Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Julio de 2018.

Fecha de Resolución:11 de Julio de 2018
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 11 de julio del 2018, que dice así:

D., Patria y Libertad República Dominicana

En nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema

Corte de Justicia, regularmente constituida por los Miriam

Concepción Germán Brito, P.; Esther Elisa Agelán

Casasnovas, A.A.M.S. e H.R.,

asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus

audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito

Nacional, hoy 11 de julio de 2018, años 175° de la Independencia y

155° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de

Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Juan Carlos

Estévez, dominicano, mayor de edad, casado, buhonero, portador

de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1811878-5,

domiciliado y residente en la calle E.M. de Hostos,

1

Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do imputado y civilmente demandado, contra la sentencia núm. 28-2017, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de

Apelación del Distrito Nacional el 23 de marzo de 2017, cuyo

dispositivo se copia más adelante;

Oído al J.P. en funciones dejar abierta la audiencia

para el debate del recurso de casación y ordenar al alguacil el

llamado de las partes;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al Licdo. C.B., por sí y por la Licda. Asia

Altagracia Jiménez Tejeda, defensores públicos, en la formulación

de sus conclusiones en representación del recurrente;

Oído el dictamen de la Licda. A.M.B., Procuradora

General Adjunta al Procurador General de la República;

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por

la Licda. A.A.J.T., defensora pública, en

representación del recurrente, depositado en la secretaría de la Corte

a-qua el 10 de abril de 2017, mediante el cual interpone dicho

recurso;

2

Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do de la Suprema Corte de Justicia el 4 de agosto de 2017, mediante la

cual declaró admisible en la forma, el up supra aludido recurso,

fijándose audiencia para el día 11 de octubre de 2017, a fin de

debatirlo oralmente, fecha en la cual las partes presentes

concluyeron, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del fallo

dentro del plazo de los treinta (30) días dispuestos en el Código

Procesal Penal, lo cual no se pudo efectuar por motivos razonables;

produciéndose la lectura el día indicado en el encabezado de esta

sentencia;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms.

156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de

haber deliberado y, visto la Constitución de la República; los

Tratados Internacionales, que en materia de derechos humanos

somos signatarios; la norma cuya violación se invoca; así como los

artículos 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del

Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15; las

resoluciones núms. 3869-2006 y 2802-2009, dictadas por la Suprema

3

Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do 2009, respectivamente;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los

documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los

siguientes:

  1. que el 9 de febrero de 2016, el Fiscal del Distrito Nacional,

    L.. M.E.T.G., presentó acusación y solicitud

    de apertura a juicio contra el ciudadano J.C.E., por el

    hecho de este presuntamente haber ultimado al nombrado Félix

    Gabriel Mojica Ramírez (a) F.C., previo a suscitarse una

    riña entre ambos; inculpándolo de violación a las disposiciones de

    los artículos 265, 266, 295 y 304 párrafo II del Código Penal

    Dominicano y 2, 3 y 39 párrafo III de la Ley núm. 36, sobre

    Comercio, P. y Tenencia de Armas en la República Dominicana;

    acusación admitida por el Sexto Juzgado de la Instrucción del

    Distrito Nacional, el cual emitió auto de apertura a juicio contra el

    encartado;

  2. que apoderado para la celebración del juicio, el Primer

    Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera

    Instancia del Distrito Nacional dictó el 13 de septiembre de 2016, la

    4

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do dispositivo se encuentra insertado dentro de la sentencia

    impugnada;

  3. que por efecto del recurso de apelación interpuesto por el

    imputado contra la referida decisión, intervino la sentencia núm. 28-2017, ahora impugnada en casación, dictada por la Primera Sala de

    la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 23

    de marzo de 2017, cuya parte dispositiva se describe a continuación:

