electoral núm. 229-0013179-2, domiciliado y residente
en la calle Florida Soriano núm. 14, sector Los Alcarrizos, provincia
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Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do sentencia núm. 544-2016-SSEN-0065, dictada por la Sala de la
Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial
de Santo Domingo el 9 de marzo de 2016, cuyo dispositivo se copia
más adelante;
Oído a la Jueza Presidenta dejar abierta la audiencia para el
debate del recurso de casación y ordenar al alguacil el llamado de
las partes;
Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el dictamen de la Procuradora General Adjunta interina
al Procurador General de la República, L.. A.M.B.;
Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito
por la Licda. N.C., defensora pública, en representación
del recurrente, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 22
de marzo de 2016, en el cual fundamenta su recurso;
Visto el escrito de contestación suscrito por el Dr. Héctor
Francisco Roque Acevedo, en representación de Santa Isabel Doñé
Santos, E.M.A., F.A.P.D.
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Visto la resolución núm. 1573-2017, dictada por la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia el 3 de abril de 2017, mediante
la cual declaró admisible en la forma, el up supra aludido recurso,
fijando audiencia para el día 12 de julio de 2017, a fin de debatirlo
oralmente, fecha en la cual la parte presente concluyó, decidiendo
la Sala diferir el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los
treinta (30) días dispuestos en el Código Procesal Penal, lo cual no
se pudo efectuar por motivos razonables; produciéndose la lectura
el día indicado en el encabezado de esta sentencia;
Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms.
156 de 1997 y 242 de 2011;
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de
haber deliberado y, visto la Constitución de la República; los
Tratados Internacionales, que en materia de derechos humanos
somos signatarios; la norma cuya violación se invoca; así como los
artículos 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del
Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15; las
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de 2009, respectivamente;
Considerando, que en la decisión impugnada y en los
documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los
siguientes:
-
que el 13 de julio de 2013, el Procurador Fiscal Adjunto de
la provincia Santo Domingo, L.. T.J.S., presentó
acusación y solicitud de apertura a juicio contra Henry Almánzar
Delgado, por el hecho de este presuntamente asociarse ilícitamente
con otra persona y despojar a los señores S.I.D.S.,
P.E.P., S.I.P.D. y Robert
Francisco, de sus pertenecias, y posterior a dicho accionar, ultimar
de heridas de balas al hoy occiso T.M.A.;
inculpándolos de violación a las disposiciones de los artículos 265,
266, 295, 304, 379, 382 y 386-2 del Código Penal Dominicano, y 39 y
40 de la Ley núm. 36, sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas
en la República Dominicana; acusación esta que fue acogida
totalmente por el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito
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-
que apoderado para la celebración del juicio, el Primer
Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, dictó el 15 de
junio de 2015 la sentencia marcada con el núm. 278-2015, cuyo
dispositivo se encuentra insertado dentro de la sentencia
impugnada;
-
que por efecto del recurso de apelación interpuesto por el
imputado contra la referida decisión, intervino la sentencia núm.
544-2016-SSEN-0065, ahora impugnada en casación, dictada por la
Sala Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento
Judicial de Santo Domingo el 9 de marzo de 2016, cuya parte
dispositiva se describe a continuación:
“PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por la Licda. N.C., defensora pública, en nombre y representación del señor H.A.D., en fecha veintinueve (29) del mes de julio del año dos mil quince (2015), en contra de la sentencia 278-2015 de fecha quince (15) del mes de junio del año dos mil quince (2015) dictada
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(15) del mes de junio del año dos mil quince (2015), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo; TERCERO: Compensa las costas del procedimiento, por haber sido el recurrente asistido de abogado defensor público; CUARTO: Ordena a la secretaria de esta Sala la entrega de una copia íntegra de la presente sentencia a cada una de las pates que conforman el presente proceso”;Considerando, que el recurrente H.A.D.