    “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha veintiuno (21) del mes de octubre del año dos mil dieciséis (2016), por el imputado J.C.E., a través de su abogada representante la Licda. A.A.J.T., y sustentado en la audiencia del recurso por el Licdo. R.P., ambos defensores públicos, contra la sentencia núm. 249-02-2016-SSEN-00212, de fecha trece
    (13) del mes de septiembre del año dos mil dieciséis 82016), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cuyo dispositivo es el siguiente: ´
    Primero: Declara al imputado J.C.E., de generales que constan, culpable del crimen de homicidio voluntario en perjuicio de F.G.M.R. y porte ilegal de arma de fuego, hechos previstos y sancionados en los artículos 295 y 304 párrafo II del Código Penal Dominicano, y 2, 3 y 39 de la Ley 36, sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas, al haber sido probada la acusación

    5

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do cumplir la pena de quince (15) años de reclusión mayor; Segundo: E. al imputado J.C.E., del pago de las costas penales del proceso, por haber sido asistido por la Oficina Nacional de Defensa Pública; Tercero: Ordena la notificación de esta sentencia al Juez de Ejecución de la Pena de la provincia de Santo Domingo, a los fines correspondientes. En el aspecto civil: Cuarto: Acoge la acción civil formalizada por los señores K.C.R. y A.M., en su calidad de padres del occiso F.G.M.R., por intermedio de sus abogados constituidos y apoderados, acogida por auto de apertura a juicio, por haber sido intentada acorde a los cánones legales vigentes; en consecuencia, condena a J.C.E., al pago de una indemnización ascendente a la suma de un millón de pesos (RD$1,000,000.00), a favor las víctimas constituidas, como justa reparación por los daños y perjuicios sufridos por estas a consecuencia de la acción cometida por el imputado; Quinto: Declara el desistimiento tácito de la acción civil intentada por la señora Rovelis Mosquea Cruz, en aplicación de la disposición contenida en el artículo 124 del Código Procesal Penal, al no haber comparecido al juicio no obstante convocatoria regular y válida; Sexto: Compensa las costas civiles´; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la sentencia recurrida, por ser justa y fundamentada en derecho, tal y como se ha establecido en el cuerpo motivado de la presente decisión; TERCERO: Exime al imputado J.C.E., del pago de las costas generadas en grado de apelación, por haber estado asistido por un representante de la defensa pública; CUARTO: Ordena a la secretaria de esta Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del

    6

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do correspondientes a las partes, quienes quedaron citadas mediante decisión dada en la audiencia de fecha veintitrés
    (23) del mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017), y se indica que la presente sentencia está lista para su entrega a las partes comparecientes”;

    Considerando, que el recurrente invoca como medio de

    casación, el siguiente:

    “Único Motivo: Sentencia manifiestamente infundada. La Corte de Apelación, en el análisis que hace sobre la valoración de los elementos de pruebas presentados en el proceso, y de manera específica en el recurso, interpreta que en el presente proceso no existió una errónea valoración de la prueba, pero aparece que la Corte a-qua no verificó que en el proceso en cuestión no se hizo una valoración acorde a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y la máximas de experiencia… Es decir, que lo que al tribunal de primer grado y a la Corte le pareció creíble o no debió motivarlo con otros atributos de los testigos, pues esas apreciaciones son subjetivas, y por tanto, no puede servir de base para dar certeza a un testimonio, por lo que incurre el tribunal, en este punto, en falta de motivación con respecto a la valoración de las pruebas. Obviamente que de todas estas versiones sobre los hechos, el tribunal, de haber aplicado la sana crítica que no es más que los postulados del artículo 172 del Código Procesal Penal, hubiese podido determinar que no existe relación coherente de las pruebas con el supuesto fáctico que debió probar la acusación, por lo que aplica erróneamente los contenidos del artículo mencionado. Que en el caso de la especie entendemos que el tribunal de

    7

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do anteriormente, referentes a la presunción de inocencia, incurriendo en presunción de culpabilidad, toda vez que, aún con todas las dudas y contradicciones en el proceso dicta una sentencia condenatoria. Y que la Corte, de manera grosera, porque es la llamada a revisar las decisiones de primer grado que son llevadas ante ella para su análisis, por lo que establecer que no se le vulneró el principio de presunción de inocencia de nuestro asistido, pisotea los derechos fundamentales del señor J.C.E.. Que por último, la Corte a-qua establece que en su decisión, que tampoco está presente en la decisión de primer grado, la falta de motivación de la pena, al parecer la Corte no verificó que: El tribunal impuso al imputado una pena de quince años de reclusión mayor sin fundamentar el por qué imponía dicha sanción. El Tribunal, al decidir como lo hizo, obvió que la sentencia debe estar jurídicamente fundamentada, no solo explicando la correspondencia de la acción con el tipo penal que se le imputa, sino también justificando la pena impuesta. Esto es así, porque la pena a imponer no es un simple número que un juez toma de un rango preestablecido. Sin embargo, dicho Tribunal al condenar al imputado solo estableció que impuso al imputado una pena de quince años de reclusión mayor, estableciendo que la imponía tomando en cuenta lo establecido en el artículo 339 numerales 1, 5 y 7, sin fundamentar porqué tomaba en cuenta esos numerales. Pero como podréis observar y constatar, la sentencia impugnada solo expresa en su parte considerativa la indicación de que impuso quince (15) años y no cualquier otro número. De esta forma, la sentencia privó al imputado de conocer los criterios que utilizó el tribunal para imponer la pena, y consecuentemente, de

    8

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do conformes con la ley, ya que solo establece que impone la condena a nuestro asistido basados solo por la participación de los imputados, sin tomar en cuenta las características personales de nuestro asistido como establece la misma ley”;

    Considerando, que para fallar en ese sentido, la Corte a-qua dio

    por establecido, en síntesis, lo siguiente:

    Que del contenido del primer motivo y los aspectos que lo constituyen, esta Corte observa que el recurrente, en resumen, se refiere a la incorrecta valoración de las pruebas, alegando contradicciones en el testimonio del señor V.F.H., en las actas levantadas y en las piezas certificantes, además de indicar que el testimonio referencial de la señora C.A.M.R., no tiene valor porque no estaba en el lugar de los hechos, ya que se enteró de lo acontecido por una tercera persona que no es el testigo presencial. En atención a que las declaraciones de la testigo C.A.M.R., no tienen valor por la condición de que no estaba en el lugar de los hechos, porque se entera de lo acontecido por una tercera persona que no es el testigo presencial, y sobre que las declaraciones del señor V.F.H. son contradictorias, esta Alzada tiene a bien plantear lo siguiente: a) Si bien el testimonio de la señora C.A.M.R., es referencial, debido a que la misma expuso lo que supo mediante la información ofrecida por un tercero con conocimiento de los hechos, esta característica no es suficiente para descartarlo como elemento de prueba, máxime cuando sus relatos fueron corroborados con las demás piezas probatorias, tales como el testimonio del señor

    9

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do del crimen, marcada con el núm. 206-14, el acta de levantamiento de cadáver y acta de levantamiento de cadáver núm. 0045325, todos de fecha 20 de octubre del año 2014, así como por el informe de autopsia núm. A-1417-2014, de fecha 21 de octubre del año 2014, en lo referente al momento, lugar y causa de la muerte de la víctima señor F.G.M.R. y las circunstancias en que ocurrió; b) Que el tribunal de primer grado indicó: “Estas premisas, no contradichas por ninguna de las partes, se encuentran íntegramente corroboradas por las pruebas sometidas al debate, tal es el caso de los testimonios de los señores V.F.H. y C.A.M.R., testigo presencial y referencial, respectivamente, los que de forma coherente y circunstanciada, han relatado todo lo que conocieron” (ver página 15 de la sentencia atacada); c) Que en el sentido de lo anteriormente expuesto, esta Corte ha verificado que los jueces del fondo entendieron que la señora C.A.M.R., de forma coherente y circunstanciada, ha relatado todo lo que conoció, por lo que su credibilidad y suficiencia no puede ser censurada ante esta instancia judicial, por consiguiente, dicho testimonio referencial es un elemento probatorio válido, puesto que la ley no excluye su eficacia; d) Que el Tribunal a-quo, respecto a la valoración del testimonio del señor V.F.H., estableció: “Esta instancia colegiada otorga entera credibilidad a los testimonios presentados por la parte acusadora, en especial al del señor V.F.H., testigo presencial que de forma coherente, precisa y circunstanciada ha relatado lo ocurrido, pues no han mostrado ningún sentimiento de animadversión hacia