invoca como medio de casación, el siguiente:
“Único Motivo: Cuando la sentencia de la corte de apelación sea manifiestamente infundada… (artículos 24, 426.3 del Código Procesal Penal) referente a la falta de motivación en la sentencia (artículo 417.2 del Código Procesal Penal). A que
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Considerando, que para fallar en ese sentido, la Corte a-qua
dio por establecido, en síntesis, lo siguiente:
“ Considerando, que en lo relativo al primer medio del recurso impetrado por el procesado, hoy recurrente, en el que invocó que el Tribunal a-quo incurrió en violación a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, ya que había basado su decisión en testigos que no resultaban suficientes para destruir la presunción de inocencia del procesado, porque a este no se le había ocupado nada comprometedor o relacionado al hecho delictivo de que se tarta; esta Corte pudo apreciar que en las
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Los Jueces, después de haber analizado la decisión impugnada y el medio planteado por el recurrente:
Considerando, que bajo el vicio de sentencia manifiestamente
infundada por falta de motivación, en lo relativo a la valoración de
los medios de pruebas, el recurrente le imputa a la Corte a-qua
haber confirmado la condena de 30 años de prisión impuesta
contra este, tras haber inobservado la ponderación de los elementos
probatorios sometidos al contradictorio, pues, según el recurrente,
ningunos de los testimonios valorados resultan suficientes para
vincular al recurrente con los hechos que se le imputan;
Considerando, que luego de analizar el recurso de casación y
la sentencia objeto del recurso que nos ocupa, se evidencia que
contrario a lo argumentado por el recurrente, sobre la alegada falta
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en sus aseveraciones, toda vez que la Corte a-qua de manera
puntual y sustentado en derecho, desatendió los motivos alegados
ante ella, por considerar que la decisión de primer grado denotaba
una correcta valoración de los medios probatorios, tanto los
testigos a cargo, como lo relativo a las formalidades del acta de
reconocimiento de persona, la cual, a criterio de la alzada, estaba
ajustado a los parámetros legales en su condición de medio
probatorio complementario, y que finalmente, la pena impuesta era
proporcional al tipo penal comprobado y endilgado a la persona
del imputado recurrente, y para ello, la Corte a-qua dio razones
suficientes ajustadas al derecho;
Considerando, que se pone en evidencia la improcedencia de
lo argüido por el recurrente en el memorial de agravios, pues
contrario a lo establecido, la responsabilidad penal del imputado
en los hechos que se le imputan como consecuencia del ilícito
consumado, ha quedado claramente establecida a través de la
valoración conjunta y armónica de los elementos de pruebas
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Considerando, que la motivación de la sentencia resulta una
obligación de los tribunales del orden judicial, lo que debe
asumirse como un principio general e imperativo para que las
partes vinculadas a los procesos judiciales encuentren la prueba de
su condena, descargo, o de rechazo a sus pretensiones, según sea el
caso; y que la sentencia no sea el resultado de una apreciación
arbitraria del juzgador, sino que los motivos expresados en ella
sean el resultado de la valoración real de lo que el juez o tribunal
analizó al aplicar la norma jurídica, y del análisis de los hechos
sometidos a la sana crítica, lo que fue claramente observado por la
Corte a-qua;
Considerando, que en términos de función jurisdiccional de
los tribunales, la valoración de los elementos probatorios no es una
arbitraria o caprichosa actividad sometida al libre arbitrio del
juzgador, sino que se trata de una tarea que se realiza mediante
una discrecionalidad racional jurídicamente vinculada a las
pruebas que hayan sido sometidas al proceso en forma legítima y
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recurrente cuestionó la falta de motivación en torno a la valoración
de las pruebas, aspectos que fueron debidamente examinados por
la Corte a-qua; en consecuencia, se desestima el presente medio y,
por tanto, procede rechazar el recurso;
Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal
dispone lo relativo a la potestad que tiene la Suprema Corte de
Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideración,
pudiendo tanto rechazar como declarar con lugar dichos recursos;
Considerando, que en ese sentido, al no verificarse los vicios
invocados en el medio objeto de examen y su correspondiente
desestimación, procede el rechazo del recurso de casación de que
se trata y la confirmación en todas sus partes de la decisión
recurrida, de conformidad con las disposiciones del numeral 1 del
aludido artículo 427 del Código Procesal Penal;
Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal
dispone: “Imposición. Toda decisión que pone fin a la persecución penal,
la archiva, o resuelve alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las
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la especie, procede eximir al imputado del pago de las costas del
proceso, toda vez que el mismo se encuentra siendo asistido por el
Servicio Nacional de la Defensa Pública, toda vez que el artículo
28.8 de la Ley núm. 277-04, que crea el Servicio Nacional de la
Defensoría Pública, establece como uno de los derechos de los
defensores en el ejercicio de sus funciones el de “no ser condenados
en costas en las causas en que intervengan”, de donde deriva la
imposibilidad de que se pueda establecer condena en costas en el
caso que nos ocupa.
Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia,
FALLA:
Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por H.A.D., contra la sentencia núm. 544-2016-SSEN-0065, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 9 de marzo de 2016, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte
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Segundo: E. al recurrente del pago de las costas generadas, por estar asistido de la defensa pública;
Tercero: Ordena a la Secretaría General de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santo Domingo, para los fines correspondientes;
(Firmados) M.C.G.B..- E.E.A.C..- A.A.M.S..- F.E.S.S..- H.R..
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.
La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 10 de septiembre del 2018, para los fines correspondientes. Exonerada de pagos de impuestos internos y sellos de impuestos internos.
C.A.R.V..
Secretaria General
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