    10

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do permitiera considerar que nos encontramos ante el escenario de una incriminación falsa, se encuentran desprovistos de incredibilidad subjetiva, se trata de un relato lógico, que se ha mantenido inmutable en el tiempo y han sido corroborados por las pruebas documentales y periciales aportadas.” (ver página 17 numeral 16 de la sentencia impugnada); e) Que el tribunal de primer grado en las páginas 15, 16, 17 y 18 de la sentencia objeto del presente recurso de apelación, explica de forma coherente y lógica, las aseveraciones expuestas por el testigo V.F.H., que le llevaron a comprobar los hechos alegados y determinar la culpabilidad del imputado, de lo cual no se aprecia indicios de contradicción que se debatan con los demás elementos probatorios; f) Que en ese orden, esta instancia judicial precisa, que en principio, las declaraciones de los testigos es materia reservada a los jueces que han estado en la actividad probatoria en el juicio, a la luz de la inmediación y concentración procesal, por lo que resultaría inadecuado establecer el nivel de credibilidad y suficiencia de los deponentes, a partir de las impresiones particulares causadas en el ánimo de quien recibió directamente la declaración; más aún en la esfera penal, en la que los sentidos cobran suma importancia en el testimonio, siendo ello perceptible por los juzgadores que instruyen el fondo del asunto; g) Que así como el Tribunal a-quo refirió el criterio de la Suprema Corte de Justicia, esta Corte entiende oportuno reiterarla, en el sentido de que: “Para una sentencia condenatoria lograr ser inatacable es necesario, en adición a cumplir con las normas procesales, que el tribunal que la dictó exponga un razonamiento lógico, que le proporcione base de sustentación a su decisión,

    11

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do elementos probatorios como: 1ro. Testimonio confiable de tipo presencial, entendiéndose como tal, lo declarado por alguien, bajo la fe del juramento, en relación a lo que esa persona sabe por vivencia directa, percibida mediante alguno de sus sentidos; 2do. Testimonio confiable del tipo referencial, entendiéndose como tal lo declarado por alguien, bajo la fe del juramento, en relación a lo que esa persona supo mediante la información que le ha ofrecido un tercero con conocimiento de los hechos, o mediante su entendimiento personal relacionado con los antecedentes y estilo de vida del acusado del caso de que se trate, quedando la apreciación de la confiabilidad de cada testificación, a cargo de los jueces del fondo; 9no. Acta que detalle el resultado de la inspección del lugar del hecho, confeccionada observando el artículo 173 del Código Procesal Penal; (…) 13ro. Declaraciones precisas de la víctima y el querellante, hechas en virtud de los artículos 83, 84 y 85 del Código Procesal Penal…; 17mo. Certificación médico-legal que describa las lesiones sufridas por una persona o el diagnóstico de una enfermedad, de conformidad con la ley, así como autopsia o necropsia que describa el estado físico de un cadáver, o las causas de un fallecimiento, en acatamiento del artículo 217 del Código Procesal Penal; 18vo. Cualquier otro medio probatorio admitido por la ley que sea expuesto por los jueces con precisión en su sentencia…”. Respecto a lo invocado por el recurrente, sobre la incorrecta valoración de las pruebas y las contradicciones en las actas levantadas y en las piezas certificantes, esta Alzada procede a señalar lo expuesto por el Tribunal a-quo, a saber: “Los testimonios citados son íntegramente corroborados por el contenido del acta de inspección de la escena del crimen, núm. 206-14, de

    12

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do en lo relativo al lugar, fecha y hora del hecho, las personas identificadas preliminarmente como los autores del hecho (Carlitos Boca, J.C. y El Guardia), y las circunstancias de la agresión, cometida con arma de fuego; en la escena se recogen dos (2) casquillos 9 mm a escasos pies del cadáver. En secuencia de valoración probatoria, surgen las actas de levantamiento de cadáver, y el informe de autopsia, documentos útiles para establecer la causa de la muerte del señor F.G.M.R., quien presentaba seis (6) heridas de bala, corroborando así los testimonios y pruebas examinadas precedentemente.” (ver página 17 numerales 14 y 15 de la sentencia impugnada). Que esta Corte, tras el análisis de los razonamientos dispuestos en la sentencia apelada, ha observado que los jueces de primer grado realizaron una correcta valoración a las pruebas aportadas, conforme lo establecido en la norma procesal penal vigente, en su artículo 172, en el sentido de que aplicaron las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, explicando las razones por las cuales otorgaron determinado valor a cada elemento probatorio, salvaguardando las garantías procesales y constitucionales de las partes envueltas en el presente proceso, siendo la decisión hoy recurrida el resultado de un adecuado análisis a las pruebas aportadas, lo que les permitió construir la decisión en apego a los principios que lo rigen y a tono a los designios establecidos en la norma. Que a propósito de lo anterior, resulta oportuno destacar lo establecido por nuestro más alto tribunal de justicia respecto a la valoración probatoria, a saber: “… la valoración de los elementos probatorios no es una arbitraria o caprichosa actividad sometida al libre

    13

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do realiza mediante una discrecionalidad racional jurídicamente vinculada a las pruebas que hayan sido sometidas al proceso en forma legítima, y que se hayan presentado regularmente en el juicio oral, mediante razonamientos lógicos y objetivos.”; cuestión que se aprecia en la especie, en virtud a la correcta apreciación de los medios de pruebas objetivos, legalmente aceptados y legítimamente obtenidos, que sirvieron de base para determinar la responsabilidad penal y civil del imputado, por lo que el primer motivo y los aspectos que lo comprenden se rechazan, por los mismos carecer de fundamento y no configurarse en la decisión. Que en el segundo motivo, el recurrente arguye que los Jueces a-quo inobservaron las disposiciones en cuanto a la presunción de inocencia, y por ende, a la valoración de los elementos de pruebas existentes en el proceso, vulnerando el debido proceso de ley, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia que permea a todo ciudadano sometido a un proceso penal; en ese orden, esta jurisdicción de Alzada expone que del estudio de la sentencia atacada, se traduce que el Tribunal a-quo estableció en todo el desarrollo de sus consideraciones y motivaciones, los acontecimientos relativos del caso por los cuales determinó la participación y vinculación del imputado, que le llevó a declarar su culpabilidad, sin dejar incertidumbres sobre el análisis realizado y plasmado en la recurrida decisión. Y en apego a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia: (…) corresponde a los jueces que conocen de la causa, establecer la existencia o la inexistencia de los hechos del caso y las circunstancias que lo rodean o acompañan, debiendo además calificar los mismos de conformidad con el derecho, no

    14

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do simplemente los argumentos sometidos a su conocimiento y decisión, sino que están obligados a apreciarlos y caracterizarlos en base a las pruebas aportadas, así como a exponer las consecuencias legales que ellos entienden que se derivan de estos, para así dar una motivación adecuada al fallo”; esta Corte ha podido apreciar que, el Tribunal a-quo expuso de forma acabada la participación del imputado J.C.E., indicando que fue la persona que portando un arma de fuego, disparó en más de una ocasión en contra de su amigo, el hoy occiso F.G.M.R., cuando este se encontraba tirado en el suelo en la calle Los Humildes esquina E.M. de Hostos, del Capotillo, frente al Drink Tito Súper Frías, el día veinte (20) de octubre del año dos mil catorce (2014), aproximadamente a las cinco y media (05:30 p. m.). Que en base a ese lineamiento, esta Alzada indica que el Tribunal a-quo actuó conforme y respetando las garantías constitucionales y procesales, en razón de que a consecuencia de la existencia de suficiente actividad probatoria, se comprobó la culpabilidad del imputado, resultando evidentemente la destrucción de presunción de inocencia que le revestía, todo esto en ajuste al debido proceso de ley y ejerciendo el imputado su derecho de defensa, el cual fue salvaguardado; por lo que, procede rechazar el presente motivo. Que finalmente, en el tercer motivo el recurrente alega que el tribunal, al decidir como lo hizo, obvió que la sentencia debe estar jurídicamente fundamentada, no solo explicando la correspondencia de la acción con el tipo penal que se le imputa, sino también justificando la pena impuesta, debido a que Tribunal, al condenar al imputado, solo estableció que impuso al imputado una pena de quince años de reclusión

    15

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do lo establecido en el artículo 339 numerales 1, 5 y 7, sin fundamentar porqué tomaba en cuenta esos numerales; que esta instancia judicial entiende pertinente indicar los fundamentos establecidos por el Tribunal a-quo en su decisión, respecto a la pena, a saber: “Al momento de establecer la pena, no podemos obviar que se trata de un hecho sumamente grave, en el que se ha perdido la vida de un persona, cuando no ha mediado por parte de esta persona nada que justificara la agresión que recibió, una agresión injusta que ha atentado contra el bien más preciado, la vida. Acorde con los postulados modernos del derecho penal, la pena se justifica en un doble propósito, esto es, su capacidad para reprimir (retribución) y prevenir (protección) al mismo tiempo; por lo tanto, la pena además de ser justa, regeneradora, aleccionadora, tiene que ser útil para alcanzar sus fines; en ese orden, estimamos razonable y proporcional al grado de lesividad del hecho retenido, imponer al imputado J.C.E., a la pena de quince (15) años de reclusión mayor, pena que deberá ser cumplida en la forma que establece la parte dispositiva de la presente decisión. En esa tesitura, este órgano de justicia entiende importante puntualizar que la sanción a imponer es una cuestión de hecho, que escapa a la censura y control de la Corte de Casación, siempre que esté ajustada al derecho y queda abandonada a la prudencia, la ecuanimidad y a la equidad del juzgador, basándose en las pruebas legalmente aportadas ante el plenario, como ocurre en el presente caso.” (ver página 23 numerales 33, 34 y 35 de la sentencia apelada). Que esta Alzada ha podido apreciar que, contrario a lo aludido por el imputado-recurrente, el tribunal de primer grado en sus consideraciones, observó y aplicó los

    16

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do procesal penal vigente, para determinar la pena de prisión impuesta al imputado, por este haber comprometido su responsabilidad penal al violentar las disposiciones contenidas en los artículos 295 y 304 párrafo II del Código Penal, 2, 3 y 39 de la Ley 36, sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas; y en consonancia a lo establecido por nuestro más alto tribunal, sobre los criterios de determinación de la pena, a saber: “(…) que además, los criterios para la aplicación de la pena establecidos en el referido texto legal, no son limitativos en su contenido, y el tribunal no está obligado a explicar detalladamente por qué no acogió tal o cual criterio o por qué no le impuso la pena mínima u otra pena, que la individualización judicial de la sanción es una facultad soberana del tribunal y puede ser controlada por un tribunal superior cuando esta atribución ha sido ejercida de manera arbitraria, cuando se trate de una indebida aplicación del derecho, o cuando el juez aplica indebidamente los aspectos de la determinación de la pena, que no es el caso de la especie, siendo suficiente que exponga los motivos de la aplicación de la misma, tal y como consta en la sentencia impugnada”; esta jurisdicción de Alzada ha apreciado que los razonamientos establecidos por los juzgadores del Tribunal a-quo sobre la pena, resultan suficientes y justos, puesto que realizaron una adecuada valoración para identificar los criterios para determinar la pena proporcional del ilícito imputable, la cual resulta equiparable y razonable al hecho sancionable, conforme a la escala establecida por el legislador, para alcanzar los fines de retribución y protección. Por tanto, esta Corte estima que el tribunal de primer grado fundamentó correctamente el “sí” de la pena impuesta, aplicándolo en función del principio de

    17

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do tomando en cuenta la magnitud del daño provocado que legitimó su imposición; por lo que se rechaza el presente motivo, por no configurarse el vicio invocado”;

    Los Jueces, después de haber analizado la decisión impugnada y el medio planteado por el recurrente:

    Considerando, que el recurrente alega en su único medio de

    casación, en primer término, que fueron inobservadas las

    disposiciones legales del artículo 172 del Código Procesal Penal,

    relativo a la valoración de los medios probatorios en sede de juicio,

    y dicha situación no fue advertida por la Corte a-qua; sin embargo,

    contrario a tales alegatos, esta Segunda Sala pueda verificar y

    comprobar que la alzada, al momento de razonar sobre lo

    cuestionado, lo hizo de manera correcta, refrendando la decisión de

    juicio, por estar la misma motivada en hechos y derecho; máxime,

    cuando cada uno de los elementos probatorios sometidos a su

    consideración, conforme refiere la Corte a-qua, fueron sopesados y

    valorados conforme las reglas de la sana crítica racional, respetando

    las garantías constitucionales y procesales;

    Considerando, que en la especie, la Corte a-qua al desestimar

    los alegatos vertidos en la sentencia atacada ante ella, dio motivos

    suficientes, basándose en las razones que tuvo el tribunal de primer

    18

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do E., e individualizándolo como autor de inferir las heridas de

    bala que le provocaron la muerte al hoy occiso Félix Gabriel

    Ramírez, condenando a dicho recurrente sobre la base de una

    correcta valoración de las pruebas ofertadas, conforme a las reglas

    de la lógica, las máximas de experiencia y las pruebas científicas,

    situación comprobada por la alzada;

    Considerando, que en términos de función jurisdiccional de los

    tribunales, la valoración de los elementos probatorios no es una

    arbitraria o caprichosa actividad sometida al libre arbitrio del

    juzgador, sino que se trata de una tarea que se realiza mediante una

    discrecionalidad racional jurídicamente vinculada a las pruebas que

    hayan sido sometidas al proceso en forma legítima y que se hayan

    presentado regularmente en el juicio oral, mediante razonamientos

    lógicos y objetivos; por lo que es evidente que el tribunal de juicio

    cumplió con tales planteamientos, conforme las argumentaciones y

    razonamientos lógicos externados por la alzada; en tal sentido, se

    desestima el presente aspecto del medio planteado;

    Considerando, que asimismo, cuestiona el imputado recurrente

    J.C.E. en su motivo de casación, que en la aplicación

    19

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do pena, se incurre en falta de fundamentación; indicando que no hubo

    sustento alguno de por qué solo fueron tomados en cuenta los

    numerales 1, 5 y 7 del aludido artículo, y si esos criterios están

    conformes a la norma, de lo cual, según el recurrente, la Corte a-quo

    no ofreció motivo;

    Considerando, que la imposición de la pena no puede ser

    cuestionada, siempre que la misma se encuentre dentro de lo

    previsto por el legislador y bajo el principio de la razonabilidad,

    aplicar la pena suficiente o condigna en cada caso particular;

    Considerando, que en base al razonamiento de la Corte a-qua,

    se evidencia que el tribunal de juicio dio cumplimiento a los

    lineamientos del artículo 339 del Código Procesal Penal, en el

    entendido de que motivó el porqué de la imposición de la pena a ser

    impuesta, lo que no puede generar ninguna censura hacia el

    tribunal, y como se comprueba de la lectura y análisis de la decisión

    impugnada, la pena impuesta deviene como consecuencia del ilícito

    colegido y comprobado en sede de juicio, a través de los medios

    probatorios lícitamente valorados;

    20

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do en sus argumentaciones, ya ha sido juzgado por esta Segunda Sala

    de la Suprema Corte de Justicia: “...que además, los criterios para la

    aplicación de la pena establecidos en el referido artículo no son limitativos

    en su contenido y el tribunal no está obligado a explicar detalladamente por

    qué no acogió tal o cual criterio o por qué no le impuso la pena mínima u

    otra pena, que la individualización judicial de la sanción es una facultad

    soberana del tribunal y puede ser controlada por el tribunal superior

    cuando esta atribución ha sido ejercida de manera arbitraria, cuando se

    trate de una indebida aplicación del derecho o cuando el juez aplica

    indebidamente los aspectos de la determinación de la pena, que no es el caso

    de la especie, siendo suficiente que exponga los motivos de aplicación de la

    misma, tal como lo hizo el Tribunal a-quo”; por lo que procede rechazar

    este aspecto, y con ello el recurso de casación interpuesto;

    Considerando, que los razonamientos externados por la Corte

    a-qua se corresponden con los lineamientos que rigen el correcto

    pensar, y satisfacen las exigencias de motivación pautadas por el

    Tribunal Constitucional Dominicano en su sentencia TC/0009/13,

    toda vez que en la especie el tribunal de apelación desarrolla

    sistemáticamente su decisión; expone de forma concreta y precisa

    cómo ha valorado la sentencia apelada, y su fallo se encuentra

    21

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do procesales y constitucionales vigentes y aplicables al caso en

    cuestión; de tal manera que esta Sala de la Corte de Casación no

    percibe vulneración alguna en perjuicio del recurrente;

    Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal

    dispone lo relativo a la potestad que tiene la Suprema Corte de

    Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideración,

    pudiendo tanto rechazar como declarar con lugar dichos recursos;

    Considerando, que en ese sentido, al no verificarse los vicios

    invocados en el medio objeto de examen y su correspondiente

    desestimación, procede el rechazo del recurso de casación de que se

    trata, y la confirmación en todas sus partes de la decisión recurrida,

    de conformidad con las disposiciones del numeral 1 del aludido

    artículo 427 del Código Procesal Penal;

    Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal

    dispone: “Imposición. Toda decisión que pone fin a la persecución penal, la

    archiva, o resuelve alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas

    procesales. Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el

    Tribunal halle razón suficiente para eximirla total o parcialmente”; que en

    el presente caso procede que las mismas sean eximidas, en razón de

    22

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do Defensa Pública, y en virtud de las disposiciones contenidas en el

    artículo 28.8 de la Ley núm. 277-04, que crea el Servicio Nacional de

    Defensa Pública, establece como uno de los derechos de los

    defensores en el ejercicio de sus funciones el de: “no ser condenados en

    costas en las causas en que intervengan”, de donde emana el

    impedimento de que se pueda establecer condena en costas en este

    caso.

    Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de

    Justicia,

    FALLA:

    Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por J.C.E., contra la sentencia núm. 28-2017, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 23 de marzo de 2017, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta sentencia; en consecuencia, confirma dicha decisión;

    Segundo: E. al recurrente del pago de las costas generadas, por estar asistido de la Oficina Nacional de Defensa Pública;

    Tercero: Ordena a la Secretaría General de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la

    23

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do correspondientes;

    (Firmados) M.C.G.B.-E.E.A.C.-AlejandroA.M.S.-H.R..

    La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

    24

    Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do